El 2 de
octubre de 2019 el gobierno anunció las medidas económicas tomadas con el
propósito de sacar al país de su crítica situación actual, lo que provocó al
día siguiente un paro de transportistas e indígenas que se tornó violento, por
lo que el presidente de la República decidió ordenar el estado de excepción que
se mantendrá por 60 días.
Mi análisis
respecto a las medidas se inicia señalando que la mayor parte de la culpa de
que estemos donde estamos es de Rafael Correa Delgado y sus aliados más
cercanos, que no contentos con gastar a manos llenas el dinero de la
exportación de petróleo y otros productos a excelentes precios durante la década
ganada por ellos, pero perdida para el Ecuador, nos dejaron endeudados hasta el
cuello, en alrededor de 75 mil millones de dólares, hasta el punto que en la
“década ajustada” próxima, la preocupación central de los gobiernos será
destinar alrededor de la tercera parte del Presupuesto General del Estado a
cubrir las amortizaciones y la preocupación mayor del pueblo será ver que sus
condiciones de vida no mejoran, mientras el mundo sigue andando a velocidad
vertiginosa … y en muchos países mejorando.
La otra
parte de la culpa es del actual gobierno que, pese a que hace tiempo se dio
cuenta (si no lo sabía) de que no había mesa servida y que había una deuda
enorme, demoró la toma de decisiones para hacer la “cirugía mayor” esperada de
la economía, que las circunstancias han ido complicando y hasta la fecha no se
tiene una clara definición de a dónde vamos.
La carta de
intención con el FMI y otros organismos multilaterales, de marzo de 2019, creó
la obligación de tomar medidas que corrijan los graves errores económicos de la
administración Correa y eso hizo posible recibir fondos para solucionar una
parte importante de la falta de liquidez del gobierno y establecer un conjunto
de obligaciones gubernamentales insoslayables.
En una breve
síntesis, las medidas adoptadas son las siguientes:
1.
Alza de los
precios de la gasolina extra y el diésel. Medida acertada y dejada de lado por
muchos gobiernos, pero necesaria para sincerar los precios de los combustibles
y otros productos y reducir o eliminar el contrabando hacia Colombia y Perú. El
monto estimado del subsidio para este año era de 1.742 millones de dólares y
evidentemente habrá un ahorro muy importante que puede dedicarse a inversión. La
medida tiene efectos laterales ambiental y social, porque la reducción de la
movilidad de los vehículos hará que el consumo de combustibles fósiles baje,
pero que se encarezca la vida del pueblo.
2.
Eliminación
del anticipo del impuesto a la renta. Medida acertada y que evita que empresas
que no generaban utilidades tengan que tributar. Esto es especialmente válido
para las empresas de las provincias fronterizas, en donde las devaluaciones
registradas continuamente en Colombia y el Perú han hecho que las empresas
pierdan y sin embargo, con los datos de utilidad del año anterior, tengan que
tributar.
3.
Eliminación
de aranceles para muchos productos no producidos en el país, especialmente para
el sector agropecuario y de la rama electrónica. Medida acertada que debió
haberse tomado hace muchos años, porque si no hay esas producciones y en muchos
casos es muy difícil que el país pueda desarrollarlas, lo lógico es abaratar las
compras necesarias en el exterior, como siempre han sido las maquinarias y
materias primas para el sector agropecuario y son ahora las computadoras, las Tablets
y los teléfonos celulares, indispensables para trabajar en estos tiempos.
4.
Reducción a
la mitad del impuesto a la salida de divisas para determinadas materias primas
y bienes de capital. Medida acertada, pero insuficiente, porque ese impuesto
debería eliminarse, ya que no es a la salida de divisas sino al ingreso de
ellas. Nadie va a invertir en el Ecuador
100 si sabe que el mismo momento que ingresa su dinero ya no vale 100 sino 95.
Hay que tener en cuenta que en los países desarrollados el 5% es un interés anual
alto.
5. Reducción
del impuesto a los vehículos de menos de 32 mil dólares destinados a
actividades productivas. Medida acertada, siempre que efectivamente sean
vehículos de trabajo. Hay que evitar que sean automóviles y debía orientarse la
medida a que sean eléctricos o mixtos.
6. Rebaja del
20% en el pago mensual, en el caso de los contratos ocasionales que se renueven
en el gobierno central. Medida acertada, pero hubiese sido mejor que no se
renueven los contratos, salvo los muy necesarios, por la necesidad de
austeridad fiscal.
7.
Mantenimiento
del IVA en 12%. Medida políticamente correcta, que evita darles gusto a los que
pedían que suba al 15% y a los que sugerían que baje al 10%, corriendo en ambos
casos con el riesgo de que se afecten los ingresos del Estado. En este caso lo
que corresponde es no perdonar a los grandes negocios y ejercer un control
mucho mayor por el SRI, porque es grande la cantidad de almacenes y empresas
individuales que no dan factura ni comprobante alguno. Los cruces de datos por
vía electrónica permiten saber los movimientos de ingresos y egresos y
contrastar con las declaraciones.
8.
Devolución
automática de tributos al comercio exterior. Medida acertada. Debió ser puesta
en práctica hace muchos años, como lo hacen en otros países. Primero,
técnicamente no se debe exportar impuestos, porque al hacerlo se está perdiendo
competitividad en el monto de los impuestos pagados. Segundo, la exportación
requiere un capital para producir, otro para dar crédito al comprador y un
tercero para financiar el tiempo que el pedido se mantiene de viaje. En
consecuencia, es muy importante que se devuelva pronto los impuestos al
exportador, aunque más tarde se controle para confirmar los datos de la
exportación y de los tributos pagados.
9.
Reducción
del personal burocrático en 10 mil personas adicionales a las 23 mil que dice
el presidente Moreno que ya han salido de la nómina estatal. Medida acertada,
pero incompleta, porque el número actual de burócratas es mucho mayor del
necesario debido a la política clientelar del presidente Correa. Pero, por otro
lado, hay que reducir el monto global del gasto en personal, porque si se saca
a diez que ganan 500 dólares (total 5 mil dólares) y en cambio se nombra 5 que
ganan 2 mil dólares (total 10 mil dólares), no se ha solucionado el problema,
sino que se lo ha aumentado.
10.
Incremento
en 1.000 millones de los recursos financieros para crédito de vivienda con
interés menor al 5%. Medida acertada, porque dinamizará a la construcción y con
ello a otras actividades económicas, aparte de que provoca la contratación de
muchas personas con poca o ninguna educación.
11.
Reducción de
30 días a 15 de las vacaciones de los funcionarios públicos. Medida desacertada
desde el punto de vista constitucional. Primero, según el artículo 326 de la
Constitución los derechos adquiridos por los trabajadores no pueden ser
afectados negativamente, son irrenunciables e intangibles. Segundo, los
trabajadores privados tienen 15 días de vacaciones, pero reciben utilidades de
las empresas, en tanto que los trabajadores estatales no tienen ese beneficio
monetario.
12.
Contribución
al fisco, con un día de sueldo mensual, de los empleados de las empresas
públicas. El argumento es que en esas empresas los trabajadores ganan más que
en el resto de las entidades estatales. Una alternativa pudo haber sido que los
sueldos superiores a 2 mil o 3 mil dólares bajen en un porcentaje en todo el
sector público.
13.
Reglas para
nuevos contratos laborales. Medida acertada, porque el Código del Trabajo
vigente desde 1938 no contempla algunas formas que han aparecido en las últimas
décadas o porque no estaban bien reguladas. Para los nuevos contratos son muy
importantes las posibilidades de trabajar por horas, trabajar desde la casa,
repartir la semana laboral en forma distinta a la tradicional, trabajar
estacionalmente, considerar la tasa de mortalidad de los emprendimientos y las
obligaciones de ellos con sus trabajadores, reconocer la poca aplicación de la
jubilación patronal en los términos tradicionales y aprobar una mejor
alternativa.
14.
Asignación
de una contribución especial por tres años a las empresas cuyos ingresos
superen los 10 millones de dólares anuales. Medida acertada dirigida a quienes
realizan negocios importantes en el país. A este respecto hay que anotar que
las involucradas no serán más de 2 mil empresas; pues, la menor de las 1000
empresas más grandes del país, según la Superintendencia de Compañías, en el
año 2018 vendió 15,82 millones.
15.
Incremento
de 300 mil beneficiarios del bono de desarrollo humano y aumento en 15 dólares
de la asignación mensual. Medida paternalista que podía haberse sustituido por
otra ligada al emprendimiento, asignando como crédito y no como dádiva los
recursos, aun sabiendo que van a ser de difícil recuperación, pero dejando en
el receptor la idea de que tiene una obligación que cumplir.
Seguramente,
estas medidas tienen otras complementarias, que no se ha mencionado; sin
embargo, el paquete o conjunto es positivo y menos complejo que el que se
esperaba.
En mi
criterio, faltaron decisiones importantes que hubiesen mejorado los ingresos fiscales
y roto tabúes.
Una de ellas
debió haber sido la de iniciar el alza del precio del gas. Para ello se requiere
hacer notar a la población que el tanque de gas dura aproximadamente un mes y
vale menos que una botella de gaseosa que se termina en un almuerzo familiar o
un día. El alza podía haber sido de 20
centavos mensuales, pero lo importante era empezar a reducir el subsidio y
focalizarlo en el un millón (ahora 1,3 millones) de personas en pobreza extrema
o en pobreza. El gobierno tiene el registro de los beneficiarios y no parece
complicado realizar esta acción. El subsidio generalizado beneficia por igual a
quien gana 10 mil dólares mensuales o más y a quien apenas gana para comer el
día; además, se presta para que verdaderas mafias organizadas desde hace años,
lleven el producto de contrabando a Colombia y Perú con enormes ganancias.
Otra
decisión podría haber sido la de aumentar el número de los contribuyentes
efectivos del impuesto a la renta. Quienes pagan este impuesto son un porcentaje
bajo del total de la PEA, casi todos de nómina pública o privada, y podría
aumentarse un 10%. En todo caso, el SRI tiene la obligación de mejorar los
sistemas de control y aumentar los sujetos de pago de ese impuesto. En este
caso lo importante es hacer que la gente sepa que debe contribuir al Estado.
Una tercera decisión debió ser que, en los próximos 5
años, se reduzca gradualmente el valor total de la nómina estatal diferente a
salud, educación y seguridad, al menos en un 25%, y que los recursos ahorrados
vayan a inversiones en infraestructura física económica o social. En ese
sentido conviene reducir la nómina en el exterior ubicada en países con los
cuales hay muy poca vinculación política y menos relación comercial, pero cuyo
costo es elevado.
Todos los subsidios e incentivos estatales que existan
o se creen deberían tener una fecha de terminación y ser destinados
exclusivamente a un grupo de ciudadanos o de empresas, con la debida
justificación técnica, no política y peor clientelar.
Deberían recibir subsidios los pobres y quienes estén
en extrema pobreza y no tengan vicios, en los siguientes grupos: los niños
huérfanos hasta los 15 años, las mujeres viudas sin hijos, las mujeres
embarazadas, los discapacitados calificados por el gobierno, los mayores de 65
años. Además, quienes hayan sufrido los efectos de desastres naturales o graves
accidentes.
Las empresas que demuestren la factibilidad de
proyectos destinados a incrementar el valor agregado nacional, innovar o
exportar deberían recibir incentivos fiscales y crediticios, según tres niveles
de importancia y por 5, 7 o 10 años improrrogables en cada caso. Deberían tener
exoneración del impuesto a la renta por 5 años las empresas productoras de
bienes y servicios que coticen en el mercado de valores sus acciones, siempre
que tengan entre 51 y 100 accionistas o más de 100 trabajadores. Ese beneficio,
por 10 años, deberían tener las empresas con 101 o más accionistas o más de 250
trabajadores.
A fin de que
la ciudadanía conozca el significado numérico y de egresos monetarios de la
burocracia sobre la cual se va a actuar para reducirla, sería conveniente que
se comunique oficialmente cuántos funcionarios hay en las diversas entidades
estatales y cuál es el monto de sus costos, no solo por sueldos sino por
adicionales y gastos operativos.
El
presidente de la República dijo, en el momento de presentar las reformas, que
él no pensaba en las próximas elecciones como suelen hacer los políticos, sino
en las próximas generaciones como hacen los estadistas. Eso está muy bien y esa
debería ser una práctica de todos los mandatarios, pero durante los meses que
le faltan en la Presidencia debería tomar muchas más decisiones de estadista,
entre ellas las relacionadas con levantar todo tipo de secretos relacionados
con contratos del Estado con empresas no financieras y bancos, excepto en caso
de seguridad nacional; también, utilizar las facultades que le da la
Constitución, para aportar a la justicia con toda la información disponible en
la Función Ejecutiva que permita sancionar a quienes actuaron por fuera de la
ley en el gobierno anterior y especialmente a los que han robado. No puede
haber perdón y olvido para los que endeudaron a nuestros descendientes.
Si el Estado
no recupera una parte muy importante de los recursos que se han llevado los
ladrones de cuello blanco, mentes lúcidas y manos sucias, la historia no le
absolverá al presidente y el pueblo no aceptará más sacrificios, porque su
situación es una de las más críticas de la historia nacional.
Los
organismos internacionales dicen que el PIB del Ecuador decrecerá este año al 0,5%,
crecerá el próximo al 0,2% y en 2021 el registro será del 2%. Aspiremos a que
las medidas tomadas y propuestas den como resultados cambios positivos para el
próximo bienio y que, sobre todo, se haya encontrado la fórmula de incrementar
el empleo en forma significativa.
El pueblo,
como lo está demostrando en estos aciagos días, ya no aguanta que las
condiciones de vida actuales se deterioren aún más y que el próximo gobierno
llegue cargado de falsas promesas, lleno de deudas y sin capacidad de hacer
obra. Tienen la palabra los asambleístas y el presidente de la República. La
protesta, sin embargo, no debe llevar a la violencia sino al diálogo, porque si
el país no tiene paz, no conseguirá lo que todos deseamos: democracia
verdadera, desarrollo económico, justicia social, respeto internacional. Que
Dios ilumine al gobierno y a los opositores, para que piensen en el país y no
en su triunfo.
