Comienzo por
decir que en este país hay demasiadas provincias, muchos cantones y excesivo
número de parroquias. Algunas de ellas gastan sus pocos recursos en personeros
y burocracias que ganan bien y trabajan mal y otras destinan los fondos a obras
poco necesarias, mientras les faltan servicios básicos y atención a los grupos
menos favorecidos.
El Consejo
Nacional Electoral ha convocado a los ciudadanos de este país para elegir el
próximo 24 de marzo de 2019, entre decenas de miles de candidatos a quienes luego
ejercerán funciones de prefectos provinciales, alcaldes, consejeros, concejales
y no sé qué más.
“Más de 80
mil candidatos. Once mil dignidades. Ocho partidos políticos y 271 movimientos
… hacen parte del panorama electoral que se viene en este proceso en marcha … [1]_/
Al mismo
tiempo, se deberá votar por las personas que integrarán el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad creada en la Constitución 2008 como
una de las innovaciones de Rafael Correa para poder nombrar en los más altos
puestos de las más importantes instituciones del Estado a quienes le aseguren
fidelidad.
Constitucionalmente,
desde 2008 el Consejo es una de las cinco funciones del Estado. Con ello, el
Ecuador innovó en materia constitucionalista, pues normalmente las funciones
son tres desde hace largo tiempo en muchos países democráticos: la legislativa,
la ejecutiva y la judicial. Pero, a Correa le hacían falta dos para sus fines:
la de Transparencia y la Electoral.
La
naturaleza de la función de Transparencia y Control Social, según el artículo
204 de la Constitución, parte de la idea de que “el pueblo es el mandante y primer
fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.”
Dice
la Constitución que esa función “promoverá e impulsará el control de las
entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o
jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de
interés público, para que los realicen con responsabilidad,
transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación
ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los
derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.
La
Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la
Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán
personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y
organizativa.
Durante
la década perdida 2007 – 2017, si se analiza el párrafo quinto de este boletín,
claro que el Consejo controló todo lo que quiso el jefe del Estado (así
entendía su cargo el mandatario Correa). Todos sabemos ahora, aunque lo
sospechábamos desde hace mucho, que no lo hizo con responsabilidad, transparencia
y equidad. No fomentó para nada la participación ciudadana, porque las
decisiones se tomaban en Carondelet sin importar nada más que lo que convenía
al jefe y sus obedientes súbditos. No protegió el ejercicio y cumplimiento de
los derechos. Y lo de prevenir y combatir la corrupción quedó en papel mojado,
porque ninguna otra época de la vida de este país han sido tantos los
implicados y tantas las acciones de corrupción en las más altas esferas
estatales.
El
artículo 207 dice que el Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros
principales y siete suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos
a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal, por un tiempo
que se extenderá a la mitad de su período. La selección de las consejeras y los
consejeros se realizará de entre los postulantes que
propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. El proceso de
selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que conducirá el
concurso público de oposición y méritos correspondiente, con postulación,
veeduría y derecho a impugnación ciudadana …
El
Consejo Nacional Electoral estaba conformado por representantes del partido de
gobierno. Los postulantes a consejeros eran propuestos por organizaciones
sociales afines al gobierno.
Casi
todos los postulantes eran partidarios del gobierno (la excepción hace la
regla) y habían sido funcionarios muy cercanos al jefe de Estado. Consecuencia:
los consejeros principales y suplentes eran parte del grupo más cercano al
presidente, tanto que alguno de ellos había ejercido antes la secretaría de la
Presidencia o un cargo de igual importancia.
El
artículo 208, entre otras funciones del Consejo señala la de designar a la
primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias
de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, luego
del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. Además, designar
a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública,
Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar
el proceso de selección correspondiente. También, designar a los miembros del
Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la
Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.
El
artículo 210 de la Constitución dispone que, en los casos de selección por
concurso de oposición y méritos de una autoridad, el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el
respectivo concurso e informará a la Asamblea Nacional para la posesión
respectiva.
De
esa manera, el Consejo se iba y se va por encima de la Asamblea Nacional,
conformada por personas que han sido elegidas por el pueblo en general, para
estar integrado por los postulantes que propongan las organizaciones sociales y
una etérea “ciudadanía” y se seleccionen en el ámbito del CNE.
Resultado:
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del periodo 2008 – 2017
no fue de participación ciudadana ni de control social. Los famosos concursos
fueron de tan evidente parcialidad hacia el régimen, que ningún ciudadano
profesional opositor a Correa con prestigio nacional quiso participar en ellos,
con lo que los designados fueron siempre de AP.
“Expertos”
en sus ramas profesionales que sacaron 100/100 en las pruebas o que tuvieron
las mejores notas, llegaron a esos resultados en forma cuestionable. Una de las
fórmulas de desplazar a los que no interesaban al gobierno era la entrevista de
alto puntaje, en la cual, aunque “se lucieran” sacaban bajas notas, para que no
puedan competir con el designado de antemano.
El símbolo
del perverso sistema es el ex Contralor que sacó 100/100 en las pruebas cuando
ya había andado por malos caminos y ahora está prófugo, porque en junio de 2018
el
Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) acogió el pedido de la Fiscalía
General de Estado, y sentenció, por mayoría, al ex Contralor Carlos Pólit Faggioni y a
su hijo John Pólit Estévez por el delito de concusión, relacionado al caso
Odebrecht.
Como
él hay otros personajes que hicieron de las suyas, fueron nombrados en altas
funciones por el Consejo que aconsejó mal, y ahora andan prófugos, buscaron
protegerse como asambleístas con inmunidad o deben soñar que ya mismo los descubren
y deben acudir ante … las azafatas de un avión que los lleve a buen recaudo.
Julio César
Trujillo y quienes lo acompañan en el actual Consejo Transitorio han hecho una
tarea muy importante para orientar a esa entidad hacia sus verdaderos fines. Pero,
el mismo presidente del organismo sugirió que había que eliminarlo.
Por alguna
extraña razón, cuando se hizo la Consulta Popular no se consultó al respecto y
se dejó que funcione ese Consejo, sabiendo que es un peligro para la buena
marcha del Estado. Solamente que ahora los consejeros deberán ser elegidos por
el pueblo en votación universal.
Para
integrarlo se han inscrito decenas de candidatos. Estoy seguro de que al 90 por
ciento de ellos no los conoce el 99 por ciento de la ciudadanía, porque son
personajes, seguramente con títulos de educación superior o con experiencia en
sus respectivas actividades, que deben tener mucha voluntad de hacer buenas
acciones para el país, pero poca idea del inmenso poder que van a adquirir si
es que llegan a donde aspiran.
En la
televisión he visto y escuchado a algunos de ellos relatar que tienen varios títulos
de cuarto nivel en muchas universidades y la pregunta de cajón es que, si se
han pasado la vida estudiando, qué experiencia pueden tener como para trabajar
en una posición que requiere saber cómo funcionan el Estado y el sector
privado. De otro lado, ¿es posible estudiar posgrados en economía e ingeniería civil
al mismo tiempo (exagerando un poco) a distancia en las horas que no se
trabaja? De algo se sabe poco y de algo no se sabe nada, aunque haya un título
en la pared. ¿Además, son confiables quienes otorgan esos títulos?
He visto y
escuchado también a dirigentes sociales decir que van a transformar el país
desde su posición en poco tiempo y hasta que van a lograr que lo que se han
robado los malos funcionarios lo van a recuperar apenas lleguen al puesto. Lo
grave del caso es que las decisiones no las toman solos, sino en conjunto y por
tanto la voluntad personal se diluye y no basta para llegar a donde se espera.
Mi criterio,
desde el año 2009, cuando escribí Ecuador: Proyección 2020, es que ese Consejo
no debe existir y por eso sugerí los respectivos cambios en la Constitución; es
más, siempre he propuesto que se cambie la Constitución hecha a la medida de
Correa: estatista, presidencialista, correísta.
Un problema
central es que la Constitución 2008 en su integridad, con los pocos cambios
derivados de la Consulta Popular, sigue vigente y que, si llega a la
presidencia de la República otro rafico, puede ejercer nuevamente la calidad de
jefe de Estado y actuar en consonancia.
Todos
sabemos lo que eso significaría: una nueva dictadura disfrazada.
En los
últimos días he leído y escuchado muchas argumentaciones de constitucionalistas
de prestigio, en el sentido de que se debe votar nulo el 24 de marzo con
respecto a los integrantes del Consejo materia de este boletín. Si hay una
mayoría de votos nulos, eso daría a las autoridades del gobierno y de la
Asamblea Nacional, al igual que a los miembros de la Corte Constitucional las
bases para buscar los mecanismos de echarlo abajo.
CEDATOS y
otras empresas que se dedican a efectuar encuestas de tipo político han
consultado a la población con respecto a si debe subsistir el Consejo o hay que
eliminarlo.
En las
respuestas a CEDATOS una mayoría relativa superior al 40% dice que hay que eliminarlo,
otra mayoría relativa igualmente mayor del 40% dice que, por lo menos, hay que
quitarle la capacidad de nombrar a las autoridades de los organismos claves del
Estado.
Lo
sorprendente es que muchas personas no saben siquiera qué es el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, qué hace y por qué hay que elegir a
sus integrantes el 24 de marzo.
La
democracia que se manifiesta solo en ir a las urnas y votar obligatoriamente
porque se necesita “el papelito” que da cuenta de que se cumplió con ese deber
cívico no es suficiente. Hay que lograr que el pueblo efectivamente tenga
participación directa e indirecta en la conducción del Estado. La democracia en
la cual el Estado no es capaz de legislar para que el pueblo esté debidamente
informado sobre quiénes son las personas a las que les va a delegar funciones
tan importantes como las del Consejo, no es democracia. Es un remedo que puede
terne funestas consecuencias. Y eso es lo que pasa ahora.
La
participación directa del pueblo se logra con el voto, pero también con la
consulta permanente de la opinión pública sobre temas de importancia nacional.
Para ello son de mucho valor las encuestas realizadas aplicando la Econometría
y la Estadística, con técnicas actualizadas y equipos humanos y tecnológicos
eficientes, de mínimo error y alta confiabilidad.
La
participación indirecta es la que tiene el pueblo cuando delega a los miembros
de las funciones del Estado para que actúen en su nombre. El presidente de la
República nombra ministros y embajadores, gerentes de empresas públicas,
gobernadores y otros funcionarios y dirige sus actividades. La Asamblea
Nacional discute los proyectos de ley, los aprueba o desaprueba y envía al
presidente para que, a su vez, emita su criterio y apruebe, vete parcial o
totalmente los proyectos de ley; además, tiene la obligación de fiscalizar las
acciones de los funcionarios de todo nivel. La Corte Suprema de Justicia vela
porque se respeten los derechos de los ciudadanos y sanciona a quienes los
irrespetan. Su función es impartir justicia.
No es
necesario el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este es el
único país en el que existe, diseñado para fines nada democráticos, como ya se
explicó.
Expresemos
nuestra opinión en las urnas, diciendo no a su integración. En mi caso, de
todos los aspirantes no llego a conocer obras y milagros de siete y necesito
saber de al menos catorce, porque vamos a elegir principales y suplentes. No
puedo validar con mi voto un proceso viciado. Espero que usted, amable lector,
proceda a conciencia. Más todavía cuando las “redes” informan de que hay
interesados en volver a la década nefasta, para seguir medrando de los recursos
del Estado y de la buena fe de alguna gente.
