BOLETÍN 249: RANKING DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DEL ECUADOR 2021

Existen en el mundo millones de empresas de todo tamaño, forma legal y rama de actividad. Un alto porcentaje, que va del 70% hasta el 90% según el país, son empresas individuales de todos los tamaños y áreas. Sin embargo, las empresas que aportan mayormente a la formación del PIB y al avance tecnológico son las sociedades de capital y especialmente aquellas que tienen sus acciones en el mercado de valores. En cambio, las generadoras del mayor número de empleos son las llamadas MIPYMES, esto es, las micro, pequeñas y medianas.

Las empresas ecuatorianas son todas, todas, pequeñas y micros, comparadas con aquellas que tienen negocios en todo el planeta, centenas de miles de empleados, más presupuesto que decenas de estados del Tercer Mundo y capacidad de competir y ganar sin mayor esfuerzo.

Por esa razón, mantengo que el Estado ecuatoriano no solo debe apoyar a las empresas que llamamos MIPYMES, sino a todas, para que puedan llegar al mercado internacional y competir para lograr una tajada pequeña, pero creciente, en su respectivo sector.

Para corroborar lo expresado, las estadísticas dicen que no hay una sola empresa ecuatoriana entre las 500 o las 1000 más grandes del mundo y que, en Latinoamérica apenas Petroecuador y dos o tres más están entre las 500 grandes.

De todas maneras, las empresas del Ecuador son las que le dan vida a la economía nacional, ya sean públicas o privadas, de propiedad individual o colectiva, sociedades anónimas o compañías de responsabilidad limitada, etc., etc.

Lamentablemente, de las 500 mayores, su concentración es demasiado grande en Guayas (44%) y Pichincha (41%). Les siguen a esas provincias Manabí (4%), Azuay (3,8%), El Oro (2%) y Tungurahua (1,4%), pero con porcentajes mucho menores que las primeras. 

En 2019 en el Ecuador había cientos de miles de empresas dedicadas a actividades económicas, siendo la gran mayoría, por el número, las de propiedad individual, pero las que más aportaban al desarrollo nacional eran las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada.

El año 2020 llegó al país el COVID – 19 y con él el cierre de miles de empresas, especialmente microempresas y pequeñas y medianas de los sectores de turismo, transporte aéreo, automotor, electrodomésticos, porque la pandemia afectó de manera muy importante a todas las actividades nacionales, pero especialmente a las de esos sectores.

Se debe recordar que por varios meses el país estuvo confinado por temor a que la pandemia haga un desastre mayor en la vida de los habitantes, mediante el contagio, lo que afectó de manera considerable a los restaurantes, las cafeterías, los centros de diversión nocturna, los viajes por avión hacia y desde el exterior y en el interior del país. Además, la gente priorizó el gasto, pues en gran medida sintió la reducción de las actividades y por tanto de los ingresos.

Hubo, de todas maneras, un grupo de empresas que resultó beneficiado por el problema, pues la demanda de sus bienes o servicios se incrementó en forma notable. Entre ellas estuvieron las productoras e importadoras de medicinas y suministros médicos, las clínicas, las funerarias y otras del área de la salud. Obviamente, el sector productor y comercializador de alimentos no se vio afectado y lo que tuvo es una reestructuración de la demanda, porque los consumidores prefirieron la tienda del barrio para comprar, a fin de no desplazarse, y los supermercados, para tener un poco más de seguridad en cuanto a la sanidad de los productos a consumir. Las exportaciones de banano, cacao en grano y elaborado, café y pescado aumentaron, mientras que las de camarón y elaborados de pescado se mantuvieron, a pesar de las dificultades del comercio internacional, por falta de operación de buques y puertos.    

La Superintendencia de Compañías recibe anualmente la información financiera de los varios miles de sociedades de capital del país y la procesa, para llegar a determinar algunos indicadores globales importantes, como el capital, los activos, los pasivos, los ingresos, las ventas y las utilidades, por sectores de actividad, provincias, regiones, etc.

La revista Vistazo anualmente reproduce la información de la Superintendencia para las 500 empresas más importantes del país y analiza su comportamiento, con el fin de destacar algunos aspectos y compararlos con cifras del año anterior. Entre los aspectos que trata individualmente están los ingresos, las ganancias, la rentabilidad sobre ventas, el pago del impuesto a la renta, el número de empleados de las 500 empresas mayores del país, así como el comportamiento sectorial empresarial, el ingreso promedio por empresa y otros indicadores. [1]_/

En 2019 las ventas del sector empresarial total habían llegado a 161.400 millones de dólares. En 2020 la cifra se redujo en un muy importante 20 por ciento, generando una serie de efectos colaterales como la pérdida de miles de empleos, la paralización de nuevas inversiones, el cierre de locales de venta y el incremento de los problemas financieros, por falta de ingresos, con numerosas quiebras y otros efectos. A su vez, los ingresos de las 500 empresas analizadas en el ranking 2021, con cifras a 2020, sumaron 64 mil millones de dólares, 10 mil millones menos que en el 2019 y el 2018.

En el año 2020 las 10 mayores empresas del país fueron: EP Petroecuador (Petróleo), Corporación Favorita (Comercio - Supermercados), Corporación El Rosado (Comercio - Supermercados), CNEL EP (Energía eléctrica), Conecel (Claro) (Telecomunicaciones - Telefonía), Difare (Pharmacy´s y Cruz Azul), Pronaca (Agroindustria de Alimentos), CNT EP (Telecomunicaciones), DINADEC y CELEC EP.

Merece anotarse el hecho de que los ingresos 2020 de la empresa pública Petroecuador son de 7.787 millones de dólares y los ingresos de la empresa que le sigue, una privada, la Corporación Favorita, llegan a 2.171 millones, equivalentes a poco menos del 28% de la cifra de la empresa hidrocarburífera.

La diferencia de los registros de ganancias de esas dos empresas es aún mayor: la primera anota 4.100 millones de dólares, mientras la segunda apenas suma 220 millones, el 5,4%.

Las empresas ubicadas en los puestos 3 a 10 registran ingresos por cifras que van de 1.249 millones de dólares a 710 millones.

Las ganancias de las empresas ubicadas en los puestos 3 a 10 no tienen relación directa con los ingresos, pues la tercera solo gana 46 millones de dólares, mientras la cuarta se acerca a los 300 millones, la quinta supera levemente los 20 millones, la sexta y la séptima anotan 23 y 38 millones, la octava supera los 140 millones, la novena suma 47 millones y la décima pierde 30 millones. 

Las mayores ganancias del 2020 se registran en las empresas públicas, por un total de 4762 millones de dólares. El mayor registro y de lejos el más importante es el de Petroecuador, con 4109 millones (86,3%), seguida por CNEL EP (6,2%), de energía; CNT EP de telecomunicaciones (2,9%), la Empresa Eléctrica Quito (1,4%), la flota marítima FLOPEC EP (1,3%), la Empresa Metropolitana de Agua potable y Saneamiento EPMAPS (0,5%) y cuatro empresas más. 

Las mayores ganancias del 2020 en el sector privado corresponden a 10 empresas que suman 3284 millones de dólares. Encabezan la lista la Corporación Favorita con 220 millones (6,7%) y Conecel (Claro) con 205 millones (6,2%). Les siguen Holcim Ecuador (3,5%), Cervecería Nacional (2,7).

Como se puede observar, todas las empresas públicas con ganancias se hallan en los sectores estratégicos de petróleo, electricidad, telecomunicaciones y agua, mientras que cinco empresas que se hallan en el sector privado se dedican al comercio de diferentes tipos de productos; una es privada de telecomunicaciones, otra produce cemento, una más produce alimento balanceado, hay también una constructora y una cervecera.

Es importante señalar que, pese a la pandemia, 414 de las 500 empresas materia del estudio tuvieron rentabilidades destacables que van del 93% al 39%. Las de registros mayores fueron Beverage Brand & Patents (93%), Construmercado (85%), Emirates (78%) y Tampa Cargo (75%) y Enap Sipetrol (62%).

Para contrastar, 86 de las 500 empresas mayores registraron rentabilidades negativas, siendo las más notables: Repsol (-87%), Latam Airlines Ecuador (-77%), Compañía Panameña de Aviación (-61%), AUTOLIDER (-35%) y Corporación Quiport (.34%).

Vistazo publica la distribución general por sectores de actividad de las 500 empresas mayores. Lo hace para 30 sectores. Petróleo y derivados es el más importante. De los 64.342 millones de dólares de ingresos de ese conjunto le corresponden 13.752 millones, equivalentes al 21,37% del total. En segundo lugar constan Comercio y Distribución, con 8.377 millones de ingresos y una participación del 13%. Les siguen Pesca y acuacultura, cuyos ingresos se acercan a los 5.100 millones y al 8% de participación, En cuarto lugar consta Alimentos, cuyos valores absoluto y relativo son 4.908 millones y 7,63%. Después está la Agroindustria, cuyos registros son de 4.269 millones y 6,63%. En sexto lugar está el sector Salud, cuyos ingresos superan levemente los 4 mil millones, que representan el 6,26% del total de las 500 empresas mayores. El sitio siguiente lo ocupa el sector Construcción, con 3.745 millones de dólares y el 5,82%. El octavo lugar lo tiene el sector de telecomunicaciones, con un registro de 3.187 millones, equivalentes al 4,95% del total de referencia. Consta en seguida el sector automotor, con 2.742 millones de dólares y el 4,26%. El décimo lugar lo tiene el sector de energía, con 2.648 millones y el 4,12%.

En los puestos siguientes al décimo están los sectores de bebidas, balanceados, aseo y belleza, electrodomésticos, papel y cartón. Bebidas registra 1.884 millones de dólares y 2,93% de participación; mientras que papel y cartón suma 877 millones y 1,36%.

Los registros 16 al 20 están ocupados por un grupo “Sin sector”, equipos electrónicos, químicos, envases y servicios concesionados. El primero aglutina 869 millones equivalentes l 1,35% del total y el último, vigésimo del registro general, suma 457 millones de dólares y 0,71% de participación.

En los sitios 21 a 25 se ubican los sectores de logística y transporte, restaurantes y catering, plásticos, puertos y terminales, transporte aéreo de pasajeros. El sector 21 tiene ingresos por 393 millones y participación del 0,61%, en tanto que el sector 25 suma 215 millones de dólares y 0,33% de participación.

Los sectores de los niveles 26 al 30 son: maquinarias, reciclaje, tecnología, servicios financieros y textil. El vigésimo sexto registra 197 millones de dólares de ingresos y 0,31% de participación y el trigésimo suma casi 69 millones y el 0,11% del total de 64.341 millones.

Es de esperar que este año y el 2022 haya una leve y creciente recuperación de las actividades económicas y por tanto de las empresas tanto públicas como privadas, grandes y MIPYMES. Para que ello suceda es un buen apoyo el que da la vacunación masiva de la población y ojalá la inmunidad mayoritaria, lo que crea confianza para el desarrollo de los negocios.

Otro elemento que puede contribuir es el aumento de la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la acción del gobierno y sobre todo en sus objetivos de largo plazo.

Me parece un logro del gobierno, con un impacto más favorable que negativo, el de la Ley Tributaria vigente desde hace pocos días; pero, confío en que su vigencia no resulte de acuerdos por bajo la mesa con delincuentes, porque eso sería apoyar la corrupción; y, por otra parte, señalo la importancia de que su reglamento sea aprobado este año.

Recalco que hace falta que se tomen decisiones fundamentales a las que ya me referí en el Boletín anterior, sobre el cambio URGENTE de la Constitución 2008 por otra, sea una nueva o la de 1998; la firma de acuerdos comerciales con varios países que son mercados atractivos, la renovación de los 17 convenios para la protección recíproca de las inversiones vigentes hasta 2017, la aprobación de normas favorables a la inversión y al desarrollo del mercado de valores, la acogida gubernamental y el impulso de clústeres para varios productos nacionales de exportación, la revisión del Código del Trabajo, la reducción de la carga tributaria para los emprendimientos de todo nivel, la reducción de las tasas de interés, el aumento del crédito de largo plazo, que ahora no existe para la gran mayoría de las actividades, la creación de condiciones para que mercado de valores funcione con agilidad y transparencia, el mejoramiento de las condiciones del transporte aéreo internacional, etc., etc.

Solo de esa manera el Ecuador podrá marchar con paso firme hacia el progreso, multiplicando las inversiones y sus montos, la cantidad y la calidad del empleo, el número y el tipo de empresas nuevas con gran capacidad de acción y especialmente con miras en la exportación.  

 

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[1] _/ FUENTE DEL ANÁLISIS: REVISTA VISTAZO 1299 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2021. GUAYAQUIL, ECUADOR.

 BOLETÍN 250: VISIÓN DEL ECUADOR 2021

Tratar de explicar los hechos del 2021 requiere recordar lo sucedido en el mundo y en el país antes de este año, lleno de acontecimientos de grata e ingrata recordación.

En el mundo, la pandemia iniciada en 2019 determinó una grave conmoción planetaria, con el confinamiento por días o meses de miles de millones de personas, el cierre de negocios de todo tamaño y de los establecimientos educacionales, el descubrimiento de la pobre atención financiera y médica a la salud incluso en los países más desarrollados, la quiebra de miles de empresas grandes y pequeñas, la paralización de las inversiones y el transporte interno e internacional debida a la incertidumbre sobre los contagios potenciales, la necesidad de pasar del trabajo presencial al teletrabajo, el consecuente desempleo de millones de personas y la pérdida de muchas de las conquistas de varios países en cuanto a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la clase media y la pobre, que pasaron a ser parte de la clase pobre y en mayor número de la que está en extrema pobreza.

En el Ecuador, las acciones negativas del gobierno del 2007 al 2017, la poca capacidad proactiva del gobierno de 2017 a 2021, los efectos iniciales de la pandemia y la escasa y demorada vacunación inicial, determinaron graves problemas morales, políticos, jurídicos, económicos, financieros y sociales que, como dice el doctor Oswaldo Dávila Andrade, doctor en economía de mucho prestigio y secretario general de Planificación 1984 - 1988, aportan cientos de fichas al rompecabezas de una crisis nacional no registrada anteriormente y que se espera que el gobernante 2021 – 2025, señor Guillermo Lasso, tenga la visión de estadista para reducirla, poniendo en juego su reconocida habilidad empresarial, sentando las bases de un desarrollo económico sostenido.

Con esos antecedentes, el año 2021 empezó con los deseos de la población por un cambio de la situación sufrida por más de una década, que se expresaron en la campaña electoral por la presidencia, que permitió que triunfe el candidato de CREO, pero que también hizo posible una representación popular muy dividida en la Asamblea Nacional, escasa en el respaldo al nuevo gobierno y sobre todo, formada en alguna medida por personajes con glosas, cobradores de diezmos a sus colaboradores, fanáticos dependientes de la orden de sus líderes y caciques, sin preparación para cumplir sus funciones.

El año trajo varios resultados favorables al país. El más importante, el cambio de 14 años de Socialismo del Siglo XXI abierto o disfrazado, por un gobierno de tendencia liberal, que parecería que quiere ensayar en sus cuatro años la economía social de mercado, atendiendo necesidades básicas de la población, como la vacunación rápida y masiva de un elevado porcentaje de los ciudadanos; el mejoramiento de las condiciones de salud, empleo, salario y educación; la flexibilización de las condiciones para obtener crédito; la reducción de los aranceles para productos de primera necesidad; el incremento de las personas beneficiarias de los bonos estatales; el ataque a la corrupción y al narcotráfico. También, la gestión directa del presidente Lasso para lograr acuerdos comerciales con México, Estados Unidos y otros países; la definición de políticas petrolera, minera y de inversión, con la mira de alcanzar niveles elevados de producción y de ejecución de proyectos de gran magnitud sobre la base de cooperación público – privada; el aumento del precio internacional del petróleo y el aumento de las exportaciones de varios productos de consumo.

En cambio, los grandes problemas del 2021 para el Ecuador fueron: la pandemia, que continúa afectando a toda la población mundial, resta fuerza a las actividades económicas y deteriora la situación social; la continuación de la vigencia de la Constitución 2008, sin que se haya hecho nada por cambiarla; la debilidad del gobierno, que carece del impulso necesario para trastocar la situación moral, política, jurídica, económica, financiera y social heredada; la ausencia de un plan de desarrollo que permita saber cuáles son los objetivos del gobierno y la forma en que se va a ir armando el rompecabezas nacional; la obesidad del Estado, que no se toca y seguirá afectando a las finanzas públicas; la incapacidad de la Asamblea Nacional para cumplir sus funciones de legislar y fiscalizar, por la pobreza ética, intelectual y legislativa de sus miembros;  la inmersión creciente del país en el tráfico de drogas, con todos los efectos que se registran en las instituciones, corrompidas o debilitadas; la increíble situación de la función judicial, que aplica las leyes al gusto de los delincuentes de cuello blanco; el inexistente sistema carcelario, que permite que los delincuentes tengan poder y capacidad de decidir sobre cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué actuar; el desprestigio internacional derivado de esa calamidad; la falta de recursos financieros estatales para atender la salud, dar educación gratuita de calidad, aumentar las inversiones estatales, pagar la enorme deuda pública, mejorar la infraestructura, proveer de servicios básicos a toda la población; el desprestigio internacional de un país en el que se dice que hay hasta “narcogenerales” y por tanto tropa infectada por el narcotráfico, además de centenas de muertos dentro y fuera de las cárceles por la disputa de territorios.

Hasta diciembre 2021 se cumplió con la oferta de campaña de atacar fuertemente la pandemia. Según el Vacunómetro del Ministerio de Salud, se ha vacunado al 85% de la población con la primera dosis y al 75% con las dosis primera y segunda, lo que significa cerca de 13,6 millones de personas en el primer caso y cerca de 12,1 millones en el segundo.  También, ya se ha iniciado la vacunación con la tercera dosis para ciertos grupos etarios más proclives al contagio. Sin embargo, los gremios de médicos solicitan no bajar la guardia, porque consideran que las festividades de Quito en un caso, y las de Navidad y Año Nuevo, si no se toman medidas de restricción de reuniones masivas, pueden dar lugar a un rebrote de los contagios y las muertes, sobre todo teniendo en cuenta que ya está presente la peligrosa variante Ómicron.

Desde enero del año 2022 regirá el salario mínimo de 425 dólares, con un incremento de 25 dólares decidido por el presidente Lasso. Es favorable para los trabajadores formales que suben su remuneración de 400 a 425 dólares; pero, ha desatado críticas de los empleadores porque según mencionan, aumentará y en el mejor de los casos no reducirá el desempleo de 7 de cada 10 miembros de la PEA; además, el costo adicional para los empleadores no es de 25 dólares, sino de cerca de 40, porque deben añadirse los aumentos de los décimos tercero y cuarto sueldos, el mayor aporte al IESS y otros beneficios.

Igualmente, desde enero 2022 se aplicarán menores tasas de interés para 6 de los 13 segmentos de crédito, sobre la base de cuatro factores: costos de fondeo, gastos operativos, riesgos de crédito y costo de capital. La reducción porcentual al parecer no es mayor, por lo que no satisface a muchos empresarios y analistas.

 

Fue un triunfo para el gobierno la aprobación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal en los términos en que fue elaborado el proyecto, luego de que la Asamblea no aprobó su texto, no negó su vigencia y no lo envió al archivo, con lo que se transformó en ley de acuerdo con lo previsto en la Constitución; pero, tiene tres pedidos a la Corte Constitucional para que la declare inconstitucional, y en la Asamblea hay intención de buscar que no se aplique.

Esa Ley, según ASCAE, contempla reformas tributarias sobre: contribuciones temporales del patrimonio de personas naturales y sociedades; régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior; eliminación de ingresos exentos de sociedades por enajenación ocasional de inmuebles. Además, cambios tributarios de personas naturales; cambios en ingresos exentos en rendimientos financieros; eliminación de ingresos exentos; cambios en el impuesto por venta de acciones, participaciones y derechos,  nuevas tarifas; cambios en beneficios tributarios sectores priorizados y otros; cambios en incentivos en depreciaciones; eliminación de incentivos por contratación de personal; cambios en jubilación patronal y desahucio; cambios en gastos personales; nueva tabla del impuesto a la renta para personas naturales; nuevo impuesto único en venta de acciones y participaciones; nuevos artículos con tarifas 0% y 12% de IVA, cambios en el ICE, nuevo régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, eliminación del régimen microempresas.

Varias de tales disposiciones afectan fuertemente al bolsillo de quienes deban aportar, sin considerar la situación actual derivada de la pandemia, que eventualmente afecta a la liquidez de personas y empresas. Otras normas pretenden que quienes tienen dinero depositado en el exterior lo traigan, lo que dada la incertidumbre política, la pandemia y la inseguridad jurídica es poco probable que lo hagan. Determinados artículos pretenderían favorecer a las empresas por cambios en la jubilación patronal y desahucio, el nuevo régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, la eliminación del régimen de microempresas. Pero, una norma importante para todos los contribuyentes es la que reduce de su nivel actual a solo 5.000 dólares el techo de las deducciones posibles de hacer por el contribuyente por gastos en salud, alimentación, vestido y vivienda. En ciertos casos más impuestos y en otros, menos. 

Además, el gobierno, quizás como medidas compensatorias, redujo impuestos para varios productos, materias primas agropecuarias y otros rubros; aparte de que anunció que, desde 2022 otorgará créditos al 1% de interés y hasta a 30 años plazo a los pequeños agricultores. La reducción de impuestos incluye: toallas sanitarias, otros productos de higiene femenina y los pañales populares, que ya no pagarán IVA. Los planes de celulares bajan su tarifa de 15 % a 0 % de ICE. Los autos híbridos y eléctricos en general ya no pagarán ICE.

En el caso del crédito, cumplir la oferta de campaña desde enero 2022 generaría varios problemas: uno, habría un subsidio significativo del gobierno a los beneficiarios, primero, porque las tasas de los créditos posibles de captar por el gobierno para esta línea serán mayores al 1%; segundo, porque el Banecuador y la CFN deben cubrir gastos operativos y previsiones para incumplimientos, que requieren de un porcentaje sobre el capital otorgado; y, tercero, porque existe el riesgo, ya comprobado en otras ocasiones, de que se obtenga el financiamiento para proyectos agropecuarios y se lo desvíe a otros destinos. En otro sentido, 30 años es mucho tiempo, incluso para el desarrollo de proyectos forestales, puesto que, quienes se dedican al trabajo agropecuario necesitan fondos para cultivos de corto plazo, menor a un año; mediano plazo, de uno a cinco años; y, de seis hasta quince años y no treinta.

Con relación a los impuestos personales y a las empresas, el gobierno dice que solo afectará a menos del 4% de los habitantes. En teoría, la proporción puede ser así. En la práctica, quienes están acostumbrados a obtener una cierta renta anual elevada quieren mantenerla o acrecentarla, salvo pocos altruistas, y por tanto, buscarán la manera de compensar el tributo con incrementos de sus ingresos, elevando el costo de los bienes o servicios de su producción, con lo cual quienes realmente pagarán el tributo serán los consumidores.

El presidente Lasso ha efectuado viajes a varios países, no solo para avanzar negociaciones de tratados de libre comercio, sino para reunirse con empresarios e invitarlos a invertir en el Ecuador, puesto que se ha puesto como meta de su periodo lograr 30 mil millones de dólares de nuevas inversiones, en varios casos por la vía de las alianzas público – privadas. El ministro de la Producción ofreció que el Acuerdo comercial con México se firmará este mismo año. A la fecha parece que eso no será posible; pero, quizás en el transcurso del 2022 se pueda llegar a puerto en ese caso, lo que facilitará ingresar a la Alianza del Pacífico; lograr un acuerdo con Estados Unidos y ojalá con otros países. Algunas inversiones se han dado por comprometidas en los sectores estratégicos, pero será asunto de titanes llegar a la cifra buscada por el gobierno, porque las tantas veces mencionadas condiciones del país no dan certeza de que el “clima” para la inversión, más aún si es extranjera, sea el necesario.

En ese “clima”, por ahora la afectación es muy importante si se tiene en cuenta la denuncia del embajador de los Estados Unidos sobre la existencia de “narcogenerales” y el retiro de las visas a cuatro altos oficiales de la Policía y sus familias; el rápido crecimiento del tráfico de drogas hacia el mundo y dentro del país; el diario aparecimiento de muertos en las calles y en las cárceles por retaliaciones entre bandas que quieren dominar territorios; la debilidad de las leyes y los jueces que facilitan “medidas alternativas” a la prisión a delincuentes de cuello blanco, sin que se les exija que devuelvan lo adquirido ilegalmente y paguen multas.  

Resta por aprobar dos proyectos de ley muy publicitados en este 2021. Se trata del que producirá una ansiada actualización de la legislación laboral; y, del que, con miras en el futuro y no solo en los cuatro años de gobierno, facilitará las inversiones en el país.

Mucho se especula en relación con los dos proyectos y se habla y escribe a favor y en contra con mucha fuerza. Con relación al primero, es necesario que actualice las normas, muchas de ellas vigentes desde 1938 y por tanto obsoletas, y que incluya nuevas disposiciones que consideren el trabajo por sectores, horas, estaciones u ocasiones; atienda los diferentes horarios y semanarios de labores de los diferentes sectores; el teletrabajo público y privado; la forma de calcular los incrementos de salarios; la remuneración justa del trabajo femenino; la correcta relación entre salario y productividad; los tipos y niveles de reconocimiento de la formación y la especialización de los trabajadores y de su permanencia en una empresa; las causas y formas de liquidar los contratos laborales. Respecto a la facilitación de las inversiones, para el sector público es importante definir las condiciones de las alianzas público – privadas en los diversos sectores de la producción, tomando en cuenta la protección ambiental y las garantías del Estado y de los inversionistas frente a conflictos de interés; en el sector privado, las condiciones iguales ante la Ley de los capitales nacionales y de los extranjeros, las garantías de éstos para su eventual repatriación, los beneficios temporales que puedan asignarse.

Las normas laborales y de inversión que surjan deben tener en cuenta que el Ecuador debe competir en el mundo y en su territorio por los mercados y que es fundamental avanzar en el desarrollo de la productividad nacional, determinada por la efectividad del Estado en la provisión de la infraestructura y los servicios básicos, y por la competitividad de las empresas en la producción de la cantidad requerida por los consumidores nacionales y extranjeros, la calidad igual o mejor que la de los competidores, el precio acorde con la calidad producida y el acceso oportuno al mercado demandante, para satisfacer sus pedidos.