BOLETÍN 250: VISIÓN DEL ECUADOR 2021

Tratar de explicar los hechos del 2021 requiere recordar lo sucedido en el mundo y en el país antes de este año, lleno de acontecimientos de grata e ingrata recordación.

En el mundo, la pandemia iniciada en 2019 determinó una grave conmoción planetaria, con el confinamiento por días o meses de miles de millones de personas, el cierre de negocios de todo tamaño y de los establecimientos educacionales, el descubrimiento de la pobre atención financiera y médica a la salud incluso en los países más desarrollados, la quiebra de miles de empresas grandes y pequeñas, la paralización de las inversiones y el transporte interno e internacional debida a la incertidumbre sobre los contagios potenciales, la necesidad de pasar del trabajo presencial al teletrabajo, el consecuente desempleo de millones de personas y la pérdida de muchas de las conquistas de varios países en cuanto a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la clase media y la pobre, que pasaron a ser parte de la clase pobre y en mayor número de la que está en extrema pobreza.

En el Ecuador, las acciones negativas del gobierno del 2007 al 2017, la poca capacidad proactiva del gobierno de 2017 a 2021, los efectos iniciales de la pandemia y la escasa y demorada vacunación inicial, determinaron graves problemas morales, políticos, jurídicos, económicos, financieros y sociales que, como dice el doctor Oswaldo Dávila Andrade, doctor en economía de mucho prestigio y secretario general de Planificación 1984 - 1988, aportan cientos de fichas al rompecabezas de una crisis nacional no registrada anteriormente y que se espera que el gobernante 2021 – 2025, señor Guillermo Lasso, tenga la visión de estadista para reducirla, poniendo en juego su reconocida habilidad empresarial, sentando las bases de un desarrollo económico sostenido.

Con esos antecedentes, el año 2021 empezó con los deseos de la población por un cambio de la situación sufrida por más de una década, que se expresaron en la campaña electoral por la presidencia, que permitió que triunfe el candidato de CREO, pero que también hizo posible una representación popular muy dividida en la Asamblea Nacional, escasa en el respaldo al nuevo gobierno y sobre todo, formada en alguna medida por personajes con glosas, cobradores de diezmos a sus colaboradores, fanáticos dependientes de la orden de sus líderes y caciques, sin preparación para cumplir sus funciones.

El año trajo varios resultados favorables al país. El más importante, el cambio de 14 años de Socialismo del Siglo XXI abierto o disfrazado, por un gobierno de tendencia liberal, que parecería que quiere ensayar en sus cuatro años la economía social de mercado, atendiendo necesidades básicas de la población, como la vacunación rápida y masiva de un elevado porcentaje de los ciudadanos; el mejoramiento de las condiciones de salud, empleo, salario y educación; la flexibilización de las condiciones para obtener crédito; la reducción de los aranceles para productos de primera necesidad; el incremento de las personas beneficiarias de los bonos estatales; el ataque a la corrupción y al narcotráfico. También, la gestión directa del presidente Lasso para lograr acuerdos comerciales con México, Estados Unidos y otros países; la definición de políticas petrolera, minera y de inversión, con la mira de alcanzar niveles elevados de producción y de ejecución de proyectos de gran magnitud sobre la base de cooperación público – privada; el aumento del precio internacional del petróleo y el aumento de las exportaciones de varios productos de consumo.

En cambio, los grandes problemas del 2021 para el Ecuador fueron: la pandemia, que continúa afectando a toda la población mundial, resta fuerza a las actividades económicas y deteriora la situación social; la continuación de la vigencia de la Constitución 2008, sin que se haya hecho nada por cambiarla; la debilidad del gobierno, que carece del impulso necesario para trastocar la situación moral, política, jurídica, económica, financiera y social heredada; la ausencia de un plan de desarrollo que permita saber cuáles son los objetivos del gobierno y la forma en que se va a ir armando el rompecabezas nacional; la obesidad del Estado, que no se toca y seguirá afectando a las finanzas públicas; la incapacidad de la Asamblea Nacional para cumplir sus funciones de legislar y fiscalizar, por la pobreza ética, intelectual y legislativa de sus miembros;  la inmersión creciente del país en el tráfico de drogas, con todos los efectos que se registran en las instituciones, corrompidas o debilitadas; la increíble situación de la función judicial, que aplica las leyes al gusto de los delincuentes de cuello blanco; el inexistente sistema carcelario, que permite que los delincuentes tengan poder y capacidad de decidir sobre cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué actuar; el desprestigio internacional derivado de esa calamidad; la falta de recursos financieros estatales para atender la salud, dar educación gratuita de calidad, aumentar las inversiones estatales, pagar la enorme deuda pública, mejorar la infraestructura, proveer de servicios básicos a toda la población; el desprestigio internacional de un país en el que se dice que hay hasta “narcogenerales” y por tanto tropa infectada por el narcotráfico, además de centenas de muertos dentro y fuera de las cárceles por la disputa de territorios.

Hasta diciembre 2021 se cumplió con la oferta de campaña de atacar fuertemente la pandemia. Según el Vacunómetro del Ministerio de Salud, se ha vacunado al 85% de la población con la primera dosis y al 75% con las dosis primera y segunda, lo que significa cerca de 13,6 millones de personas en el primer caso y cerca de 12,1 millones en el segundo.  También, ya se ha iniciado la vacunación con la tercera dosis para ciertos grupos etarios más proclives al contagio. Sin embargo, los gremios de médicos solicitan no bajar la guardia, porque consideran que las festividades de Quito en un caso, y las de Navidad y Año Nuevo, si no se toman medidas de restricción de reuniones masivas, pueden dar lugar a un rebrote de los contagios y las muertes, sobre todo teniendo en cuenta que ya está presente la peligrosa variante Ómicron.

Desde enero del año 2022 regirá el salario mínimo de 425 dólares, con un incremento de 25 dólares decidido por el presidente Lasso. Es favorable para los trabajadores formales que suben su remuneración de 400 a 425 dólares; pero, ha desatado críticas de los empleadores porque según mencionan, aumentará y en el mejor de los casos no reducirá el desempleo de 7 de cada 10 miembros de la PEA; además, el costo adicional para los empleadores no es de 25 dólares, sino de cerca de 40, porque deben añadirse los aumentos de los décimos tercero y cuarto sueldos, el mayor aporte al IESS y otros beneficios.

Igualmente, desde enero 2022 se aplicarán menores tasas de interés para 6 de los 13 segmentos de crédito, sobre la base de cuatro factores: costos de fondeo, gastos operativos, riesgos de crédito y costo de capital. La reducción porcentual al parecer no es mayor, por lo que no satisface a muchos empresarios y analistas.

 

Fue un triunfo para el gobierno la aprobación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal en los términos en que fue elaborado el proyecto, luego de que la Asamblea no aprobó su texto, no negó su vigencia y no lo envió al archivo, con lo que se transformó en ley de acuerdo con lo previsto en la Constitución; pero, tiene tres pedidos a la Corte Constitucional para que la declare inconstitucional, y en la Asamblea hay intención de buscar que no se aplique.

Esa Ley, según ASCAE, contempla reformas tributarias sobre: contribuciones temporales del patrimonio de personas naturales y sociedades; régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior; eliminación de ingresos exentos de sociedades por enajenación ocasional de inmuebles. Además, cambios tributarios de personas naturales; cambios en ingresos exentos en rendimientos financieros; eliminación de ingresos exentos; cambios en el impuesto por venta de acciones, participaciones y derechos,  nuevas tarifas; cambios en beneficios tributarios sectores priorizados y otros; cambios en incentivos en depreciaciones; eliminación de incentivos por contratación de personal; cambios en jubilación patronal y desahucio; cambios en gastos personales; nueva tabla del impuesto a la renta para personas naturales; nuevo impuesto único en venta de acciones y participaciones; nuevos artículos con tarifas 0% y 12% de IVA, cambios en el ICE, nuevo régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, eliminación del régimen microempresas.

Varias de tales disposiciones afectan fuertemente al bolsillo de quienes deban aportar, sin considerar la situación actual derivada de la pandemia, que eventualmente afecta a la liquidez de personas y empresas. Otras normas pretenden que quienes tienen dinero depositado en el exterior lo traigan, lo que dada la incertidumbre política, la pandemia y la inseguridad jurídica es poco probable que lo hagan. Determinados artículos pretenderían favorecer a las empresas por cambios en la jubilación patronal y desahucio, el nuevo régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, la eliminación del régimen de microempresas. Pero, una norma importante para todos los contribuyentes es la que reduce de su nivel actual a solo 5.000 dólares el techo de las deducciones posibles de hacer por el contribuyente por gastos en salud, alimentación, vestido y vivienda. En ciertos casos más impuestos y en otros, menos. 

Además, el gobierno, quizás como medidas compensatorias, redujo impuestos para varios productos, materias primas agropecuarias y otros rubros; aparte de que anunció que, desde 2022 otorgará créditos al 1% de interés y hasta a 30 años plazo a los pequeños agricultores. La reducción de impuestos incluye: toallas sanitarias, otros productos de higiene femenina y los pañales populares, que ya no pagarán IVA. Los planes de celulares bajan su tarifa de 15 % a 0 % de ICE. Los autos híbridos y eléctricos en general ya no pagarán ICE.

En el caso del crédito, cumplir la oferta de campaña desde enero 2022 generaría varios problemas: uno, habría un subsidio significativo del gobierno a los beneficiarios, primero, porque las tasas de los créditos posibles de captar por el gobierno para esta línea serán mayores al 1%; segundo, porque el Banecuador y la CFN deben cubrir gastos operativos y previsiones para incumplimientos, que requieren de un porcentaje sobre el capital otorgado; y, tercero, porque existe el riesgo, ya comprobado en otras ocasiones, de que se obtenga el financiamiento para proyectos agropecuarios y se lo desvíe a otros destinos. En otro sentido, 30 años es mucho tiempo, incluso para el desarrollo de proyectos forestales, puesto que, quienes se dedican al trabajo agropecuario necesitan fondos para cultivos de corto plazo, menor a un año; mediano plazo, de uno a cinco años; y, de seis hasta quince años y no treinta.

Con relación a los impuestos personales y a las empresas, el gobierno dice que solo afectará a menos del 4% de los habitantes. En teoría, la proporción puede ser así. En la práctica, quienes están acostumbrados a obtener una cierta renta anual elevada quieren mantenerla o acrecentarla, salvo pocos altruistas, y por tanto, buscarán la manera de compensar el tributo con incrementos de sus ingresos, elevando el costo de los bienes o servicios de su producción, con lo cual quienes realmente pagarán el tributo serán los consumidores.

El presidente Lasso ha efectuado viajes a varios países, no solo para avanzar negociaciones de tratados de libre comercio, sino para reunirse con empresarios e invitarlos a invertir en el Ecuador, puesto que se ha puesto como meta de su periodo lograr 30 mil millones de dólares de nuevas inversiones, en varios casos por la vía de las alianzas público – privadas. El ministro de la Producción ofreció que el Acuerdo comercial con México se firmará este mismo año. A la fecha parece que eso no será posible; pero, quizás en el transcurso del 2022 se pueda llegar a puerto en ese caso, lo que facilitará ingresar a la Alianza del Pacífico; lograr un acuerdo con Estados Unidos y ojalá con otros países. Algunas inversiones se han dado por comprometidas en los sectores estratégicos, pero será asunto de titanes llegar a la cifra buscada por el gobierno, porque las tantas veces mencionadas condiciones del país no dan certeza de que el “clima” para la inversión, más aún si es extranjera, sea el necesario.

En ese “clima”, por ahora la afectación es muy importante si se tiene en cuenta la denuncia del embajador de los Estados Unidos sobre la existencia de “narcogenerales” y el retiro de las visas a cuatro altos oficiales de la Policía y sus familias; el rápido crecimiento del tráfico de drogas hacia el mundo y dentro del país; el diario aparecimiento de muertos en las calles y en las cárceles por retaliaciones entre bandas que quieren dominar territorios; la debilidad de las leyes y los jueces que facilitan “medidas alternativas” a la prisión a delincuentes de cuello blanco, sin que se les exija que devuelvan lo adquirido ilegalmente y paguen multas.  

Resta por aprobar dos proyectos de ley muy publicitados en este 2021. Se trata del que producirá una ansiada actualización de la legislación laboral; y, del que, con miras en el futuro y no solo en los cuatro años de gobierno, facilitará las inversiones en el país.

Mucho se especula en relación con los dos proyectos y se habla y escribe a favor y en contra con mucha fuerza. Con relación al primero, es necesario que actualice las normas, muchas de ellas vigentes desde 1938 y por tanto obsoletas, y que incluya nuevas disposiciones que consideren el trabajo por sectores, horas, estaciones u ocasiones; atienda los diferentes horarios y semanarios de labores de los diferentes sectores; el teletrabajo público y privado; la forma de calcular los incrementos de salarios; la remuneración justa del trabajo femenino; la correcta relación entre salario y productividad; los tipos y niveles de reconocimiento de la formación y la especialización de los trabajadores y de su permanencia en una empresa; las causas y formas de liquidar los contratos laborales. Respecto a la facilitación de las inversiones, para el sector público es importante definir las condiciones de las alianzas público – privadas en los diversos sectores de la producción, tomando en cuenta la protección ambiental y las garantías del Estado y de los inversionistas frente a conflictos de interés; en el sector privado, las condiciones iguales ante la Ley de los capitales nacionales y de los extranjeros, las garantías de éstos para su eventual repatriación, los beneficios temporales que puedan asignarse.

Las normas laborales y de inversión que surjan deben tener en cuenta que el Ecuador debe competir en el mundo y en su territorio por los mercados y que es fundamental avanzar en el desarrollo de la productividad nacional, determinada por la efectividad del Estado en la provisión de la infraestructura y los servicios básicos, y por la competitividad de las empresas en la producción de la cantidad requerida por los consumidores nacionales y extranjeros, la calidad igual o mejor que la de los competidores, el precio acorde con la calidad producida y el acceso oportuno al mercado demandante, para satisfacer sus pedidos.