sábado, 26 de mayo de 2018

BOLETÍN 169: PLAN ECONÓMICO Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO




Mucha gente esperaba, en mayo de 2017, frente a la gravísima situación de crisis nacional que se conocía había en el país, un Plan de Desarrollo Moral, Político, Económico y Social, que sacara al Ecuador del tremendo atolladero en el que lo dejaba el gobierno anterior: Constitución y dirección política contrarias al interés nacional, institucionalidad perdida, deuda pública enorme, déficit fiscal considerable, crecimiento económico nulo y hasta decrecimiento, desempleo de la mitad de la población capaz de trabajar, educación ideologizada, autonomía universitaria atropellada, relaciones exteriores pésimamente dirigidas, corrupción rampante, ceguera popular mayoritaria frente a las actitudes prepotentes del mandatario y su rebaño.

El candidato que llegó a Carondelet, de las filas de su antecesor, no se preocupó de elaborar ese Plan, porque según decía y dice, creía que solamente algunos expertos y muchos periodistas sobredimensionaban los problemas. Argumentaba que, durante los seis años que fue vicepresidente se dedicó de lleno a las funciones que le encomendó su compañero de fórmula y no siguió el resto de los decires y haceres del gobierno y que, su permanencia de varios años en Ginebra lo mantuvo ignorante de lo que pasaba en el país.

Tales afirmaciones son, por decir lo menos, difíciles de digerir. Todos los funcionarios de alto rango y más él, como segunda autoridad nacional, se reunían constantemente con el presidente, estaban siempre vinculados por las telecomunicaciones y, por último, debían escuchar las sabatinas (incluso realizó algunas de ellas). De otro lado, a Ginebra llegan noticias de último minuto de los centros mundiales de información, junto con diplomáticos y empresarios que saben lo que dicen y hacen gobiernos y oposición; razón por la cual no faltan datos actualizados y certeros, también chismes, sobre cualquier país. De manera que, lo que seguramente pasó, es que Moreno confió demasiado en la palabra de su amigo presidente y cerró ojos y oídos a las afirmaciones, incluso con pruebas, de los opositores y la prensa nacional e internacional.

El acceso a la primera magistratura se produjo, bajo esas circunstancias, con las manos vacías en términos de planes anual, cuatrienal y de largo plazo. Se ofreció, eso sí, lo que al pueblo le gustó escuchar durante 10 años: reconocimiento de muchos derechos, entrega gratis de todo lo que se pida, posición digna y soberana frente al imperio, fronteras abiertas, buen vivir para los ecuatorianos y los extranjeros socialistas que quieran instalarse aquí.

El golpe del balance de la realidad nacional de junio 2017 fue muy duro para el presidente Moreno: crisis moral, política, económica y social sin precedentes en la historia nacional, luego de una década en la cual hubo enormes ingresos de divisas propias para el país y el Estado, a los que se sumó una enorme deuda pública que superó de largo el “techo” constitucional. El vicepresidente y varios ministros delinquían, no había la “mesa servida” ofrecida, no había plata, proliferaban los nuevos ricos ladrones de los fondos públicos, la situación popular se deterioraba todos los días, el país no tenía buenas relaciones con las naciones y organismos que habían sido siempre amigos. El saliente quería que su sucesor fracase, para regresar como “salvador de la Patria” y quedarse “per secula seculorum” gozando del poder y el favor del pueblo.

El Colegio de Economistas de Pichincha, otras instituciones, varios grupos de expertos desde varias ciudades, organizaciones de trabajadores y empresarios, desde antes de mayo de 2017, le hicieron saber reiteradamente al candidato y futuro presidente sobre la gravísima situación del país y las medidas que deberían tomarse, algunas para “pasar el susto” y otras para lo que llaman “un paquetazo”. Varios ciudadanos dijimos que hay que ir a una Constituyente, para cambiar el rumbo del país, dirigido por Correa hacia el socialismo del siglo XXI, mediante una Constitución que oriente el Ecuador hacia objetivos correctos, de tres funciones del Estado, cero corrupciones pública y privada, democracia práctica, desarrollo económico y social con visión a largo plazo, dinamia del sector privado, amistad y comercio creciente con todos los pueblos del mundo, pero definiendo prioridades hacia los mercados principales.

El presidente respondió manifestando su disposición al diálogo y practicándola durante su primer año de gobierno. Pero, diálogo sin decisiones y peor todavía, diálogo para hacer lo contrario de lo esperado, no es solo pérdida de tiempo, sino incremento de la presión contraria al gobierno, que puede explotar en cualquier momento y con mucha fuerza.

El 8 de mayo de 2018, dos economistas de importante y larga trayectoria profesional, expresaron en el diario EL COMERCIO, sus preocupaciones sobre el futuro del país.

El doctor Oswaldo Dávila, quien fue funcionario internacional de Naciones Unidas y de la Junta del Acuerdo de Cartagena y también Secretario General de Planificación del Consejo Nacional de Desarrollo durante varios años, con un prestigio profesional indudable, manifiesta:

“La presión de varios sectores del país porque se tomen medidas y se dicten leyes y disposiciones inmediatas, sin que exista siquiera delineado un marco político, económico e institucional definido, puede conducir al país a un laberinto sin salida, … Las transformaciones que necesita el país son claramente orgánicas y hasta conceptuales: Salir de la entelequia del socialismo del siglo XXI, versión ecuatoriana, y volver al mundo real requiere valentía y coraje para … construir y aplicar, planificada y honestamente, un modelo posible y creíble de desarrollo, … que, desde su inicio, sin miramientos ni compromisos, afecte y transforme profundamente las estructuras vitales del robot sociopolítico y económico heredado del correísmo el cual, es evidente, sigue funcionando, casi incólume, entre bastidores.” [1]_/

El Economista Washington Herrera, quien fue Secretario General de la Administración Pública de Borja, miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena, embajador en Chile, editorialista del diario EL COMERCIO por varios años, en su artículo “Un año lento y difícil”, escribe:

“Como no hay un programa definido y claro, unos ministros dicen lo que piensan hacer y no hacen, otros reman en sentido contrario y unos pocos promocionan algunas acciones con declaraciones populistas y cifras poco creíbles. Esto contribuye a la descoordinación con lo que expresa los lunes el presidente Moreno… El anuncio del presidente de disminuir la brecha fiscal en USD 1.000 millones de dólares anuales fue adecuado, pero sería bueno saber cuánto hemos dejado de gastar en este año de gobierno, … porque si se sigue malgastando el gobierno perderá credibilidad … Que la conducción económica con criterio social sobrepase la politiquería subalterna, para recuperar el tiempo perdido, son nuestros mejores deseos.” [2]_/

El 9 de mayo de 2018, así mismo en EL COMERCIO, el doctor Manuel Terán, en una parte de su editorial “Agenda 2050”, expresa con profunda preocupación:

“… pensar en lo que podría ser una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo luce como una utopía. No existe un proyecto de nación o, por lo menos, si alguien lo posee o lo ha diseñado lo mantiene guardado, sin que se lo discuta como corresponde entre todos los estamentos sociales. ¿Cómo se percibe el Ecuador dentro de tres décadas? ¿Cuáles son sus necesidades de infraestructura y qué pasos estamos dispuestos a dar para conseguir construirla? ¿Qué niveles de educación se podrá brindar a los niños y jóvenes en el futuro y cómo pensamos preparar a los maestros que estén a cargo de esas tareas? ¿Cuáles serán nuestras políticas de seguridad y defensa y cómo conseguiremos recursos para aplicarlas? Estas y otras tantas inquietudes merecen respuestas de la sociedad entera… [3]_/

El 24 de mayo de 2018, el presidente Moreno señaló, casi textualmente, en ciertos momentos de su discurso de aniversario en el poder: “Vengo a hablarles del futuro… hemos empezado bien, … la mesa estaba vacía…, me da vergüenza la corrupción en el Estado…, el diálogo es un camino…, ha transcurrido un año de poner la casa en orden…, sinceramos las finanzas…, fortalecimos las relaciones con el exterior…, (como país) somos un excelente negocio…, hemos devuelto el rumbo correcto a la economía…, hay un clima de confianza…, empezamos la gran minga agropecuaria…, la empresa privada es muy importante para generar empleo, por lo que le daremos incentivos…, resultó ventajosa la renegociación de los contratos petroleros…, los proyectos mineros en marcha son sostenibles…, el turismo es nuestro futuro…”

El discurso fue positivo, pero se habló poco del futuro a largo plazo; el diálogo es importante, pero algunas decisiones claves demoraron mucho; la casa aún no está en orden; hubo errores graves en la designación de ministros y las finanzas recién se sinceran; hay el deseo, pero llega tarde la acción, para devolver la economía al rumbo correcto; hay confianza interna, pero desconfianza externa (riesgo país elevado); es valioso el resultado de la renegociación de los contratos petroleros; los proyectos mineros son un gran reto para que se puedan ejecutar; el turismo, en efecto, puede generar muchas divisas. El rumbo real es todavía una incógnita.

Con esos antecedentes, considero necesario puntualizar lo siguiente:

     El Ecuador no puede seguir de tumbo en tumbo, sin encontrar la vía que lo lleve a conseguir los objetivos de bienestar de su población, en el marco de la evolución dinámica del mundo, sobre todo en el ámbito tecnológico, y aprovechando todas las posibilidades que le brinde su amistad con todos los países del mundo. Hay demasiados problemas no resueltos, en los ámbitos moral, político, económico y social, y es menester la visión de estadista del gobernante y la unión de esfuerzos de todos los gobernados, para conseguir salud, alimentación, vivienda, educación, empleo, seguro social, para el más alto porcentaje de la población actual y futura, en una espiral ascendente.

    La Constitución 2008 NO SIRVE para llevar al país por el camino hacia el desarrollo que necesita recorrer en este siglo. No cabe tener cinco funciones del Estado, bastan las tres tradicionales; esa Norma no debe ser estatista, porque el Estado no debe ni puede dominar el espacio político; no debe ser presidencialista, para evitar que, quien ejerza el Ejecutivo practique legalmente la jefatura del Estado en todo asunto nacional y no solo en la representación hacia el exterior; no debe darle al Estado facultades de empresario, porque nunca ha cumplido bien esa función; etc., etc. Lo digo desde el 2009, en un libro que se llama ECUADOR: Proyección 2020 y sugiero varios cambios constitucionales.

    El marco político, económico e institucional definido, que reclama Oswaldo Dávila, debe estar incorporado en una estrategia de desarrollo nacional a largo plazo, propuesta por un conjunto de universidades, que obligue a los gobiernos cuatrienales a trabajar en función de las necesidades nacionales de los próximos 25 – 30 años, considerando el crecimiento de la población total y de la oferta de mano de obra especializada, la disponibilidad de recursos naturales, el desarrollo tecnológico potencialmente utilizable, la capacidad financiera de ejecutar proyectos impactantes en la vida económica, los déficits de atención social existentes; y, por su gravitante y enorme importancia, el marco mundial, continental y regional previsible en el que tendrá que vivir el país.

   La crisis institucional vigente hasta el 2017 requiere una solución inmediata. Hay que respaldar y aplaudir la gestión del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social en el ámbito en el que trabaja. Pero, también la Asamblea Nacional debería depurarse de aquellos que aceptaron el yugo de Correa, aprobaron en el CAL y desde las presidencias de las comisiones, entusiastamente, todo lo que envió como proyecto de ley, sin ejercer la función de fiscalizar en momento alguno, bloqueando toda iniciativa surgida de la oposición, por racional que fuera; y, de paso, colocando a sus padres, esposos, hijos y demás familiares en puestos estatales bien remunerados.

   Quienes tienen autoridad estatal y gubernamental hasta el 2021 no deben ser quienes aplaudieron, apoyaron o aceptaron sumisos lo que hizo Correa en la década perdida. No debe quedar ninguno de ellos en ninguna de las funciones del Estado. Son coautores del desastre nacional, por acción u omisión. Tampoco deben volver los “arrepentidos”, porque la mayoría de ellos recibió jubilosamente la Constitución 2008 y sus disposiciones, y hasta participó en las neutralizaciones violentas de la oposición.

     El país reclama urgentemente la “cirugía mayor” a la corrupción de la década anterior, con el riesgo de que los cirujanos se hieran con el bisturí. No basta con castigar a uno que otro malandrín pescado in fraganti. Hay que cortar las cabezas de quienes hicieron posible que haya tanto robo y despilfarro. No debe haber prisión domiciliaria, ni rebajas por buena conducta, para quienes perjudican a los millones de ecuatorianos; al contrario, las penas deben ser dobles a las legales para los delincuentes comunes. Se debe obligar a que todo ciudadano, a los 18 años, declare su patrimonio y actualice los datos cada cinco años, porque no solo los malos altos funcionarios y empresarios delinquen; pues, hay muchos ricos de la noche a la mañana, que salen de los puestos inferiores de gobiernos y empresas. No se debe condonar deudas con el Estado, porque se benefician los incumplidos y se da mal ejemplo a los demás. No puede ser que los altos funcionarios estén sujetos a control político solo hasta el año siguiente al término de sus funciones.

   Es absurdo que se ponga en duda el principio de autoridad en el Ejecutivo. Es impresentable, interna y externamente, que el presidente y una parte del gabinete den señales de apertura política y económica hacia países que fueron maltratados por Correa y sus seguidores más cercanos y otra parte del gabinete, con la ministra de relaciones exteriores a la cabeza, digan y demuestren con hechos una posición diferente. Eso induce a creer que la palabra del presidente no es fiable o es débil y, en los dos casos, siembra incertidumbre en los medios internacionales sobre la conducción del país.

    El programa definido que propone el economista Herrera para este gobierno debe aprobarse y ejecutarse con la urgencia necesaria para atender los problemas prioritarios, relacionados con la falta de seguridad jurídica, inversión, empleo, producción, exportaciones y con el exceso de gasto gubernamental y deuda pública. Además, debe incorporar medidas acertadas y urgentes frente a la corrupción y el terrorismo.

    No cabía que las cifras de la deuda pública sean diferentes según quien informe: el ministerio de Finanzas, la Contraloría, el presidente de la República, las cámaras de la producción o algún organismo financiero internacional. Eso afectaba a la confianza de los acreedores potenciales y de los inversionistas en la seriedad del gobierno y provocaba que el riesgo país se eleve en la forma en que lo ha hecho en las últimas semanas, a pesar de la mejoría en el ingreso nacional de divisas por el alza del precio del petróleo. Esperamos que Richard Martínez, ministro de Finanzas, siga corrigiendo los errores de proporciones y haga una excelente gestión.

1   El déficit fiscal hay que llevarlo a cero en el transcurso de los próximos años hasta el 2021. Si bien es cierto hay que aumentar la deuda pública para evitar problemas de crisis en el bolsillo fiscal, es inevitable ejercitar austeridad y para ello una de las herramientas es la tijera en el gasto burocrático, que ahora demanda demasiado dinero en sueldos y beneficios, en múltiples entidades que hacen poco o nada o que duplican funciones.

1  Mantener los subsidios y hacer que los precios de algunos productos sean fijados por el gobierno es una forma de vivir de la mentira. No puede ser que un tanque de gas, que dura un mes para una familia de 4 personas, valga igual o menos que una botella de gaseosa que se consume en un día y que al pueblo le cueste pagar ese subsidio para los que pueden financiar el costo real de los cilindros de gas para la cocina y las piscinas y también para los vecinos de Colombia y el Perú. El subsidio debe ser focalizado.

1   En la Cancillería hay que recortar los gastos innecesarios en países que para el Ecuador no significan nada ni política ni económicamente y hay que fortalecer el Ministerio de Comercio Exterior, reubicando parte del servicio comercial en los países donde la demanda puede crecer para los productos nacionales e impulsando las negociaciones de acuerdos comerciales con países y grupos de países con demanda significativa.

1   Conviene apurar la aplicación de la política de cielos abiertos y lograr, en el menor tiempo, que al menos un puerto nacional reciba los barcos post Panamá. De otro lado, se necesita culminar la construcción de la autopista Quito – Guayaquil, como columna vertebral del sistema vial nacional. Es importante elevar la competitividad empresarial, pero es igualmente importante hacer que la productividad nacional llegue al nivel requerido, no en el país, sino en los mercados que demandan productos nacionales.

1   Finalmente, el gobierno dice que fomentará la minería y el turismo. Para lo primero, habrá que defender el ambiente en los contratos con las grandes empresas, además de atender a los pequeños mineros. Para el turismo el gobierno se ha puesto una meta irreal, de un turista por habitante para el año 2021. Se debe trabajar en ese sentido, por el ingreso de divisas que puede generar; pero, para lograr la atracción masiva de turistas de los países desarrollados, hay que darles por lo menos los servicios que tienen en sus casas y tratarlos tan bien que quieran regresar o hablen maravillas del país. No a las pocas rutas aéreas, hoteles de dos estrellas que cobran por cinco, vías con baches y derrumbes y mal señalizadas, taxistas mal educados, playas sucias, gente descortés, precios caros, mal servicio, “hora ecuatoriana”, falta de baños y duchas limpios en playas y balnearios.


[1] _/ DÁVILA ANDRADE OSWALDO, Cartas a la Dirección. EL COMERCIO, Quito, Ecuador. Mayo 8 de 2018.
[2] _/ HERRERA WASHINGTON: Un año lento y difícil. EL COMERCIO, Quito, Ecuador. Mayo 8 de 2018
[3] _/ TERÁN MANUEL: Agenda 2050. EL COMERCIO, Quito, Ecuador. Mayo 9 de 2018

viernes, 11 de mayo de 2018

Boletín 168: EL IESS AL BORDE DEL ABISMO


El propósito de este Boletín es analizar la situación actual y algunas perspectivas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entidad en la cual se depositan los ahorros obligatorios de los trabajadores y de sus patronos públicos y privados, además de recursos del Estado, con el objeto de que los fondos obtenidos se dediquen a atender necesidades de los afiliados, que originalmente eran solo los aportantes, pero que luego incluyen campesinos, hijos menores de los afiliados, amas de casa y otros beneficiarios, en algunos casos sin hacer ningún aporte o entregando cantidades mínimas, pero recibiendo atención de maternidad, salud, invalidez, cesantía, jubilación, créditos o recursos financieros relacionados con la muerte del afiliado.

Como los fondos del IESS son cuantiosos y fluyen cada mes, lamentablemente los gobiernos centrales los han visto siempre como recursos de “caja chica” para las necesidades presupuestarias del fisco y, aprovechando del poder del Ejecutivo, se han destinado a financiar egresos que nada tienen que ver con su finalidad. Esto sucedió especialmente en el gobierno de Correa, en el que se multiplicaron los beneficiarios, no se cumplió con las normas constitucionales de que los egresos deben estar financiados por los ingresos correspondientes, se le quitó al IESS el aporte estatal del 40% para el seguro de jubilación, se trasladó fondos de este seguro al seguro de salud, se “borró” de la contabilidad fiscal más de dos mil millones de dólares de deuda con el IESS, a pretexto de que no se sabía cuánto mismo era la deuda; y, se asignó a compra de bonos del Estado una gran cantidad de recursos del Seguro.

El 10 de abril de 2018, mi amigo Henry Llanes Suárez, sociólogo y político convencido de que hay que aportar al bienestar de todos los habitantes de este país y luchar por ello desde donde nos pongan las circunstancias de la vida, presentó un libro en el que explica con profundo conocimiento y detalle, las razones por las cuales el IESS está al borde del abismo y sugiere acciones para evitar la caída o la quiebra de esa entidad, que sería desastrosa para el país y especialmente para sus dueños, los afiliados actuales y futuros, y sus familias.

Al escuchar su exposición y las de los invitados a comentar el libro, recordé los aciagos días del seguro social de Chile, en 1974, cuando un jubilado decía que, luego de decenas de años de trabajar, su pensión era de 400 escudos y que el bus para ir a cobrar le costaba 200 escudos por viaje, o sea que no le quedaba nada para su manutención. La pregunta obvia era: ¿Y entonces, para qué iba a cobrar? Y la respuesta era: porque espero que algún día este problema se supere, me paseo mientras utilizo el transporte y si no cobro, me borran de la lista…

Chile, basado en la dolorosa experiencia de entonces, modificó su sistema del seguro social y actualmente tiene uno de los más reconocidos internacionalmente, tanto por los servicios que presta a los afiliados, como por la cantidad de reservas en dinero con que cuenta.

Espero que en el Ecuador nunca lleguemos al extremo chileno de 1974; pero, concuerdo con el autor del libro en que, si el gobierno y la Asamblea no toman medidas prontas y acertadas, la gravedad de los problemas del seguro social será tal, que la superación será muy difícil y requerirá de muchos años, en los cuales los actuales beneficiarios y los futuros jubilados, léase todos los trabajadores del país aportantes, verán cómo se esfuman sus ahorros obligatorios y sus esperanzas de aprovechar, cuando sea necesario, los beneficios constitucionales y legales de atención médica, maternidad, cesantía, invalidez, jubilación, muerte y algún otro.

El libro de Henry Llanes contiene su introducción, dos partes analíticas: El Seguro Social y El Estado Moroso; y, un grupo de conclusiones que llenan algunas páginas.

La primera parte se refiere a los tropiezos del seguro social, el estado de bienestar y el impulso de las políticas sociales, el seguro social y la seguridad social como conceptos distintos, el seguro social en el Ecuador, el aporte del 40% a las pensiones jubilares, el incremento de los jubilados y el pago de pensiones, las deudas del Estado al IESS y el desfinanciamiento del Fondo de Salud, la reforma a la Ley de Seguridad Social y la prestación médica a los hijos de los afiliados, los seguros especiales. La parte relacionada con el Estado moroso abarca cinco subtemas: el Estado moroso administra al IESS, las deudas del Estado al IESS, la sentencia de la Corte Constitucional y la restitución del 40%, el portafolio de inversiones del IESS. Se añade la bibliografía y anexos que se refieren a la reestructura del gobierno del IESS y del BIESS, incorporados en un interesante proyecto de Ley de autoría de Llanes.

Como dijo uno de los comentaristas del libro, este será un documento muy importante de consulta sobre la realidad del seguro social del Ecuador y algunos planteamientos con respecto a cómo evitar que caiga al abismo.

En lo sucesivo, se hará un breve resumen y comentario en referencia a varios de los aspectos principales del libro y especialmente a las conclusiones.

Lo primero que se menciona es que seguro social y seguridad social no son sinónimos.

Dice Llanes que: “La seguridad social se refiere a políticas públicas y de gobierno: empleo, educación, vivienda, salud, seguridad ciudadana, etc.” Y que: “… los seguros sociales tienen directa relación con las relaciones sociales de producción y son financiados con los aportes de los trabajadores, empleadores y por los afiliados por cuenta propia…”. Señala que: “En el caso ecuatoriano no está hecha esta distinción jurídica, por eso, ambos conceptos han sido aplicados como sinónimos, cuando en realidad no es así…[1]_/

Explica que: “uno de los aspectos fundamentales que debe tomarse en cuenta en el manejo del seguro social, es el financiamiento y las coberturas, que en el caso ecuatoriano cubren las contingencias de salud, invalidez, discapacidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez y muerte…”, y señala que: “… en este caso, dichos seguros no son financiados por el Estado.”

Menciona que, en 1923 se puso en vigencia la Ley de Jubilación, en 1928 se creó la Caja de Pensiones para los empleados públicos y los militares; en 1937 se creó la Caja del Seguro, que amplió la cobertura a los empleados privados y a los obreros industriales; en 1970, mediante Decreto Supremo No. 40 se creó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con fondos propios, distintos a los del fisco: y, luego de varias leyes y reformas a las normas vigentes, el 2001 se promulgó la Ley de Seguridad Social, que dice, en al artículo primero, sobre los principios rectores: “El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.”

Por mi parte, considero importante señalar que en el año 2008 se aprobó la Constitución vigente que, en el artículo 34, señala: “:..el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado…” Determina que: “El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.”.

La Constitución también determina, en los artículos 367 a 374, entre otros aspectos, que el sistema de seguridad social es público y universal; el Estado normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social; el seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley; el IESS … será responsable de la prestación de las contingencias del seguro general obligatorio a sus afiliados; las prestaciones se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y sus empleadores, con los aportes de las personas independientes aseguradas, los aportes voluntarios de los ecuatorianos residentes en el exterior; y, con los aportes y contribuciones del Estado. Además, los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco; los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del IESS; el seguro social campesino forma parte del IESS; el Estado estimulará la afiliación voluntaria de los ecuatorianos residentes en el exterior.

En el fondo, la Constitución correísta, elaborada con fines populistas y proselitistas cubiertos por un manto de atención a las necesidades de los pobres, sentaba las bases para que el IESS, siempre considerado por los gobiernos como “vaca lechera”, tenga que asignar fondos para atender las prestaciones sociales de quienes significan votos, no aportan nada directamente o entregan aportes simbólicos, mientras requieren frecuentes atenciones costosas.

Llanes menciona que Correa, basado en ese principio constitucional, aprobó “…múltiples reformas (al seguro social), en cuyo proceso, se incorporaron prestaciones sin el debido financiamiento…”, llevando a la entidad a los serios problemas que afronta ahora.
En efecto, aumentó en exceso los beneficiarios del IESS, pero no solo que no creó las necesarias fuentes de recursos útiles para financiar los requerimientos de aquellos, previstas en el artículo 369 de la Constitución 2008, sino que eliminó el aporte gubernamental al IESS del 40% para financiar las prestaciones, reconocido como obligatorio en el artículo 371 de la Constitución y forma parte importante de los recursos del IESS para mantener y acrecentar las reservas indispensables para su funcionamiento óptimo en el largo plazo.

Se suma a eso, lo que transcribe Llanes de Pedro Barreiro, escrito en 2004: “El incremento de los costos, sobre todo en el área de la salud (actual Seguro General de Salud Individual y Familiar), determinado, entre otros factores por el envejecimiento de la población, el crecimiento de las tasas de discapacidad, la emergencia de nuevas enfermedades, y el creciente uso de nuevas tecnologías para desarrollar soluciones de alto precio para problemas que antes no tenían solución, han incidido dramáticamente en la estabilidad financiera de este seguro, que ha visto deteriorar sus servicios, con grave detrimento de la salud de los asegurados.”

El mensaje del libro de Llanes y lo que está claro, no solo en ese documento sino en numerosos editoriales de diversos medios de comunicación, es que el IESS se encuentra en graves problemas financieros y que está en riesgo el cumplimiento de su objetivo constitucional.

Hay expertos que señalan que, después de solo 7 años, la situación del IESS será extremadamente complicada, por falta de recursos financieros para atender las jubilaciones y otras necesidades de sus afiliados. Esos expertos y otros que estudian el problema financiero del IESS, sugieren varias medidas para que la entidad asegure su normal funcionamiento por los menos hasta 25 años adelante, creando y manteniendo reservas suficientes.

Algo que se viene sugiriendo es la ampliación de la edad de jubilación en 5 años, pues se dice que, en la actualidad, las personas que se hallan hasta en los 65 - 70 años, están todavía en plenitud de facultades y no cabe que pasen a engrosar los grupos de jubilados.
Otra propuesta es que se aumente el porcentaje de los aportes que hacen empleadores y trabajadores al IESS, pues cada uno por ciento de aumento significaría un ingreso muy importante a la entidad.

Tercera aunque compleja posibilidad es que el Estado aumente su aportación al IESS y que la institución deje de hacerse cargo de algunas enfermedades catastróficas de los afiliados, pues el costo que ellas significan para su tratamiento resulta demasiado oneroso.

La cuarta sugerencia apunta a que el Estado deje de utilizar al IESS como “caja chica” y como “vaca lechera”, de manera que los fondos institucionales se dediquen a las coberturas previstas en la ley, por una parte; y, por otra, que ningún nuevo beneficiario llegue a título gratuito, sin que haya la contraparte de ingresos legalmente prevista, para evitar déficit operacional.

También se argumenta que el gobierno nacional no tiene nada que hacer en el Directorio del IESS y que solo lo deben dirigir los trabajadores, los empleadores y los jubilados; aspecto con el cual no estoy de acuerdo, porque tanto como empleador muy importante, como en calidad de asignador de recursos estatales, debe estar en ese Directorio. Sin embargo, solo cabe que sea el nominador de su representante, que no tiene que ser el presidente nato de la entidad.

Por otra parte, los miembros del Directorio deben ser 5 profesionales de al menos tercer nivel universitario, (1 por los trabajadores, 1 por los empleadores, 1 por el gobierno, 1 por los campesinos y 1 por el resto de los afiliados o beneficiarios), conocedores del sistema financiero y de seguridad social, debiendo ser médico por lo menos uno de ellos La experiencia indica que, con los 3 miembros actuales, la balanza generalmente se inclina hacia lo que quiere el gobierno, que preside el Directorio, y no hacia la protección de los afiliados y de los intereses del IESS, que es una entidad que debe tener total autonomía con respecto al gobierno nacional.

Para finalizar, hay que mirarse en el espejo de Nicaragua con respecto al seguro social…Medidas desacertadas provocan respuestas masivas … y violentas. Hace bien el presidente del Directorio, cuando ofrece transparencia y políticas acertadas para el IESS.


 POR FAVOR, LEA DOS LIBROS ACTUALES: ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE AMÉRICA LATINA, de Luis Luna Osorio y Claudia Marcela Bastidas. Edición 2017. Precio: USD 25 cada ejemplar de 608 páginas y un CD; y, ECUADOR: VISIÓN DE LAS CRISIS 2014 – 2017.


[1] _/ En adelante, las negrillas son del autor de este boletín.