BOLETÍN 137: TAREAS DEL PRESIDENTE 2017 -
2021
ECO. LUIS LUNA OSORIO
MBA ENERO 26 DE 2017
Como
señalé en el Boletín anterior, después de la “década ganada” por el gobierno y sus directivos, el
Ecuador queda con serios problemas políticos, económicos y sociales, a los
cuales hay que añadir resquebrajamientos morales y culturales notorios.
La
población está dividida en dos facciones irreconciliables: la de quienes siguen
a Correa y piensan que se han cumplido los objetivos de Alianza País más allá
de lo esperado; y, los que consideran que se perdió la mejor oportunidad de la
historia nacional para llevar al país al desarrollo. Eso traerá graves
problemas de gobernabilidad en los años futuros, no solo entre 2017 y 2021. Al
nuevo Presidente le corresponde crear y consolidar un clima de paz en el país y
que sean los argumentos con fundamentos sólidos y no los insultos y peor las
armas, los que hagan prevalecer las posiciones de la gente o del gobierno.
Existen
numerosas demandas reales y potenciales de inconstitucionalidad con respecto a
medidas y normas impuestas por el gobierno saliente. Personas naturales y jurídicas
nacionales y extranjeras, que piensan que han sido afectadas en sus derechos y
entidades que fueron muy mal tratadas, irán a la Función Judicial o a
organismos internacionales, para que se resuelvan sus problemas. En varios
casos, eso puede llevar a que el Estado deba pagar importantes cantidades de
dinero por indemnizaciones. El Estado debe estar preparado para defender lo
defendible y reconocer los errores o abusos del gobierno saliente, muchos de
los cuales son evidentes.
La
institucionalidad nacional está seriamente afectada. En la Constitución y en
las leyes se introdujeron reformas no discutidas por los entes legisladores; las
entidades públicas, en la práctica, fueron adscritas a la “Jefatura del Estado”
por diez años; en diversos casos se han
acomodado o violentado normas y se han
nombrado funcionarios dóciles al poder, para lograr los propósitos del
Ejecutivo.
Incluso,
varias autoridades simpatizantes o partes de Alianza País, nombradas en
organismos claves del Estado (Contraloría, Fiscalía, por ejemplo), tendrán
nombramientos vigentes, en algunos casos, hasta más allá del periodo de
Presidente entrante, que harán todo lo posible por evitar que se conozcan los graves
errores del gobierno actual o que serán
juez y parte en los conflictos gubernamentales con personas naturales y
jurídicas del país y del exterior. Al gobierno entrante le corresponde
encontrar las vías más adecuadas para que esas autoridades cesen en sus
funciones, cuando hayan conseguido los cargos por parentesco, compadrazgo o concursos
amañados.
Es
evidente el decrecimiento de la economía, que no será solucionado en el próximo
periodo presidencial, a menos que el nuevo Presidente tenga la capacidad y en
el país se cree el ambiente requerido para cambiar la tendencia rápidamente,
con un gran esfuerzo de imaginación y decisiones prontas y acertadas. Para
dinamizar el aparato productivo, tendrá que haber estabilidad política (difícil
de conseguir, cuando hay tantos grupos políticos que ambicionan “servir al
pueblo”); seguridad jurídica, posible de obtener si el Ejecutivo da confianza
interna y externa en el sentido de que hará lo suyo y respetará a las otras
funciones del Estado; condiciones favorables legales y fiscales para la
inversión en general; reducción del aparato del Estado a lo mínimo necesario;
eliminación de procedimientos y trámites que entorpecen las actividades de las
personas, no aportan al desarrollo y favorecen la corrupción de altos
ejecutivos y de funcionarios de distintos niveles; presencia internacional
profesional.
Los
ingresos reales del nuevo gobierno no serán ni de lejos los que tuvo el
anterior y su Presupuesto anual se verá comprometido con el pago de la deuda
pública, por valores superiores a 4 o 5 mil millones de dólares, que estarán
entre el 20 y el 25% de los ingresos si es que se renegocia a diez años; o más,
si no se puede renegociar. La renegociación debe traer aparejada la
modificación de los términos de la deuda pública vigente, que no solo tiene
altos intereses y plazos cortos, sino que registra cláusulas “secretas” que hay
que transparentar.
La
mitad de la población en capacidad de trabajar no tiene empleo o está
subocupada (sin ganar ni siquiera el salario mínimo vital) y el porcentaje sube
cada día. A ello hay que agregar que el gobierno tiene una cantidad de
empleados con pocas funciones o en “buen vivir”, solo para tener un número
importante de adherentes. Entonces, el reto del próximo gobierno es generar en
el sector privado plazas de trabajo “digno”, como se llama ahora al trabajo con
remuneración mayor a la mínima, para la gente desocupada y subocupada; pero,
también para quienes hay que desplazar del sector público.
Este
gobierno no logró cambiar la matriz productiva ni la estructura de las
exportaciones nacionales. Hizo, hay que reconocer, un cambio importante, pero
eventualmente sobredimensionado y por tanto costoso, de la matriz energética,
que debe servir para desarrollar la industria nacional y cubrir mejor las
necesidades de la población, en sus hogares y en el alumbrado público. Tarea
prioritaria del nuevo gobierno debe ser efectivizar el cambio de la matriz
productiva, con el concurso dinámico de la empresa privada en el desarrollo de
proyectos claves en los bienes y servicios con mayor facilidad de impulsar.
Los
megaproyectos industriales quedaron escritos y el que iba a ser el símbolo del
cambio, la refinería del Pacífico, fue el mayor desastre financiero y
empresarial del gobierno. Los 1200 millones de dólares gastados en ese proyecto
representan ahora mucho más de 1500 millones, teniendo en cuenta el costo de
oportunidad del dinero, y si se hubiera construido, igual sería un error,
porque producir combustibles con petróleo importado, para venderlos
subsidiados, no es negocio para nadie. La siderúrgica, los astilleros, la
farmoquímica, fueron fuegos artificiales que se apagaron en muy poco tiempo. Por
otra parte, hay algunos proyectos industriales que han cambiado en algo la
producción de algunas empresas privadas, pero esos proyectos no inciden en el
cambio de la matriz productiva nacional, que sigue siendo la tradicional.
La
agricultura, generadora de los alimentos nacionales, de buena parte de las
exportaciones y base de la agroindustria, ha sido poco menos que ignorada,
cuando debió dársele la mayor importancia, para tecnificarla, volverla
competitiva y solucionar problemas de empleo en el campo. El “socialismo” no
llegó al sector rural. El PIB promedio anual de la agricultura, la ganadería,
la caza y la silvicultura para los años 2007 – 2015 fue de solo 3,3% y se
originó en la mayor producción de banano, cacao, flores y pocos productos de
exportación.
Con
respecto a las exportaciones, en más del 70% son de los mismos seis productos
anteriores al 2007, tienen los mismos seis destinos principales y no han
elevado su nivel tecnológico. Para el nuevo gobierno, una tarea importante y
urgente es hacer que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea rinda frutos;
porque es necesario y la atención de la ciudadanía está puesta en él. Lo
inmediato es lograr que las exportaciones de los productos nacionales que ya se
venden allá se multipliquen, con la confianza que da el tener las preferencias
arancelarias y el trato especial asegurados por largo tiempo; la segunda etapa
es hacer que esas exportaciones gradualmente vayan mejorando su valor agregado
nacional, sobre la base de clusters de producción; una tercera acción es buscar
de inmediato y encontrar en el menor plazo, bienes y servicios nuevos que se pueda exportar a Europa. Para
ello se necesita el apoyo estatal, en todos los frentes: legal, tributario,
financiero, institucional, internacional.
El
Presidente entrante, cualquiera que sea, el día que gane las elecciones deberá,
con toda su fe, rezar a Dios que ilumine a él y a su equipo, para enfrentar una
crisis nacional multifacética de enormes proporciones: 1) eliminar el
presidencialismo a ultranza, para que las
funciones del Estado cumplan sus roles con la independencia necesaria;
2) crear condiciones para que la economía retome el rumbo del progreso y lo mantenga
en el tiempo; 3) hacer que la carga de la reorientación política y económica no
recaiga con dureza sobre las clases más necesitadas; 4) reformar las leyes
relativas a la educación, para que los niños y jóvenes tengan la formación secuencial,
complementaria y moral y técnica más exigentes; recuperar el prestigio
internacional del país, mediante una diplomacia profesional, experta y
dinámica.
Para
avanzar hacia esos objetivos, con la premura del caso, se debería:
Convocar
a una consulta popular sobre la forma más idónea de cambiar partes importantes
de la Constitución, introducidas por los actuales gobernantes para llevar al país
al socialismo del Siglo XXI; entre ellas, aquellas que fortalecen el estatismo,
el presidencialismo, el populismo y el dispendio de los recursos, e ignoran los
imprescindibles controles estatales previos técnicos y financieros. Hay que
limitar el uso masivo e indiscriminado de los “decretos de emergencia”, que son
la base de todas las formas de corrupción en las tareas estatales.
Elaborar
tres planes: anual, cuatrienal y estratégico (de visión para por lo menos unos
12 años), no para que el gobierno se quede ese tiempo y ni siquiera 8 años en
la Función, sino porque se debe tener objetivos de corto, mediano y largo plazo;
y, entre estos últimos, los que rebasen un periodo presidencial, porque los
grandes proyectos de infraestructura y las grandes empresas necesitan periodos
de maduración de varios años, antes de estar operativos o de empezar a producir;
y, varias políticas deben ser de Estado, no coyunturales.
Preparar
un conjunto de proyectos de Ley para someter a la Asamblea el primer día del
ejercicio del nuevo gobierno. El proyecto más importante sería aquél que haga
posible derogar o modificar varias leyes “orgánicas” aprobadas sin sustento
técnico o cuyo fin es fortalecer al gobierno central en desmedro de los
intereses nacionales. A propósito de ello, hace falta en la Asamblea Nacional,
una Comisión Permanente de Reducción del Marco Legal nacional, que es enorme y
enredado y que ni siquiera los expertos especialistas conocen totalmente.
El
primer mensaje al pueblo no debe ser solo de ofrecimientos, sino de
explicaciones con respecto a por qué el Presidente desea que rijan las leyes y
decretos que proponga y para anunciar otras acciones del primer año de labor.
El
Presidente necesita contar con por lo menos tres candidatos para cada una de
las funciones más importantes de la Función Ejecutiva. Cada uno de ellos debería contar con tres
cualidades verificables en cualquier momento y por cualquier interesado:
honradez, conocimientos y experiencia. Ministros, embajadores y otros altos funcionarios
deberían ser nombrados sin presiones de ninguna clase, y ellos deberían
comprometerse, al posesionarse y salir del cargo, a declarar su patrimonio y el
de sus familiares más cercanos, sin “olvidos”.
A
propósito de esto, el autor de este blog considera que todos los ciudadanos, a
partir de los 18 años de edad, cada 5 años (en el caso de los funcionarios y
empleados públicos, al iniciar y al terminar sus funciones) deberían declarar
su patrimonio y el de sus esposos e hijos; porque es importante erradicar la
corrupción de alto vuelo, pero también la chica, que permite a un empleado público
o privado con salario bajo, tener auto caro, casa amplia y viajar con frecuencia,
al poco tiempo de entrar a trabajar.
El
Presidente debe jurar que respetará la Constitución 2008, pero debe advertir
que, por el medio más rápido e idóneo, promoverá su reforma inmediata, porque esa
Norma fue elaborada para construir el camino al socialismo del siglo XXI y hay
que cambiar muchos de sus artículos, ahora orientados al estatismo, el
populismo, el autoritarismo presidencial y pienso, al “subdesarrollo crónico”.
Es
necesario que el Estado cuente con las tres funciones tradicionales, al respeto
democrático de la independencia de cada una de ellas y a la promoción de su
interdependencia cuando ésta sea requerida por el interés nacional. Junto con
ello, se debe garantizar las libertades individuales,, la comunicación y la
seguridad jurídica para propios y extraños, señalando que el Ejecutivo
respetará absolutamente sus compromisos nacionales e internacionales, al igual
que los contratos que hayan sido suscritos legal y honradamente con empresas
del interior o de fuera del país.
Un
compromiso esencial del nuevo gobierno debe ser la devolución de la autonomía a
las universidades, al IESS y al Banco Central y la devolución de los recursos
de la seguridad social civil, militar y policial a sus legítimos propietarios
(afiliados y jubilados), para que el sistema pueda cumplir con eficiencia sus
funciones. Además, una reforma constitucional debería prohibir que el BIESS sea
la “caja chica” del gobierno, afectando los intereses de afiliados y jubilados.
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