BOLETÍN 229. EL ECUADOR, SU ECONOMIA Y LOS ECONOMISTAS

El 23 de noviembre de 2020, el Colegio de Economistas de Pichincha celebró el Día del Economista. Felicito a todos mis colegas del país en nuestra fecha clásica. _/ 

LA ECONOMÍA. En el concepto tradicional, Economía es la ciencia social que estudia la forma en que los bienes, que son escasos, deben distribuirse para la satisfacción de las necesidades, que son muchas. Se divide en dos grandes ramas: la Microeconomía y la Macroeconomía. La Microeconomía estudia el comportamiento de las unidades de decisión, ya sean familias o empresas, analizando la forma en que interactúan en el mercado. …. Estudia aspectos tales como: la oferta y la demanda, la elasticidad precio, la elasticidad ingreso, las teorías del productor y de los costos de producción, la teoría del consumidor, la teoría de la empresa. _/ 

 Hay tres grupos de decisores o agentes económicos: consumidores, empresarios y dueños de los recursos productivos. Consumidores somos todos los habitantes del planeta, empresarios quienes deciden producir bienes o servicios para tratar de satisfacer una determinada necesidad; y, dueños de los recursos productivos, quienes poseen la tierra (entendida como los recursos naturales), el trabajo (la población en edad de trabajar) o el capital (dinero o bienes capaces de producir otros bienes o servicios). 

 La Macroeconomía se especializa en estudiar los grandes agregados económicos y su comportamiento, en una región, un sector, una nación o un conjunto de naciones … Estudia la producción total y sectorial; el ingreso nacional; el gasto nacional total, público y privado; la balanza de pagos y dentro de ella el comercio exterior de bienes y servicios; la renta, las transferencias, la inversión total, nacional y extranjera; la deuda pública y la privada; la deuda interna y externa; las políticas monetaria, cambiaria, financiera y fiscal, las relaciones de la economía con otras ciencias, el empleo, los efectos económicos de la tecnología y la propiedad intelectual; la globalización, la regionalización y la integración, sus efectos en el desarrollo. 

 La Macroeconomía analiza los sectores productores: agropecuario (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura); minero (hidrocarburos y minas); industrial (alimentos, textiles y cuero, madera, papel e imprenta, minerales no metálicos, minerales metálicos, químicos, caucho y plásticos, eléctrico y electrónico, transporte, otras industrias); la construcción, la provisión de servicios básicos (electricidad, gas, agua y alcantarillado); el comercio (por mayor y menor); el transporte y almacenamiento; la intermediación financiera; las comunicaciones; los servicios a las empresas y los hogares; la educación, la salud, los servicios propios del gobierno. . 

 LA FUNCIÓN DEL ECONOMISTA. El papel del economista en los países subdesarrollados no consiste tanto en enfrascarse en las discusiones teóricas que preocupan en los países ricos – muchas de las cuales cuentan ya con más de un siglo – cuanto en dedicarse a seleccionar cuidadosamente todo lo que pueda ser útil en estas formulaciones teóricas … procediendo después a la elaboración de sus propias estructuras teóricas, de forma que se ajusten a la realidad de sus respectivos países. _/ 

El economista debe ser un profesional capaz de buscar constantemente y encontrar en el menor tiempo posible soluciones a la mayoría de los complejos problemas que involucran a las ciencias económicas. 

Debe partir del profundo conocimiento de la situación en que se encuentra el sujeto de la microeconomía o la macroeconomía materia de su análisis y sobre esa base construir un conjunto de políticas y acciones que deriven en soluciones al problema sometido a su estudio. El comentario de que al Economista siempre la faltan datos es muy cercano a la realidad, pues una buena respuesta a un problema económico requiere de un amplio conocimiento de las variables que interactúan y de las razones por las cuales proceden de esa manera, aparte de que el comportamiento del consumidor, el productor, el dueño de los factores de la producción, las autoridades del Gobierno (si el problema es nacional) o de los jefes de los gobiernos (si el problema es internacional) es fruto de reacciones humanas y como tal es impredecible en forma individual, aun cuando puede ser calculado si deriva de un conjunto de personas en el tiempo. 

Por eso, al Economista le corresponde una tarea muy compleja. La de elaborar abstracciones que le permitan dar un cierto orden a un gran número de datos vinculados o aparentemente no relacionados y con ese orden construir modelos que sirvan para explicar teorías que a lo largo del tiempo se han vuelto cada día más difíciles de analizar. 

Muy pocas veces los economistas adquieren poder político. Algunos, cuando llegan al poder y no tienen bases morales, conocimientos y experiencia, fracasan y destrozan al país, porque quieren aprovecharse de su posición y delinquir, son populistas derrochadores o son incapaces de lograr una administración honrada y eficiente, como lo sufrimos más de una década. Por lo general los economistas asesoran a los políticos, pero estos son cada vez más politiqueros, borregos, vivísimos, diezmeros, prepotentes, y no aplican la receta que le haría bien al país. 

El mundo económico del siglo XXI no es ni de lejos similar al del siglo XVI cuando se empezó a hablar de teorías económicas y no es siquiera parecido al mundo de fines del siglo XX, cuando no había el COVID – 19, todavía no existían teléfonos multiuso y computadoras accesibles en todo el mundo a las empresas y las personas; el transporte aéreo no era ni veloz ni masivo; las comunicaciones eran lentas y no en tiempo real como ahora; la necesidad humana de cuidar la salud no se había generalizado como en la actualidad; no se había llegado a la globalización existente, en la cual todas las personas con ciertos conocimientos especializados, no importa donde vivan, pueden teletrabajar para una empresa, no importa en qué país funcione, a veces influyendo grandemente sobre la economía y la vida de la gente en todas partes del mundo. 

Lo que es tan complejo para las personas lo es más para los estados. Los economistas de los gobiernos y organismos internacionales y los economistas de todos los países y empresas necesitan estar capacitados para manejar enormes cantidades de variables y de conocer en qué medida las interrelaciones de unos países con otros, o de grandes empresas, a veces muy distantes entre sí, afectan al desarrollo de terceros aparentemente no involucrados. 

Las crisis planetarias de los últimos años y el COVID -19 demuestran que el conocimiento profundo de las ciencias económicas debe ser cada vez más una herramienta necesaria para que los políticos puedan tomar decisiones acertadas. El Economista debe tener una voz potente en el mundo y en los países, para lograr que la humanidad cada día tenga mayor bienestar y equidad en la producción y en la distribución de la riqueza. 

LA FUNCIÓN DE LOS ECONOMISTAS ECUATORIANOS. El Ecuador ha sido, desde los inicios de su vida republicana y como herencia de la época colonial, un país convulsionado, donde los problemas estructurales y los avatares políticos, económicos, sociales y culturales, han estado presentes en forma permanente. Por ello, su sociedad se ha visto siempre limitada; en el territorio disponible, porque después de cada conflicto internacional se ha vuelto más pequeño; en su población, porque recién en 2018 superó los 17 millones de habitantes; en su economía, porque hasta ahora desconoce o no explota suficiente y amigablemente sus recursos naturales, dispone de limitados recursos financieros propios y no registra avances tecnológicos satisfactorios; en su nivel de vida, porque a su estado de pobreza general se añade una concentración exagerada de la riqueza y el ingreso; y, finalmente, porque en el concierto internacional, por sus características internas, participa de manera insignificante. _/ 

Lo que cito, que escribí en 1989 y he actualizado, no ha cambiado o lo ha hecho muy poco después de tantos años. Los recursos siguen siendo escasos, la población pobre ha crecido, las necesidades se han multiplicado, y no solo ellas, sino la conciencia de los habitantes de que su situación individual y la del conjunto nacional es grave y hay que transformarla. 

El COVID -19 ha exacerbado el problema y cuando el pueblo toma conciencia de su situación y de las enormes diferencias entre los estratos sociales, hay que estar advertidos sobre sus reacciones. La labor de los economistas es muy necesaria para llevar adelante la administración del Estado. En la sucesión de planificar, organizar, ejecutar y evaluar, una acción fundamental es la de los economistas encargados básicamente de planificar y evaluar. Pero, es necesario advertir que efectuar esas acciones no requiere exclusivamente del dominio y aplicación de modelos macroeconómicos que exigen información cierta y comprobada, sino de experiencia suficiente para reconocer rápidamente las trampas filosóficas o las falacias que hacen creer que los remedios a los problemas nacionales son ideas llamadas socialistas y trasnochadas, que no han dado resultado en ninguna parte, porque ofrecen bienestar, pero generan miseria. 

La labor de los macroeconomistas ecuatorianos es analizar profundamente la situación nacional y tener la solvencia técnica y la valentía personal (muy escasa entre 2007 y 2020) de sugerir a los políticos, muchas veces prepotentes, las decisiones económicas acertadas y duraderas en el largo plazo. No se trata de poner cataplasmas folclóricas que alivien la hinchazón del golpe y eventualmente agraven la fractura, se trata de corregir la fractura con la mejor tecnología, para que el paciente no vuelva a tener problemas de esa clase. 

 La labor de los microeconomistas ecuatorianos es apoyar científica y técnicamente el desarrollo de las empresas propias o en las que trabajen, para hacer que estas produzcan bienes y servicios competitivos en cantidades cada vez mayores, con la mejor calidad en relación con su precio; y, que lleguen al consumidor en las mejores condiciones y en el menor tiempo, no importa si los consumidores están en el país o en las antípodas.

Correa logró que rija una Constitución hecha a su medida, de características ambientalistas, indigenistas, estatistas, piramidales en cuanto al poder de la función ejecutiva sobre las demás, presidencialista; también puso en vigencia leyes que responden a esa Constitución y a la seudo “Revolución ciudadana”. 

La tarea actual y principal de los economistas debe ser analizar la forma en que esos elementos inciden sobre la economía nacional y alertar sin temor ni favor sobre las consecuencias de la vigencia de ese marco institucional. Para unos, el país debe dejar atrás definitivamente la corrupción gubernamental, el despilfarro, el populismo. Para otros, pese a las evidencias, hay que continuar con la época nefasta 2007 – 2020. 

El Colegio de Economistas de Pichincha debe estar abierto al debate franco, técnico y orientador entre sus socios y ante el pueblo, sobre las diversas orientaciones posibles de la economía y las alternativas de acción, especialmente en esta época de elecciones con árbitro pagado. 

LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL HACIA EL FUTURO. Por el COVID – 19 y otras causas, el mundo atraviesa una grave situación económica, que puede traer muchos efectos no deseados sobre el Ecuador. Estados Unidos pierde vigor y el poder monopólico que mantuvo durante muchas décadas y la Unión Europea ha perdido la aureola de éxito que le precedía como símbolo de la integración económica y hasta política multinacional. 

Ya es visible que en los próximos años cambiará el equilibrio de poder que prevaleció desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que el liderazgo lo tomarán dos países lejanos, la China y la India. América Latina está cada vez más fragmentada y grandes países están gobernados por gente incapaz, populista y hasta sujeta a juicios por delincuencia organizada.

El Ecuador debería salir del hueco en que se encuentra, elegir a personas capaces y sobre todo honradas y acoplarse a la nueva realidad mundial; luchar intensamente, sin dogmas de por medio, por salir del subdesarrollo y dejar atrás situaciones tecnológicas, productivas y sociales indeseables por sus efectos negativos sobre la mayoría de la población. 

El Economista ecuatoriano debe actuar frente a esas realidades y producir y sugerir políticas novedosas, como herramientas modernas para combatir el subdesarrollo, sabiendo que ahora hay dos prioridades de atención urgente: la salud y el empleo de los ecuatorianos y dos otras prioridades evidentes, un cambio radical de la educación para adaptarla a la nueva realidad mundial y la seguridad nacional frente al crimen organizado. 

En cuanto a la salud, es necesario evitar el incremento de los muertos por efecto de la pandemia y para ello se debe decidir qué vacunas obtener, a qué costo y cómo organizar su distribución. El requisito de refrigeración a 70 u 80 grados bajo cero es una seria limitante para la logística de la vacunación y obviamente, el nivel de efectividad del producto a inocularse. 

Con respecto al empleo, un alto porcentaje del pueblo vive una crisis de hambre y desesperación que es necesario atender, no regalando a unos pocos unas pocas bolsas de alimentos, sino generando trabajo para los millones de desocupados y eso tiene que ser inmediato, vía construcción de vivienda y aumento del mercado externo de los productos nacionales. 

La educación requiere la enésima reforma, pero una bien hecha, que sea dedicada al estudiante, para que tenga la mejor calidad y actualidad al menor costo. Hay que eliminar el sistema excesivamente controlador del docente, que lo lleva a producir muchos informes que nadie lee y a sacrificar horas de preparación de clase. Hay que dar secuencia lógica a la educación inicial, primera, secundaria y universitaria. 

Al crimen organizado internacional hay que enfrentarlo con una política efectiva y radical.

ECUADOR PROYECCIÒN 2030

 BOLETÍN 233: PROPUESTAS A LOS REDENTORES 2021 - 2025

En mi Boletín 200, del 11 de septiembre de 2019, hice 50 sugerencias que creía necesarias para que este país salga adelante. Voy a recordar y en ocasiones modificar algunas de ellas, que han sido materia de preocupación nacional en el periodo transcurrido, debido a su importancia. Obviamente, han surgido otros temas que ameritan otras propuestas y que incluiré para ver si tienen eco o por lo menos las leen los que aspiran a “redentores” del país.

En septiembre de 2019 no había dato alguno del grave problema que iba a llegar con el COVID 19 y que iba a mostrar las debilidades del sistema de salud nacional, la falta de moral de “políticos” y sus familiares, que se iban a aprovechar de la crisis sanitaria; el agravamiento de la crisis económica por la quiebra masiva de empresas de todo tamaño, especialmente en los sectores turístico y de transporte aéreo; y, la actitud irresponsable de la gente que, a 10 meses de iniciada la pandemia, todavía no cree en el riesgo de muerte que corremos todos los terrícolas y no cumple con las medidas sugeridas para evitar los contagios.     

El Ecuador necesita salir urgentemente de su actual situación de crisis sanitaria, moral, política, económica, social y de relaciones exteriores. Quienes sabemos los problemas debemos expresar nuestros pensamientos y sugerir soluciones tomando en cuenta los conocimientos y experiencia de una larga vida, para que el camino de nuestros descendientes y en general de las nuevas generaciones tenga la menor cantidad de obstáculos.

La pandemia demostró que el Ecuador mantiene una crisis sanitaria inmensa. Primero, todavía hay muchos lugares en el país que no cuentan con agua potable y alcantarillado y en los cuales es imposible pedir que la gente se lave las manos constantemente para evitar el COVID. Segundo, no hay una cultura sanitaria y de cuidado de la salud personal y colectiva, y por eso un alto porcentaje de la población irrespeta, especialmente en las grandes ciudades, las normas elementales de prevención con respecto al virus. Tercero, el gobierno central y el IESS carecen de recursos y suficientes centros de salud para curar masivamente a los pacientes, sobre todo cuando necesitan atención especializada. Es más, la idea de construir grandes hospitales fue excelente solo para quienes quisieron enriquecerse ilegalmente por cuenta de los grandes proyectos presupuestados. Cuarto, se evidencia la pugna entre quienes toman medidas para precautelar la salud y quienes necesitan tener sus negocios a flote y entre el COE central y algunas autoridades de los GAD´s que quieren mostrarse independientes.   

La crisis moral está a la vista de todos. Por desgracia, todavía hay seguidores de los ladrones mayores del país, que piensan en “su” robo porque antes no alcanzaron a hacerlo, en el cargo público donde saben que hay “billete” de las coimas o, modestamente, en el bono que permite calmar el hambre. Para los primeros y los segundos, un tiempo relativamente corto de hospedaje estatal en cárcel especial, acompañado de los “panas”, con todas las comodidades y hasta guardia personal, no es mucho, si luego se sale a disfrutar lo mal habido habiendo ya “cumplido” con la mal llamada justicia.

La crisis política consiste en que la institucionalidad del país está muy afectada; no hay partidos ni líderes políticos con presencia nacional fuerte y propuestas satisfactorias de cambio; vamos a llegar a febrero 2021 sin saber qué destino tendrá el país y en qué manos va a quedar.

La crisis económica la conocemos y la sufrimos todos. Por suerte, los organismos financieros multilaterales y los tenedores de bonos se han mostrado benévolos con el país y han permitido reducir la carga financiera de corto plazo y las duras condiciones preexistentes, pero las deudas externa e interna crecen y el esfuerzo nacional para reducirlas tendrá que ser grande por muchos años, exigiendo austeridad fiscal y poca inversión pública.

La crisis social está presente más que nunca en la falta de empleo digno para más de la mitad de la población económicamente activa, la mala calidad de la educación; la violencia creciente de múltiples formas, especialmente en Guayaquil; la dura situación de la mayoría de los inmigrantes, que incide gravemente sobre la vida de los ecuatorianos en diversas formas.

También hay crisis en las relaciones exteriores; es cierto que ha mejorado mucho la visión internacional del Ecuador; pero, en las relaciones económicas el camino es largo y con problemas; solo hay un avance hacia un acuerdo comercial con Estados Unidos que está cuestionado por el Congreso estadounidense, hay poco interés internacional por invertir en el país, todavía demorará el ingreso a la Alianza del Pacífico, están por negociarse los nuevos tratados de protección recíproca de las inversiones, no se ha renegociado la deuda con China; “Doing Business” señala que hacer negocios en el Ecuador es una hazaña de alto riesgo.   

Ahora bien, el artículo 95 de la Constitución dice: Las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos … Sobre esa base participo, como ciudadano, señalando que me gustaría que el país adopte decisiones válidas en el largo plazo y normas claras, completas y duraderas como las que menciono a continuación.

Volver a la Constitución 1998, para desplazar lo más pronto posible a su similar de 2008, hecha para que el país aplique el socialismo del Siglo XXI y que causa mil problemas.

Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo pronto, no se le debería entregar recursos estatales, salvo los sueldos y demás remuneraciones de los consejeros, a quienes se les aceptaría sus renuncias cuando las presenten. El sentimiento mayoritario de la población es que ese organismo es innecesario y no cabe mantenerlo.   

La actual Función Electoral de la Constitución debería pasar a ser parte de la Función Judicial y el CNE debería tener un consejero de los cinco partidos políticos más votados, nombrado por cada partido; más dos consejeros nombrados por el gobierno. Total, siete.

Se debería derogar el sistema de distritos para las elecciones directas.

Solo deberían existir los partidos políticos con más del 5% de los votos de las últimas elecciones o un máximo de diez. Solo ellos deberían poder presentar candidatos nacionales, provinciales y cantonales. Las últimas elecciones demostraron que, tras de la mayoría de las listas de candidatos a diversos cargos de elección popular no hay posiciones ideológicas, sino intereses personales o de grupos, en muchos casos para saber el peso relativo con miras a negociar posiciones en las elecciones del 2021 o luego de ellas. 

Los dirigentes de los partidos políticos no deberían ser los mismos por más de 8 años y deberían renovarse las directivas cada cuatro años por elecciones internas válidas solo si vota al menos el 51% de los afiliados registrados por el Estado. Cada partido político debería tener obligatoriamente un centro de formación política que tenga por objeto dar a los líderes natos las capacidades para ser líderes con fundamento ideológico.

Los partidos políticos deberían financiarse solo con los aportes de sus afiliados y simpatizantes, deberían declarar todo el dinero recibido y manejarlo en una cuenta en el Banco Central. Deberían ser responsables penalmente el director del partido, el tesorero y el o los candidatos que utilicen fondos o aportes no declarados. Si la Fiscalía descubre una acción ilegal de esta clase de un candidato ganador, será enjuiciado inmediatamente. Si es culpable, perderá el cargo e irá a la cárcel por el tiempo de su elección.

Ninguna persona natural debería aportar más de 24 mil dólares anuales a un partido político, excepto los candidatos nacionales, que podrían contribuir hasta con 50 mil dólares La persona natural o jurídica que haya aportado para candidatos de dos partidos a la vez debería ser sancionada con cárcel por algunos años. Ninguna persona natural o jurídica extranjera podría contribuir a los fondos de los partidos políticos por ningún concepto. El director y el tesorero del partido deberían pagar cinco años de cárcel si se comprueba que han recibido esos aportes.  

Todos los candidatos a cualquier cargo de elección popular, si triunfan y de forma previa a su posesión, deberían declarar el valor de su patrimonio y autorizar el libre conocimiento ciudadano, en cualquier momento, de sus ingresos y gastos, cuentas bancarias y valor de sus propiedades de cualquier origen, hasta 10 años después de ejercer su cargo. Quienes “olviden” declarar un valor de los indicados y sean descubiertos, deberían perder el bien y el cargo.

Los candidatos para las elecciones directas nacionales, provinciales y cantonales deberían ser en igualdad de número y alternados, hombres y mujeres.

Quienes participen en elecciones para cargos unipersonales de elección directa o indirecta, y las listas cuando sea del caso, para ser declarados triunfadores deberían tener el 51% de los votos de los electores. En las elecciones directas, si es necesaria, debería haber una segunda vuelta entre los candidatos más votados. No puede volver a darse la antidemocrática situación de las elecciones anteriores, en las que algunos candidatos ganaron con votaciones ínfimas.

Los funcionarios públicos deberían estar prohibidos de apoyar directa o indirectamente a un candidato. Para los infractores la Fiscalía debería solicitar de oficio el inicio del juicio respectivo, con sanción de cárcel por 4 años.

Los candidatos a presidente de la República deberían ser oficializados seis meses antes de las elecciones y presentar obligatoriamente un plan de desarrollo para los cuatro años de su eventual ejercicio, al inicio de la campaña. Quien no lo presente perdería su candidatura.

El presidente de la República debería tener al menos 40 años, ser profesional con tercer nivel de educación superior y experiencia en su campo de por lo menos 10 años. Igual para el vicepresidente. Una de sus responsabilidades sería ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo.

El vicepresidente de la República debería ser presidente nato del Consejo Nacional de Desarrollo y remplazar al presidente por ausencia definitiva del cargo. Tendría bajo su responsabilidad coordinar la elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo, y elaborar y ajustar anualmente una estrategia nacional de desarrollo para los siguientes 20 años.

Los miembros de la Asamblea no deberían ser más de 58 en la cámara de diputados y 24 en la de senadores. Cuatro diputados por Pichincha y cuatro por Guayas, tres para cada una de las siguientes 10 provincias más pobladas y dos para cada una de las 10 provincias menos pobladas.  Cada provincia debería tener un senador.  Cada dos años debería haber elecciones para diputados y cada cuatro años para senadores. Cuando corresponda, las elecciones a la Asamblea deberían coincidir con la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 

Para ser diputado se debería necesitar 25 años, tercer nivel de educación superior o equivalente y dedicación absoluta. Su asistencia diaria a la Asamblea, de lunes a viernes, debería ser obligatoria, salvo cuando viaje por razones de trabajo. El candidato a diputado más votado debería ser presidente de la cámara de diputados.

Para ser senador se debería necesitar 40 años, por lo menos tercer nivel de educación superior y dedicación absoluta. El candidato a senador con la mayor votación debería ser presidente de la Asamblea. El segundo más votado, presidente del Senado.

El Senado debería nombrar, por concurso público de méritos, a los máximos directivos de las entidades de control, las superintendencias y la Procuraduría. Además, debería tener capacidad para vetar las creaciones de embajadas y las designaciones de embajadores políticos.

La Cámara de Diputados debería designar a los miembros nacionales del Parlamento Andino. Ese es un organismo internacional que solo delibera, sin peso legislativo alguno. 

La Asamblea debería tener una Comisión Permanente de Simplificación del Marco Jurídico. En la actualidad hay cientos de leyes, algunas obsoletas, y miles de normas de diferente tipo que un ciudadano, en 50 años de atención diaria, no podrá alcanzar a leer. Sin embargo, el desconocimiento de una norma no justifica su incumplimiento. Además, las leyes reformatorias que se expidan deberían contener el texto final redactado y aprobado, con la codificación necesaria. Cada legislador debería disponer del texto codificado a aprobarse, en la forma más clara y completa posible y el lector de la ley saber que es el último texto completo. 

Los ecuatorianos residentes en el exterior no deberían votar ni tener representación en la Asamblea, porque la mayoría de ellos hacen y harán su vida en los países de acogida y no volverán al Ecuador. Los extranjeros residentes en el Ecuador solo tendrían derecho a votar luego de cinco años de residencia legal y declaración del impuesto a la renta.

Los funcionarios y los ciudadanos encargados de la pureza electoral que hagan o contribuyan a realizar fraude electoral deberían ser sancionados con hasta 8 años de cárcel y no deberían volver a ser funcionarios públicos en ninguna entidad y bajo ningún concepto.  

Solo el presidente de la República que complete su periodo y haga crecer la economía nacional por encima del promedio de los últimos 10 años debería tener pensión vitalicia de 10 mil dólares mensuales, sin derecho a heredarla. Los demás no deberían tener esa pensión. Podría ser reelegido luego de un periodo presidencial. El presidente de la República que permita que la economía nacional retroceda en los años de su ejercicio, al final de su periodo debería estar prohibido de ejercer una función pública y no tendría la pensión vitalicia. Una decisión de este tipo evitaría la presencia de candidatos sin capacidad para manejar el gobierno y, los que se decidan, sabrían que por lo menos tienen que cumplir sus planes presentados al CNE.

Los ministros y los funcionarios de mayor nivel de las entidades del Estado no deberían tener más de 2 asesores, uno legal y otro especialista en el área respectiva, y no podrían incrementar el número de funcionarios a cargo más allá del 2% de la planta cada año, si es necesario.

La contratación de personal temporal debería ser efectuada por la máxima autoridad de cada entidad, a petición del jefe de la unidad en la que trabajaría el contratado y previo un informe sobre la razón del contrato y el proceso de selección efectuado. Ninguna entidad estatal debería poder contratar a más del 5% de la nómina como trabajadores temporales. Ninguno de los contratados temporales debería permanecer en esa calidad por más de un año.

Todo funcionario de alto nivel que participe en actos de corrupción debería ser sancionado con el doble de la pena máxima prevista para los ladrones, sin atenuantes ni rebajas. No podría volver a ser funcionario público por ningún concepto en su vida, ni podría tener, directa o indirectamente, contratos de ningún tipo con el Estado. Todo funcionario público denunciado por actos de corrupción que huya del país será declarado culpable ipso facto, perderá su patrimonio y en ningún caso podrá ser sujeto de amnistía, indulto o extinción de la pena.

El Banco Central debería recuperar su autonomía plena frente al Ejecutivo y no debería tener facultad para otorgarle préstamos bajo ninguna circunstancia.  

El SRI debería estar facultado para solicitar a cualquier ciudadano mayor de 18 años, en cualquier momento, una declaración jurada sobre el valor de mercado de su patrimonio y sus obligaciones financieras.

Todos los funcionarios públicos, hasta el nivel de Director Departamental, deberían estar sujetos a la Ley de Servicio Público. Los funcionarios de nivel superior deberían ser de libre remoción del funcionario nominador y del presidente de la República. Todos los funcionarios públicos profesionales de tercer nivel deberían estar afiliados a una federación nacional de su profesión y sujetos al código de honor correspondiente.

Los niveles jerárquicos gubernamentales deberían ser seis: ministro, viceministro, subsecretario, asesor, director departamental, jefe de sección, u otros bajo cualquier denominación. Solo debería haber un subsecretario por cada función general del ministerio. El viceministro tendrá a cargo las funciones de dirección administrativa y presupuestaria.

Todos los subsidios e incentivos estatales que existan o se creen deberían tener una fecha de terminación y ser destinados exclusivamente a un grupo de ciudadanos o de empresas, con la debida justificación. Solamente deberían recibir subsidio personal permanente quienes estén en extrema pobreza y no tengan vicios, en estos grupos: las mujeres viudas, los discapacitados así calificados por el Estado, los mayores de 65 años. También deben recibir subsidio subsidio temporal: los niños huérfanos hasta los 18 años, las mujeres embarazadas, los pobres que hayan sufrido graves efectos de desastres naturales o de accidentes en los cuales no hayan tenido culpa ni cobertura.

Las empresas deberían recibir incentivos fiscales según tres niveles de importancia y por 5, 7 o 10 años improrrogables, cuando demuestren fehacientemente la factibilidad de sus proyectos destinados a incrementar el valor agregado nacional, innovar o exportar.