BOLETÍN 233: PROPUESTAS A LOS REDENTORES 2021 - 2025

En mi Boletín 200, del 11 de septiembre de 2019, hice 50 sugerencias que creía necesarias para que este país salga adelante. Voy a recordar y en ocasiones modificar algunas de ellas, que han sido materia de preocupación nacional en el periodo transcurrido, debido a su importancia. Obviamente, han surgido otros temas que ameritan otras propuestas y que incluiré para ver si tienen eco o por lo menos las leen los que aspiran a “redentores” del país.

En septiembre de 2019 no había dato alguno del grave problema que iba a llegar con el COVID 19 y que iba a mostrar las debilidades del sistema de salud nacional, la falta de moral de “políticos” y sus familiares, que se iban a aprovechar de la crisis sanitaria; el agravamiento de la crisis económica por la quiebra masiva de empresas de todo tamaño, especialmente en los sectores turístico y de transporte aéreo; y, la actitud irresponsable de la gente que, a 10 meses de iniciada la pandemia, todavía no cree en el riesgo de muerte que corremos todos los terrícolas y no cumple con las medidas sugeridas para evitar los contagios.     

El Ecuador necesita salir urgentemente de su actual situación de crisis sanitaria, moral, política, económica, social y de relaciones exteriores. Quienes sabemos los problemas debemos expresar nuestros pensamientos y sugerir soluciones tomando en cuenta los conocimientos y experiencia de una larga vida, para que el camino de nuestros descendientes y en general de las nuevas generaciones tenga la menor cantidad de obstáculos.

La pandemia demostró que el Ecuador mantiene una crisis sanitaria inmensa. Primero, todavía hay muchos lugares en el país que no cuentan con agua potable y alcantarillado y en los cuales es imposible pedir que la gente se lave las manos constantemente para evitar el COVID. Segundo, no hay una cultura sanitaria y de cuidado de la salud personal y colectiva, y por eso un alto porcentaje de la población irrespeta, especialmente en las grandes ciudades, las normas elementales de prevención con respecto al virus. Tercero, el gobierno central y el IESS carecen de recursos y suficientes centros de salud para curar masivamente a los pacientes, sobre todo cuando necesitan atención especializada. Es más, la idea de construir grandes hospitales fue excelente solo para quienes quisieron enriquecerse ilegalmente por cuenta de los grandes proyectos presupuestados. Cuarto, se evidencia la pugna entre quienes toman medidas para precautelar la salud y quienes necesitan tener sus negocios a flote y entre el COE central y algunas autoridades de los GAD´s que quieren mostrarse independientes.   

La crisis moral está a la vista de todos. Por desgracia, todavía hay seguidores de los ladrones mayores del país, que piensan en “su” robo porque antes no alcanzaron a hacerlo, en el cargo público donde saben que hay “billete” de las coimas o, modestamente, en el bono que permite calmar el hambre. Para los primeros y los segundos, un tiempo relativamente corto de hospedaje estatal en cárcel especial, acompañado de los “panas”, con todas las comodidades y hasta guardia personal, no es mucho, si luego se sale a disfrutar lo mal habido habiendo ya “cumplido” con la mal llamada justicia.

La crisis política consiste en que la institucionalidad del país está muy afectada; no hay partidos ni líderes políticos con presencia nacional fuerte y propuestas satisfactorias de cambio; vamos a llegar a febrero 2021 sin saber qué destino tendrá el país y en qué manos va a quedar.

La crisis económica la conocemos y la sufrimos todos. Por suerte, los organismos financieros multilaterales y los tenedores de bonos se han mostrado benévolos con el país y han permitido reducir la carga financiera de corto plazo y las duras condiciones preexistentes, pero las deudas externa e interna crecen y el esfuerzo nacional para reducirlas tendrá que ser grande por muchos años, exigiendo austeridad fiscal y poca inversión pública.

La crisis social está presente más que nunca en la falta de empleo digno para más de la mitad de la población económicamente activa, la mala calidad de la educación; la violencia creciente de múltiples formas, especialmente en Guayaquil; la dura situación de la mayoría de los inmigrantes, que incide gravemente sobre la vida de los ecuatorianos en diversas formas.

También hay crisis en las relaciones exteriores; es cierto que ha mejorado mucho la visión internacional del Ecuador; pero, en las relaciones económicas el camino es largo y con problemas; solo hay un avance hacia un acuerdo comercial con Estados Unidos que está cuestionado por el Congreso estadounidense, hay poco interés internacional por invertir en el país, todavía demorará el ingreso a la Alianza del Pacífico, están por negociarse los nuevos tratados de protección recíproca de las inversiones, no se ha renegociado la deuda con China; “Doing Business” señala que hacer negocios en el Ecuador es una hazaña de alto riesgo.   

Ahora bien, el artículo 95 de la Constitución dice: Las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos … Sobre esa base participo, como ciudadano, señalando que me gustaría que el país adopte decisiones válidas en el largo plazo y normas claras, completas y duraderas como las que menciono a continuación.

Volver a la Constitución 1998, para desplazar lo más pronto posible a su similar de 2008, hecha para que el país aplique el socialismo del Siglo XXI y que causa mil problemas.

Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo pronto, no se le debería entregar recursos estatales, salvo los sueldos y demás remuneraciones de los consejeros, a quienes se les aceptaría sus renuncias cuando las presenten. El sentimiento mayoritario de la población es que ese organismo es innecesario y no cabe mantenerlo.   

La actual Función Electoral de la Constitución debería pasar a ser parte de la Función Judicial y el CNE debería tener un consejero de los cinco partidos políticos más votados, nombrado por cada partido; más dos consejeros nombrados por el gobierno. Total, siete.

Se debería derogar el sistema de distritos para las elecciones directas.

Solo deberían existir los partidos políticos con más del 5% de los votos de las últimas elecciones o un máximo de diez. Solo ellos deberían poder presentar candidatos nacionales, provinciales y cantonales. Las últimas elecciones demostraron que, tras de la mayoría de las listas de candidatos a diversos cargos de elección popular no hay posiciones ideológicas, sino intereses personales o de grupos, en muchos casos para saber el peso relativo con miras a negociar posiciones en las elecciones del 2021 o luego de ellas. 

Los dirigentes de los partidos políticos no deberían ser los mismos por más de 8 años y deberían renovarse las directivas cada cuatro años por elecciones internas válidas solo si vota al menos el 51% de los afiliados registrados por el Estado. Cada partido político debería tener obligatoriamente un centro de formación política que tenga por objeto dar a los líderes natos las capacidades para ser líderes con fundamento ideológico.

Los partidos políticos deberían financiarse solo con los aportes de sus afiliados y simpatizantes, deberían declarar todo el dinero recibido y manejarlo en una cuenta en el Banco Central. Deberían ser responsables penalmente el director del partido, el tesorero y el o los candidatos que utilicen fondos o aportes no declarados. Si la Fiscalía descubre una acción ilegal de esta clase de un candidato ganador, será enjuiciado inmediatamente. Si es culpable, perderá el cargo e irá a la cárcel por el tiempo de su elección.

Ninguna persona natural debería aportar más de 24 mil dólares anuales a un partido político, excepto los candidatos nacionales, que podrían contribuir hasta con 50 mil dólares La persona natural o jurídica que haya aportado para candidatos de dos partidos a la vez debería ser sancionada con cárcel por algunos años. Ninguna persona natural o jurídica extranjera podría contribuir a los fondos de los partidos políticos por ningún concepto. El director y el tesorero del partido deberían pagar cinco años de cárcel si se comprueba que han recibido esos aportes.  

Todos los candidatos a cualquier cargo de elección popular, si triunfan y de forma previa a su posesión, deberían declarar el valor de su patrimonio y autorizar el libre conocimiento ciudadano, en cualquier momento, de sus ingresos y gastos, cuentas bancarias y valor de sus propiedades de cualquier origen, hasta 10 años después de ejercer su cargo. Quienes “olviden” declarar un valor de los indicados y sean descubiertos, deberían perder el bien y el cargo.

Los candidatos para las elecciones directas nacionales, provinciales y cantonales deberían ser en igualdad de número y alternados, hombres y mujeres.

Quienes participen en elecciones para cargos unipersonales de elección directa o indirecta, y las listas cuando sea del caso, para ser declarados triunfadores deberían tener el 51% de los votos de los electores. En las elecciones directas, si es necesaria, debería haber una segunda vuelta entre los candidatos más votados. No puede volver a darse la antidemocrática situación de las elecciones anteriores, en las que algunos candidatos ganaron con votaciones ínfimas.

Los funcionarios públicos deberían estar prohibidos de apoyar directa o indirectamente a un candidato. Para los infractores la Fiscalía debería solicitar de oficio el inicio del juicio respectivo, con sanción de cárcel por 4 años.

Los candidatos a presidente de la República deberían ser oficializados seis meses antes de las elecciones y presentar obligatoriamente un plan de desarrollo para los cuatro años de su eventual ejercicio, al inicio de la campaña. Quien no lo presente perdería su candidatura.

El presidente de la República debería tener al menos 40 años, ser profesional con tercer nivel de educación superior y experiencia en su campo de por lo menos 10 años. Igual para el vicepresidente. Una de sus responsabilidades sería ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo.

El vicepresidente de la República debería ser presidente nato del Consejo Nacional de Desarrollo y remplazar al presidente por ausencia definitiva del cargo. Tendría bajo su responsabilidad coordinar la elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo, y elaborar y ajustar anualmente una estrategia nacional de desarrollo para los siguientes 20 años.

Los miembros de la Asamblea no deberían ser más de 58 en la cámara de diputados y 24 en la de senadores. Cuatro diputados por Pichincha y cuatro por Guayas, tres para cada una de las siguientes 10 provincias más pobladas y dos para cada una de las 10 provincias menos pobladas.  Cada provincia debería tener un senador.  Cada dos años debería haber elecciones para diputados y cada cuatro años para senadores. Cuando corresponda, las elecciones a la Asamblea deberían coincidir con la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 

Para ser diputado se debería necesitar 25 años, tercer nivel de educación superior o equivalente y dedicación absoluta. Su asistencia diaria a la Asamblea, de lunes a viernes, debería ser obligatoria, salvo cuando viaje por razones de trabajo. El candidato a diputado más votado debería ser presidente de la cámara de diputados.

Para ser senador se debería necesitar 40 años, por lo menos tercer nivel de educación superior y dedicación absoluta. El candidato a senador con la mayor votación debería ser presidente de la Asamblea. El segundo más votado, presidente del Senado.

El Senado debería nombrar, por concurso público de méritos, a los máximos directivos de las entidades de control, las superintendencias y la Procuraduría. Además, debería tener capacidad para vetar las creaciones de embajadas y las designaciones de embajadores políticos.

La Cámara de Diputados debería designar a los miembros nacionales del Parlamento Andino. Ese es un organismo internacional que solo delibera, sin peso legislativo alguno. 

La Asamblea debería tener una Comisión Permanente de Simplificación del Marco Jurídico. En la actualidad hay cientos de leyes, algunas obsoletas, y miles de normas de diferente tipo que un ciudadano, en 50 años de atención diaria, no podrá alcanzar a leer. Sin embargo, el desconocimiento de una norma no justifica su incumplimiento. Además, las leyes reformatorias que se expidan deberían contener el texto final redactado y aprobado, con la codificación necesaria. Cada legislador debería disponer del texto codificado a aprobarse, en la forma más clara y completa posible y el lector de la ley saber que es el último texto completo. 

Los ecuatorianos residentes en el exterior no deberían votar ni tener representación en la Asamblea, porque la mayoría de ellos hacen y harán su vida en los países de acogida y no volverán al Ecuador. Los extranjeros residentes en el Ecuador solo tendrían derecho a votar luego de cinco años de residencia legal y declaración del impuesto a la renta.

Los funcionarios y los ciudadanos encargados de la pureza electoral que hagan o contribuyan a realizar fraude electoral deberían ser sancionados con hasta 8 años de cárcel y no deberían volver a ser funcionarios públicos en ninguna entidad y bajo ningún concepto.  

Solo el presidente de la República que complete su periodo y haga crecer la economía nacional por encima del promedio de los últimos 10 años debería tener pensión vitalicia de 10 mil dólares mensuales, sin derecho a heredarla. Los demás no deberían tener esa pensión. Podría ser reelegido luego de un periodo presidencial. El presidente de la República que permita que la economía nacional retroceda en los años de su ejercicio, al final de su periodo debería estar prohibido de ejercer una función pública y no tendría la pensión vitalicia. Una decisión de este tipo evitaría la presencia de candidatos sin capacidad para manejar el gobierno y, los que se decidan, sabrían que por lo menos tienen que cumplir sus planes presentados al CNE.

Los ministros y los funcionarios de mayor nivel de las entidades del Estado no deberían tener más de 2 asesores, uno legal y otro especialista en el área respectiva, y no podrían incrementar el número de funcionarios a cargo más allá del 2% de la planta cada año, si es necesario.

La contratación de personal temporal debería ser efectuada por la máxima autoridad de cada entidad, a petición del jefe de la unidad en la que trabajaría el contratado y previo un informe sobre la razón del contrato y el proceso de selección efectuado. Ninguna entidad estatal debería poder contratar a más del 5% de la nómina como trabajadores temporales. Ninguno de los contratados temporales debería permanecer en esa calidad por más de un año.

Todo funcionario de alto nivel que participe en actos de corrupción debería ser sancionado con el doble de la pena máxima prevista para los ladrones, sin atenuantes ni rebajas. No podría volver a ser funcionario público por ningún concepto en su vida, ni podría tener, directa o indirectamente, contratos de ningún tipo con el Estado. Todo funcionario público denunciado por actos de corrupción que huya del país será declarado culpable ipso facto, perderá su patrimonio y en ningún caso podrá ser sujeto de amnistía, indulto o extinción de la pena.

El Banco Central debería recuperar su autonomía plena frente al Ejecutivo y no debería tener facultad para otorgarle préstamos bajo ninguna circunstancia.  

El SRI debería estar facultado para solicitar a cualquier ciudadano mayor de 18 años, en cualquier momento, una declaración jurada sobre el valor de mercado de su patrimonio y sus obligaciones financieras.

Todos los funcionarios públicos, hasta el nivel de Director Departamental, deberían estar sujetos a la Ley de Servicio Público. Los funcionarios de nivel superior deberían ser de libre remoción del funcionario nominador y del presidente de la República. Todos los funcionarios públicos profesionales de tercer nivel deberían estar afiliados a una federación nacional de su profesión y sujetos al código de honor correspondiente.

Los niveles jerárquicos gubernamentales deberían ser seis: ministro, viceministro, subsecretario, asesor, director departamental, jefe de sección, u otros bajo cualquier denominación. Solo debería haber un subsecretario por cada función general del ministerio. El viceministro tendrá a cargo las funciones de dirección administrativa y presupuestaria.

Todos los subsidios e incentivos estatales que existan o se creen deberían tener una fecha de terminación y ser destinados exclusivamente a un grupo de ciudadanos o de empresas, con la debida justificación. Solamente deberían recibir subsidio personal permanente quienes estén en extrema pobreza y no tengan vicios, en estos grupos: las mujeres viudas, los discapacitados así calificados por el Estado, los mayores de 65 años. También deben recibir subsidio subsidio temporal: los niños huérfanos hasta los 18 años, las mujeres embarazadas, los pobres que hayan sufrido graves efectos de desastres naturales o de accidentes en los cuales no hayan tenido culpa ni cobertura.

Las empresas deberían recibir incentivos fiscales según tres niveles de importancia y por 5, 7 o 10 años improrrogables, cuando demuestren fehacientemente la factibilidad de sus proyectos destinados a incrementar el valor agregado nacional, innovar o exportar.