BOLETÍN 203: EL PARO Y SUS CONSECUENCIAS ESPECIALMENTE ECONÓMICAS

El Estado liberal es una creación humana dedicada a buscar la vida organizada de una sociedad, en la que los más favorecidos por la fortuna, generalmente una minoría, aportan recursos financieros vía tributos, para que la mayoría, constituida por muy pobres, pobres y clase media baja, vivan mejor de lo que lo podrían hacer con sus propios ingresos. Pero, mientras en unos países el Estado regala dinero directamente o con subsidios de por vida y como derechos; en otros países se acostumbra a los pobres a vivir en democracia y en Derecho, se les da salud y educación gratuitas y de calidad, se les genera oportunidades de emprendimiento y empleo digno; y, se crea infraestructura y servicios de bajo costo y la más amplia cobertura posible.  

El Ecuador debería ser un Estado de Derecho y no de derechos como dice la Constitución vigente, porque en su texto actual esa Norma da lugar a que muchos ciudadanos y sus agrupaciones reclamen infinidad de reales o supuestos derechos de por vida y se olviden de que tienen obligaciones, entre las cuales la principal debe ser el respeto a los demás, por encima de otras consideraciones. Si hay ese respeto, al pensamiento diferente, la libertad, la democracia, las leyes, la autoridad, las fuerzas armadas, la policía, la propiedad privada, el libre tránsito, la convivencia va a ser satisfactoria y el país saldrá adelante por acción de todos.

Lamentablemente, en los últimos días, los interesados en volver al poder se aprovecharon del reclamo indígena para convulsionar al país en tal forma que, en lo que llevo de una larga vida, no había sucedido. Quito fue, por desgracia, una ciudad sitiada y su centro histórico sufrió cruel devastación, que hasta pone a pensar en la viabilidad y seguridad del Metro.   

PÉRDIDA DE AUTORIDAD. La consecuencia más importante que derivó del paro mal llamado “pacífico”, al que los miles de participantes acudían con palos y lanzas para “defenderse”, es la comprobación por la ciudadanía de que quienes recibieron el poder en 2017 perdieron su autoridad en los días y momentos más importantes, en beneficio de un grupo agresivo, y de que la mayoría de la población, de ahora en adelante, estará a merced de los manifestantes a quienes no les guste una decisión estatal, porque la Policía y hasta el Ejército son desbordados en los enfrentamientos masivos en los que la autoridad nacional teme afectar los “derechos humanos” de los violentos “infiltrados” que destruyen lo que encuentran a su paso y se resigna a buscar acuerdos que le permitan sobrevivir políticamente, ignorando los derechos humanos de la fuerza pública, formada por gente del pueblo sujeta a un orden constitucional jerárquico.   

PÉRDIDA DE SEGURIDAD. De hoy en adelante la sociedad sabe que no hay seguridad para nadie frente a acontecimientos como el de los días pasados, que Dios quiera nunca se repitan.  Vio con susto y en algunos casos con terror, por la cercanía a los lugares de los hechos, que la Policía y las Fuerzas Armadas eran rebasadas, ante la imposibilidad de usar sus armas ante miles de manifestantes que atacaban por todo lado y cerraban el paso a los apoyos y hasta a las ambulancias y motobombas. 

No hubo “inteligencia” que advierta a los gobernantes sobre lo que iba a ocurrir, un paro de grandes dimensiones, pacífico o no, pero multitudinario y nacional; y, tampoco se consideró que las fuertes medidas a tomar necesitaban una campaña previa de explicación a la ciudadanía sobre su alcance, el cese del enriquecimiento indebido para los contrabandistas y otros, y el beneficio para el Estado y la gente pobre. Se habló de la subida de los precios de los combustibles, pero no se explicó a tiempo y bien las medidas compensatorias.

PÉRDIDA ECONÓMICA NACIONAL. La tercera consecuencia es la enorme pérdida económica nacional derivada de los días en los que el país estuvo paralizado casi totalmente. Si el Producto Interno Bruto del Ecuador del año 2019 vale lo calculado en alrededor de 108 mil millones de dólares corrientes, cada día debió generar 296 millones en promedio y los 12 días 3.551 millones. Como la paralización no fue total y asumiendo que solo se redujo la mitad de la actividad económica, el daño hecho suma poco más de 1.700 millones de dólares. 

A eso hay que sumarle todo lo que se necesita para reconstruir y reparar la infraestructura física pública y privada; por ejemplo, el edificio de la Contraloría difícilmente se mantendrá en pie, porque en muchas partes el hierro de las columnas se habrá “amelcochado” y perdido su fuerza y resistencia; algunos campos petroleros requerirán tiempo para volver a la normalidad; en algunos edificios habrá que  hacer costosos arreglos, como en el de la Asamblea Nacional, y en otros de diferentes ciudades, que fueron quemados o afectados en puertas y ventanas, plantaciones, sistemas electrónicos y otros aspectos. Además, las maquinarias y los equipos destrozados, los negocios no realizados, las exportaciones canceladas, otros efectos.

El diario EL COMERCIO de Quito, del 15 de octubre de 2019, menciona entre otras pérdidas sectoriales: comercio, 733 millones de dólares; petróleo, 130 millones; actividades profesionales, 83 millones; transporte, 78 millones; industrias, 54 millones; flores, 40 millones, lácteos, 40 millones, con lo que este parcial suma 1.158 millones de dólares.

Expertos del Colegio de Economistas de Pichincha estiman que la pérdida global es superior a 2.400 millones de dólares, casi el doble de lo que el gobierno pensaba recaudar este año con la medida del alza del precio del diésel y la gasolina extra. 

Pero, la pérdida no solo es la registrada de esos días. Sobre todo, es la pérdida incalculable que se producirá de aquí en adelante, por la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y la lentitud de crecimiento económico que habrá, ya anunciada por futurólogos nacionales y extranjeros sin el paro, y ahora probablemente más difíciles de cambiar.

Lo primero, porque hasta las elecciones del 2021 quedó fuertemente afectado el gobierno actual. La imprevisión y luego la marcha atrás en el Decreto 883 deja un mensaje negativo, porque implica que, sobre el marco constitucional y la eventual decisión democrática de la mayoría de la población, está la fuerza sin control movida por intereses de cualquier clase.

Lo segundo, porque las leyes futuras y eventualmente la permanencia de algunas de las vigentes pueden ser materia de revisión, por imposición de ciertos grupos, sin tener en cuenta los efectos positivos nacionales de las medidas, pero atendiendo intereses de grupos determinados.

El crecimiento económico que ya venía siendo lento lo será aún más. Simplemente, en el Estado no habrá inversiones importantes por falta de dinero y en varios sectores los inversionistas privados potenciales preferirán llevar su capital a otras partes, de mercados más grandes, más seguros, de mejor futuro, con políticas de Estado, leyes duraderas, más oportunidades.

PÉRDIDA DE RECURSOS FISCALES. El gobierno había dicho que su intención era obtener este año un ahorro de 1.300 millones de dólares con el ya histórico Decreto 883. No solo que no se logró esa meta, sino que se perdió mucho más.

Los subsidios de todo tipo se mantendrán vigentes y hasta se incrementarán, porque gobierno y ciertos grupos piensan que no es solo un beneficio temporal, sino un derecho de por vida antes no reconocido. 

En los próximos años, quien sea presidente del Ecuador pensará dos veces para quitar un subsidio o poner un impuesto importante y la caja fiscal solo podrá pagar sus compromisos con deuda o, lo que nadie desea, volviendo a la emisión monetaria.

Alguna gente dice que no quiere que se explote el petróleo ni las minas y que tampoco se deforeste el país. Esas son metas muy importantes y plausibles, pero la pregunta es: Y si se hace eso, ¿con qué dinero se pagará todo lo gratuito y subvencionado que hay ahora y se exige para muchos millones de personas, la administración pública, el mantenimiento (que no construcción), de infraestructura y la enorme deuda pública que existe a la fecha?

Escuché a un dirigente decir que en remplazo vendrían empresas transnacionales a otros sectores. No es fácil, aún si el Ecuador tuviera las condiciones favorables necesarias, en pocos años y menos inmediatamente, convencer a grandes inversionistas para que vengan a un mercado pequeño y convulsionado, y ejecuten proyectos que den los beneficios monetarios que generan las actividades extractivas, porque en muchos indicadores internacionales estamos a la cola de varias decenas de países y ahora crecerá mucho el riesgo país.

DIVERGENCIA COSTA SIERRA. Otro problema que se podrá observar en los próximos años será la divergencia que se producirá en cuanto a la velocidad de su crecimiento económico entre la Costa y la Sierra, pues muchas de las empresas existentes en la Sierra que puedan trasladarse y las nuevas empresas que se formen, tendrán como prioridad ubicarse en el perímetro de Guayaquil.

Las provincias centrales de la Sierra dependerán más del Estado para su desarrollo y se concentrarán en ellas subsidios y otros mecanismos. Con esta perspectiva, lo que conviene prioritariamente es profundizar los esfuerzos de educación y mejoramiento de la producción y la productividad agropecuaria de la región, para que esas acciones incrementen el empleo, eleven el ingreso de los pobladores y los saquen de la extrema pobreza y de la pobreza en que viven, con mayor competitividad. 

PÉRDIDA DE ATRACCIÓN TURÍSTICA. Las fotos y los videos de lo que sucedió en Quito y en el país se multiplicaron en los medios de comunicación del exterior y en las redes sociales de todo el mundo; y, por tanto, fueron conocidas por cientos de millones de personas, muchas de ellas interesadas en venir a Sudamérica y al Ecuador. Siempre habrá muchos turistas que desistan de llegar a este país y no solo eso, sino que serán difusores de la mala información con respecto a lo que sucedió.

Durante el paro ya se produjeron para las empresas turísticas pérdidas de cientos de millones de dólares, especialmente porque sucedió en días en los cuales las personas se desplazan a Guayaquil por las fiestas de octubre o porque la gente aprovecha el feriado para viajar.

Las pérdidas futuras previsibles surgen de las advertencias de varios gobiernos a sus ciudadanos, en el sentido de que es mejor que no vengan al Ecuador, con una fuerte pérdida de divisas para la balanza de pagos.

PÉRDIDA DE CONFIANZA INTERNACIONAL. Una pérdida notable es la de la confianza internacional de gobiernos, empresas e inversionistas en el Ecuador, no para los próximos meses, sino por varios años.

Los gobiernos, para llevar a feliz término negociaciones que estaban en camino, lo primero será esperar al 2021 para saber hacia dónde se inclina la balanza de la política nacional, tomando en cuenta que algunos de los potenciales candidatos redujeron sensiblemente sus posibilidades, al hacer desafortunadas declaraciones durante el paro, criticando medidas que cuando fueron gobierno las tomaron porque eran necesarias, pero mucho menos urgentes que ahora; y, en otros casos, sabiendo que, si llegan al poder, no tendrán más remedio que ir por la misma senda o endeudar más al país. Por otra parte, para más allá del 2021, seguirán considerando que el Ecuador es un país muy difícil de gobernar y con péndulo político tradicional, en el que el nuevo gobierno borra o deja insubsistente lo hecho por el anterior.

Los empresarios privados extranjeros continuarán aplicando su receta vigente. No valió el Código Orgánico de la Producción, el Comercio y las Inversiones de 2010 para atraer inversiones; no valió la ley que lo modificó varios años después y seguramente la Ley de Fomento Productivo vigente desde 2018 y la reforma en camino tampoco serán operativas.

A las razones que ya he mencionado en varios boletines anteriores, de inestabilidad política, inseguridad jurídica, alto costo e inflexibilidad de la contratación laboral, falta de productividad nacional (efectividad del Estado y competitividad de las empresas privadas) se une ahora el problema de la absoluta indefensión ciudadana y empresarial a la hora de los paros originalmente pacíficos, que se vuelven violentos por causa de “infiltrados”.

REFLEXIÓN FINAL MUY IMPORTANTE: Con esta oportunidad vale la pena reproducir las frases de un líder religioso estadounidense, William Boetcker (1873 – 1962), quien dijo:

1. Usted no puede crear prosperidad desalentando el ahorro.
2. Usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte.
3. Usted no puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes.
4. Usted no puede ayudar al pobre destruyendo al rico.
5. Usted no puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario.
6. Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana.
7. Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases.
8. Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado.
9. Usted no puede formar el carácter y el valor de un hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa.
10. Usted no puede ayudar a los hombres permanentemente realizando por ellos lo que éstos pueden y deben hacer por sí mismos. [1]_/

Concluyo: EL ECUADOR NO PUEDE DESARROLLARSE SIN RESPETO DE LOS UNOS A LOS OTROS

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[1] _/ Estas frases se le atribuyen generalmente al presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln.

BOLETÍN 202: AMANECE ... OJALÁ DIOS DÉ PAZ, LUZ Y TRABAJO

El 2 de octubre de 2019 el gobierno anunció las medidas económicas tomadas con el propósito de sacar al país de su crítica situación actual, lo que provocó al día siguiente un paro de transportistas e indígenas que se tornó violento, por lo que el presidente de la República decidió ordenar el estado de excepción que se mantendrá por 60 días. 

Mi análisis respecto a las medidas se inicia señalando que la mayor parte de la culpa de que estemos donde estamos es de Rafael Correa Delgado y sus aliados más cercanos, que no contentos con gastar a manos llenas el dinero de la exportación de petróleo y otros productos a excelentes precios durante la década ganada por ellos, pero perdida para el Ecuador, nos dejaron endeudados hasta el cuello, en alrededor de 75 mil millones de dólares, hasta el punto que en la “década ajustada” próxima, la preocupación central de los gobiernos será destinar alrededor de la tercera parte del Presupuesto General del Estado a cubrir las amortizaciones y la preocupación mayor del pueblo será ver que sus condiciones de vida no mejoran, mientras el mundo sigue andando a velocidad vertiginosa … y en muchos países mejorando.

La otra parte de la culpa es del actual gobierno que, pese a que hace tiempo se dio cuenta (si no lo sabía) de que no había mesa servida y que había una deuda enorme, demoró la toma de decisiones para hacer la “cirugía mayor” esperada de la economía, que las circunstancias han ido complicando y hasta la fecha no se tiene una clara definición de a dónde vamos.

La carta de intención con el FMI y otros organismos multilaterales, de marzo de 2019, creó la obligación de tomar medidas que corrijan los graves errores económicos de la administración Correa y eso hizo posible recibir fondos para solucionar una parte importante de la falta de liquidez del gobierno y establecer un conjunto de obligaciones gubernamentales insoslayables.

En una breve síntesis, las medidas adoptadas son las siguientes:

1.    Alza de los precios de la gasolina extra y el diésel. Medida acertada y dejada de lado por muchos gobiernos, pero necesaria para sincerar los precios de los combustibles y otros productos y reducir o eliminar el contrabando hacia Colombia y Perú. El monto estimado del subsidio para este año era de 1.742 millones de dólares y evidentemente habrá un ahorro muy importante que puede dedicarse a inversión. La medida tiene efectos laterales ambiental y social, porque la reducción de la movilidad de los vehículos hará que el consumo de combustibles fósiles baje, pero que se encarezca la vida del pueblo.

2.    Eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Medida acertada y que evita que empresas que no generaban utilidades tengan que tributar. Esto es especialmente válido para las empresas de las provincias fronterizas, en donde las devaluaciones registradas continuamente en Colombia y el Perú han hecho que las empresas pierdan y sin embargo, con los datos de utilidad del año anterior, tengan que tributar.

3.    Eliminación de aranceles para muchos productos no producidos en el país, especialmente para el sector agropecuario y de la rama electrónica. Medida acertada que debió haberse tomado hace muchos años, porque si no hay esas producciones y en muchos casos es muy difícil que el país pueda desarrollarlas, lo lógico es abaratar las compras necesarias en el exterior, como siempre han sido las maquinarias y materias primas para el sector agropecuario y son ahora las computadoras, las Tablets y los teléfonos celulares, indispensables para trabajar en estos tiempos. 

4.    Reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas para determinadas materias primas y bienes de capital. Medida acertada, pero insuficiente, porque ese impuesto debería eliminarse, ya que no es a la salida de divisas sino al ingreso de ellas. Nadie va  a invertir en el Ecuador 100 si sabe que el mismo momento que ingresa su dinero ya no vale 100 sino 95. Hay que tener en cuenta que en los países desarrollados el 5% es un interés anual alto.

5. Reducción del impuesto a los vehículos de menos de 32 mil dólares destinados a actividades productivas. Medida acertada, siempre que efectivamente sean vehículos de trabajo. Hay que evitar que sean automóviles y debía orientarse la medida a que sean eléctricos o mixtos.

 

6. Rebaja del 20% en el pago mensual, en el caso de los contratos ocasionales que se renueven en el gobierno central. Medida acertada, pero hubiese sido mejor que no se renueven los contratos, salvo los muy necesarios, por la necesidad de austeridad fiscal. 

7.    Mantenimiento del IVA en 12%. Medida políticamente correcta, que evita darles gusto a los que pedían que suba al 15% y a los que sugerían que baje al 10%, corriendo en ambos casos con el riesgo de que se afecten los ingresos del Estado. En este caso lo que corresponde es no perdonar a los grandes negocios y ejercer un control mucho mayor por el SRI, porque es grande la cantidad de almacenes y empresas individuales que no dan factura ni comprobante alguno. Los cruces de datos por vía electrónica permiten saber los movimientos de ingresos y egresos y contrastar con las declaraciones.

8.    Devolución automática de tributos al comercio exterior. Medida acertada. Debió ser puesta en práctica hace muchos años, como lo hacen en otros países. Primero, técnicamente no se debe exportar impuestos, porque al hacerlo se está perdiendo competitividad en el monto de los impuestos pagados. Segundo, la exportación requiere un capital para producir, otro para dar crédito al comprador y un tercero para financiar el tiempo que el pedido se mantiene de viaje. En consecuencia, es muy importante que se devuelva pronto los impuestos al exportador, aunque más tarde se controle para confirmar los datos de la exportación y de los tributos pagados.

9.    Reducción del personal burocrático en 10 mil personas adicionales a las 23 mil que dice el presidente Moreno que ya han salido de la nómina estatal. Medida acertada, pero incompleta, porque el número actual de burócratas es mucho mayor del necesario debido a la política clientelar del presidente Correa. Pero, por otro lado, hay que reducir el monto global del gasto en personal, porque si se saca a diez que ganan 500 dólares (total 5 mil dólares) y en cambio se nombra 5 que ganan 2 mil dólares (total 10 mil dólares), no se ha solucionado el problema, sino que se lo ha aumentado.

10. Incremento en 1.000 millones de los recursos financieros para crédito de vivienda con interés menor al 5%. Medida acertada, porque dinamizará a la construcción y con ello a otras actividades económicas, aparte de que provoca la contratación de muchas personas con poca o ninguna educación.

11. Reducción de 30 días a 15 de las vacaciones de los funcionarios públicos. Medida desacertada desde el punto de vista constitucional. Primero, según el artículo 326 de la Constitución los derechos adquiridos por los trabajadores no pueden ser afectados negativamente, son irrenunciables e intangibles. Segundo, los trabajadores privados tienen 15 días de vacaciones, pero reciben utilidades de las empresas, en tanto que los trabajadores estatales no tienen ese beneficio monetario.

12. Contribución al fisco, con un día de sueldo mensual, de los empleados de las empresas públicas. El argumento es que en esas empresas los trabajadores ganan más que en el resto de las entidades estatales. Una alternativa pudo haber sido que los sueldos superiores a 2 mil o 3 mil dólares bajen en un porcentaje en todo el sector público.  

13. Reglas para nuevos contratos laborales. Medida acertada, porque el Código del Trabajo vigente desde 1938 no contempla algunas formas que han aparecido en las últimas décadas o porque no estaban bien reguladas. Para los nuevos contratos son muy importantes las posibilidades de trabajar por horas, trabajar desde la casa, repartir la semana laboral en forma distinta a la tradicional, trabajar estacionalmente, considerar la tasa de mortalidad de los emprendimientos y las obligaciones de ellos con sus trabajadores, reconocer la poca aplicación de la jubilación patronal en los términos tradicionales y aprobar una mejor alternativa.

14. Asignación de una contribución especial por tres años a las empresas cuyos ingresos superen los 10 millones de dólares anuales. Medida acertada dirigida a quienes realizan negocios importantes en el país. A este respecto hay que anotar que las involucradas no serán más de 2 mil empresas; pues, la menor de las 1000 empresas más grandes del país, según la Superintendencia de Compañías, en el año 2018 vendió 15,82 millones.

15. Incremento de 300 mil beneficiarios del bono de desarrollo humano y aumento en 15 dólares de la asignación mensual. Medida paternalista que podía haberse sustituido por otra ligada al emprendimiento, asignando como crédito y no como dádiva los recursos, aun sabiendo que van a ser de difícil recuperación, pero dejando en el receptor la idea de que tiene una obligación que cumplir.  

Seguramente, estas medidas tienen otras complementarias, que no se ha mencionado; sin embargo, el paquete o conjunto es positivo y menos complejo que el que se esperaba.

En mi criterio, faltaron decisiones importantes que hubiesen mejorado los ingresos fiscales y roto tabúes.

Una de ellas debió haber sido la de iniciar el alza del precio del gas. Para ello se requiere hacer notar a la población que el tanque de gas dura aproximadamente un mes y vale menos que una botella de gaseosa que se termina en un almuerzo familiar o un día.  El alza podía haber sido de 20 centavos mensuales, pero lo importante era empezar a reducir el subsidio y focalizarlo en el un millón (ahora 1,3 millones) de personas en pobreza extrema o en pobreza. El gobierno tiene el registro de los beneficiarios y no parece complicado realizar esta acción. El subsidio generalizado beneficia por igual a quien gana 10 mil dólares mensuales o más y a quien apenas gana para comer el día; además, se presta para que verdaderas mafias organizadas desde hace años, lleven el producto de contrabando a Colombia y Perú con enormes ganancias.

Otra decisión podría haber sido la de aumentar el número de los contribuyentes efectivos del impuesto a la renta. Quienes pagan este impuesto son un porcentaje bajo del total de la PEA, casi todos de nómina pública o privada, y podría aumentarse un 10%. En todo caso, el SRI tiene la obligación de mejorar los sistemas de control y aumentar los sujetos de pago de ese impuesto. En este caso lo importante es hacer que la gente sepa que debe contribuir al Estado.

Una tercera decisión debió ser que, en los próximos 5 años, se reduzca gradualmente el valor total de la nómina estatal diferente a salud, educación y seguridad, al menos en un 25%, y que los recursos ahorrados vayan a inversiones en infraestructura física económica o social. En ese sentido conviene reducir la nómina en el exterior ubicada en países con los cuales hay muy poca vinculación política y menos relación comercial, pero cuyo costo es elevado.  

Todos los subsidios e incentivos estatales que existan o se creen deberían tener una fecha de terminación y ser destinados exclusivamente a un grupo de ciudadanos o de empresas, con la debida justificación técnica, no política y peor clientelar.  

Deberían recibir subsidios los pobres y quienes estén en extrema pobreza y no tengan vicios, en los siguientes grupos: los niños huérfanos hasta los 15 años, las mujeres viudas sin hijos, las mujeres embarazadas, los discapacitados calificados por el gobierno, los mayores de 65 años. Además, quienes hayan sufrido los efectos de desastres naturales o graves accidentes.

Las empresas que demuestren la factibilidad de proyectos destinados a incrementar el valor agregado nacional, innovar o exportar deberían recibir incentivos fiscales y crediticios, según tres niveles de importancia y por 5, 7 o 10 años improrrogables en cada caso. Deberían tener exoneración del impuesto a la renta por 5 años las empresas productoras de bienes y servicios que coticen en el mercado de valores sus acciones, siempre que tengan entre 51 y 100 accionistas o más de 100 trabajadores. Ese beneficio, por 10 años, deberían tener las empresas con 101 o más accionistas o más de 250 trabajadores. 

    

A fin de que la ciudadanía conozca el significado numérico y de egresos monetarios de la burocracia sobre la cual se va a actuar para reducirla, sería conveniente que se comunique oficialmente cuántos funcionarios hay en las diversas entidades estatales y cuál es el monto de sus costos, no solo por sueldos sino por adicionales y gastos operativos.

El presidente de la República dijo, en el momento de presentar las reformas, que él no pensaba en las próximas elecciones como suelen hacer los políticos, sino en las próximas generaciones como hacen los estadistas. Eso está muy bien y esa debería ser una práctica de todos los mandatarios, pero durante los meses que le faltan en la Presidencia debería tomar muchas más decisiones de estadista, entre ellas las relacionadas con levantar todo tipo de secretos relacionados con contratos del Estado con empresas no financieras y bancos, excepto en caso de seguridad nacional; también, utilizar las facultades que le da la Constitución, para aportar a la justicia con toda la información disponible en la Función Ejecutiva que permita sancionar a quienes actuaron por fuera de la ley en el gobierno anterior y especialmente a los que han robado. No puede haber perdón y olvido para los que endeudaron a nuestros descendientes.

Si el Estado no recupera una parte muy importante de los recursos que se han llevado los ladrones de cuello blanco, mentes lúcidas y manos sucias, la historia no le absolverá al presidente y el pueblo no aceptará más sacrificios, porque su situación es una de las más críticas de la historia nacional.

Los organismos internacionales dicen que el PIB del Ecuador decrecerá este año al 0,5%, crecerá el próximo al 0,2% y en 2021 el registro será del 2%. Aspiremos a que las medidas tomadas y propuestas den como resultados cambios positivos para el próximo bienio y que, sobre todo, se haya encontrado la fórmula de incrementar el empleo en forma significativa.

El pueblo, como lo está demostrando en estos aciagos días, ya no aguanta que las condiciones de vida actuales se deterioren aún más y que el próximo gobierno llegue cargado de falsas promesas, lleno de deudas y sin capacidad de hacer obra. Tienen la palabra los asambleístas y el presidente de la República. La protesta, sin embargo, no debe llevar a la violencia sino al diálogo, porque si el país no tiene paz, no conseguirá lo que todos deseamos: democracia verdadera, desarrollo económico, justicia social, respeto internacional. Que Dios ilumine al gobierno y a los opositores, para que piensen en el país y no en su triunfo.