Estamos a
punto de terminar el 2019, año aciago para el Ecuador, porque en él se dio una
de las demostraciones históricas más fuertes de la incapacidad de las
autoridades y de los organizadores de un paro nacional para frenar el
vandalismo, generado por quienes aspiran a retomar el poder para seguir
impunemente haciendo de las suyas, por aquellos que buscan la menor oportunidad
de adueñarse de lo ajeno y por los anarquistas. Las consecuencias de ese
octubre catastrófico se las siente y se las seguirá sintiendo por mucho tiempo,
porque generaron recelos en todo el pueblo y abrieron heridas que será difícil
cicatrizar en los años que vienen.
Las luchas del
gobierno, de las que ha salido triunfante, pero debilitado y muy golpeado, han
sido varias: la primera, por mantenerse en el poder frente a la arremetida de
grupos interesados en que termine su accionar, que incluso pedían
públicamente a las fuerzas armadas y la
policía que desobedezcan al régimen o que solicitaban a la Asamblea que vaya
hacia la muerte cruzada; la segunda, por lograr que la economía no se vaya al
precipicio y se tenga, aunque lejana, una luz en el túnel, que permita avizorar
un cambio desde el retroceso hacia la marcha con algún dinamismo; la tercera,
para hacer que los problemas sociales no se agudicen más y generen protestas
masivas; la cuarta, para mejorar la imagen internacional, deteriorada
terriblemente en la década ganada por Correa y los suyos y perdida para el
país.
En mayo de 2019 el ministro de Economía y Finanzas
presentó el “Plan de Acción para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, que según dijo: “…
era una hoja de ruta y de acciones encaminadas a modernizar la gestión de las
finanzas públicas, con la seriedad y solidez de la gestión imprescindible para
generar prosperidad para los ecuatorianos”.
El documento, dijo el ministro, incluye cambios
estructurales para fortalecer la gestión en los componentes de la programación fiscal, el ciclo presupuestario, el manejo de
tesorería y la aplicación de reglas fiscales claras, planificadas y previsibles en el
mediano y largo plazos. De forma complementaria, establece la elaboración de una propuesta de reformas legales relacionadas con las finanzas públicas, que incluirán aportes
e iniciativas en marcha de actores relevantes de la sociedad.
Además, señaló
Martínez que se fortalece el rol del MEF como ente rector para cumplir con los
objetivos del Plan de Prosperidad, preservando un entorno macroeconómico
sostenible y protegiendo el sistema de dolarización. Como ejemplo de la
importancia de este Plan de Acción, los próximos presupuestos generales del
Estado serán construidos y ejecutados bajo modernas prácticas y con una visión
de mediano y largo plazos, aspectos que deberán ser replicados en todo el
ámbito del Sector Público No Financiero, garantizando un amplio acceso a la
información fiscal y conocimiento por parte de la ciudadanía del uso de los
recursos.
Uno de los objetivos prioritarios del Plan era
determinar una estrategia para honrar
las deudas con los proveedores del Estado, actores relevantes para el trabajo de
las instituciones públicas.
las deudas con los proveedores del Estado, actores relevantes para el trabajo de
las instituciones públicas.
El ministro indicó que el diseño y ejecución de estas
acciones son una muestra de que el país continúa de manera responsable y seria por
la dirección correcta. Dijo: “Estamos recuperando la economía, cumpliendo con
los objetivos marcados por el Plan de Prosperidad y modernizando los
instrumentos y procedimientos para fortalecer la transparencia y la
sostenibilidad de las finanzas públicas en beneficio de todos los
ecuatorianos”.
A través del Plan de Prosperidad, manifestó el
ministro, se ejecuta una serie de acciones que han originado avances significativos
en sus cuatros pilares: Sostenibilidad fiscal y estabilidad monetaria, Empleo y reactivación productiva, Igualdad de oportunidades y
protección social y transparencia, Manejo eficiente de los recursos públicos.
Ese Plan
tuvo varias críticas, especialmente del Observatorio de la Política Fiscal, en
el sentido de que no era un plan y que tampoco apuntaba a la prosperidad
nacional, porque muchas de las acciones que debían incluirse no aparecían por
ninguna parte, los datos de base eran diferentes a los presentados poco tiempo
antes a inversionistas extranjeros, no había objetivos de desarrollo claros, ni
a mediano ni a largo plazo.
Hemos
llegado a fines de diciembre 2019 y sabemos que, en lo político la situación es
harto complicada, porque hay una espada de Damocles que pende sobre la
tranquilidad nacional; en lo económico se ha logrado un muy importante acuerdo
con los organismos multilaterales de crédito y especialmente con el Fondo
Monetario Internacional, para recibir no solo recursos monetarios por más de 10
mil millones de dólares, sino un espaldarazo que ayudará a mejorar la visión financiera
externa del país; en lo social, los indicadores se deterioran, pero no con la
velocidad que podían haber tenido si se descalabraban las finanzas públicas; en
lo internacional, se ha mejorado la imagen frente a los gobiernos y algunos
prestamistas, pero no se tiene todavía la respuesta importante de los
inversionistas privados, por falta de seguridad jurídica.
Las finanzas
públicas siguen siendo un problema crucial. No se pudo eliminar los subsidios a
los combustibles, eventualmente por culpa del propio gobierno, que no justificó
masiva y oportunamente la medida y no preparó a la población para el alza de
precios que iba a darse, lo que facilitó la tarea de los opositores y dio
cabida a las movilizaciones “pacíficas” en todo el país; se entregó a la
Asamblea un proyecto de ley de 440 artículos, inmanejable para los
asambleístas, sobre todo para los que no tienen formación financiera y cuentan
con asesores buenos para las maniobras políticas, pero no para los números, por
lo que el proyecto fue al archivo; y, al final del camino, si el PIB crece lo
hará a paso de tortuga, el déficit fiscal seguirá elevado y las deudas seguirán
creciendo, porque la recuperación tributaria calculada es mucho menor a lo que
se necesita y el gobierno no hace el esfuerzo necesario por reducir el gasto.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el producto interno
bruto (PIB) del Ecuador se contraerá en 0.5 % el 2019 y crecerá en 0.5 % en el
2020. Eso significa que el país marcha en su propio terreno en la economía
global, pero que deteriora el nivel per cápita, porque la población crecerá en
los dos años en total más del 2 por ciento. De otro lado, el Fondo calcula una
tasa de desempleo del 4.3 % para este año y 4.7 % para 2020, lo que supone una
elevación con respecto a 2018, cuando fue de 3,7 %. Sin embargo, las
estimaciones de crecimiento y empleo no tienen en cuenta los efectos del paro nacional
de octubre, que provocaron una pérdida de más de 2.400 millones de dólares
constantes de 2007 en la economía. Tampoco consideran la incidencia del masivo
ingreso de mano de obra venezolana al mercado de trabajo, que afecta a la
ocupación tanto en el número de plazas, como en los niveles salariales
promedio. Además, hasta octubre de 2019 las cifras indican que
no habrá una variación sustancial en el total de las exportaciones entre este
año y el anterior, que seguirán en alrededor de 21.500 millones de dólares y
que la mejoría en los ingresos por productos primarios se verá reducida en
parte por las menores exportaciones de productos industrializados.
El año 2020 tendrá la particularidad de que será un
año electoral y eso traerá varias consecuencias, entre ellas el natural
desgaste de la capacidad de acción del gobierno, porque está de salida. Otra
consecuencia será la multiplicidad de ofertas de los miles de interesados en salvar
al país y las acusaciones de incapacidad e indolencia para el gobierno
saliente, tomando en cuenta que los principales precandidatos han manifestado
en múltiples ocasiones su total oposición a nueva carga tributaria y la
necesidad del mejoramiento del empleo y el bienestar general, argumentando que
lo que conviene es una administración mucho mejor de los fondos públicos y la
mayor participación del sector privado en la actividad económica.
La Proforma
presupuestaria del 2020 suma 35.499 millones de dólares, con un recorte de 600
millones en el gasto público con respecto al 2019, que reduce la inversión y no
el gasto. El precio del barril de petróleo se estima en 51,30 dólares en
promedio para el año. La inflación prevista es de 0,84%, lo que significa que
los precios de los bienes y servicios se mantendrán prácticamente estables. En
los ingresos el Gobierno incluyó 2 000 millones de dólares por monetización de
activos (traspaso de bienes públicos al sector privado, aunque no necesariamente
por venta, sino por alianzas púbico – privadas). Entre esos activos están
Sopladora, CNT y Banco del Pacífico. También se destinarán 1 400 millones de
dólares para cubrir el aporte del 40% que debe hacer el Estado al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Para las transferencias que obliga la
Ley amazónica se incluyen 338 millones de dólares. Si hay ahorros, se
destinarán a aumentar el monto que se destina a bonos sociales.
Más de la
cuarta parte del PGE se destina a la burocracia. El gobierno alega que la mayor
parte del gasto corresponde a salud, educación y seguridad, pero ya se comprobó
que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud había más abogados que médicos … y
en educación, al parecer, hay muchos bachilleres que son directores de escuelas
y colegios, lo que significa que hay que mejorar la calidad del gasto en esos
sectores, reconocidos como prioritarios, pero mal tratados en los años 2007 –
2017 y en los cuales se ha hecho poco posteriormente. De otro lado, hay que
considerar el exceso de viceministros, subsecretarios y asesores, las embajadas
poco o nada necesarias, los numerosos funcionarios de esas y otras
representaciones diplomáticas. Sobre todo, hay que actuar en las “petros”,
donde se dice que hay varios miles de funcionarios bien pagados, pero
innecesarios, que suman cientos de millones de dólares en sueldos.
Una suma muy
importante será para pagar intereses y principal de las deudas del Estado. Ello
exigirá varios miles de millones de dólares, equivalentes a otra tercera parte
o más del PGE.
Del Presupuesto,
4 000 millones serán para la compra de derivados y otros miles de millones para
los otros subsidios, que podrían incluso
tener un valor mayor que este año. Con respecto a los combustibles, el gobierno
ha dicho que racionalizará los precios de las gasolinas extra y eco país y que
está analizando la focalización del precio del diésel. Lo primero prevé un
ingreso importante a las arcas fiscales, de 650 millones de dólares, que ojalá
la ciudadanía acepte sin mayor problema; lo segundo es improbable, pero
necesario. No se debe seguir facilitando negocios turbios de los
contrabandistas y los narcotraficantes, pero sí se debe cuidar el bolsillo de
quienes necesitan ese combustible para producir y para el transporte y
finalmente, para los consumidores finales. Los otros subsidios deben dirigirse
solo a quienes los necesitan y no están en capacidad de trabajar. Buena parte
de tales subsidios podría convertirse en crédito a muy largo plazo y tasas
bajas de interés, para que la gente tome conciencia de que no se debe depender
del Estado y que hay que trabajar.
Otra
particularidad será la de que el PGE de 2020 seguirá vigente hasta avanzado el
2021, debido al cambio de gobierno, lo que en unos casos será positivo y en
otros tendrá rasgos negativos. En los próximos meses se verá la capacidad del
gobierno para actuar y, como dijo hace días el presidente Moreno, dar sorpresas
positivas.
Algo que será de mucha importancia será la definición
gubernamental sobre la llamada “monetización” de algunos proyectos y servicios
públicos, porque en el PGE consta una partida de 2 mil millones de dólares de
ingresos fiscales por ese concepto y si no hay esos recursos la situación será
más complicada y abultará el déficit fiscal.
Algunas acciones gubernamentales necesarias para el
2020 deberían ser:
Proponer cambios constitucionales que den seguridad
jurídica a los inversores privados que, sin ellos, no vendrán pese a los viajes
frecuentes del presidente y los ministros a invitarlos.
Garantizar que las elecciones para presidente de la
República y otras responsabilidades no tendrán el menor atisbo de fraude y
respetar la voluntad ciudadana.
Cumplir la oferta relativa a la cirugía mayor a la
corrupción y proponer a la Asamblea normas que eviten que se repita el
aparecimiento de mafias al más alto nivel del Estado. Recuperar algo importante
del dinero mal habido de los ladrones de cuello blanco.
Cumplir los compromisos asumidos con el FMI y los
otros organismos multilaterales, para que fluyan los créditos en condiciones
ventajosas para el país.
Impulsar las actividades necesarias que permitan
avanzar hacia los 700 mil barriles diarios de producción petrolera al final del
2020, lo que fortalecería bastante las finanzas públicas.
Garantizar la seguridad y controlar rigurosamente los
aspectos ambientales de la explotación minera, negociando para que en un tiempo
razonable se industrialicen aquí los minerales.
Lograr la aprobación de la reforma al Código del
Trabajo que dé lugar a nuevas formas de contratación de personal por las
empresas privadas. La globalización y la forma en la que trabajan las empresas
transnacionales hacen imprescindible que el país renueve el Código.
Llevar a feliz término alianzas público – privadas
destinadas a generar recursos financieros para el gobierno sin deshacerse de
obras de infraestructura y servicios claves para el país.
Llegar a la suscripción del acuerdo comercial con
México para poder ingresar a la Alianza del Pacífico y facilitar el incremento y
la diversificación de las exportaciones hacia la UE y la EFTA. Actuar
rápidamente ante el Brexit con relación al Reino Unido, para que las
exportaciones nacionales a esa nación aumenten significativamente.
En suma, sentar bases de un futuro prometedor, que es
lo que necesita “el país de todos”.
PARA LOS MILES DE LECTORES DIRECTOS E INDIRECTOS DE
ESTOS BOLETINES: FELIZ AÑO 2020 Y QUE TENGAN MUCHA
SALUD Y ÉXITO EN SUS ACTIVIDADES
