BOLETÍN 225: DISEÑEMOS Y CONSTRUYAMOS UN NUEVO ECUADOR
La Constitución del 2008, sobre cuyo texto me expresé extensamente en el año 2009 en forma crítica en un libro titulado: ECUADOR: PROYECCIÓN 2020, aprobó la existencia de cinco funciones del Estado, en vez de las tres tradicionales: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Por otra parte, otorgó al presidente de la República un gran poder y a los ciudadanos una enorme cantidad de derechos sin que haya contrapartida adecuada de obligaciones. Varios ciudadanos ilustres sostienen que la Constitución tiene incluso artículos que nunca se discutieron en la Asamblea Constituyente y que es necesario cambiarla o al menos reformarla en algunas de sus partes fundamentales.
Yo sostengo desde el año 2009 que ese documento es ambientalista, lo cual está muy bien siempre que no se exagere en su aplicación; y, estatista, presidencialista y correísta, lo cual estaba y está muy equivocado en cuanto a atender el interés nacional, ya que el Ecuador debe ser un Estado de Derecho y no un Estado de derechos; y, no debe buscar que el Estado se convierta en empresario de todo y el presidente sea un eterno dictador constitucional.
Lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón y ese documento, que todavía está en plena vigencia, nació mal y registra una vida llena de resultados negativos.
La idea básica supuesta era de llevar al Ecuador al Socialismo del Siglo XXI y hacer del Estado el planificador, ejecutor y controlador de todo lo importante que suceda en el país. Como en el año 2007 la situación económica era aceptable, con crecimiento sostenido de la economía desde el 2000 y con un flujo creciente de recursos nacionales y fiscales provenientes del buen precio internacional del petróleo, el presidente ideó todo un sistema populista, aprendido de sus amigos de Cuba y Venezuela, para hacer que la población lo acepte, lo considere un mesías y esté dispuesta a mantenerlo en el poder por muchos años.
Las investigaciones de periodistas que, a riesgo incluso de sus vidas, investigaron varios grandes proyectos del gobierno anterior, una abundante documentación, una funcionaria muy cercana a Rafael Correa, una avioneta accidentada y algunas otras personas y circunstancias, han permitido conocer que el Ecuador ha tenido y tiene un grupo de funcionarios delincuentes que no debieron ocupar nunca las dignidades que tuvieron y en algunos casos todavía tienen, porque fueron y son indignos de representar a la ciudadanía.
No puede ser que, como dice la Fiscal General de la Nación, se haya creado en las más altas esferas del gobierno anterior, liderada por el presidente de la República, la organización delictiva en la que han participado ministros y altos funcionarios junto con empresarios del sector de la construcción, que han sido juzgados y sentenciados hace pocos días.
No puede ser que, en la Asamblea Nacional, columna del Estado, haya 60/137 asambleístas implicados de alguna manera en hechos delictivos y que varios otros ya hayan salido por haber actuado por fuera de la ley. ¿Cómo pretender que propongan leyes y fiscalicen a quien sea si tienen rabo de paja en un número importante y seguramente tienen recelo de que los chantajeen o denuncien? Además, mi criterio es que en la década pasada hubo un gran conjunto de alza manos que, por haber sido obedientes con su líder, no haber fiscalizado y haber votado sin meditar por decenas de leyes favorables a los designios de su líder, deberían recibir una verdadera sanción moral y económica, porque eso de que el pueblo los sancionará sin votar por ellos en las urnas, no convence a la gente de bien, ni repara el daño hecho al país.
¿Cómo creer en que unos abogados, nombrados jueces, puede administrar justicia de manera honrada si en algunos cientos están involucrados en la obtención de carnés de discapacidad y otras acciones fraudulentas, para ganarse o ahorrar unos miles de dólares? ¿No será que buscan el cargo y lo obtienen con la mira puesta en ganar por debajo de la mesa otros dineros vendiendo sus servicios a una de las partes en litigio?
Desde el año 2009 dije que era inconveniente el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no había necesidad de aumentar otras funciones a las clásicas tres que existen en la mayoría de los países desde hace mucho tiempo.
Es inaudito que siga existiendo ese Consejo, que para lo único que sirvió fue para nombrar a altos funcionarios de los organismos de control designados para que no controlen nada. Y es peor, cuando el presidente actual del organismo registra 81% de discapacidad, pero tiene licencia para manejar camiones según dice la prensa y además, una vez difundidas esas situaciones, se niega a abandonar el cargo, lo que piden los otros miembros de esa entidad.
Y para abundar en esta sombría, más bien triste y obscura situación del país, se aprobó en la Constitución del 2008 que haya una función electoral. Sus acciones desde el 2013 y las que sigue produciendo son de escándalo. Especialmente aquellas que permitieron fraudes de diverso tipo, pero especialmente el del 2017, cuando los miembros del Tribunal eran todos partidarios del movimiento que buscaba perpetuar en el mando a los de “manos ardientes” y tuvieron de aliado a un interruptor eléctrico oportunamente fuera de servicio.
En resumen: las autoridades de las cinco funciones derivadas de la Constitución del 2008 han venido operando sin apego a la ley y con apego comprobado al dinero mal habido y bien guardado en no se sabe dónde por cifras millonarias, a los autos de lujo para discapacitados (morales), a las mansiones en el denostado “imperio”, a las “casitas” en las playas y a los lujos.
A tales personajes se unen familias que no tuvieron compasión de los enfermos con el COVID 19, entre ellos algunos acostumbrados a hacer grandes negocios con los organismos encargados de devolver la salud a los enfermos, y cada día constatamos los ciudadanos de a pie que la más grande enfermedad del Ecuador es la corrupción.
A este muy importante enfermo hay que aplicarle con urgencia una “cirugía mayor”, pero no del tipo de la que se ofreció y no se hizo, sino una que luego de tantos desatinos y delitos, lleve a las únicas tres funciones del Estado que debe haber, a las empresas que operan en el Ecuador y a todos y cada uno de los puestos de trabajo de la nación, a gente digna, proba, austera, especializada, experta y convencida de que no solo ocupa un puesto para “ganarse la vida” sino para hacer del país un lugar para vivir con paz, seguridad, inversiones, producción, trabajo y exportaciones, que brinde a nuestros hijos y demás descendientes un mejor hogar que el que tuvimos nosotros y le hagan ganar posiciones en el ambiente internacional.
Como una contribución para que eso suceda, me permito proponer lo siguiente:
Un cambio o una profunda reforma de la Constitución vigente, que corrija el rumbo nacional. Especialmente habría que volver al Estado de Derecho, mantener solo las tres funciones clásicas del Estado, cautelar la estabilidad política y la seguridad jurídica, desmontar el estatismo y el presidencialismo, sentar las bases de una economía social de mercado, normar el funcionamiento del Estado de manera que todas las entidades del país administren los recursos en forma austera, evitar que el gobierno gaste por encima de sus posibilidades, limitar la deuda pública, ejercer oportuno y estricto control de los fondos públicos, garantizar la propiedad privada, facilitar la inversión extranjera directa, fortalecer las relaciones internacionales, respetar los compromisos adquiridos con otros países y organismos y con empresas privadas. En todos los ámbitos, sancionar fuertemente la corrupción, que está demostrado es un cáncer a cuya formación no solo contribuyen altas dirigencias, sino “gente de no creer” en los mandos medios e incluso inferiores, que se vuelven nuevos ricos en menos de lo que canta un gallo.
La división real de las responsabilidades de las tres funciones del Estado es una de las columnas sobre las que se debe construir el nuevo país. No cabe que se repita la situación de la década 2007 – 2017, en la que el presidente se consideraba el jefe de todas las funciones y hacía o deshacía en ellas para sus propios fines, contando para ello con súbditos dóciles.
La estabilidad política no resulta solamente de que un presidente de la República dure muchos años en el cargo. También sus colaboradores inmediatos deben tener estabilidad, para que la ejecución de los planes de diverso tipo tenga una clara orientación. No puede ser (ya lo experimentamos) que los ministros y otros altos funcionarios duren pocos meses y manejen áreas que no conocen, renuncien o sean “todo terreno” para desempeñarse (por supuesto muy mal) en diversas posiciones, como pasó que el ministro de Agricultura pasó a ser de Defensa, o el de Finanzas fue luego de varias otras carteras.
La seguridad jurídica debería significar en primer lugar que la justicia es ciega y para todos, no solo para los de poncho; que se la administre en el menor tiempo posible; que los jueces sean sobre todo honrados y luego expertos en el área en la que van a trabajar; que las sanciones sean proporcionales a los delitos sin atención a ningún afecto o desafecto personal; que las sanciones para quienes delincan contra el Estado sean mucho más duras que para el delincuente común, sin atenuante alguno y con prohibición absoluta de volver a cargo público; que la propiedad privada y la inversión nacional y extranjera estén garantizadas.
La economía social de mercado debe garantizar el normal funcionamiento de la empresa privada en un esquema de libre competencia, establecer un marco legal estable y promotor en el largo plazo para su funcionamiento, dentro del cual deben constar las normas necesarias para que haya la rentabilidad justa y un aporte consciente a la sociedad, expresado en una tributación adecuada, el incremento del valor agregado nacional, el pago de salarios justos, la atención debida a las necesidades del consumidor, el constante mejoramiento de la calidad de los productos, la incorporación de tecnologías de avanzada, la sinergia Mipymes con grandes.
Para que aquello opere en beneficio del país es muy importante que vuelva a funcionar el Consejo Nacional de Desarrollo y que lo dirija el vicepresidente de la República, teniendo como responsabilidades anuales la elaboración del presupuesto estatal, de un plan de desarrollo quinquenal, de una estrategia decenal y de las evaluaciones y ajustes anuales correspondientes. Trabajar en esa forma ayudará a la conducción del país teniendo tres referencias importantes y coherentes para toda la ciudadanía y los extranjeros interesados: la anual, la de mediano plazo y la de largo plazo,
La administración del Estado debe buscar una nueva estructura institucional que reduzca el peso burocrático y aumente los recursos para la inversión. Debe prohibirse la creación de más parroquias, cantones, provincias y por el contrario, hay que buscar su reducción o la administración conjunta de algunas por la vía de las regiones. En un país pequeño como el Ecuador no cabe que haya miles de parroquias cuyos recursos no alcanzan ni para pagar sueldos, centenas de cantones cuyos recursos son solo los que les da el gobierno y se paralizan al menor problema fiscal de ingresos, provincias que se cruza en auto en cuarto de hora, cuando el E – government hace que las comunicaciones sean en tiempo real desde cualquier lugar del mundo y otro lugar, y se puedan realizar trámites, reuniones y otras acciones vía el teletrabajo.
No cabe que existan diferentes escalafones y niveles salariales para las diferentes instituciones del Estado que trabajan con horario similar. Debería haber un solo escalafón, en función de la preparación, experiencia y grado de responsabilidad funcional de las autoridades y los trabajadores, de manera que no haya entidades de primera y de segunda o tercera.
El Estado debe efectuar una reforma tributaria muy importante y lograr que con ella se aumente el número de contribuyentes, se obtenga ingresos suficientes para cada año fiscal, se reduzca el número de tributos que rinden poco o nada y la evasión tributaria, se agiliten los trámites de los contribuyentes, se automatice el draw back con revisión ex post. Al mismo tiempo, es necesario que se racionalice el gasto público, para que haya más inversión y menos gasto burocrático, se adquiera deuda exclusivamente para inversión en proyectos a largo plazo, se promuevan las alianzas público privadas, se cumplan los compromisos fiscales internacionales, se reduzca la relación deuda/PIB, no se capte recursos del IESS o del BCE, se entregue en forma automática los recursos mensuales presupuestados para atender a los GADS y otras entidades y empresas públicas, se eliminen los inventarios de inmuebles innecesarios.
La salud, la educación y la investigación científica y tecnológica, la seguridad nacional deben tener prioridad en el gasto público. La pandemia que estamos sufriendo debe servir para concientizar al Estado en que es fundamental y urgente la educación de toda la gente en normas sanitarias y la acción inmediata en cuanto a prevenir y curar a la población de todas las enfermedades. Ojalá que nunca más se tenga que paralizar absolutamente toda actividad nacional para evitar la propagación de un mal, porque sus efectos son desastrosos.
Entre los grandes proyectos que podrían impulsar el desarrollo nacional en poco tiempo están los siguientes, varios de los cuales se podrían efectuar sobre la base de alianzas público privadas: mejoramiento e incremento de la educación fiscal, desarrollo acelerado de la agroindustria para exportación; construcción de miles de viviendas populares, aumento de la explotación petrolera, explotación minera legal e industrialización de los minerales; refinería nueva de petróleo, centros de salud y hospitales en varias ciudades; terminación de la autopista Panamericana Rumichaca – Huaquillas con ramales hacia Manta, Posorja, Cuenca y un puerto sobre el río Napo, internacionalización de los aeropuertos de Manta y Cuenca, terminación de las hidroeléctricas que están avanzadas, construcción de vías de tercer orden de acceso a muchos lugares del país, firma de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, México, China y la Alianza del Pacífico, aprovechamiento del mercado de la ruta Ecuador – Manaos, incremento de la flota pesquera para aprovechar la nueva extensión del mar territorial. El país debe tomar un nuevo impulso y en la década siguiente crecer en promedio al 5%. Ese debe ser el objetivo, el desafío, la feliz realidad del 2030.
