jueves, 11 de octubre de 2018

LA ESTRATEGIA ANDINA DE DESARROLLO 1972





"Seguramente la unión es lo que nos falta, para completar la obra de nuestra regeneración"
Simón Bolívar, 6/IX/1815

EN MEMORIA DE JOSÈ PALOMINO, JEFE Y AMIGO QUE SOÑÓ CON LA INTEGRACIÓN ANDINA [1]_/

El 26 de mayo de 1969, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el cual se puso en marcha la integración andina. Estos cinco países, de la vertiente sudamericana del Océano Pacífico, consideraron que la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) no satisfacía sus aspiraciones de incrementar las exportaciones y acelerar su desarrollo y decidieron ejecutar su programa ambicioso de integración económica.

Dice el artículo primero del Tratado: “El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros. Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.”

Para cumplir con esos objetivos, uno de los documentos más importantes de la primera etapa del proceso, publicado en marzo de 1972 por la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), la entidad encargada de pensar en la integración como un objetivo común de los países, fue el titulado: “Bases Generales para una Estrategia Subregional de Desarrollo”. Su primer capítulo trataba sobre la orientación general del desarrollo, el segundo se refería al sector agropecuario y la integración física en el desarrollo subregional y el tercero consideraba el sector industrial en una política de desarrollo con integración.

Para la fecha de publicación de las “Bases”, la integración andina tenía tres años, todo marchaba viento en popa, los países y la JUNAC decidían avanzar en los programas y los proyectos y éstos se ejecutaban con prontitud y eficiencia, de manera que el Grupo Andino, como se lo conocía al proceso en el mundo, era la admiración de propios y extraños.

En la elaboración del documento había tenido gran participación la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), por lo que sus expertos y los de la JUNAC recorrían los países para analizar, conjuntamente con los funcionarios de los gobiernos de las distintas áreas, el texto de cada capítulo, para consensuar la estrategia que, en ese momento, se consideraba factible de aplicar, por las condiciones favorables vigentes dentro y fuera de la subregión andina.

A principios de 1973, posiblemente en febrero, una misión de expertos de la JUNAC y la CEPAL llegó al Ecuador. Formaba parte de esa Misión José Palomino, quien entonces ejercía la función de jefe del Departamento de Programación de la JUNAC y había coordinado la elaboración de las “Bases”, siendo por lo tanto el responsable de su contenido. Lo conocí en esa visita.

El trabajo de José Palomino fue muy importante para la integración andina hasta 1980. Su trabajo final fue coordinar la evaluación del proceso de integración andina en la década 1969 – 1979, que la JUNAC publicó en 10 tomos; y, elaborar, junto con el personal de su Departamento, el tomo de resumen, que tendría la firma de los tres miembros de la Junta.

¿Cuáles eran los sueños integracionistas de Palomino? Los mismos de otros ilustres personajes que impulsaron inicialmente el proyecto integrador con todas sus fuerzas y consiguieron éxitos hasta 1976: Germánico Salgado, Felipe Salazar, Salvado Lluch, Cristóbal Lara, Oswaldo Dávila, Galo Montaño, Marcelo Ávila, Manuel Orellana, Javier Silva.

La Junta dice, en la Introducción de las “Bases”: “La preparación de los elementos necesarios para formular una estrategia de desarrollo conjunto es una experiencia nueva, máxime si se considera que los países del Grupo Andino, si bien están unidos por lazos de cultura y origen comunes, no han tenido en el pasado inmediato vinculaciones económicas importantes y están muy lejos, sobra decirlo, de cualquier forma de unidad política. La integración puede contribuir, por la solidaridad que necesariamente habrá de fluir de las decisiones comunitarias y por la creación y consolidación de profundas relaciones económicas, a afianzar la soberanía de cada uno de los países y de la Subregión en su conjunto…”

También expresaba la JUNAC: “… La integración hará posible emprender acciones que sin ella no serían factibles al nivel nacional por las limitaciones derivadas de la estrechez de los mercados internos. Dichas acciones son indispensables para dar un nuevo impulso a las economías, para permitir su modernización y fortalecimiento del patrón de desarrollo industrial y para abrir nuevas perspectivas en áreas muy diversas. Pero lo anterior no significa que la integración, aun llevada a cabo con la profundidad y amplitud previstas en el Acuerdo de Cartagena, sea suficiente por sí sola para generar los cambios indispensables para que los países puedan alcanzar los objetivos que están explícitos en sus respectivas políticas nacionales de desarrollo…”

¿Cuáles eran las propuestas para la ejecución de la estrategia subregional de desarrollo?

La primera, la aplicación de políticas de desarrollo con integración por parte de los países. El argumento central era que ninguno de los países, con base en su mercado interno, podría lograr su desarrollo en la forma necesaria para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población y que, la unión de los cinco países, generaría las sinergias necesarias para acelerar el crecimiento económico de cada uno y dar bienestar a todos los habitantes andinos.

La segunda, la formación de un frente común ante terceros países y empresas. Con respecto a los países, evidentemente, pasar de una esperada zona de libre comercio a una unión aduanera y luego a un mercado común, como se aspiraba, un poco en la línea de lo que entonces sucedía con la Comunidad Económica Europea (CEE), crearía una imagen mucho mejor en el panorama internacional y aumentaría el poder de negociación de cada país. En cuanto a las empresas, ofrecerles el mercado de cinco países y no de uno, permitía soñar con un sistema de exigencias y facilidades que daría lugar al nacimiento de empresas subregionales con capacidad de exportación, ya no de uno de los Miembros a otro, sino del conjunto hacia otros países.

La tercera propuesta era construir una infraestructura subregional indispensable para que los países respondieran a los retos del incremento del comercio intra - subregional y sudamericano. Lo esencial era culminar la construcción de la carretera Panamericana, para agilitar el transporte terrestre; además, mejorar la situación portuaria y aeroportuaria.

Junto con la infraestructura tenía que diseñarse servicios ágiles y baratos para el comercio, lo que suponía agilitar las conexiones bancarias, mejorar los sistemas de telecomunicaciones, crear el sistema de transporte internacional por carretera.

Las “Bases” proponían una imagen del Grupo Andino para 1985, en la que hubiera una gran ampliación del mercado interno, cambios sustanciales en la estructura productiva, un desarrollo industrial integrado, una nueva estructura del espacio económico y la exportación de manufacturas andinas hacia afuera de la subregión. Naturalmente, ello requería la incorporación de tecnología en todos los sectores de la actividad productiva y nuevas relaciones comerciales con terceros países y las empresas transnacionales.

La imagen andina también consideraba que serían muy importantes los requerimientos globales de inversión y las necesidades de financiamiento y que habría una gran incorporación al mercado interno de trabajo y consumo de los sectores tradicionalmente marginados.

En el capítulo segundo de las “Bases” se trataba sobre las características principales del desarrollo del sector agropecuario de la subregión, los lineamientos básicos para la integración agropecuaria andina, la integración física.

La mirada al sector agropecuario consideraba el modelo de desarrollo de la Subregión y sus perspectivas; la estructura agraria y el nivel de ingresos; la población y el empleo agropecuarios, la situación alimentaria, la evolución de la estructura de la producción y del consumo aparente agropecuarios, la dotación de recursos naturales y el grado de aprovechamiento, los insumos y bienes de capital para atender al sector, la tenencia de la tierra, la investigación científica y la comercialización, los precios y el crédito agrícola, las orientaciones básicas para el desarrollo agropecuario subregional, las etapas 1972 – 1975 y 1976 – 1980 de las acciones para la integración agropecuaria subregional.

Con respecto a la Integración física andina, se consideraban las funciones de la circulación en el espacio ampliado, los sistemas de transporte aéreo, marítimo y terrestre de carga requeridos por las distintas necesidades de comercio del área en lo interno y en lo internacional.

El tercer capítulo estaba orientado a analizar las características del proceso de industrialización en los países del Grupo Andino, el papel de la industria en el desarrollo con integración y la imagen objetivo de la industria subregional en 1985. Por su importancia, se analizaba los instrumentos del Acuerdo de Cartagena y la estrategia industrial. Luego, se estudiaba los sectores estratégicos industriales: siderúrgico, automotriz, metalmecánico, químico, del papel y las pastas de papel, y otras ramas.

El análisis de los sectores indicados tenía como efecto la elaboración de decisiones de la Comisión que hicieran posibles programas sectoriales de desarrollo con integración.
En efecto, con la Decisión 57 de la Comisión se aprobó el Programa Metalmecánico, con la Decisión 91 se aprobó el Programa Petroquímico y con la Decisión 120 el Programa Automotriz; pero, allí se constató que integrar industrias que significan enormes inversiones y mercados asegurados de exportación no es fácil. Primaron los intereses de los países antes que los objetivos de la integración y se fracasó en los intentos.

Recuerdo que, cuando se negociaba el programa automotriz, que supuestamente debía asignar al Ecuador el ensamble, que no la producción, de determinados vehículos, cada país luchaba a brazo partido por defender sus intereses nacionales a ultranza, tanto que alguien comentó, un poco exagerando: “es tan difícil este proceso, que ya mismo se ponen a negociar las marchas de los vehículos y claro, nadie va a querer el retro”.

Han transcurrido casi 50 años del proceso y la verdad es que solo unos cuantos profesionales soñadores, confiando en la visión de los políticos, pensamos que en 12 años, a partir de 1969, tendríamos funcionando la Zona Andina de Libre Comercio, la que recién estuvo operando en 1992; que no sería complejo pasar de allí a la unión aduanera, para lo que se aprobó el arancel externo común, que solo el Ecuador respetó por muchos años; y, que, la unión económica nos daría un mercado interno subregional capaz de garantizar una exitosa participación en el mercado mundial, con producciones industriales de alta calidad y precios competitivos.

Varios de los países, comenzando por Venezuela (que ingresó al Grupo Andino en 1973 y permaneció hasta 2006) y por Ecuador, tuvieron la oportunidad de fortalecer sus mercados internos, participar con éxito en la integración andina y diversificar los mercados y los productos de exportación; pero, los gobiernos (los desgobiernos) de casi todos los periodos, desperdiciaron las oportunidades, sobre todo en los años 70 del siglo anterior y malgastaron buena parte de los recursos petroleros, como se ha hecho otra vez en la década anterior.

En 1980, José Palomino, Augusto Llosa y el autor de este boletín, luego de participar como el grupo central de la elaboración del tomo principal de la Evaluación del Proceso de Integración Andina 1969 – 1979, decidimos dejar de ser funcionarios internacionales de la Junta del Acuerdo de Cartagena, porque entonces ya veíamos que no había mucho futuro para el proceso.

El tiempo, lamentablemente, nos dio la razón. Los años 80 fueron de tremendos problemas internacionales y los países andinos dejaron de pensar en la integración, para preocuparse de solucionar sus problemas de deuda externa; los años 90 se quiso reflotar el proceso, pasando del Grupo Andino a la Comunidad Andina, pero el remedio fue peor que la enfermedad, porque se eliminó la Junta del Acuerdo de Cartagena, que era el ente pensador y promotor de la integración subregional y se pusieron a funcionar las reuniones de presidentes y de cancilleres, donde cada país busca la mejor tajada del pastel.

La década 2007 – 2017 fue de agotamiento del proceso, que está en coma real, porque Colombia y Perú decidieron abrirse a la competencia mundial, en tanto que Bolivia y Ecuador se juntaron con Venezuela en la locura del socialismo del siglo XXI, que tendrá a Venezuela en la lona por décadas y a Ecuador agarrándose de la última rama en el despeñadero.

La integración andina seguirá siendo un sueño. Varios de los que la quisieron hacer realidad, con capacidad y tesón, ya partieron. Entre ellos, José Palomino Roedel. Los que aprendimos de su visión, sus conocimientos y experiencia, seguiremos tratando de que se unan los pueblos andinos, porque les conviene cada vez más, en un mundo de grandes potencias.


[1] _/ José Palomino Roedel fue un destacado ingeniero peruano, que se desempeñó como Asesor de la Presidencia y Ministro de Pesca de su país, años después de ser Jefe de Programación de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

martes, 25 de septiembre de 2018

¿HUBO ASAMBLEA NACIONAL EN LA DÉCADA PERDIDA?



El artículo 118 dispone que la Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional y que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. Determina que la Asamblea Nacional es unicameral, tendrá su sede en Quito y que excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional.

Al respecto no tengo objeción, aunque muchas personas y varios medios de comunicación piensan que lo correcto sería volver a que haya las cámaras de diputados y senadores, porque eso permite filtrar de mejor manera los proyectos de ley y fiscalizar más objetivamente. 

También ordena que la Asamblea Nacional se integrará por 15 asambleístas elegidos en circunscripción nacional; dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o una fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo con el último censo nacional de la población, lo que provoca que en este periodo haya 137 elegidos.

El número de asambleístas parece exagerado. En el régimen de austeridad en el que siempre debe vivir el Ecuador, bastaría con 24 elegidos nacionalmente y 48 elegidos por las provincias.

El artículo 119 manda que, para ser asambleísta, un ciudadano requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

La responsabilidad que tienen los asambleístas no puede recaer en personas sin formación académica ni edad suficiente. La multiplicidad de temas que debe abordar la Asamblea y que deben ser estudiados con conocimientos científicos y técnicos por los asambleístas, no se puede dejar a la resolución de jóvenes, en el mejor de los casos bachilleres, e inexpertos. En los periodos anteriores ya se notó la forma en que, personas de esas características, se volvieron sumisas al ejecutivo, listas para atender los deseos del poderoso presidente.

El artículo 120 de la Constitución determina que la Asamblea Nacional tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: … 5. Participar en el proceso de reforma constitucional. 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 8. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda. 9. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias… 11. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social… 12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar su ejecución.

De lo expuesto, lo fundamental es legislar, fiscalizar y pronunciarse sobre los tratados internacionales. En la década perdida, solo se cumplió la tercera función, para vincular al Ecuador con países socialistas en diferentes áreas. La función de legislar se la practicó respondiendo únicamente a los proyectos emanados de la función ejecutiva y la fiscalización estuvo ausente, sabemos todos por qué razón.

El artículo 121 dispone que la Asamblea Nacional elegirá a una Presidenta o Presidente y a dos Vicepresidentas o Vicepresidentes de entre sus miembros (y miembras, ja,ja), para un período de dos años, y podrán ser reelegidos…

¿Tuvo esos dignatarios la Asamblea en los años 2007 – 2017? Parece que no. Porque Correa se declaró y practicó la posición de Jefe de Estado, lo que supuso que la Función Legislativa siempre estuvo a órdenes del presidente, teniendo al frente a seguidores fanáticos y seguidoras fanáticas (qué impropio es esto de utilizar los géneros en las oraciones), que obedecieron ciegamente al jefe y no hicieron respetar la autonomía constitucional de la Función.

El artículo 122 dice que el máximo órgano de la administración legislativa se integrará por quienes ocupen la Presidencia y las dos Vicepresidencias, y por cuatro vocales elegidos por la Asamblea Nacional de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas legislativas.

Ese organismo mantuvo siempre mayoría gobiernista, no dejó pasar a estudio los proyectos de ley presentados por la oposición y cercó a los asambleístas contrarios al gobierno, para que no fiscalicen, porque todos los pedidos de datos a los entes estatales, necesitaban el visto bueno de la Presidencia de la Asamblea o del CAL:

El artículo 125 de la Constitución dispone que, para el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Nacional integrará comisiones especializadas permanentes, en las que participarán todos sus miembros. La ley determinará el número, conformación y competencias de cada una de ellas.

Las comisiones importantes siempre estuvieron presididas por gente del gobierno y con mayoría afín a éste, que no dejaron que pasen propuestas de acción de los opositores. La evidencia de esta situación fue mayor en la Comisión de Fiscalización, que pasó a ser conocida como la Comisión de Archivo (encubrimiento) de aquello que debía y merecía ser fiscalizado.

El artículo 127 ordena que las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Señala, además, las prohibiciones para ellos, entre otras, el desempeño de otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita; ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional; gestionar nombramientos de cargos públicos; percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; celebrar contratos con entidades del sector público.

Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley.

Si se ejerciera un efectivo control a este respecto, se vería que muchos asambleístas anteriores y posiblemente actuales, incumplen con estas disposiciones. Varios de provincias llegan los martes a Quito y se van los jueves, porque los lunes y viernes dicen que hacen labor de proselitismo político, pero en realidad atienden sus actividades profesionales o particulares.

Lo malo, que se acaba de hacer público, pero que no era desconocido, es que daban cargos de asesores y asesoras (a personos y personas, ja, ja) para que un porcentaje vaya a los bolsillos de algunos malos asambleístas, a cuenta de que era para apoyar al partido, a las sabatinas, a la capacitación de los jóvenes del movimiento, etc.

Lo peor, que ahora se practica mucho, es que, para no dar el castigo que merecen los abusadores de sus colaboradores, se argumenta que esa actuación no está tipificada como delito, y bien gracias; cuando hay muchas normas que se refieren a los abusos y los robos.

El artículo 129 de la Constitución ordena que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos: 1. Por delitos contra la seguridad del Estado; 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia…

Si la Asamblea fue incapaz de fiscalizar a funcionarios de menor jerarquía, pese a las evidencias, o se dio modos para demorar los juicios políticos hasta que no tengan razón de ser; ¿cómo iba a llamar a enjuiciamiento al jefe idolatrado? De lo que ahora se conoce, había motivos, por lo menos, para llamarlo a que explique varias de sus decisiones, pero no se hizo nada.

El artículo 130 de la Carta Magna determina que la Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en varios casos, pero uno de ellos es: Arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

Correa ejerció como Jefe de Estado y paladinamente dijo que era jefe de todas las funciones del Estado, entre ellas obviamente la Función Legislativa y la Corte Constitucional. ¿Dijeron algo los directivos y los miembros de esas entidades? No lo hicieron. Eran obsecuentes servidores. Se arrogó TODAS las funciones, por más que ahora probablemente no se acuerde de que lo hizo.

El artículo 131 de la Constitución manda que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.

¿Se hizo algo al respecto? Nada, y por eso ahora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, descubre una gran cantidad de acciones inconstitucionales e ilegales de muchas entidades y funcionarios de alto nivel.

El artículo 132 manda que la Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones…

El artículo 133 determina que las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas 1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. 2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.

La Asamblea, en el periodo anterior, aprobó como leyes orgánicas algunas que no deberían serlo. El objetivo era que, en el futuro, resulte difícil modificarlas, porque para hacerlo se necesita de dos tercios de votos a favor de los asambleístas, difícil de lograr en muchos casos.

Según el artículo 134, la iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: 1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional. 2. A la Presidenta o Presidente de la República. 3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia. 4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones. 5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de, por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.

Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados.

En la década perdida, el único legislador que hubo fue Correa. Los legisladores de oposición presentaron proyectos que siempre fueron al archivo.

El artículo 135 ordena que sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país.

El artículo 136 dispone que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia …

En la década anterior, Correa se dio gusto aplicando el 135, porque mandó reformas tributarias a granel y no se acordó que había el artículo 136.

Faltan algunas observaciones, para otra oportunidad.


domingo, 9 de septiembre de 2018

FUTUROS TRABAJOS NUEVOS Y OBSOLETOS


Hace unos días, en el Directorio del Colegio de Economistas de Pichincha (CEP), debatíamos sobre las políticas económicas del actual gobierno y las realidades del contexto internacional. Uno de los economistas decía que, en un seminario al que había asistido, entre las explicaciones sobre el futuro mundial de un conferencista chileno y el plan para su área de un miembro del gabinete ministerial, había una diferencia enorme de concepción.
El primero hablaba de que el mundo cambia constantemente y que los inventos y descubrimientos de este siglo eran de tal magnitud, que ponían en serio peligro muchos de los empleos de la actualidad y, en cambio, los empleos futuros requerían de gente muy preparada, para manejar maquinarias y equipos ahora sometidos a prueba y en el futuro trascendentes.

El funcionario nacional explicaba la forma en que el gobierno piensa generar empleo y sus visiones no iban más allá del incremento de la productividad y eventualmente la competitividad para el mercado nacional, con algunas expectativas de exportación, pero sin considerar ese veloz cambio mundial de que hablaba el expositor chileno.

Al salir de la reunión del CEP, consideré que era necesario investigar sobre los empleos que se volverán obsoletos en las próximas décadas (y a los que no conviene orientar a los jóvenes),  los empleos que ya están apareciendo y los que se prevé asomarán pronto.

Son muchos los trabajos que a poco irán perdiendo su razón de ser y serán muchos los nuevos que aparecerán. Una verdad evidente es que, para desempeñarse bien en los nuevos trabajos, los aspirantes tendrán que estar muy bien formados científica o tecnológicamente y haber cursado tercero o cuarto nivel de educación, lo cual es una gran responsabilidad para los diseñadores de políticas educacionales de escuelas y universidades. [1]_/

 Según un estudio de cursos.com, los que siguen son trabajos que desaparecerán dentro de veinte y cincuenta años por practicidad, agilidad, rendimiento y gastos económicos.

Taxista. Desde la aparición de plataformas como Uber y Cabify, la profesión de los taxistas pende de un hilo. Las aplicaciones que permiten tener un conductor privado o incluso compartir coche crean inquietud en este sector. Más aún, se vuelven seguros los autos sin chofer.

Agente de viajes. Muchas agencias están cerrando a causa de la digitalización. Ya no es necesario ir a una oficina para contratar paquetes de viajes. Gracias a las webs de viajes que encontramos online, podemos contratar desde casa vuelos y hoteles a precios muy asequibles.

Cajero de banco o de supermercado. Las máquinas con sistemas automáticos de cobro están substituyendo al personal de los supermercados. La relación instantánea con el banco,  a través de aplicaciones y asistentes telefónicos dejarán fuera a los cajeros de banco.

Cartero. Las cartas son ahora una rareza. Se recibe correos electrónicos a toda hora y se puede conocer todo tipo de información desde el teléfono móvil. El correo en papel es obsoleto. El transporte urgente de paquetes seguirá creciendo, gracias a los pedidos por internet, pero ya se empieza a hacer muchas entregas con drones.

Empleado de centro de atención telefónica. Será sustituido por plataformas electrónicas que dispondrán de reconocimiento de voz y, gracias a la inteligencia artificial, serán capaces de identificar la ironía, los sarcasmos e incluso los enfados de los clientes.

Agricultor. Gracias a los avances tecnológicos, los granjeros cada vez necesitarán menos personal y así crecerá la productividad y la competitividad. Pero, aunque este oficio no desaparezca del todo, los jóvenes de zonas rurales migrarán a las ciudades.

Trabajador de imprenta y librería. Todo el mundo puede descargar un libro, un diccionario e incluso enciclopedias on line, en cualquier aparato electrónico y esto causará la muerte o escasa demanda de los libros en papel. Las imprentas no requerirán empleados y las librerías cerrarán. No será necesario tener estanterías de libros, porque la información ya se encuentra en Internet.

Taquillero de cine y espectáculos. Las salas de cine, al igual que muchos otros lugares similares, estarán automatizados, por lo que el personal será prescindible. Ya se puede comprar entradas on line y se espera que en el futuro se ajusten los precios de las entradas según la demanda de las películas.

Maquinista de tren. Los trenes seguirán existiendo, pero serán pilotados de manera automática o varios por una persona desde una cabina. Actualmente ya existe este servicio de transporte, pero está formado por lanzaderas que viajan cortas distancias (people mover).

No importa si el tiempo necesario para el cambio sea de unos pocos años o dos décadas; la verdad es que estos empleos y otros de características similares, pueden volverse innecesarios o de tan poca demanda, que no justifiquen que los jóvenes pongan atención en ellos.

Por el contrario, uno de los grandes miedos de la actualidad es que las máquinas acaben desplazando trabajadores. De hecho, según algunos estudios, puede que para 2030, entre 400 y 800 millones de personas vean sus puestos de trabajo ocupados por robots o Inteligencia artificial. Pero, también se crearán nuevos puestos de trabajo, derivados de nuevas tecnologías. Por lo menos, así lo revela un estudio publicado por el 'Centro para el Futuro del Trabajo (CFW)', organización que se encarga de examinar cómo evoluciona el trabajo en respuesta a las nuevas tecnologías. El estudio analiza las principales tendencias macro económicas, políticas, demográficas, socioculturales, empresariales y tecnológicas de hoy en día, y se basa en ellas para deducir cuales son los nuevos trabajos que aparecerán en los próximos 10 años. [2]_/

El Centro asegura que, el tipo de trabajos existente lleva décadas cambiando, para seguir el ritmo de la tecnología, por lo que no debería preocupar que se modifique. Después de todo, asegura esa entidad, las nuevas máquinas seguirán necesitando humanos. El Centro también asegura que, lo único que harán los robots, será efectuar los trabajos de peor calidad, mientras que se podrá aspirar a otros mejor remunerados (aunque necesitando una mejor cualificación); además, dice que los robots pueden solucionar muchos problemas, pero también crean otros, y de ahí nacen sus propuestas de cara al futuro.

Según el CFW, hay 21 nuevos trabajos que nacerán antes del 2030, que se pueden agrupar en tres áreas concretas, que se debería dominar para asegurar el trabajo del futuro. La primera es el 'coaching' y la capacidad de poder entrenar e instruir a otras personas; después, la habilidad de identificar patrones para conectar personas y promover la colaboración entre hombre y máquina; por último, la capacidad de cuidar y ayudar a mejorar la salud y el bienestar de las personas. 

De ellos se escogerá los más novedosos, para mencionar en este Boletín.

Detective de datos: Persona encargada de investigar los "misterios" del Big Data, e interpretar lo que estos datos le están queriendo decir a las empresas. Para este trabajo hará falta tener experiencia en investigación, experiencia en la legalidad como abogado o asistente legal, estudios en ciencia de datos, o grados superiores en matemáticas, filosofía o economía.
Facilitador de Investigación Tecnológica (IT): Su objetivo sería crear plataformas de autoservicio automatizado, que permitan a los usuarios seleccionar las aplicaciones IT deseadas y crear asistentes virtuales para mejorar el rendimiento de los empleados. Hará falta un Máster en IT, ciencias computacionales, ingeniería o administración de negocios, así como experiencia probada en el sector.
Oficial de abastecimiento ético: Encargado de asegurarse de que la distribución del ingreso corporativo se alinee con los estándares establecidos por los clientes y empleadores de la empresa, investigando sus deseos éticos y la manera en la que se obtiene y se gasta el dinero de la empresa. Harán falta personas con dotes de comunicación, capacidad analítica y antecedentes educativos o experiencia en negocios.
Gerente de Desarrollo de Negocios de Inteligencia Artificial (IA): La IA ayudará a realizar muchas tareas en el futuro. Las empresas que las desarrollen necesitarán personal cualificado para encontrar clientes que quieran comprarla. Hará falta conocimientos y experiencia en IA y machine learning, así como conocimiento de desarrollo empresarial y ventas.
Experto de Edge Computing: En lugar de procesar datos en un servidor centralizado, cada dispositivo de la red desempeñará su propio papel en el tratamiento de la información, y hará falta expertos que sepan mantener estos sistemas. Se necesitará un doctorado en ciencias computacionales, electrónica, telecomunicaciones, ingeniería eléctrica o similares.
Walker/Talker: Con las máquinas ocupándose de los trabajos más pesados, posiblemente la gente vivirá más y hará falta más personas que se hagan cargo de los mayores. No haría falta una gran cualificación, tan sólo no tener antecedentes penales y disfrutar interactuando y sobre todo escuchando a otras personas.
Técnico de asistencia sanitaria asistido por IA: Implica combinar trabajo presencial con pacientes generales y trabajo remoto con pacientes más vulnerables, en lo cual ayudará la IA. Hará falta un grado universitario en enfermería o un campo relacionado y experiencia, así como ser competente en el manejo de paquetes de software y equipos de pruebas (test) digitales.
Analista de Cyber ​​City: Las ciudades del futuro recopilarán datos de sus activos y sus ciudadanos, y hará falta gente cualificada para analizarlos, asegurar su seguridad y reparar los flujos de datos automáticos defectuosos o pirateados. Harán falta conocimientos informáticos, en circuitería, analítica e ingeniería digital.
Director de Cartera Genómica: La biotecnología hará que se creen empresas especializadas en el análisis de ADN y edición genética, y hará falta gente encargada de comercializar estas soluciones y las nuevas medicinas que se creen a partir de ellas. Será necesaria una licenciatura con un enfoque específico en genómica, así como experiencia en laboratorios y marketing.
Gerente de equipos Hombre-Máquina: Cada vez será más común que los humanos tengan que unir fuerzas con robots y software de IA en sus puestos de trabajo, y hará falta un responsable de optimizar estos trabajos y que máquinas y humanos consigan trabajar bien juntos. Hará falta un postgrado en psicología experimental o neurociencia, y un máster relevante en informática, ingeniería o recursos humanos. También experiencia en alguna de estas áreas.
Director de confianza: Las empresas necesitarán oficiales financieros de confianza y experimentados que trabajen con sus equipos internos para mejorar su presencia financiera, haciendo "malabarismos" con las criptomonedas y aplicando transparencia. Hará falta mucha experiencia en campos como el comercio de criptomonedas, blockchain, comercio financiero tradicional, relaciones públicas y marketing, así como un Máster en finanzas, gestión de inversiones, economía o contabilidad.
Constructor de viajes de realidad aumentada: Gente apta para diseñar, escribir, crear, calibrar y desarrollar experiencias y viajes en realidad aumentada. Juegos, aplicaciones o viajes históricos. Hará falta una licenciatura o experiencia equivalente en escuelas de cine acreditadas, experiencia en juegos masivos online de muchos jugadores (massively multiplayer online role-playing gameMMORPGs) y dominio de desarrollo en 3D.
Controlador de autopistas: Para monitorizar, regular, planificar y manipular el espacio aéreo y vial, monitorizando y programando las plataformas automáticas de IA utilizadas para la gestión del espacio, de vehículos autónomos y drones. No haría falta cualificación universitaria, pero sí estudios de informática, matemáticas, física e idiomas. También, buena agilidad mental y capacidad de comunicación.
Oficial de Diversidad Genética: La edición genética creará nuevas élites genéticamente perfectas, por lo que en las empresas hará falta una política de inclusión para el resto de mortales, y personas capacitadas de llevarlas a cabo. Hará falta un título avanzado en biología o genómica, así como muchos años de experiencia en cargos de igualdad genética.

La idea del autor de este Boletín es interesar a los planificadores, especialmente a los encargados de diseñar políticas de empleo, en la investigación de la forma en que se darán las oportunidades de trabajo en el mediano y largo plazo y cómo aprovecharlas, porque las producciones primarias van perdiendo importancia; las producciones industriales tienen que migrar hacia la electrónica, la informática, la robótica y el transporte a larga distancia; las producciones de servicios modernos, algunos todavía inexistentes, deben ser una meta, si se quiere realmente cambiar la matriz productiva del país.