BOLETÍN 150: LA CRISIS NACIONAL
Y ALGUNAS POSIBLES SOLUCIONES
ECO. LUIS LUNA OSORIO -
MBA AGOSTO 11 DE 2017
Este es mi boletín
quincenal 150; por eso, tiene 8 páginas y no las 4 usuales. Su texto
transmite mi preocupación por el futuro de este país, bendecido por Dios, pero
mal tratado por los políticos, en el que espero que mis hijos, nietos y
bisnieto tengan más oportunidades y vivan mejor que sus antecesores.
LOS AÑOS 2007 – 2017.- Está
demostrado, luego de 10 años de su equivocada construcción, que el camino hacia
el socialismo del siglo XXI de Rafael Correa no debe ser transitado por este
país y que las políticas aplicadas no tuvieron los efectos esperados, porque
sus bases ideológicas son probadamente equivocadas en el mundo, la prepotencia
presidencial fue desastrosa, desapareció la cascada de dinero del petróleo y estuvo
presente, en altos funcionarios inmorales, el amor por el dinero mal habido.
En
2009 escribí que la Constitución “aprobada por el pueblo” para sustentar la
acción del gobierno, no fue leída completamente ni entendida por la gran
mayoría y ni siquiera por gente con formación académica; era ambientalista,
indigenista, estatista, presidencialista y hecha al gusto del presidente; y,
daría lugar a presidentes con demasiado poder y poco control; y sugerí reformas
constitucionales. El tiempo ha demostrado que tenía razón y que esa Norma fue
ignorada o violada cuando convino al gobernante, y hay que cambiarla con
urgencia, porque su orientación no es democrática ni recomendable. _/
Al
contrario de lo que mantuvieron los personeros del gobierno anterior y repiten
los actuales gobernantes, los años 2007 – 2017 son una década perdida, porque
lo que se debió hacer es mucho más grande que lo que se hizo con incapacidad
manifiesta, y varias de las conquistas sociales quedaron escritas o se
perdieron.
Cierto
es que en algunos aspectos hubo avances, pero con más de 300 mil millones de
dólares disponibles, hubiese sido trágico que no se hiciera nada. Sin embargo,
muchos expertos reconocidos critican con fundamento técnico, lo mal administrado
y peor realizado, lo desperdiciado, lo robado, el increíble endeudamiento, las
demostraciones innecesarias de “soberanía”, la división entre los siempre
buenos y “de manos limpias” de AP y el resto de los ciudadanos. Me sumé tempranamente
a las críticas y las hice especialmente en mi boletín 136: Balance del 2016,
para demostrar que no había “década ganada”.
EL RUMBO HACIA EL 2021.- Es
necesario que las autoridades del Estado cambien urgentemente y en 180 grados el
rumbo del Ecuador y lo dirijan hacia la ruta correcta, con oportunidad, sensatez,
honradez, sabias decisiones; respeto a la palabra y a la firma en los
contratos, excelentes relaciones con países,
organismos y empresas internacionales; defensa del ambiente; paz
interna, democracia y libertad;
seguridad jurídica; máxima austeridad en el uso de los fondos públicos
actuales y futuros; avances hacia la salud para todos; educación secuencial cada
día mejor, masiva y no ideologizada; aumento de la vivienda propia; suficiente empleo
digno; atención excelente a los grupos poblacionales que más lo necesiten; trabajo
conjunto del Estado, los trabajadores y los empresarios para fortalecer la
economía; construcción de infraestructura durable, avance consistente hacia la
industrialización y la producción de servicios modernos; desarrollo del
emprendimiento y la tecnología, fuerte incremento de las exportaciones,
ganancia de respeto internacional.
Han
transcurrido 78 días desde la posesión del presidente de la República y mucha
gente aplaude sus gestos para generar diálogo y búsqueda de consensos, perdidos
durante los años 2007-2017. Pero, si esa actitud es solo para ganar tiempo y
continuar con la “revolución ciudadana”, los problemas nacionales, políticos,
económicos y sociales, solo se convertirán en creciente bola de nieve que se
irá contra el presidente, su gobierno y el pueblo.
La
Constitución debe ser cambiada, por mal hecha y peor aplicada y porque no da
confianza a propios y extraños. Es necesario que desaparezca la Función de
Transparencia y Control Social y que la Función Electoral sea democrática y
transparente. Es necesaria la autonomía de las funciones del Estado, los
organismos constitucionales de control y las universidades. Es importante la creación
de una Comisión Legislativa que plantee la derogatoria o reforma de miles de
normas perjudiciales al interés nacional, tozudamente aprobadas porque así
ordenó Correa, por razones ideológicas o que se volvieron obsoletas.
El
Plan de Desarrollo 2017 – 2021 debió estar listo y enviado a la Asamblea el 28
de julio último, porque cada día que pasa sin saber oficialmente cuáles son los
objetivos del gobierno en su periodo y qué mecanismos va a utilizar, tiene un
alto costo para el desarrollo nacional. La proclamada “Revolución” del 2007
será Involución por largo tiempo, con un costo social altísimo, si no se
adoptan medidas prontas y efectivas de “cirugía mayor” no solo a la corrupción,
sino a la marcha de la economía. La expectativa sobre esto es enorme aquí y
afuera.
Para
que haya confianza nacional e internacional en los objetivos gubernamentales, la
palabra del presidente debe ser siempre más valiosa que su firma y ésta debe
ser la garantía de su seriedad personal, la del gobierno y la del Estado. Sobre
esa base, el gobierno debe respetar todos los compromisos verbales o suscritos,
porque junto con el respeto a la palabra y la firma presidencial va el honor
del país, que debe ser enaltecido por todos nosotros.
Para
que haya cambio de ruta, deberían salir del gobierno todos quienes fueron la parte
visible del redil correísta, porque son los responsables de la crisis nacional;
engañaron al pueblo con declaraciones y cifras falsas, pan y circo; dieron paso
al robo, no lo controlaron o lo están encubriendo. Además, como ya se constata,
ellos serán siempre agradecidos de quien los sacó del anonimato, les dio altos
y múltiples cargos públicos sin la preparación ni la capacidad necesarias, los mandó
a conocer el mundo, les permitió acumular fortunas; y, están listos para
colaborar a que regrese el ausente y les dé nuevas canonjías.
DERECHOS HUMANOS. - La
Constitución vigente, en sus artículos 1 y 424, reconoce que los derechos más
favorables a los contenidos en la Constitución, “… prevalecerán sobre cualquier
otra norma jurídica o acto de poder público”. Sin embargo, mediante leyes y
decisiones de diversos órganos sometidos a la Presidencia, se violaron los
derechos humanos de todos, relativos a la libertad, la justicia, la defensa, la
información veraz; y, los de mucha gente, en especial con referencia a la
comunicación, el trabajo, la docencia, la seguridad social.
Es
una necesidad nacional el respeto absoluto a esos derechos, incluso al de la
resistencia, y la independencia de la Función Judicial para impartir justicia.
En todos los casos que amerite, las instituciones correspondientes de la
Función Ejecutiva deben demostrar que hubo sanciones injustificadas para
personas que se atrevieron a decir la verdad o protestaron por las ilegalidades
del gobierno y fueron a la cárcel o estuvieron y están amenazados con ella.
TRANSPARENCIA.- El discurso presidencial
a este respecto debe demostrarse en la información a la ciudadanía sobre todos los recursos que desde el 2007
hasta el 2017 recibió el gobierno, en ingresos tributarios y no tributarios,
deuda pública interna y externa, y los egresos que se hicieron para todos los
fines, con bastante detalle, porque la percepción ciudadana es la de que casi
toda la obra pública se hizo con deuda y se dilapidó, desperdició o robó una
gran cantidad de dinero que pudo destinarse a solucionar problemas sociales. En
el documento debe estar detallado todo el gasto efectuado en personal, entidad
por entidad, pues en algunas, como la Cancillería, parecería que el exceso de
funcionarios y asesores representó un egreso enorme dirigido a atender
clientelismos. Los ministros no deberían tener más de tres asesores directos;
pues, para asesorarlos están sus subalternos de todo nivel. Los contratados deben
ser muy pocos en relación con el número de empleados estatales.
Es
también necesario saber cuánto valen las obras faraónicas que no han dado el
resultado esperado. Cuál es el costo actual de la Refinería del Pacífico (cuyo
proyecto sería mejor no ejecutar), el de los aeropuertos de Tena y Santa Rosa,
el del proyecto de gas de Monteverde, Yachay, la planta farmoquímica y otras?
Las
autoridades del Ejecutivo deberían responder pronta y directamente los pedidos
de información de los asambleístas. Mantener la disposición presidencial, de
que solo se conteste los pedidos de la Presidencia de la Asamblea, es bloquear
el derecho de la oposición a fiscalizar a los gobernantes.
CORRUPCIÓN. - El gobierno
corre el riesgo de no durar el tiempo constitucional, si el pueblo constata el amparo
a los corruptos. Las decisiones presidenciales en torno a Odebrecht son
positivas, pues la repulsa ciudadana contra quienes robaron crece y algunos asambleístas
de AP seguramente estarán dudando de continuar protegiendo a ladrones y mentirosos
y actuar como cómplices. Ojalá varios arrepentidos faciliten una nueva mayoría
en la Asamblea y den la vuelta a las leyes “orgánicas” aprobadas con balidos y
no por la razón y la técnica.
Se
argumenta que se ha construido mucha infraestructura. Se dice que no se puede
negar la obra del gobierno anterior; pero, los hechos demuestran que para ello
no primaba el interés nacional, sino los pagos que los corrompidos recibían de
los corruptores o la posibilidad de hacer grandes utilidades a costa de unas
urgencias aparentes, para ganar elecciones apantallando a la ciudadanía. Los
controles constitucionales, legales y técnicos de la Procuraduría y la
Contraloría deben funcionar para toda obra pública y acabar con el sistema de
“acuerdos entre privados” (de moral) y las “comisiones” y “cortesías” previas a
ordenar los pagos que, dicen varios constructores, reclaman funcionarios
inescrupulosos.
Las
autoridades nacionales deben facilitar todas las investigaciones necesarias para
que el Estado se libre de los corruptos de todo nivel, “caiga quien caiga”;
proponer el endurecimiento de las penas para ellos; construir cárceles que no
sean hoteles de cuatro estrellas y derogar la prisión domiciliaria para los
ladrones que se han hecho millonarios con fondos del Estado. Debería aprobarse una
reforma constitucional o una ley para que todo ciudadano, a partir de los 18
años y cada lustro, declare bajo juramento su patrimonio, porque quien nada
debe nada teme y hay que evitar que, de la noche a la mañana, aparezcan nuevos
ricos, incluso ciudadanos con sueldos modestos o microempresas.
PRODUCCIÓN. - El país
espera que se multipliquen las empresas nacionales y que vengan muchas empresas
internacionales, para invertir y producir. Para ello es menester que el presidente
garantice independencia de poderes, seguridad jurídica, plena validez de los
contratos por el tiempo de su vigencia; adecuadas condiciones de asociación
público – privada, eliminación del impuesto a la salida de divisas, del pago
anticipado del impuesto a la renta y de la Ley de Plusvalía; reducción al
mínimo y procesamiento vía Internet de los registros, autorizaciones y controles
estatales. Se debe acabar con exigencias repetitivas y trámites innecesarios,
que solo alimentan una mayor burocracia y la corrupción.
Sector Agropecuario. - Es muy apropiada la decisión
presidencial de realizar la “minga agropecuaria”. Para el país es una necesidad
volver los ojos al campo, como parte de la solución de los problemas del área
rural. Pero, el objetivo no debe ser solo producir más y mejor, con
competitividad, sino hacer que esa producción sirva de base para el
mejoramiento de los ingresos de los campesinos, la alimentación sana de la
población y el desarrollo de la agroindustria, que debe ser el área que genere
las mayores exportaciones.
Hay
que acabar con la idea de que el banano, el camarón y las flores, eventualmente
otros productos agrícolas exportados, son solo bienes primarios; el estudio de
cómo llegan al mercado internacional hace ver que son el resultado de una importante
agroindustria, que tiene mayor valor agregado que algunas de las industrias que
apenas son maquila o ensamblaje. En esos casos, hay que hacer funcionar los
clústeres, en los que la mejora de la producción y la productividad del
producto núcleo determinan incremento de la cantidad y la calidad de los bienes
que lo complementan para su exportación.
El
desarrollo forestal es de una gran importancia. Hay que lograrlo en el menor
plazo, porque sirve para mejorar el ambiente, fomentar las industrias de
muebles y eventualmente de papel, y vender oxígeno a empresas que generan CO2.
Sector Minas e Hidrocarburos. - Es
acertada la acción que ya se desarrolla, de renegociar los contratos con las
empresas petroleras que operan en el país. En varios casos, ya sean las
cláusulas de los contratos o los costos reconocidos por barril, son
perjudiciales a los intereses nacionales. En esta misma línea, hay que transparentar
los términos de los compromisos de venta anticipada, que comprometen recursos
hasta el 2024 y evitar ese tipo de negocios.
Conviene
brindar, a las más calificadas empresas interesadas nacionales y extranjeras,
la oportunidad de explotar y exportar el petróleo y los minerales; pero,
respetando las leyes, preservando el ambiente, en condiciones equitativas para
ellas y el país, con trato digno y justo a los trabajadores, generación del
mayor valor agregado posible, transferencia de tecnología de punta,
aseguramiento de mercados, reparto equitativo de utilidades.
Sector Industrial. - No se debe
persistir en la idea de ejecutar megaproyectos industriales estatales cuya
competitividad es técnica y seriamente cuestionable. Si hay empresarios privados
que los quieran desarrollar, es su riesgo, pero solo se los debería apoyar si los
proyectos son factibles y de interés nacional.
El
cambio de la matriz productiva solo será posible si el Estado da seguridad en
el largo plazo a los inversionistas industriales y ellos, nacionales y
extranjeros, tienen mercado asegurado para sus productos. Por eso son
importantes los acuerdos comerciales. Se requiere incentivos directos e
indirectos a aquellos proyectos que contribuyan al encadenamiento entre las grandes
empresas nacionales y las Mipymes. Hay que tener presente que las grandes
empresas nacionales son solamente pequeñas en el mercado mundial y que su éxito
y el del país depende de la productividad nacional, entendida como la
efectividad del Estado y la competitividad de las empresas. Para no gravarlas en exceso, debe entenderse que
el Ecuador no tiene escala para producir ciertos bienes, depende en alto grado
de las importaciones de bienes de capital y materias primas y debe respetar,
por necesidad y compromiso internacional, la propiedad intelectual.
Sector Construcción. - La oferta
presidencial es construir 190 mil casas para regalar y otros miles para atender
las necesidades de la gente de ingresos muy modestos. Se dice que con ello se va
a impulsar la construcción, para que vuelva a ser uno de los dinamos de la
economía y genere ocupación entre los menos capacitados. Aplaudo la idea, pero no
estoy de acuerdo con la gratuidad y confío en que no se asigne solo a los
afiliados a AP. Es necesario facilitar la consecución de viviendas dignas para
miles de compatriotas pobres, pero hay que comprometerlos a cumplir con
determinadas acciones que signifiquen su aporte, como las mingas solidarias
para obtener o mejorar determinados servicios o el trabajo planificado en sus
propias urbanizaciones, para mantenerlas siempre limpias, vigiladas, ordenadas.
No se debe difundir que las viviendas y
otros proyectos son obras de la Revolución Ciudadana, porque son hechos con
el dinero de todos los contribuyentes y quienes las ordenan y hacen solo son
mandatarios, no dueños generosos de lo que ejecutan.
Sector Energía. - El pueblo
necesita constatar que las cuantiosas inversiones en centrales hidroeléctricas
fueron acertadas. Temo, como muchos, que allí también hay corrupción. Creo que
se sobredimensionó la demanda, pensando en los “negocios” y la exportación,
pero Colombia y Perú ya son o serán autosuficientes en poco tiempo y no
tendremos todavía capacidad de absorción interna. Conviene terminar con las
centrales térmicas y reducir las tarifas.
De
otro lado, se debe financiar la investigación y aplicación de energías
renovables: eólica, solar, geotérmica y otras. Es importante que mucha gente
utilice esas energías y dé vuelta a los medidores, para que venda energía.
Sector Transporte. - Los
organismos de control deben vigilar que los concesionarios de los puertos hagan
bien su trabajo y que los buques pos Panamá puedan operar desde el país en el
menor tiempo, pues ello hará que, por una parte, los fletes se reduzcan y se
tenga mayor capacidad de carga y rápida entrega; y, por otro lado, se
incremente la llegada de cruceros con turistas de altos ingresos. Hay que
elevar a la categoría de aeropuertos internacionales, con la infraestructura y
los servicios necesarios, por lo menos a Manta y Latacunga; también se debe
construir con urgencia el aeropuerto de Daular. Es urgente terminar la carretera
Panamericana, con prioridad para el tramo Bolívar – Rumichaca y concluir la autopista
Quito – Guayaquil, que sería la columna vertebral del transporte terrestre
nacional.
Con
varios efectos importantes, conviene impulsar la transportación urbana masiva;
preparar a usuarios y ofertantes para el cambio tecnológico de los autos sin chofer,
el servicio de taxis por internet, los autos ecológicos y los compartidos; es
primordial incrementar la seguridad del pasajero en las carreteras.
Sector Educación. - Hay que
impulsar la educación en todos sus niveles. Se debería trasformar las escuelas unidocentes
y lograr que los alumnos del campo tengan la misma formación que los citadinos,
para que aquellos, en el futuro, no estén predestinados a ocupar los trabajos
menos exigentes en conocimientos de las ciudades. Hay que liberar a los
profesores del exceso de tareas burocráticas. Es básica la integración de la
educación primaria con la secundaria y de ésta con la superior, la capacitación
de los maestros, la mejoría de sus condiciones de trabajo y remuneraciones, el
premio a la excelencia de alumnos y maestros.
Es
interesante la propuesta de crear 40 institutos técnicos. El número parece
exagerado; pero, es muy necesario que se formen profesionales de nivel
intermedio, con la exigencia necesaria para que dominen las tecnologías actuales
y se capaciten en los desarrollos de las nuevas.
Es
prioritario evaluar integralmente el proyecto Yachay; porque está mal ubicado,
lejos de donde están las industrias y los puertos importantes; porque otras
universidades pueden, con menos recursos financieros, lograr excelentes
resultados en menor tiempo; y, porque su planta docente tiene que radicarse
necesariamente en su campus o cerca de él, con exigencias salariales mayores
que en las ciudades grandes. Además, para
que ese proyecto beneficie al país, es requisito que la economía crezca
dinámicamente; de otro modo, lo que se conseguirá, a un alto costo, es formar
profesionales de primera, para que se vayan a trabajar en otros países, como
sucedió y pasa en Venezuela.
FINANZAS PÚBLICAS. - El gobierno
debe buscar que sus ingresos tributarios crezcan en función del mejoramiento de
la economía nacional y que provengan más del impuesto a la renta que de los
impuestos indirectos, que gravan más a los que menos tienen. Hay que crear
conciencia tributaria y para ello establecer que, la gran mayoría de quienes
tienen ingresos anuales por sueldos o utilidades empresariales, aporten al
Fisco, aunque sea con cantidades casi simbólicas. Debe castigarse la evasión y
nunca condonar intereses y/o capital.
Hay
que racionalizar los subsidios estatales. Para lograr ese objetivo, se requiere
concientizar a la gente, mantener el precio del gas para los millones de
ecuatorianos desempleados, subempleados y de ingresos inferiores al valor de la
canasta familiar, entregándoles un cupón mensual por uno y hasta por dos
cilindros, pero es imperativo elevar gradualmente el precio del cilindro, hasta
que alcance un nivel que evite el contrabando masivo por las dos fronteras.
En
la proforma presupuestaria 2017 se calcula que los ingresos tributarios serán
de 14.760 millones. La proyección de Gesplafin, empresa experta en este cálculo,
dice que solo serán de 12.351 millones. Si esta cifra es correcta, se volverá
mayor el financiamiento necesario, porque no se ve austeridad fiscal.
El
país no debería endeudarse para gasto corriente y tampoco abrir un hueco para
tapar uno más chico. La deuda pública que dejó el mal gobierno anterior hay que
diferirla lo más que se pueda. Algunos facilitadores de crédito externo barato piden
que se cumpla con ciertas condiciones de disciplina económica. El gobierno debe
proceder en ese sentido, siempre que las tales no sean “remedios peores que las
enfermedades”. El Banco Central no debe ser prestamista ni otro ministerio. No
debe ser emisor. Hay que revisar las políticas a él asignadas.
Es
básico que el gobierno defina el tiempo y las condiciones en los que va a proceder
al pago de la deuda interna, especialmente la cuantiosa con el IESS; y, además,
debería comprometerse a no seguir utilizando los recursos de la seguridad
social como fondos de caja chica.
Todas
las inversiones estatales que el gobierno autorice deben ser plenamente
justificadas y su ejecución debe ser controlada técnica y financieramente de
principio a fin. Por ejemplo, no se debe licitar solo la vía de una carretera,
sabiendo que más tarde se pedirá renegociación para hacer las “olvidadas” obras
complementarias, ni aceptar que se cumpla con el movimiento de tierras, lo más
fácil, para luego decir que hay que reajustar precios para el resto de la vía.
Es
importante difundir las bondades y fomentar el uso del dinero electrónico, pero
su manejo debe tener el sector financiero privado. No lo debe manejar ni total
ni parcialmente el Banco Central, porque no hay confianza en su accionar.
EMPLEO. - En septiembre de 2007, el
desempleo era del 6,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) y en diciembre
de 2016 era mayor, de 6,52%. En diciembre de 2016, el 52,36% de la población no
tenía trabajo adecuado. Los discursos revolucionarios de generar empleo digno masivo
no llegaron a la práctica. Un alto porcentaje de las personas que trabajan vive
de miles de cargos públicos creados para aumentar los partidarios de AP y
entorpecer las actividades privadas. La obligación gubernamental, por tanto, es
mejorar sustancialmente la situación de la enorme cantidad de gente que no
trabaja o que subsiste con menos o solo un poco más del salario mínimo.
Además,
el Estado no debe seguir con la obesa plantilla de burócratas que cuesta más de
9 mil millones de dólares anuales. Lo que resta es lograr que el sector privado
multiplique sus actividades en el corto plazo y que ofrezca miles de plazas de
trabajo. La construcción es un sector que absorbe mucha gente de escasa
formación o sin ella, directa e indirectamente; para reactivarlo hay que
derogar la Ley de Plusvalía y crear condiciones favorables, entre ellas la ofrecida
construcción de vivienda. Además, volvamos al tiempo en que el comercio y la
industria requerían muchos trabajadores.
RELACIONES INTERNACIONALES. - Deben
ser excelentes con todos los países del mundo, en especial con aquellos con los
cuales el Ecuador cultiva estrechos vínculos históricos, o las que son
necesarias para mantener la paz y la cooperación. El presidente debería
fortalecer los nexos con los países vecinos, dinamizando los procesos de
integración fronteriza, binacional, de la Comunidad Andina y de la ALADI;
lograr la incorporación del país a la Alianza del Pacífico; tender a que la
UNASUR sea el núcleo de la integración de América del Sur.
Con
respecto a Venezuela, el Ecuador debería solidarizarse con el pueblo de ese
país, pedir que el gobierno respete los derechos humanos y demostrar su
inconformidad con la dictadura y las acciones inconstitucionales. El gobierno
no debería confundir su derecho a respaldar una orientación ideológica similar
a la suya, con la aceptación de una dictadura que ha causado más de un centenar
de muertes y que cuenta con grupos civiles armados represores.
Al
gobierno le resulta urgente obtener la colaboración de los organismos
internacionales de desarrollo y financieros, para avanzar hacia los objetivos
nacionales de largo plazo. También, lograr para la nueva deuda, largos plazos, bajas
tasas de interés y condiciones menos gravosas. Todo ello requiere desistir de
la “revolución”, generar confianza internacional y presentar proyectos
factibles y rentables, lo que es indispensable para atraer grandes inversiones,
ampliar y diversificar las exportaciones de bienes y servicios, captar
tecnología de punta.
El
Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser una institución profesional, no un
medio de premiar o alejar a políticos “distinguidos”, nombrándoles embajadores.
Su labor principal debe ser mantener excelentes relaciones del Ecuador con
otros países y mejorar la imagen internacional del país. La entidad no debe
inmiscuirse en el día a día del comercio exterior, pero debe participar en la
elaboración y evaluación de los acuerdos comerciales. Debido a la necesaria
austeridad, se necesita reducir el número de embajadas a las estrictamente
necesarias y exigirles que cumplan metas. En algunas regiones, una sola
embajada para varios países podría ser suficiente. La Academia Diplomática debe
volver a ser parte de la Cancillería y tener la calidad suficiente para formar
con ética y alta exigencia académica, negociadores internacionales capaces.
COMERCIO EXTERIOR. - Sus principales
objetivos deben ser: incremento del valor y diversificación de los productos y
destinos de las exportaciones, aumento de los exportadores y racionalización de
las importaciones.
Hay
que generar los mejores resultados del Acuerdo con la Unión Europea y negociar pronto
con Estados Unidos una forma de cooperación que permita que los productos
nacionales puedan venderse en ese país, por lo menos en las mismas condiciones
que sus similares de los países competidores. Se debe fortalecer la amistad y
los negocios con el más importante país del mundo y el mejor cliente y
proveedor. Es urgente firmar acuerdos comerciales que tengan sentido práctico y
provoquen demanda importante de productos nacionales. China, Corea del Sur,
Canadá, los países del EFTA, el Reino Unido, pueden ser socios valiosos, no
solo para el comercio. Conviene que la infraestructura portuaria y
aeroportuaria responda a las necesidades de la distribución física internacional
del comercio exterior. Urge crear zonas especiales de desarrollo bajo un
sistema similar al de Colombia, donde las zonas francas son un éxito. Una ZEDE
debería estar en Tulcán, para exportar a Colombia, porque bien administrada
podría asimilar el éxito de Monterrey frente a Estados Unidos.
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