BOLETÍN 237: QUE VIVA LA DOLARIZACIÓN

Un aspecto fundamental sobre el que se ha centrado la discusión, entre los dos candidatos a presidente de la República 2021 – 2025, es la permanencia real de la dolarización en el país.

Arauz ha escrito y ha manifestado, contrariando la idea general, que iniciar y mantener la dolarización fue y es un error, mientras Lasso manifiesta que este sistema ha funcionado muy bien desde inicios del siglo y que hay que mantenerlo y fortalecerlo por todos los medios posibles, siendo los principales: la atracción de inversión extranjera, el aumento de la producción, las exportaciones, y sobre todo el manejo racional de las finanzas públicas.

Arauz copia las ideas de Rafael Correa, quien antes de ser presidente escribió y manifestó muchas veces que no se debía seguir con la dolarización porque era dañina para la economía nacional; pero que, una vez en el poder (conste que tuvo mucho más poder que cualquiera de los presidentes y dictadores que ha tenido el Ecuador) durante una década no se animó a tomar esa decisión, porque sabía que el 90% o más de la población no estaba de acuerdo de sacar el dólar de su bolsillo y cambiarlo por una moneda que perdería valor constantemente.

Parece que el candidato correísta se ha arrepentido, por pura conveniencia electoral, de difundir tal idea y en varias oportunidades ha dicho que también él piensa que hay que mantener la dolarización. Pero, a renglón seguido, dice que en su programa de gobierno está repartir fondos depositados en el Banco Central a un millón de votantes pobres del país, prácticamente comprando el voto a razón de mil dólares por cabeza; tomar otros mil millones de dólares depositados en ese mismo Banco para pagar deudas a los municipios; y, para rematar su programa, obligar a que capitales de ecuatorianos depositados en el exterior por los bancos nacionales regresen para apoyar sus proyectos; todo lo cual atenta contra la dolarización, porque se volvería al gasto fiscal sin austeridad y crea temor, especialmente en la banca y entre los depositantes, de que el dinero privado no tenga su respaldo en el BCE.

El gobierno, frente a la posibilidad de que eventuales gobernantes populistas hagan lo mismo que Correa y lleven a la economía nacional al despeñadero, cerca del cual está desde hace tiempo, ha elaborado dos proyectos de ley llamados de defensa de la dolarización; uno inicial, que al parecer no había sido consultado con los asambleístas, ni siquiera con los de Alianza País; y, el otro, sustituto, que se supone ya incorporaba algunas ideas de lo sugerido por algunos asambleístas de la Comisión encargada de analizar el tema.

El Consejo de Administración de la Legislatura ha devuelto los dos proyectos. El primero por “fallas de forma” y el segundo porque argumenta que es inconstitucional. En el primer caso, la Asamblea podía corregir ese tipo de problemas, como lo ha hecho en otros proyectos, porque si solo son errores de forma hay que evitar el trae y lleve que le encanta a alguna burocracia; en el segundo caso, según el artículo 429 de la Constitución, la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, por lo que, según reconocidos juristas constitucionalistas, la Asamblea en pleno y peor solo el CAL, no tienen facultad para decidir si un proyecto de ley es o no constitucional.

Desde mi punto de vista, la dolarización debe estar vigente en el país, porque es beneficiosa, la inmensa mayoría de la población así la considera y, por tanto, deben hacerse desde el gobierno, cualquiera que este sea, los esfuerzos necesarios para que se mantenga y fortalezca.

La dolarización ha demostrado durante poco más de 20 años que presta un servicio invalorable, desde el punto de vista macroeconómico y también para evitar que los ciudadanos nos despertemos cada día con menor poder adquisitivo por decisión de algún inepto, populista, demagogo, con poder y rebaño asambleísta.

En lo que se refiere a la macroeconomía, hay cuatro políticas que todo gobernante debe cuidar que funcionen en forma equilibrada: monetaria, financiera, cambiaria y fiscal. La primera tiene como indicador la tasa de inflación; la segunda, la tasa de interés; la tercera, la tasa o tipo de cambio; y, la cuarta, el saldo de las cuentas fiscales. El gobierno debe cuidar que, simulando cada política como el lado de un cuadrado, ninguno de los lados se extienda o contraiga fuera de control, para que no haya necesidad de tomar medidas correctivas que vuelvan a formar el cuadrado. Los gobiernos que tienen moneda propia pueden actuar sobre las cuatro políticas cuando quieran y si les falta dinero ponen a funcionar la maquinita de hacer dinero y cubren sus necesidades a costa de hacer que su moneda valga menos y los precios internos suban provocando la inflación, cuyo efecto es más grave sobre la gente más pobre.

Durante los años 2007 – 2017, todos los intentos de Correa por imprimir billetes se toparon con la realidad de que socialmente eso no era aceptable y por eso no abandonó la dolarización. En cambio, a pesar de que tuvo en sus manos la mayor cantidad de dinero que pudo haber tenido alguna vez un gobernante del Ecuador, endeudó al país y no solo que lo hizo en más de cuarenta mil millones de dólares, sino que consiguió préstamos a corto plazo, altas tasas de interés, garantía con el petróleo y condiciones adicionales de agiotista.

Recuerdo que alguna vez, cuando en la televisión le preguntaron al ministro Rivera que por qué se obtenían préstamos en esas condiciones, él dijo que, si la rentabilidad del proyecto era mayor que el costo del dinero, no había por qué preocuparse.

Hemos visto después la “rentabilidad” negativa, nula o escasa lograda por miles de millones de dólares en la refinería del Aromo, la refinería de Esmeraldas, las escuelas del Milenio, el depósito de gas, varias de las hidroeléctricas y el costo enorme de obras “llave en mano” en las cuales también ha habido “lleve en mano”, sancionado en muchos casos por la justicia y con efectos en la prisión de altos funcionarios de la década perdida.

Los gobiernos que no tienen moneda propia, el caso del Ecuador, no pueden devaluar, y en consecuencia, carecen de capacidad de manejo de una de las 4 políticas macroeconómicas, lo que repercute en el manejo de las otras, especialmente de la fiscal, obligada a soportar con los ingresos propios y los que adquiera mediante deuda, las necesidades y eventualmente los caprichos de los gobernantes, para hacer que los ciudadanos crean que la economía va por buen camino y agradezcan subsidios, vean obras de relumbrón, se incorporen por  miles a la nómina de la burocracia, etc., etc.

El efecto interno más preocupante es la inflación. Disponer de moneda propia hace que todo gobierno en dificultades financieras imprima billetes, aumente la oferta de dinero y haga crecer obligadamente los precios, haciendo a los pobres más pobres, porque pierden capacidad adquisitiva y aumentan en términos relativos su distancia con los ricos, que con sus patrimonios y facilidad de disponer de monedas duras, no sufren o sufren menos las consecuencias de la inflación.

Aunque ya lo he mencionado antes, deseo recordar para algunos e informar a otros de mis experiencias de vida en Chile con Allende, y luego con Pinochet; y, en Perú, durante los gobiernos de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez.

En el primer caso, fui a Arica a una reunión en 1972. Calculé que en hotel y más gastaría unos 25 dólares diarios. Mi sorpresa fue que en dólares el hotel cinco estrellas costaba menos de cinco dólares y la comida del día en los mejores restaurantes no pasaba de 2 dólares (pero, en escudos el precio era inalcanzable para los chilenos); además, no había nada para comprar en los almacenes, salvo libros y discos “protesta” de los Quilapayún, porque debido al bajo precio en divisas de las cosas, miles de peruanos visitaban la ciudad como turistas, compraban con carro y todo lo que iba a Arica desde el interior de Chile y se llevaban a Tacna, ciudad peruana fronteriza con Chile, o más al norte, productos de precios bajísimos.

El inicio de la recuperación de la economía chilena en los años 1973 y siguientes significó la adopción de durísimas medidas para cortar la muy alta inflación y frenar con rapidez la devaluación. El ajuste significó, por ejemplo, que un jubilado dijera al diario La Tercera de la Hora, que su pensión era de 4 mil escudos, pero que ella solo le servía para pagar 2 mil escudos al bus de ida y 2 mil escudos al bus de regreso de cobrar tal pensión. Cuando el periodista le preguntó que, si en el viaje de ida y vuelta se le iba la pensión, por qué iba a cobrar, el jubilado respondió: primero, si no voy a cobrar me declaran muerto; segundo, por lo menos me paseo un rato; y, tercero, espero que algún día mejore la situación.

En el Perú, en los años 70 del siglo XX, en ciertas ocasiones la moneda nacional se depreciaba fuertemente en pocos días; la carne vacuna era posible conseguir en cantidades modestas solamente una vez cada 15 días y a altos precios en soles; había que hacer cola para comprar productos de primera necesidad que llegaban a los supermercados, en pocos camiones que acababan con su mercadería antes de entrar a las bodegas y que solo ofrecían cantidades reguladas por el gobierno; la pobreza aumentaba fuertemente, especialmente en Lima.

En el Ecuador la inflación y la devaluación no han llegado nunca a los niveles que han tenido en diversos momentos en otros países de Sudamérica. Por eso, también recuerdo una ocasión en la que el Secretario General del CONADE, en 1988 me parece, viajó a la Argentina. Le preguntaron cuál era la tasa de inflación en Ecuador y él dijo que estaba en alrededor del 12 por ciento. El periodista comentó: O sea que están como aquí? Y el entrevistado contestó: No, en Ecuador es la anual, aquí es la mensual. 

Con esos antecedentes, considero que es imprescindible continuar con la dolarización, porque entre otros resultados importantes para la población, genera estabilidad de precios y por tanto de capacidad adquisitiva, posibilidad de lograr crédito a largo plazo.

En relación con el proyecto de Ley de defensa de la dolarización que leí, comento:

Debe ser una obligación primordial del Estado y por tanto del gobierno central y la Asamblea Nacional, mantener y fortalecer la dolarización. Sus beneficios macroeconómicos y para cada ciudadano son evidentes desde el año 2000.

El país debe contar con una institución que defina las políticas monetaria, financiera y cambiaria. Esa entidad debe ser la Junta propuesta y su nombre debe responder a tal función.

La Junta no debe tener las 55 funciones que a la actual le asigna el Código Monetario. Cierto que sus miembros serían a tiempo completo, pero su labor debe concentrarse en definir las políticas monetaria, cambiaria y financiera, y ser absolutamente técnica.

Los miembros de esa entidad deben ser propuestos por el presidente de la República a la Asamblea en una terna conformada por técnicos honestos, profesionales de al menos tercer nivel superior, de comprobada trayectoria, con más de 10 años de experiencia en los ámbitos de la Junta, dedicados al 100% a su función (excepto la docencia universitaria) y que hayan renunciado a toda reserva sobre las finanzas propias anteriores, presentes y futuras y las de su familia directa (cónyuge dependiente e hijos menores). Además, contrariamente a lo que dice el Código Monetario vigente, deben ser responsables de sus actos y decisiones en la Junta, como reza la Constitución para todo funcionario público, en el artículo 233.

Los miembros de la Junta deben ser designados por la Asamblea Nacional para un periodo inicial de seis años en 2021 y de cuatro años luego, de manera que siempre se renueven a la mitad de un periodo presidencial. Deberán tener suplentes con igual exigencia que los titulares.

El país debe contar con una institución que ejecute las políticas monetaria, financiera y cambiaria. Esa entidad debe ser el Banco Central del Ecuador.

El Estado es el dueño del capital del Banco Central. La Ley de ninguna manera pretende privatizarlo y tampoco podría cumplir su función si así se hiciera.

El Banco Central debe ser una entidad autónoma para el cumplimiento de sus funciones, pero obviamente debe estar sujeto al cumplimiento de la Constitución, de todas las leyes que corresponda y al control de la Superintendencia de Bancos, de la Contraloría y de todas las entidades que sea menester, por ejemplo, los Ministerios de Finanzas y del Trabajo en sus respectivos campos.

Desde su nacimiento con la Misión Kemmerer, el Banco Central ha sido dirigido por un Gerente General. No cabe nombrar un Directorio, porque aumenta los niveles de decisión y la burocracia. Debe ser un organismo técnico que, como una prohibición básica, tenga la de prestar recursos financieros a cualquier organismo del Estado, porque entre sus funciones principales está la de contar con la liquidez necesaria para garantizar la devolución de los fondos a los depositantes en el sistema financiero nacional y enfrentar y solucionar rápidamente problemas bancarios que pudieran derivar en pánico financiero y crisis nacional.

Ante la idea de una moneda electrónica producida por el BCE, se ratifica lo dicho en una publicación anterior, en el sentido de que no hay problema si un dólar electrónico tiene el respaldo de una moneda de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica; pero que, si en algún momento no fuese así, correría alto riesgo el desarrollo nacional, porque no solo que se afectaría el sistema de la moneda electrónica, sino el sistema financiero y con él, la economía.

El funcionamiento del BCE sobre la base de 4 sistemas de control del manejo de la RILD y los recursos depositados en él es necesario, debe ser aplicado, y antes de la década perdida ya fue probado a satisfacción.

Es acertada la decisión gubernamental de crear una mesa de trabajo, junto con la Asamblea, para pulir el proyecto (más vale tarde que nunca) y, luego del trámite legal, aprobar la Ley. El país necesita que rija esa norma y evitar que algún día se impriman billetes de un millón y más tarde de un billón …, como está sucediendo en Venezuela … Luis Luna Osorio – 10032021