1.
El gobierno
ha propuesto a los diferentes sectores de la sociedad un diálogo que permita
llegar a
acuerdos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población. Según se
propone, habrá siete mesas: Educación; Seguridad Social; Competitividad, Empleo
e Innovación; Democracia y Reforma institucional; Sostenibilidad y Cambio
Climático; Seguridad Ciudadana y no violencia; y, Prevención de Adicciones.
Se ha fijado
45 días como el plazo para que se llegue a acuerdos en cada uno de los temas y se
ha empezado con el diálogo en el área de la educación. Antes se había dicho que
la idea era construir una agenda con miras en el año 2030 y el actual ministro de
Educación, sabiamente mencionó que la idea era pensar en el año 2050.
Me parece
muy importante tener ese horizonte del 2050 en esta área, porque se debe mirar
el corto, mediano y largo plazo en la formación de los estudiantes, unos que
están en la secundaria, otros que están en la primaria y la mayoría que
posiblemente están naciendo o lo harán en los próximos años, pero que en su
vida laboral deberán enfrentar realidades totalmente distintas a las actuales,
sobre todo por el dinamismo de la inteligencia artificial, que los pondrá a
prueba frente a los robots con capacidades laborales insospechadas.
De otro
lado, una campaña educativa que debe impulsarse fuertemente desde el gobierno
es la de la educación continua especializada, porque como dicen los mayores “ya
no es el tiempo de antes” en que se salía de la universidad y se pensaba que
había que guardar los libros para los hijos o los nietos. Quien trabaja y no
aprende todos los días corre el riesgo de quedar obsoleto y de que lo desplacen
con jóvenes que operan muy bien en los nuevos ambientes laborales.
Evidentemente,
todos los otros temas son de enorme importancia. Es necesario que los diálogos
culminen y se adopten inmediatamente las decisiones que se considere
prioritarias para orientar al Ecuador hacia el desarrollo, que en las actuales
circunstancias se lo ve difícil de conseguir, básicamente porque Correa dejó un
país en crisis de todo tipo, sobre todo moral, y aún están presentes en puestos
claves, muchos de los que ayudaron a que se de esa situación, incluso presidiendo
comisiones legislativas y administrando justicia.
2.
El gobierno
ha invitado a una mesa de diálogo para hablar sobre la competitividad. En
ella debería
hablarse de la productividad nacional y no solo de la competitividad. Explico
los dos conceptos, porque el segundo engloba al primero y el país necesita
acciones prontas y efectivas en ambos sentidos.
La
competitividad es la suma de la mejor calidad del producto al más bajo precio,
en la cantidad necesitada por la demanda y con acceso oportuno al mercado
interno y externo.
La
productividad nacional es la suma de la competitividad de las empresas y la
efectividad del Estado, entendida como la suma de la eficiencia y la eficacia,
o lo que es lo mismo, producir en forma óptima, pero hacerlo de aquello que
conviene, no de cualquier cosa.
La
efectividad del Estado debe reflejarse en la dotación de la infraestructura y
los servicios que necesita la sociedad, no necesariamente con recursos estatales
(para eso pueden servir las alianzas público – privadas) y en la planificación
del desarrollo nacional a largo plazo, diseñando y poniendo en práctica
políticas de Estado que consideren por lo menos una década.
3.
Partiendo de
ese preámbulo, hay que trabajar en los cinco frentes de mayor importancia
actual, con
la mira en el año 2030: ambiental, político, económico, social y de relaciones
exteriores.
4.
Con respecto
al primero, la humanidad se halla en este momento en un punto crucial de
su existencia.
Si los gobiernos no hacen nada por contrarrestar el cambio climático,
especialmente los Estados Unidos y China, los mayores depredadores del
ambiente, hacia el año 2040 dicen los expertos que habrá un cataclismo y que
será casi imposible sobrevivir.
Países como
el Ecuador no tienen mucho que hacer al respecto con impacto mundial, pero su
contribución a reducir los problemas ambientales puede ser la gota que evite
que se derrame el vaso. Para ello hay que mejorar las condiciones de producción
y de consumo, para evitar: los atentados a la naturaleza que afectan a las
zonas protegidas, la contaminación del agua, la minería ilegal, el uso
exagerado de químicos en la agricultura, la quema de los desperdicios de las
cosechas, la deforestación, el uso de plásticos en demasía para envases y
empaques, etc.
Las empresas
que contaminan deben contribuir cambiando sus sistemas de producción o bajando
los niveles lo más posible; el Estado debe vigilar que cumplan las leyes respectivas.
5.
En el ámbito
político es necesario precautelar la vigencia de la democracia, la estabilidad
política, la
seguridad jurídica. Hay personas que piensan que en la década 2007 – 2017 hubo
estabilidad política, porque el presidente de la República fue una sola persona
que ejerció en demasía la jefatura del Estado, pero no fue así y desde el exterior
no se vio así.
A los potenciales inversionistas no les agrada que se cambie la
Constitución y las leyes a gusto del mandatario, que los ministros sean “todo
terreno” y que lo mismo sirvan para ministros de defensa que de agricultura, de
ministros de obras públicas o de gobierno; que los poetas dirijan a los
soldados o que los ingenieros informáticos sean ministros de salud; tampoco les
gusta que la Asamblea Nacional sea un coro mayoritario de mal dirigidos que
cantan alabanzas a los proyectos de Ley del gobierno, los aprueban como los
manda su líder y no fiscalizan a los malos administradores de la cosa pública,
porque son sus coidearios o porque no quieren “circo”.
En el
gobierno anterior no hubo ejercicio de la democracia, y el autoritarismo siempre
genera enfermedades como la corrupción, que hacen que el gobierno trate de
controlar todo lo que le corresponde y lo que no; por ejemplo, las actividades
empresariales, para poder medrar de los proyectos que por su magnitud dan
beneficios ilegales y no dejan huella visible.
6.
La seguridad
jurídica necesaria pasa por cambiar la Constitución estatista y
presidencialista
del 2008, que desalienta a los inversionistas y especialmente a los extranjeros
para poner a producir su capital en el país. Es importante también recuperar la
institucionalidad y la moral nacional, no solo para que se respeten las
funciones del Estado entre sí, sino para que quienes las dirijan sean personas
honradas, responsables y visionarias. Un paso adicional es el de reducir y
despejar la maraña legal existente, porque no alcanzaría toda la vida de un
recién nacido para solamente leer los miles de normas que enmarcarán su vida y
sin embargo “la ignorancia de la ley no es causal para no cumplirla”.
7.
En el ámbito
económico, dada la hecatombe producida en el gobierno anterior, hay
mucho por hacer
con respecto a la deuda pública, las exportaciones, las importaciones, la
inversión extranjera, la captación de mercados.
8.
Una acción
básica es la de diferir todo el tiempo que se pueda el pago de la deuda
pública, que
actualmente estaría entre los 80 mil millones y los 100 mil millones de
dólares, porque si solo se paga el 10% anual junto con los intereses, hay que
destinar a ese fin alrededor de 10 mil millones de dólares anuales y el
Presupuesto de un Estado, cuyas previsiones son las de que no crecerá por años,
no da para pagar tanto sin dejar de atender necesidades importantes de una
población creciente.
9.
Otra acción
necesaria es conseguir recursos financieros por la vía de las exportaciones.
Hay que aumentar
el volumen de producción de petróleo como ofreció el ministro de Energía a 700
mil barriles diarios para el 2021 y ojalá más para el futuro. El precio del
petróleo se proyecta a la baja en los años siguientes y hay que compensar esa
baja con mayor producción. En el caso de los productos agrícolas hay que
mejorar la productividad, muy inferior a la de los competidores, incluso en el
banano, el producto estrella nacional; y, por otra parte, hay que incrementar
el valor agregado, impulsando la formación de clústeres que sepan que si le va
bien al producto núcleo todos se benefician, incluso las entidades que diseñan
las políticas, las ejecutan, financian los proyectos, promueven las ventas,
porque ganan prestigio.
Se necesita
que funcione automáticamente el draw back, por lo menos para las empresas que
el Estado sabe que son fieles cumplidoras de las leyes, porque la devolución
oportuna de los impuestos internos les asegura una mejor liquidez y mayor
operatividad. También conviene que se estudie la forma en que funcionan las
zonas francas en Colombia, que son todo un éxito, para que se replique el
sistema en Ecuador. Hasta ahora las ZEDES son una versión fallida de esas zonas
y hay que hacerlas funcionar, porque aportarían para el dinamismo del comercio exterior.
Otra medida es la de poner arancel cero a las importaciones de bienes de
capital y materias primas que no se producen en el país. También, eliminar el
impuesto a la salida (realmente a la entrada) de divisas (ISD). Es importante
volver al Arancel aprobado en 1992 y que rigió hasta el 2008, porque era de
aplicación simple y de efecto importante.
1 Hay que
expresar satisfacción por el mejoramiento de las condiciones de acceso al
puerto de
Guayaquil, al que llegó un buque de casi 12 pies de calado. Eso abarata los
fletes y mejora la oportunidad de acceso a los mercados del exterior. También
hay que mirar con positivismo la pronta puesta en funcionamiento del puerto de
Posorja, al que llegarán los barcos post Panamá de hasta 14 pies de calado sin
tener que acceder por un canal desde el mar. Eso aumentará significativamente
la competitividad nacional, por los costos menores de los fletes, el acceso a
más mercados y en menor tiempo. En ambos casos conviene que el gobierno
establezca los sistemas de promoción, apoyo y control necesarios para que la
operación portuaria sea ágil, sin pérdidas y evitando el narcotráfico y otros
problemas.
1 Es de prioridad
para el país disponer de la autopista Quito – Guayaquil y me atrevo a
sugerir Rumichaca
– Posorja, porque ella se convertiría en la columna vertebral del comercio
exterior y por supuesto de la antes mencionada productividad nacional,
beneficiando al Estado y al sector privado por la agilidad del transporte, la
reducción en el gasto innecesario de combustibles, el mayor flujo del comercio,
el impulso al turismo, etc. Sin embargo, hay que hacer la recomendación de que
la fijación de velocidades límite no atente contra el funcionamiento de la
autopista, para que no suceda lo que ahora en varias carreteras, como la Quito –
Tulcán, en la que, si se cumple con la velocidad permitida, quien viaja se
demora más que cuando la carretera era empedrada.
Hace varios
años propuse que se estudie con detenimiento el mercado potencial del
Ecuador en la
región amazónica desde Manta hasta Manaos, no con la idea de Correa de que el
Ecuador se vuelva puente entre China y Brasil, porque eso no es factible, sino por
la probabilidad de que el país abastezca en una forma excelente a todas las poblaciones
de Colombia, Perú y Brasil que se hallan en el trayecto a Manaos. Ese mercado duplica
el mercado interno ecuatoriano y está alejado de sus centros de abastecimiento interno,
hasta con distancias superiores a los mil kilómetros. En ese sector la
competitividad nacional es evidente.
1 Se acaba de
anunciar la convocatoria del gobierno para la construcción de un sistema
ferroviario
que sirva en la ruta Guayaquil – Manta mediante una alianza público – privada.
La idea no es nueva, porque ya se la propuso considerando que los buques que
accedían a Guayaquil tenían que ser de bajo calado y entrar por un canal
guiados por un práctico, lo que lleva tiempo y significa costos; mientras que
llevar carga de Guayaquil a Manta por tren y embarcarla allá o actuar al revés,
era más económico. Sin embargo, hay que felicitar a sus proponentes y al
gobierno, porque si es un tren de última tecnología va a servir enormemente a
la integración nacional, a la efectividad del Estado y a la competitividad de
las empresas.
La Asamblea
Nacional acaba de aprobar el proyecto de Ley del nuevo Código de
Comercio. Me
referiré a ese documento cuando entre en vigor, pero es necesario decir que, si
contiene los aspectos importantes que se requiere para que las empresas
nacionales trabajen con dinamismo en el mercado nacional y en el extranjero, se
tendrá a disposición una herramienta invalorable de impulso para la economía
del país.
El Código de Comercio
vigente data de 1960. En consecuencia, han pasado 59 años desde su aprobación,
en los cuales el mundo se ha beneficiado de la globalización tecnológica, que
ha significado el desarrollo dinámico de la electrónica, la informática, las
telecomunicaciones y el transporte, que han determinado que el comercio mundial
crezca a mayor velocidad que la producción, y que los procesos y contratos de
compraventa internacional y su registro y control se hagan por medio de
computadoras, con gran velocidad y precisión.
El comercio
intercontinental ha dejado de hacerse “puerto a puerto”, lo que lo
perfeccionaba en semanas y hasta meses, y ahora se efectúa “puerta a puerta” en
término de uno o dos días y hasta de horas. Las transacciones que se realizan
en el país también se han beneficiado de los avances de la globalización.
Los medios de
transporte, que antes eran solo terrestre, marítimo y aéreo, y en algunos
países fluvial, son ahora electrónico, submarino, espacial, por línea física, lacustre,
lo que dinamiza el comercio y obliga a mirarlo con nuevas ópticas. Los drones,
el e – commerce, la velocidad con que circula la información en todo el mundo,
la seguridad de que los documentos son aceptados y firmados por medios
electrónicos, la capacidad de muchas empresas mundiales para recibir y entregar
mercaderías de todo tamaño sin equivocaciones, los sistemas de control de la
calidad y el origen de las mercaderías, las necesidades de cuidado ambiental,
la importancia de la publicidad on line en el comercio, espero que hayan sido
considerados en la redacción del nuevo Código de Comercio, porque ese será un
valioso elemento para ganar competitividad mirando al futuro.
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