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A la fecha, en Google están registrados 300.417 lectores de estos boletines.
Hay que sumar a ellos los 170.000
que recibieron directamente el documento, las difusiones que hacen algunos de
los receptores a sus amigos y las publicaciones permanentes del Colegio de Economistas
de Pichincha y ocasionales de otros medios. El autor agradece a todos, por la atención
brindada a una publicación pensada, en abril del año 2011, para no más de 50
receptores por ejemplar.
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LA MIGRACIÓN
VENEZOLANA. Fines de 1973. En ese año, era mi primer día de
permanencia en Caracas. Formaba parte de un grupo de 4 funcionarios de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), cuyo propósito era elaborar un
diagnóstico de la economía de Venezuela.
Prendí la radio para escuchar noticias del país, pues
siempre es bueno saber qué pasa en el lugar en el que vas a permanecer un mes,
hablando con autoridades y dirigentes de todo tipo de organizaciones y
recopilando información económica y social.
Lo primero que escuché es la voz del Ministro de
Economía, de apellido Acosta, que decía, muy orgulloso, que en Venezuela no se
conocía la inflación y, casi textual, “que el pan que valía una locha (5 centavos
de Bolívar) en 1936, seguía con el mismo precio”.
Venezuela y su gobierno, exportadores de alrededor de
3 millones de barriles de petróleo, a un precio que subía incansablemente, desde
1,80 dólares a 3, a 5, a 10 y más, se encontraban de pronto recibiendo una
cascada de dólares y empezaron a soñar con proyectos faraónicos, el mayor de los
cuales era un ferrocarril de Caracas a Lima por la región amazónica, cuyo costo
previsto era de 15 mil millones de dólares.
La gente vivía muy bien, ganaba mucha plata, al punto que
conseguir funcionarios venezolanos para los organismos internacionales no era posible, porque en ellos el sueldo era menor que el que recibían en su país. Los
profesionales hombres trabajaban en las grandes petroleras, con sueldos de varios
miles de dólares y los puestos públicos, de ministro para abajo, estaban destinados
a las profesionales. En el Ministerio de Industrias, hablé primero con la
ministra, luego con la viceministra, pasé al despacho de la directora, me reuní con las jefes de departamento y al final, quien ofreció los cafés era un señor de
edad avanzada.
Se ejecutaron grandes proyectos, en carreteras,
hidroeléctricas, una planta siderúrgica, otra fabricante de aluminio, se buscó solución al problema del tráfico en Caracas con intercambiadores sorprendentes,
pero el dinero hubiese dado para mucho más si se lo hubiese invertido y “sembrado”,
como sugirió Uslar Pietri, un ilustre venezolano.
Igual que aquí, el petróleo se volvió lo que algún
escritor llama “el excremento del demonio” y poco a poco, el pueblo vio que el
dinero que llegaba se quedaba en las altas esferas políticas, económicas y
sociales, sin beneficiar mayormente a los pobres.
En todo caso, los venezolanos se acostumbraron a vivir
del petróleo, de los bonos y de los precios absurdamente bajos de productos
claves, como la gasolina; y, la dependencia petrolera hizo que las
importaciones de todo tipo de cosas necesarias y suntuarias crezcan
aceleradamente, como alimentos y vehículos de motores V8, pues el
prestigio de sus propietarios iba en relación directa con la marca, el tamaño y
la potencia de sus autos.
Cuando, por alguna razón, se quiso revisar el precio
del “marroncito”, un café con leche pequeño, que valía 10 centavos la taza, por
poco y se cae el gobierno.
Han pasado 45 años desde entonces. Chávez, en vida o
como “pajarito” de Maduro, ha estado presente en la desastrosa conducción de la política y
la economía venezolana por alrededor de un cuarto de siglo y Venezuela se
encuentra ahora en una terrible situación que debería preocupar de a de veras,
no solo a los gobiernos de América Latina, sino a los del mundo que hacen gala
de ser democráticos, dados los sufrimientos del pueblo por carencia de alimentos
y medicinas.
El Producto Interno Bruto venezolano de este año será 15 por
ciento menor que el del 2017, la inflación para este año se calcula en un
millón por ciento, el gobierno cambió el Bolívar que había, por uno con cinco
ceros menos, hay carestía de todo, para recibir algunos subsidios hay que
demostrar que se es partidario del gobierno, el mercado negro del dinero y de
todo tipo de mercancías se mantiene boyante, hay un caos notorio en la
conducción del país, que como bus sin frenos en carretera de montaña, va dando
tumbos y puede volcarse en cualquier momento.
Millones de venezolanos, conscientes de que algo
terrible va a pasar y de que ya no pueden vivir en su país en las condiciones actuales,
han tomado la dolorosa decisión de abandonar sus familias y sus casas, para
buscar una mejor situación en otros lares.
Entre 2015 y
2017 el número de inmigrantes venezolanos en Latinoamérica pasó de 89 000 a 900
000 personas, lo que representa un incremento de más del 900 %, según informó el
4 de mayo del 2018, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). [1]_/
Los venezolanos han escuchado que Argentina, Brasil, Chile, Perú y de paso
Colombia y el Ecuador ofrecen oportunidades de trabajo y no presentan mayores
exigencias para ingresar, gracias al MERCOSUR y los rezagos de la participación
de Venezuela en la Comunidad Andina, y han optado por dirigirse hacia ellos, por
cualquier medio.
Lo más preocupante e inverosímil es ver en las
carreteras a miles de venezolanos caminando, en una travesía de varios días,
sin dinero y esperando que, al paso, les faciliten agua, algo de comida, un
baño, unos kilómetros a bordo de camiones, para poder llegar a donde quieren ir
a buscar fortuna, o a encontrarse con familiares o amigos que les precedieron.
En esa aventura hay personas de toda edad. Madres que
llevan a sus hijos pequeños, mayores que tienen dificultad para caminar, matrimonios
jóvenes que piensan radicarse en donde encuentren trabajo; en fin, caravanas de
quienes perdieron temporalmente o para siempre la fe en su país y sus
dirigentes, y quieren encontrar tranquilidad y estabilidad en otras partes.
La avalancha de personas que pugnan todos los días por
emigrar de Venezuela a los países vecinos, ya sea como destino temporal o
definitivo, ha puesto en guardia a los gobiernos.
Colombia, en un intento de reforzar la frontera, desplegó 700 soldados y policías para
bloquear seis pasos ilegales. Las tropas cubrirán estos corredores, que
se extienden a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera, y que son
comúnmente utilizados para el tráfico de drogas, el contrabando y la migración
ilegal.
Otro de los países fronterizos que debieron tomar
medidas fue Brasil, que recibió al menos 12.000 venezolanos en el último
tiempo, contando solamente los acogidos legalmente. El presidente Michel Temer
reconoció, por medio de un decreto, la
"situación de vulnerabilidad" en el estado de Roraima, lindero con
Venezuela. El mandatario también decretó el inicio, con carácter de
urgencia, de una serie de medidas de
asistencia humanitaria para acoger a los venezolanos llegados a Brasil.
Las acciones serán coordinadas y supervisadas por un Comité Federal de
Asistencia de Emergencias, que será creado para la ocasión y velará por la
protección social, salud, educación, derechos humanos, alimentación y seguridad
de los inmigrantes. [2]_/
Ecuador y Perú decidieron, para frenar el ingreso venezolano,
exigir pasaporte a quienes lleguen a sus fronteras. La primera protesta se
produjo en el sentido de que se estaba violando derechos humanos de libre
movilidad de las personas, principio de validez mundial; la segunda protesta,
práctica, era que en Venezuela es muy difícil conseguir pasaporte, por el costo
en dólares en un país donde el tipo de cambio es increíblemente alto en
relación con lo que gana un trabajador; la tercera, que el trámite demora
varios meses.
En el caso ecuatoriano, lo que sucedió es digno de
Ripley. Se prohibió el ingreso sin pasaporte. Se argumentó que las cédulas en
muchos casos estaban muy deterioradas y que no garantizaban su originalidad o
certificaban los datos contenidos en ellas. A renglón seguido, miles de venezolanos
empezaron a ingresar sin documento alguno, sin opción de las autoridades a
pararlos, y en algún caso, la Policía se encargó de presidir el avance de los
ilegales hacia Quito, dejando sin efecto la orden de sus superiores.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), estima que, desde inicios de 2018, aproximadamente 547.000 venezolanos
han ingresado a Ecuador a través de la frontera colombiana, a un promedio
diario de entre 2.700 y 3.000 hombres, mujeres y niños. Tras declararse la
emergencia migratoria, este organismo de la ONU señala que "la afluencia
está aumentando y, en la primera semana de agosto, ingresaron al país cerca de
30.000 venezolanos (más de 4.000 por día)". No obstante,
solo el 20% del más de medio millón que ingresó este año se instaló en
Ecuador en busca de una nueva vida, unas 72.000 personas hasta julio,
según las cifras oficiales.
Pensemos en que el total de venezolanos que se
quedaron y se quedarán en el Ecuador sea de 100 mil personas. Ello engloba tres
problemas fundamentales:
Primero, el Ecuador tiene a la mitad de su población
económicamente activa en subocupación o desempleo y el ingreso de esa cantidad
de personas agrava la situación. Además, muchos de los inmigrantes son personas
calificadas, que vendrán a ocupar puestos de cierto nivel en la actividad
privada – en la pública ahora es muy difícil – desplazando a profesionales del
país que, a su vez, acabarán quitando empleo a la gente de menor formación y agudizando su pobreza.
Segundo, las políticas que desarrolla el gobierno con
cuenta gotas, no producirán un cambio radical en la velocidad de crecimiento de
la economía nacional, en por lo menos 4 o 5 años, entre otras razones
importantes, porque no hay seguridad jurídica a largo plazo y porque no hay una
estrategia de desarrollo nacional que diga, a propios y extraños, hacia dónde se
dirige esta nave que ahora hace agua por todos lados. Además, la política de
austeridad, que ha llevado a eliminar ministerios y otras oficinas públicas, si
realmente se pone en práctica, desplazará a miles de ecuatorianos hacia el
sector privado, la subocupación o la desocupación.
Tercero, 100 mil personas son la población de La
Libertad o Babahoyo. Esas personas, si se quedan definitivamente, necesitan
todo lo que ahora requieren los habitantes de una de esas dos ciudades y mucho
más, pues ya sabemos que las ciudades medianas del Ecuador carecen de infraestructura
y de varios servicios básicos., lo que implica para el Estado un esfuerzo adicional
de inversión en esta época de vacas flacas.
Unos pocos cálculos al respecto, que exigen más
producción, más inversión, también más empleo; pero, en algunos casos, inversión
estatal importante.
100 mil personas son 300 mil comidas diarias
adicionales (desayuno, almuerzo y cena) o 109,5 millones de atenciones al año.
100 mil personas son 20 mil familias de 5 individuos
cada una. Hay que construir 20 mil viviendas adicionales; ello no significa
solo hacer casas o edificios de departamentos, sino obras de infraestructura para
el agua potable, el alcantarillado, la energía eléctrica; además de avenidas, calles,
veredas, parques, iglesias, centros comunales, terminales de buses, cuarteles
de policía y de bomberos, hospitales y centros de salud, oficinas de gobierno y
otras.
100 mil personas significan 60 mil hijos, que a 40 por
aula (requieren 1.500 aulas escolares y de colegio).
Se suman las necesidades de transporte público,
establecimientos comerciales, y otros.
Todo lo expuesto configura muy importantes preocupaciones
para el gobierno y la ciudadanía.
Por una parte, hay la obligación moral e internacional
de colaborar con los venezolanos para que se adapten al país e ingresen a la
fuerza laboral con el menor roce entre los trabajadores del país y los que
llegan. No hay que olvidar o hay que recordar a la población, que cientos de
miles de ecuatorianos, en los primeros años de este siglo, se marcharon en las
mismas condiciones (a veces sin un dólar en el bolsillo) a otros países, para
buscar nuevos horizontes y que la mayoría se afincó y trabajó honradamente allá.
Por otra parte, el Estado requiere atender las
necesidades de esa población no prevista, en lo que le corresponda, sin dejar
de preocuparse por encontrar soluciones a las necesidades de la población
ecuatoriana.
Finalmente, los venezolanos que vayan a quedarse
definitivamente en el país, deben acoplarse a las costumbres y formas de ser y
actuar nacionales; no pretender que tienen más derechos o menos obligaciones
que los nacionales, en el ámbito constitucional y legal.
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