Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en
el año 2017, en el mundo se registraron 962
millones de personas mayores a 60 años. Se espera que esa cantidad
aumente en el 2050 a 2.100 millones
y en 2100 se eleve a 3.100 millones. El
"rápido envejecimiento" ocurrirá en todos los continentes, que, excepto
África, tendrán casi un cuarto o más de su población en edades mayores a 60
años.
Lo mencionado se debe
especialmente al avance de la medicina, que permite mantener vivos a los
ancianos por mucho más tiempo que en épocas pasadas. Tales datos son de enorme importancia
económica y social mundial, porque los estados, las familias y las personas que
arriban a la categoría de “adultos mayores·” deben prepararse para enfrentar
con éxito tal situación, con sistemas de seguridad social eficientes, mejor
atención de la salud, mayor ahorro y solidaridad familiar, más medios de
recreación de esa población objetivo.
Por continentes, Europa tiene el mayor porcentaje de población de 60 años o más (25%). En
Latinoamérica y el Caribe el 12 % de la
población corresponde a los adultos mayores de 60 años. Es decir, en esta
región hay 77 millones de personas de la llamada “tercera edad”.
En Ecuador, el
10 % de la población humana de 16,2 millones, corresponde a las personas de más
de 60 años. Es decir, hay un total de 1,62 millones de adultos mayores, número
que, hasta el año 2030 y después, se prevé crecerá rápidamente. El
incremento de la esperanza de vida en el país (a 75 años), sumado al avance de
los tratamientos médicos y a la posibilidad de diagnosticar enfermedades de
forma temprana, incide directamente en el aumento acelerado de la población de
la tercera edad. Dentro de las proyecciones realizadas por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), la esperanza de vida para el 2050 subirá
a 80,5 años en promedio para los hombres, mientras que para las mujeres será de
83,5 años.
Desde un punto de vista
económico, habría cuatro clases de adultos mayores. Aquellos que siempre
tuvieron o con su esfuerzo lograron recursos suficientes para vivir sin ningún
problema financiero toda la vida; los que, pese a su avanzada edad, siguen
trabajando en sus negocios o como empleados y obtienen ingresos satisfactorios;
los que tienen una jubilación con el Seguro Social, que les permite vivir
modestamente y sin mayores sobresaltos mientras no se produzcan enfermedades
graves; y, los que carecen de jubilación y están sujetos totalmente al apoyo
familiar o estatal, a la caridad pública o viven en la miseria como grupo muy
vulnerable.
Las dos primeras agrupaciones
no significan problema para el Estado. Sus recursos propios les permiten gozar
de la vida o al menos pasarla sin grandes complicaciones financieras.
En el tercer grupo, muchos
de los jubilados con el IESS, especialmente los de menos años, buscan un trabajo
que les permita mejorar su estándar de vida, pero les es difícil y hasta
imposible conseguirlo, porque tanto el Estado como las empresas privadas,
contratan casi exclusivamente a personas menores de 40 años, sobre todo por el
dominio de ciertas habilidades tecnológicas de las cuales carecen las personas
mayores. Además, en general y lamentablemente, los miembros de este grupo, cuando
están afectados por enfermedades graves, se sienten huérfanos del apoyo
necesario de esa institución, porque les asigna las consultas médicas para
después de 30, 60 y hasta más días luego del pedido; no hay las medicinas que
necesitan y deben comprarlas; los equipos para exámenes urgentes están dañados
y hay que concurrir a laboratorios privados; o, porque, si se necesita operaciones
urgentes, no hay camas disponibles y hay que pagar en clínicas privadas.
De la población de más de 60 años, el registro para el
año 2013 señalaba que el 45% vivía en condiciones de pobreza y extrema pobreza
(424.824), el 42% vivía en el sector rural (395.180), el 14,6% de hogares
pobres se componía de un adulto mayor que vivía solo (137.830); el 14,9% era
víctima de negligencia y abandono familiar y el 74,3% (708.040) no accedía a
seguridad social de nivel contributivo. [1]_/
Frente a esa grave situación, a diciembre de 2015, el
programa de los pensionistas adultos mayores receptores del bono de desarrollo
humano, poseía el mayor número de beneficiarios del total de usuarios, 525.899
(47,9%), lo que significaría que se estaba atendiendo al total numérico de los
necesitados de ese apoyo. [2]_/
Para esa
fecha, la provincia con mayor número de usuarios del BDH era el Guayas, con un
total de 82.399 familias usuarias (18,6% del total nacional), seguido de Manabí
(16,8%) y Los Ríos (9,2%). De otro lado, el 51,1% de los usuarios estaba
ubicado en el área rural, con un total de 226.874 familias. El mayor número de
beneficiarios del área rural estaba en Manabí (32.614 familias) y el mayor
número de usuarios del área urbana estaba en Guayas (61.577 familias).
Además, a fines de 2017, casi 80 mil personas de 65
años en adelante, según el MIES, eran atendidas en 14 centros estales
gerontológicos, a los cuales se destinaba 30 millones de dólares, pero estas
instalaciones eran insuficientes, por lo que se proyecta la construcción de
otros 43 centros de su tipo, para acoger a más personas vulnerables. Un estudio
determinó que es preciso intervenir de forma inmediata, por la cantidad de
usuarios potenciales, en Colta (Chimborazo); Déleg (Cañar), Cuenca (Azuay),
Santa Lucía (Guayas) y Paltas (Loja). [3]_/
Ahora bien, la primera preocupación de todos los que
estamos en la tercera edad y pasamos por los años “del descuento”, es la cada
vez mayor proximidad del viaje final. Como dice un amigo, la fila para abordar
el viaje sin retorno se mueve todos los días más rápido y los que van adelante
son menos. En todo caso, hay que estar en paz con Dios y saber que, cuando
llegue la hora, se ha cumplido la misión en la Tierra y no se lleva
remordimientos ni deudas morales con nadie. Lo que sí se requiere es una
cantidad importante de dinero, para sufragar los gastos del funeral, porque
hasta para morirse ahora hay que tener plata disponible. Si se ha acumulado una
fortuna, para ahorrar molestias y enemistades entre los posibles beneficiarios,
será mejor dejar definido y explicado el reparto de los bienes.
La segunda preocupación es el tipo de camino que
deberemos recorrer hasta la meta. No sabemos si un día cualquiera, en un minuto
cualquiera, el corazón nos falle y, sin molestar a nadie, abandonemos este
mundo; o, si por el contrario, nos esperan días, meses, años, de sufrimiento,
debido a una larga enfermedad que no deseo para nadie.
El perfil
epidemiológico de los miembros de la tercera edad está caracterizado por el
incremento de las enfermedades no transmisibles (ENT); entre ellas, la
diabetes, las afecciones cardiovasculares y pulmonares, los distintos tipos de
cáncer, que en este grupo etario son consideradas crónicas. Justamente, estas cuatro
patologías son las principales causas de muerte de los ecuatorianos. El
problema es que, generalmente, este grupo objetivo padece enfermedades crónicas
que, asociadas a otras dolencias (osteoporosis, problemas dentales,
enfermedades mentales) demandan una mayor cantidad de médicos especialistas y
tratamientos especiales… Sin proyectar mucho el tiempo, actualmente los
consultorios y las salas de emergencia del país ya suelen “abarrotarse” de
pacientes de la tercera edad. En su mayoría, son casos relacionados a
enfermedades crónicas. [4]_/
La tercera preocupación, sobre todo en el caso de los ancianos enfermos, es que, junto a los problemas de salud llegan las angustias económicas y eventualmente la pérdida total o importante del patrimonio familiar. Una consecuencia es la dependencia de los hijos u otros familiares para vivir con ellos o esperar que sufraguen los gastos. Lo primero es complicado por la intervención de terceras personas en las decisiones al respecto; lo segundo es difícil si es que los potenciales sufragantes no cuentan con fondos propios excedentes.
Para atender,
al menos parcialmente, los problemas de los adultos mayores, como los de todos
los ciudadanos, está el Estado, especialmente cuando se trata de la población
más vulnerable.
Por ello, la Constitución
del Ecuador, en sus artículos 35 al 38, determina los derechos de “Adultas y
adultos mayores” con edades superiores a 65 años, ordena establecer políticas
favorables a ese grupo etario y señala que el Estado tomará una serie de medidas
destinadas a ejecutar esas políticas.
El artículo 37 señala: El Estado garantizará a las personas
adultas mayores los siguientes derechos: La atención gratuita y especializada
de salud, así como el acceso gratuito a medicinas; el trabajo remunerado, en
función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones; la
jubilación universal; rebajas en los servicios públicos y en servicios privados
de transporte y espectáculos; exenciones en el régimen tributario; exoneración
del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley; y, acceso
a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento.
Por su
parte, el artículo 38 de esa Constitución ordena: El Estado establecerá
políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que
tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales,
las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el
mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y
ejecución de estas políticas.
En
particular, el Estado tomará medidas de:
1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación
y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán
centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus
familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma
permanente.
2.
Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica.
El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el
trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para
que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación
laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones.
3. Desarrollo de
programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir su
dependencia y conseguir su plena integración social.
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,
explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. situaciones.
5.
Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades
recreativas y espirituales.
6.
Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de
emergencias.
7. Creación de
regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En
caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras
medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el
efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. domiciliario.
8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades
crónicas o degenerativas.
9.
Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física
y mental.
La ley
sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus
familiares o las instituciones establecidas para su protección.
Con esos antecedentes, para
el Estado y especialmente para el Gobierno nacional, es fundamental ejecutar
acciones que lleven hacia esos objetivos, asignar los recursos financieros necesarios
anualmente y definir la clase y calidad de los servicios a prestar, de los requeridos
por los adultos mayores, en función de la seguridad social que necesitan.
Todos los planes y programas
dirigidos a la tercera edad son bienvenidos, provengan del gobierno central, de
las prefecturas o de los municipios. Cuatro tipos especiales de ayuda a los más
necesitados son los que les entregan dinero, atienden la salud, aportan para
satisfacer necesidades elementales, contribuyen a su entretenimiento y cuidado.
Son buenas medidas las devoluciones del IVA, las preferencias de atención en
ciertos lugares, la organización de actividades de esparcimiento, los centros
de acogida; pero hay que atender mucho mejor a los más pobres, que no tienen
familiares ni recursos y a los que tienen enfermedades crónicas.
Los adultos mayores deseamos
tener una vida digna en lo que resta de nuestro paso por el mundo, con el menor
número de problemas de salud y sin afecciones graves; exigimos que los recursos
ahorrados durante los años de trabajo, para tener una jubilación decente,
sirvan a ese objeto; nos solidarizamos con quienes carecen de acceso al seguro
social y necesitan un poco de dinero y atención médica, a quienes debe atender
el Estado de la mejor forma posible; buscamos, en muchos casos, ser útiles a la
sociedad trabajando en lo que sea factible, sobre la base de nuestras
especialidades; queremos que nuestras familias nos acompañen, brinden atención
y tengan paciencia cuando ya estemos limitados o impedidos; aspiramos a ser
respetados, considerados y apoyados por toda la sociedad.
ATENCIÓN: El 11 de julio de 2018 se iniciará
la publicación, cada 15 días, de boletines extras, con un diccionario económico
estructurado por el autor del blog.
[1]
_/ Datos sobre
el tema con corte 2013 (FUENTE: *Registros Administrativos. Diciembre 2013
IESS, ISSFA, ISSPOL, **VAMS, Diciembre 2013, *** proyección 2013, INEC.
[2] _/ http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12569/Tesis%20Final%20C.Roura.pdf
[3] _/ https://www.eltiempo.com.ec/noticias/novedades/1/ecuador-se-prepara-para-el-boom-de-adultos-mayores-desde-2021
[4] _/ http://www.elcomercio.com/tendencias/salud-adultomayor-terceraedad-demanda-recursos.html
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