El propósito de este Boletín
es analizar la situación actual y algunas perspectivas del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entidad en la cual se depositan los
ahorros obligatorios de los trabajadores y de sus patronos públicos y privados,
además de recursos del Estado, con el objeto de que los fondos obtenidos se
dediquen a atender necesidades de los afiliados, que originalmente eran solo
los aportantes, pero que luego incluyen campesinos, hijos menores de los
afiliados, amas de casa y otros beneficiarios, en algunos casos sin hacer
ningún aporte o entregando cantidades mínimas, pero recibiendo atención de
maternidad, salud, invalidez, cesantía, jubilación, créditos o recursos
financieros relacionados con la muerte del afiliado.
Como los fondos del IESS son
cuantiosos y fluyen cada mes, lamentablemente los gobiernos centrales los han
visto siempre como recursos de “caja chica” para las necesidades
presupuestarias del fisco y, aprovechando del poder del Ejecutivo, se han
destinado a financiar egresos que nada tienen que ver con su finalidad. Esto
sucedió especialmente en el gobierno de Correa, en el que se multiplicaron los
beneficiarios, no se cumplió con las normas constitucionales de que los egresos
deben estar financiados por los ingresos correspondientes, se le quitó al IESS
el aporte estatal del 40% para el seguro de jubilación, se trasladó fondos de
este seguro al seguro de salud, se “borró” de la contabilidad fiscal más de dos
mil millones de dólares de deuda con el IESS, a pretexto de que no se sabía
cuánto mismo era la deuda; y, se asignó a compra de bonos del Estado una gran
cantidad de recursos del Seguro.
El 10 de abril de 2018, mi
amigo Henry Llanes Suárez, sociólogo y político convencido de que hay que
aportar al bienestar de todos los habitantes de este país y luchar por ello
desde donde nos pongan las circunstancias de la vida, presentó un libro en el
que explica con profundo conocimiento y detalle, las razones por las cuales el
IESS está al borde del abismo y sugiere acciones para evitar la caída o la
quiebra de esa entidad, que sería desastrosa para el país y especialmente para
sus dueños, los afiliados actuales y futuros, y sus familias.
Al escuchar su exposición y
las de los invitados a comentar el libro, recordé los aciagos días del seguro
social de Chile, en 1974, cuando un jubilado decía que, luego de decenas de
años de trabajar, su pensión era de 400 escudos y que el bus para ir a cobrar
le costaba 200 escudos por viaje, o sea que no le quedaba nada para su
manutención. La pregunta obvia era: ¿Y entonces, para qué iba a cobrar? Y la
respuesta era: porque espero que algún día este problema se supere, me paseo
mientras utilizo el transporte y si no cobro, me borran de la lista…
Chile, basado en la dolorosa experiencia
de entonces, modificó su sistema del seguro social y actualmente tiene uno de
los más reconocidos internacionalmente, tanto por los servicios que presta a
los afiliados, como por la cantidad de reservas en dinero con que cuenta.
Espero que en el Ecuador nunca
lleguemos al extremo chileno de 1974; pero, concuerdo con el autor del libro en
que, si el gobierno y la Asamblea no toman medidas prontas y acertadas, la
gravedad de los problemas del seguro social será tal, que la superación será
muy difícil y requerirá de muchos años, en los cuales los actuales
beneficiarios y los futuros jubilados, léase todos los trabajadores del país
aportantes, verán cómo se esfuman sus ahorros obligatorios y sus esperanzas de
aprovechar, cuando sea necesario, los beneficios constitucionales y legales de
atención médica, maternidad, cesantía, invalidez, jubilación, muerte y algún
otro.
El libro de Henry Llanes contiene
su introducción, dos partes analíticas: El Seguro Social y El Estado Moroso; y,
un grupo de conclusiones que llenan algunas páginas.
La primera parte se refiere a
los tropiezos del seguro social, el estado de bienestar y el impulso de las
políticas sociales, el seguro social y la seguridad social como conceptos
distintos, el seguro social en el Ecuador, el aporte del 40% a las pensiones
jubilares, el incremento de los jubilados y el pago de pensiones, las deudas
del Estado al IESS y el desfinanciamiento del Fondo de Salud, la reforma a la
Ley de Seguridad Social y la prestación médica a los hijos de los afiliados,
los seguros especiales. La parte relacionada con el Estado moroso abarca cinco
subtemas: el Estado moroso administra al IESS, las deudas del Estado al IESS,
la sentencia de la Corte Constitucional y la restitución del 40%, el portafolio
de inversiones del IESS. Se añade la bibliografía y anexos que se refieren a la
reestructura del gobierno del IESS y del BIESS, incorporados en un interesante proyecto
de Ley de autoría de Llanes.
Como dijo uno de los
comentaristas del libro, este será un documento muy importante de consulta
sobre la realidad del seguro social del Ecuador y algunos planteamientos con
respecto a cómo evitar que caiga al abismo.
En lo sucesivo, se hará un
breve resumen y comentario en referencia a varios de los aspectos principales
del libro y especialmente a las conclusiones.
Lo primero que se menciona es
que seguro social y seguridad social no son sinónimos.
Dice Llanes que: “La
seguridad social se refiere a
políticas públicas y de gobierno: empleo, educación, vivienda, salud, seguridad
ciudadana, etc.” Y que: “… los seguros sociales tienen directa relación con las relaciones
sociales de producción y son financiados con los aportes de los trabajadores,
empleadores y por los afiliados por cuenta propia…”. Señala que: “En el caso ecuatoriano no está hecha esta distinción jurídica, por eso, ambos conceptos han sido aplicados como
sinónimos, cuando en realidad no es así…” [1]_/
Explica que: “uno de los aspectos fundamentales que debe
tomarse en cuenta en el manejo del seguro social, es el financiamiento y las
coberturas, que en el caso ecuatoriano cubren las contingencias de salud,
invalidez, discapacidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez y
muerte…”, y señala que: “… en este
caso, dichos seguros no son financiados por el Estado.”
Menciona que, en 1923 se puso
en vigencia la Ley de Jubilación, en 1928 se creó la Caja de Pensiones para los
empleados públicos y los militares; en 1937 se creó la Caja del Seguro, que
amplió la cobertura a los empleados privados y a los obreros industriales; en
1970, mediante Decreto Supremo No. 40 se creó el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS), con fondos propios, distintos a los del fisco:
y, luego de varias leyes y reformas a las normas vigentes, el 2001 se promulgó
la Ley de Seguridad Social, que dice, en al artículo primero, sobre los
principios rectores: “El Seguro
General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y,
como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad
y suficiencia.”
Por mi parte, considero
importante señalar que en el año 2008 se aprobó la Constitución vigente que, en
el artículo 34, señala: “:..el derecho a
la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será
deber y responsabilidad primordial del Estado…” Determina que: “El Estado garantizará y hará efectivo el
ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los
hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo
autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.”.
La Constitución también
determina, en los artículos 367 a 374, entre otros aspectos, que el sistema de
seguridad social es público y universal; el Estado normará, regulará y
controlará las actividades relacionadas con la seguridad social; el seguro
universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad,
paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez,
discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley; el IESS … será responsable de la prestación de las contingencias del
seguro general obligatorio a sus afiliados; las prestaciones se financiarán
con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y sus
empleadores, con los aportes de las personas independientes aseguradas, los
aportes voluntarios de los ecuatorianos residentes en el exterior; y, con los
aportes y contribuciones del Estado. Además, los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y
distintos de los del fisco; los fondos provisionales públicos y sus
inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad
del IESS; el seguro social campesino forma parte del IESS; el Estado estimulará
la afiliación voluntaria de los ecuatorianos residentes en el exterior.
En el fondo, la Constitución
correísta, elaborada con fines populistas y proselitistas cubiertos por un
manto de atención a las necesidades de los pobres, sentaba las bases para que
el IESS, siempre considerado por los gobiernos como “vaca lechera”, tenga que
asignar fondos para atender las prestaciones sociales de quienes significan
votos, no aportan nada directamente o entregan aportes simbólicos, mientras
requieren frecuentes atenciones costosas.
Llanes menciona que Correa, basado en ese principio
constitucional, aprobó “…múltiples
reformas (al seguro social), en cuyo proceso, se incorporaron prestaciones sin
el debido financiamiento…”, llevando a la entidad a los serios
problemas que afronta ahora.
En efecto, aumentó en exceso
los beneficiarios del IESS, pero no solo que no creó las necesarias fuentes de
recursos útiles para financiar los requerimientos de aquellos, previstas en el
artículo 369 de la Constitución 2008, sino que eliminó el aporte gubernamental al IESS del 40% para financiar las
prestaciones, reconocido como obligatorio en el artículo 371 de la Constitución
y forma parte importante de los recursos del IESS para mantener y
acrecentar las reservas indispensables para su funcionamiento óptimo en el
largo plazo.
Se suma a eso, lo que
transcribe Llanes de Pedro Barreiro, escrito en 2004: “El incremento de los costos, sobre todo en el área de la salud (actual
Seguro General de Salud Individual y Familiar), determinado, entre otros
factores por el envejecimiento de la población, el crecimiento de las tasas de
discapacidad, la emergencia de nuevas enfermedades, y el creciente uso de
nuevas tecnologías para desarrollar soluciones de alto precio para problemas
que antes no tenían solución, han incidido dramáticamente en la estabilidad
financiera de este seguro, que ha visto deteriorar sus servicios, con grave
detrimento de la salud de los asegurados.”
El mensaje del libro de Llanes
y lo que está claro, no solo en ese documento sino en numerosos editoriales de
diversos medios de comunicación, es que el IESS se encuentra en graves
problemas financieros y que está en riesgo el cumplimiento de su objetivo
constitucional.
Hay expertos que señalan que,
después de solo 7 años, la situación del IESS será extremadamente complicada,
por falta de recursos financieros para atender las jubilaciones y otras necesidades
de sus afiliados. Esos expertos y otros que estudian el problema financiero del
IESS, sugieren varias medidas para que la entidad asegure su normal
funcionamiento por los menos hasta 25 años adelante, creando y manteniendo
reservas suficientes.
Algo que se viene sugiriendo
es la ampliación de la edad de jubilación en 5 años, pues se dice que, en la
actualidad, las personas que se hallan hasta en los 65 - 70 años, están todavía
en plenitud de facultades y no cabe que pasen a engrosar los grupos de
jubilados.
Otra propuesta es que se
aumente el porcentaje de los aportes que hacen empleadores y trabajadores al
IESS, pues cada uno por ciento de aumento significaría un ingreso muy
importante a la entidad.
Tercera aunque compleja posibilidad
es que el Estado aumente su aportación al IESS y que la institución deje de
hacerse cargo de algunas enfermedades catastróficas de los afiliados, pues el
costo que ellas significan para su tratamiento resulta demasiado oneroso.
La cuarta sugerencia apunta a
que el Estado deje de utilizar al IESS como “caja chica” y como “vaca lechera”,
de manera que los fondos institucionales se dediquen a las coberturas previstas
en la ley, por una parte; y, por otra, que ningún nuevo beneficiario llegue a
título gratuito, sin que haya la contraparte de ingresos legalmente prevista,
para evitar déficit operacional.
También se argumenta que el
gobierno nacional no tiene nada que hacer en el Directorio del IESS y que solo
lo deben dirigir los trabajadores, los empleadores y los jubilados; aspecto con
el cual no estoy de acuerdo, porque tanto como empleador muy importante, como
en calidad de asignador de recursos estatales, debe estar en ese Directorio.
Sin embargo, solo cabe que sea el nominador de su representante, que no tiene
que ser el presidente nato de la entidad.
Por otra parte, los miembros
del Directorio deben ser 5 profesionales de al menos tercer nivel
universitario, (1 por los trabajadores, 1 por los empleadores, 1 por el
gobierno, 1 por los campesinos y 1 por el resto de los afiliados o beneficiarios),
conocedores del sistema financiero y de seguridad social, debiendo ser médico
por lo menos uno de ellos La experiencia indica que, con los 3 miembros
actuales, la balanza generalmente se inclina hacia lo que quiere el gobierno,
que preside el Directorio, y no hacia la protección de los afiliados y de los intereses
del IESS, que es una entidad que debe tener total autonomía con respecto al
gobierno nacional.
Para finalizar, hay que
mirarse en el espejo de Nicaragua con respecto al seguro social…Medidas
desacertadas provocan respuestas masivas … y violentas. Hace bien el presidente
del Directorio, cuando ofrece transparencia y políticas acertadas para el IESS.
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