NOTA IMPORTANTE. – Es
motivo de satisfacción personal comunicarles que este blog cumple siete años de
vida. En este periodo han circulado 166 boletines quincenales, casi sin
interrupción, para conocimiento directo y gratuito de más de dos mil receptores
por número y su difusión indirecta a muchos más en diversas partes del mundo.
También están en circulación dos libros que reúnen los primeros 140 artículos. Creemos
que los receptores totales suman cerca de un millón y medio. Ojalá podamos
llegar al número 200 y a los 2 millones de lectores.
Los temas han sido
diversos, pero los más abordados han sido aquellos relacionados con la década
“ganada” según el expresidente Correa, perdida según muchos analistas, “robada”
según miles de personas, de enriquecimiento lícito e ilícito de muchos socios
de AP listos a beneficiarse desde las más altas funciones de gobierno y de
algunos empresarios que aprovecharon la mejor época financiera del país, para
lograr grandes utilidades en negocios legales, aparentemente legales o
abiertamente turbios, de los que fueron parte.
LA UNIVERSIDAD ALFREDO PÉREZ GUERRERO (UNAP). – Apenas
iniciado el gobierno de Correa, una de sus decisiones más publicitadas fue la
de reorganizar el sistema de educación superior. Según su pensamiento, la
mayoría de las universidades no era estatal y lo que quería era que cambie la
situación reduciendo al mínimo las universidades privadas, porque aspiraba a
que todos los niveles educativos, desde el primario al superior, siembren las
semillas del Socialismo del Siglo XXI, que debía durar 300 años…
Uno de los argumentos
que recibió el aplauso general fue el de que muchas universidades eran “de
garaje” y que no cumplían con normas básicas en cuanto a disposición de
infraestructura, laboratorios, equipos, muebles y sobre todo, de docentes
calificados para dar educación de calidad a sus estudiantes, que por esos
vacíos se convertirían después en profesionales sin las bases suficientes para
desempeñarse a la altura de las necesidades del desarrollo nacional.
El Mandato 14 de la
Asamblea Constituyente, expedido en julio de 2008, obligó al Consejo Nacional
de Educación Superior, a evaluar a todas las universidades del país y a
pronunciarse sobre su situación académica y jurídica, con el propósito de
satisfacer el deseo presidencial. Esa Asamblea no tenía fundamento para ordenar
la evaluación de las universidades y politécnicas. Como decía el Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil: “La Asamblea
Constituyente viene haciendo en algunos casos un uso equivocado de los
“mandatos constituyentes” al utilizarlos para reformar leyes, pues tal
propósito no corresponde al objetivo de los mandatos que, según su propio
Reglamento, es el de facilitar el ejercicio de sus plenos poderes.” [1]_/
En el fondo, lo que
se buscaba era, como en otros muchos sectores, que el Estado cope las universidades
y que el presidente de la República oriente ideológicamente la educación
superior, sin considerar que las universidades se llaman así en todo el mundo, porque
deben acoger el pensamiento universal, provenga de cualquier ideología
política, teoría económica o visión social, justamente para en el crisol del debate
abierto y democrático, encontrar las mejores soluciones a los problemas
vigentes, no solo en el país sino en la Tierra.
La evaluación
solicitada produjo lo que se esperaba. Muchas universidades fueron cerradas
porque la evaluación les fue negativa. Obviamente, la mayoría era de
universidades privadas y algunas eran estatales. La evaluación y las decisiones
posteriores del Ejecutivo justificaban en algunos casos el cierre de ciertos
establecimientos, pero en otros casos no lo hacían, porque las bases de
evaluación no eran las más apropiadas. Algunos de los afectados incluso
dijeron, en su momento, que, si hubieran hecho aportes económicos al partido de
gobierno o a los bolsillos de algunas autoridades, no les hubieran cerrado sus
universidades.
La Universidad
Alfredo Pérez Guerrero (UNAP) fue cerrada injustamente. Con ella colaboré algún
tiempo como docente invitado, no de planta, y constaté que era bien llevada,
cumplía sus funciones atendiendo las exigencias para cada carrera profesional y
progresaba cada año, en número de alumnos y prestigio, porque no solo formaba a
sus estudiantes, sino que investigaba y participaba en actividades sociales.
Sus autoridades estaban diariamente atentas para mejorar su funcionamiento y
cumplir con su visión, misión y objetivos de la mejor manera.
En el transcurso de
este mes, quien fuera Rector del indicado centro de educación superior, doctor
Jorge Enríquez Páez, pondrá en circulación un libro titulado “LA VERDAD”. Lo
recibí hace pocos días y basado en él quiero documentar mi apreciación positiva
anterior.
El libro del doctor
Páez contiene una síntesis histórica de lo que fue e hizo la UNAP, un
comentario sobre la evaluación e intervención oficiales, una detallada mención
a los atropellos, violaciones jurídicas y alteraciones de datos en las
evaluaciones efectuadas por el CEACES, anteriormente CONEA, más algunos anexos
que destacan ciertas actividades de la UNAP, como la suscripción de convenios
con otros centros de estudio para desarrollar sinergias o su incorporación a
organizaciones internacionales de universidades para desarrollar tecnologías.
Para los efectos de
este boletín, conviene destacar algunas afirmaciones constantes en el libro:
La UNAP tuvo sus
raíces en el Instituto Tecnológico Americano, creado en 1990. El Congreso
Nacional expidió su Ley Constitutiva el 12 de diciembre de 2000, que fue
promulgada en el Registro Oficial 244 del 15 de enero de 2001. Era una entidad
privada y en la ley se decía expresamente que “… no recibirá asignación alguna
proveniente del Estado”.
Las carreras
profesionales que tenía eran: Gerencia de empresas, con mención en Marketing,
Finanzas y Negocios internacionales; Sistemas informáticos y Networking;
Administración de empresas turísticas, Derecho, Diseño digital y Multimedia,
Educación Parvularia, Comunicación social. Contaba con una extensión en
Gualaceo.
El equipamiento de la
UNAP para los fines que perseguía era suficiente. Un campus bien ubicado, con
edificios, laboratorios, aulas, equipos y muebles modernos; pero, pensando en
el futuro, estaba en proceso un proyecto de campus en otro lugar de Quito, para
albergar nuevas carreras, más alumnos y más compromiso con la sociedad. No era universidad “de garaje”.
Durante los 10 años
de su existencia, los cientos de estudiantes que matriculó tuvieron la
posibilidad de evaluar periódicamente a los docentes. El 90% del alumnado lo
hizo y las calificaciones para los profesores estuvieron por sobre 88/100.
La UNAP publicó
muchos libros de autores nacionales, en algunos casos para recuperar textos
olvidados pero valiosos y, en otros casos, para colaborar con autores de temas
de indudable trascendencia nacional. Mi libro: ECUADOR: Proyección 2020, de 800
páginas, en el que ya anunciaba que el país iría al descalabro actual, lo
auspició la UNAP en el año 2010. En ese libro se mencionan varios de los
necesarios cambios en la Constitución del 2008, que sugiero para evitar que el
país aplique el Socialismo del Siglo XXI y fracase en la búsqueda del “buen vivir”.
De otro lado, efectuó
una investigación que le significó reconocimiento internacional, en relación
con las orquídeas, que dio importante resultado relativo a la orquídea
“Drácula”.
Por supuesto, efectuó
muchos actos y labores reconocidos por la sociedad, al punto que, en el quinto
aniversario de la entidad, el Congreso Nacional le hizo un reconocimiento
público. Además, como se observa en el libro, muchas personalidades de
diferentes corrientes ideológicas e intelectuales de gran prestancia apoyaron
las tareas de la UNAP o las reconocieron en diversos medios de comunicación
radiales y periodísticos.
Nada de eso se tomó
en cuenta y el 12 de abril de 2012 “asaltaron la Universidad resguardados por
las sombras de la noche y la Policía Nacional, la cerraron y confiscaron sus
bienes”. [2]_/
El artículo 323 de la
Constitución prohíbe toda forma de confiscación y eso es lo que se dispuso,
cuando a los promotores de las universidades se les quitó su patrimonio para
distribuirlo a entidades públicas, basándose en el artículo 41 de la LOES, cuya
constitucionalidad fue demandada ante la Corte Constitucional.
¿Qué ha pasado desde
entonces y que las autoridades respectivas deberían averiguar?
Se produjeron graves
errores: violaciones jurídicas, adulteraciones de datos, faltas de
comunicación, daños a los estudiantes y profesionales, además de perjuicios a
la sociedad.
Las violaciones
jurídicas, según lo que consta en el libro La Verdad, comprende actos de
inconstitucionalidad, como el de reformar la Ley de Educación Superior con un
reglamento, lo cual no puede suceder porque la Constitución señala el orden
jerárquico de las normas nacionales y la Ley prevalece sobre los reglamentos; no
comunicar oportunamente sobre el proceso de evaluación a los rectores de las
universidades que iban a ser evaluadas, sobre el inicio del proceso respectivo,
afectando a sus derechos de defensa; determinar que matricular alumnos en
primer semestre era iniciar programas nuevos, cuando lo que se hacía era
continuar con los programas pre-existentes y legalmente autorizados; la emisión
de las resoluciones de suspensión de las universidades cerradas sin que el
reglamento respectivo esté aprobado por el órgano estatal correspondiente; el
cambio de los parámetros de evaluación a medio camino de esa actividad,
afectando el principio de la seguridad jurídica sobre los resultados; la
ignorancia de la solicitud de apelación a las conclusiones de la evaluación;
etc.
La UNAP, es posible
que también todas las otras universidades, nunca supo cómo se procesó la
información que se entregó a los comisionados para recibirla, tampoco supo qué
datos ingresaron al modelo configurado por el CEAACES para la evaluación, sus
directivos nunca recibieron comunicación alguna sobre el informe final, “para
tener derecho a asumir conocimiento, analizarlo, y acogerlo al derecho de
ampliación, apelación, revisión, consagrados en la Constitución de la República
del Ecuador, a su debido y oportuno tiempo.” [3]_/
La UNAP, luego de
conocer a destiempo el documento “… y después de analizarlo detenidamente,
llegó a la conclusión técnica y demostrable de: ADULTERACIÓN DE LA INFORMACIÓN
QUE INGRESÓ AL MODELO, y generó obviamente los resultados falsos que desdicen
de la realidad del IES.” [4]_/
Cerrada la UNAP, se
nombró un interventor, para que se haga cargo de solucionar los problemas que
quedaban pendientes y el Estado tomó a su cargo los activos, pasivos y
patrimonio institucional. El interventor del primer momento ha sido reemplazado
varias veces por otras personas; pero, lo realmente preocupante y que debería
llamar la atención de las autoridades de la educación superior, de la
Contraloría y de la Fiscalía, es que hasta la fecha no se sabe el destino que
han tenido muchos de los bienes y la administración en general ha sido
deficiente, pues al parecer muchos bienes se entregaron a otras entidades,
otros están destruidos y algunos desaparecieron, sin que nadie dé cuenta de los
mismos.
Lo que ha pasado con
la UNAP ha sucedido por igual con otras universidades y escuelas politécnicas
cuyos edificios sirven ahora a las universidades estatales o a otros organismos
públicos, cuyos laboratorios y equipos también fueron entregados a diversos
establecimientos; pero que, en ciertos casos, como pianos, automóviles, cuadros
famosos, libros valiosos, no aparecen o, dicen sus antiguos dueños, saben donde
están, pero no son entes del Estado.
La publicidad gubernamental
fue masiva y hasta convincente en el sentido de que se había hecho un bien al
país y que el sistema de educación superior se había desecho del lastre y que
saldría adelante con el impulso que le iban a dar cuatro importantes nuevas
universidades estatales y las que quedaban en las mejores categorías luego de
la evaluación.
Pero, la realidad es
que Yachay, la estrella universitaria imaginada e impulsada por Correa con
millones de dólares, no da los resultados esperados y ha sido sujeto de
numerosas irregularidades en su construcción y desarrollo académico; se
agotaron los recursos financieros para atender debidamente a las universidades
públicas. En 2013 y los años siguientes, miles de
estudiantes
universitarios quedaron fuera de la posibilidad de estudiar, no en las
universidades “de garaje”, sino en aquellas que fueron injustamente cerradas,
seguramente por razones ideológicas y políticas o por enemistades (se comentaba
que una de las más importantes del país estuvo a punto de ser cerrada por ese
motivo, obviamente presentando otros justificativos) y el balance general de la
famosa evaluación y de las acciones posteriores de las autoridades ha sido
negativo, como lo expresan varios expertos en educación superior y como lo
reconoce el gobierno actual, cuando se ha apresurado a corregir problemas como el
de la falta de cupos en las universidades del Estado, para atender la enorme
demanda insatisfecha de los jóvenes bachilleres que quieren tener una formación
profesional.
POR FAVOR, LEA DOS LIBROS ACTUALES: ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE AMÉRICA LATINA, de Luis Luna Osorio y Claudia
Marcela Bastidas. Edición 2017. Precio:
USD 25 cada ejemplar de 608 páginas y un CD; y, ECUADOR: VISIÓN DE LAS CRISIS
2014 – 2017.
[1] _/ http://www.eluniverso.com/2008/04/28/0001/21/0BDCEC9982294AA3962CDE2192FB10C8.html.
Además, en el orden jurídico nacional no existe como norma legal el “Mandato”
en la Constitución anterior y no lo hay en la actual.
[2] :/ ENRÍQUEZ PÁEZ JORGE: La Verdad. 2018. Quito, Ecuador.
[3] _/ Ibid. Página 149.
[4] _/ Ibid, Página 149. IES = Institución de Educación Superior
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