BOLETÍN 163 UN ACUERDO COMERCIAL CON LOS ESTADOS UNIDOS

  

BOLETÍN 163 UN ACUERDO COMERCIAL CON LOS ESTADOS UNIDOS

LUIS LUNA OSORIO                                                             FEBRERO 26 DE 2018

 

Una de las más importantes decisiones que el gobierno debe tomar y, según lo que afirma el Ministro de Comercio Exterior, ya se ha tomado, es la de fortalecer las relaciones del país con los Estados Unidos de América, para llegar a la firma de un acuerdo comercial.

Hace casi 7 años, el 11 de abril de 2011, en el primero de estos boletines, el autor de este Blog decía: “Para el Ecuador, las relaciones de todo tipo con ese país son muy importantes, porque tienen que ver con la política internacional (es el país más poderoso del mundo y el más influyente en las áreas política, institucional, económica y financiera); el comercio internacional, las inversiones, el turismo y la migración; y, en muchos casos, sus decisiones de política interna son trascendentales para todo el mundo. “, y abogaba por que el gobierno negocie y firme un tratado de libre comercio con ese país.

Pero, como no ha peor sordo que el que no quiere oír, Correa desoyó los pedidos de muchos líderes empresariales y analistas del comercio exterior como yo, y prefirió acercarse a países que en estos diez años solo han sido compañeros ideológicos, sin aportar nada para el desarrollo nacional, en inversiones, empleo, comercio u otros aspectos. 

Es más, empujado por sus admirados Castro y Chávez, afectó de múltiples formas las relaciones con los Estados Unidos, poniendo obstáculos en un camino que debía ser mejorado y ampliado para aprovechar los vínculos con el más importante mercado ecuatoriano, capaz de aportar inversiones, tecnología, cooperación técnica y financiera, apoyo político en las relaciones internacionales; con demanda de crecientes volúmenes de productos del país, capaz de enviar importantes cantidades de turistas; tomando en cuenta, además, que es el lugar de residencia de muchos miles de ecuatorianos que han llegado allá buscando el bienestar familiar. 

Es urgente, entonces, trabajar en la ruta correcta y, dada la coyuntura actual, conseguir la vigencia del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) hasta el año 2020 y, en este trienio, lo más pronto posible, dar forma al acuerdo comercial y firmarlo, mientras se adapta la legislación nacional a los requerimientos de esa norma bilateral y los empresarios elaboran sus planes de negocio y sus proyectos para la exportación al mercado estadounidense. 

Los Estados Unidos vienen aplicando el SGP por varias décadas en beneficio de más de un centenar de países y lo ha hecho con el Ecuador por bastante tiempo. Sin embargo, hay algunos problemas para su cabal aprovechamiento:

·         Es una medida unilateral, sujeta a la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, de manera que puede ser mantenida o quitada, a su voluntad.

·         No incluye, como beneficiarios del SGP, a productos que son de mucha importancia (en nuestro caso las rosas, por ejemplo), lo que reduce la capacidad de aprovechamiento por parte de los países exportadores.

·      La utilización del SGP está sujeta a evaluación anual. Eso crea incertidumbre entre los exportadores con respecto a si el mecanismo seguirá vigente por más de un año y obsta la realización de inversiones importantes en proyectos para la exportación.

De todas maneras, hay que celebrar que cerca de 400 millones de dólares de exportaciones de 2017, referidas a más de 300 productos, se beneficiaron del mecanismo y que, si se mantiene hasta el año 2020, habrá resultados positivos para el país, que se agradece. Sin embargo, al Ecuador y a sus exportadores no les conviene continuar bajo esas condiciones llenas de incertidumbre y lo que tiene que hacer el gobierno, en el menor tiempo posible es conseguir que Estados Unidos acepte negociar un acuerdo comercial.

Si se llega a ese acuerdo, el país habrá logrado permanencia en el tiempo de la apertura del mercado de los Estados Unidos para la gran mayoría de los ítems del arancel, eliminando las distancias ahora existentes con las condiciones de importación al país del norte (libre de gravámenes y restricciones) de los productos de Colombia, Perú y los centroamericanos.

¿Cuáles serán los beneficios derivados del acuerdo comercial con Estados Unidos?

·         El Ecuador contará con seguridad en el largo plazo, para el aprovechamiento del mercado de los Estados Unidos, por su producción exportable no petrolera, no solo de los productos que están en ese mercado y que lo conocen bien, sino de otros productos que, al igual que está pasando con la Unión Europea, descubrirán que tienen nichos interesantes y empezarán a exportarse, procedentes del sector agropecuario, de la agroindustria, de la industria con mayor valor agregado y de ciertos servicios modernos.

·         El gobierno, teniendo como referencia los acuerdos con la UE y con Estados Unidos, contará con bases sólidas para negociar acuerdos similares con otros países del mundo, que le permitan ampliar el mercado de la producción nacional.

·         Los inversionistas nacionales y extranjeros, no solo de Estados Unidos, sabrán que hay mercado estadounidense seguro para sus producciones de exportación y destinarán sus recursos financieros a varios e importantes proyectos dirigidos a explotar ese mercado, directa o indirectamente.  

·         El incremento esperado en las inversiones redundará en el aumento de la producción y las exportaciones, lo cual llevará también a que crezca el empleo digno e incluso el especializado, de mejor remuneración. 

·         Los ingresos de los trabajadores determinarán mayor demanda y expansión acelerada de la economía; generando una espiral virtuosa de bienestar para toda la población. 

·         El creciente aprendizaje sobre las características del mercado estadounidense llevará a que la producción exportable tenga cada vez más valor agregado nacional incorporado, lo que aportará al cambio de la matriz productiva y al desarrollo tecnológico.

·         Se habrá perdido el miedo a la competencia internacional y se habrá logrado entender la importancia de mejorar constantemente la competitividad y la productividad nacionales, por parte de los empresarios y el gobierno, acrecentando con ello la confianza en las propias capacidades de invertir, producir, exportar, aumentar el empleo, mejorar tecnologías existentes y desarrollar nuevas. [1]_/

¿Cuáles serán las obligaciones del gobierno y del país para beneficiarse del Acuerdo?
  
El Estado no debe reservarse el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, en la forma que lo expresa el artículo 313 de la Constitución, porque luego de mencionar, en el tercer inciso, algunos sectores claves, dice: “… y los demás que determine la ley.”, con lo cual queda abierta la posibilidad de que el Estado declare estratégico a cualquier sector productivo, lo que podría afectar legítimos intereses privados. 


El Estado no debe seguir manteniendo una estructura institucional obesa y dedicada a trabar los esfuerzos empresariales del sector privado. Hay que reducir el número de entidades y de procedimientos y trámites. La calificación que hace el “Doing Business” 2018, con respecto a diez áreas: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia, regulación del mercado laboral, muestra que el Ecuador, en siete de ellas está en puestos sobre el 100 entre alrededor de 170 países, ubicándose en “apertura de un negocio” en el puesto 168, a dos del último, y en la de “pago de impuestos” en el sitio 145, mostrando con ello deficiencias graves de efectividad estatal.  

El gobierno deberá garantizar la seguridad jurídica a los inversores nacionales y extranjeros, lo cual significa que tendrán que ser cambiados algunos de los artículos de la Constitución, varias leyes, otras normas y procedimientos. No se puede exigir que los arbitrajes sobre conflictos entre Estado y empresas privadas los realice el propio Estado (juez y parte) o árbitros de la región (Venezuela, Bolivia u otro adherente al socialismo). 

Hay que volver a suscribir los convenios de protección recíproca de inversiones. Sin ellos, difícilmente se podrá conseguir que los inversionistas extranjeros vuelvan al país. El ministro de Comercio Exterior ha dicho que se está preparando un “nuevo formato”. Me parece que los países que tienen decenas de convenios de ese tipo no esperan un formato uniforme, porque sus intereses son específicos. Además, se persiste en la idea del “arbitraje” con balanza inclinada y nadie va a suscribir algo que le signifique un perjuicio potencial.

El Código de la Producción y las normas posteriores no deben seguir vigentes, por inoperantes. Hay que buscar fórmulas nuevas de apoyar a las empresas, sin pensar en grandes y MIPYMES nacionales, pues para efectos de la competitividad, pocas empresas del país son medianas y en su gran mayoría son pequeñas y micros. Lo que debe buscarse es la asociatividad, los clusters de producción, los consorcios de exportación, las asociaciones público – privadas para proyectos de magnitud viable, no los megaproyectos del anterior gobierno, casi todos ellos faraónicos, estatales e inviables.

El Impuesto a la salida de divisas en realidad afecta a la entrada de divisas. Debe ser derogado. El argumento de que genera altos ingresos para el país es muy cuestionable, porque frena las inversiones extranjeras que, en el momento mismo de hacerse, ya valen un 5% menos, por el impuesto a pagar cuando se las quiera devolver al país de origen. 

Hay que eliminar la mal llamada tasa a las importaciones. Es un impuesto disfrazado, que no se ha querido que pase por la Asamblea, única fuente de normas tributarias. Tasa es “una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes.”, y ese no es el caso de la llamada “tasa aduanera”, porque se cobra sobre importaciones que no pueden ser objeto de contrabando (ingreso ilegal de bienes) y pueden ser sujeto de subfacturación, pero para controlar esas acciones hay medidas operativas, incluso electrónicas. Además, es función propia de la SENAE el control aduanero, con su presupuesto, y el rendimiento calculado de esa “tasa” está muy por encima del valor de ese presupuesto. 

Hay que poner en vigencia nuevamente la ventanilla única para las exportaciones. Esa ventanilla y el FUE entraron en vigor en 1992, con una ley especial y terminaron con decenas de trámites engorrosos e inútiles, que complicaban la exportación. Se debe eliminar los excesos de trámites y procedimientos, porque dan lugar a corrupción y alimentan una burocracia innecesaria.  

Las sociedades deben ser anónimas. No puede ser que los socios de una empresa, que pueden llegar a ser miles y por tanto en su gran mayoría no tienen que ver con la administración, respondan con sus bienes por los problemas financieros de la empresa. 

El país estará obligado a desarrollar la infraestructura y los servicios necesarios para la exportación marítima y aérea, puesto que en los costos CIF de los productos tiene gran importancia el valor de los fletes y seguros. Ello también repercutirá en el incremento del turismo hacia el país, por el aumento de las rutas y frecuencias de las naves.

Hay que diseñar políticas efectivas de promoción de exportaciones y de desarrollo del turismo receptivo. No puede ser que las labores de los ministerios de Comercio Exterior y de Turismo sean siempre torpedeadas por la Cancillería, ideologizada y debilitada como ejecutora de la política de relaciones internacionales. La ministra debe irse. 

Se debe formular un plan de exportación a los Estados Unidos que incluya el fortalecimiento del Consejo de Comercio e Inversiones y la creación de oficinas de promoción de los negocios nacionales en varias ciudades estadounidenses, con aportes público y privado. Hay muchas ciudades, en los Estados Unidos, que tienen mercados más grandes que muchos países. En las más importantes debería haber una oficina comercial ecuatoriana.

Los ministerios de Industrias y de Productividad y el MAG deben desarrollar un programa intensivo de capacitación con respecto al comercio exterior para los productores de sus respectivos sectores. No todos van a llegar a ser exportadores, pero es necesario que sepan los objetivos de las políticas, los mecanismos, procedimientos y trámites de su área y se motiven en cuanto a asociatividad, formación de clusters y otras acciones. 

El otorgamiento de crédito a los productores debe estar ligado a la capacitación, sin que eso signifique encarecimiento exagerado de los préstamos. Debe también desarrollarse el seguro de crédito a la exportación. 

Mucho de lo propuesto servirá al país en general, para aumentar su comercio exterior.

POR FAVOR, LEA DOS LIBROS ACTUALES: ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE AMÉRICA LATINA, de Luis Luna Osorio y Claudia Marcela Bastidas. Edición 2017. Precio: USD 25 cada ejemplar de 608 páginas y un CD; y, ECUADOR: VISIÓN DE LAS CRISIS 2014 – 2017.

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[1] _/ La competitividad está determinada por la calidad, la cantidad, el precio y la capacidad de acceder al mercado de los productos. La productividad nacional está determinada por la efectividad (eficiencia más eficacia) del gobierno en proveer de infraestructura y servicios a la actividad económica, más la competitividad de las empress.