NOTA: Tengo dos razones para sentirme
satisfecho en esta fecha: primera, el 11 de abril completaré ocho años de
editar este Boletín (con una sola interrupción debida a un problema grave de
salud de mi esposa) y segunda, con el envío del Boletín 17 del diccionario actualizado
de Economía, con referencia especial a Ecuador, Colombia y Perú, supero los
primeros mil conceptos (60 conceptos por entrega), que abarcan parcialmente las
letras A, B y C. Para completar el diccionario editaré 120 boletines, con más
de 7 mil conceptos, si Dios permite.
En los 189 boletines
que inicié el 11 de abril de 2011 trato de analizar problemas de interés
general. Lo hice al principio con la idea de tener alrededor de 50 lectores. El
promedio actual es de tres mil quincenales, entre las personas y entidades que
reciben directamente y los lectores que acuden regularmente a Google (pasan en
total de 300 mil), a la página Web del Colegio de Economistas de Pichincha y
ocasionalmente a otras fuentes.
Agradezco a
todos quienes difunden mis artículos, a quienes se dan tiempo para leer y más a
quienes me hacen saber sus comentarios personalmente o por correos electrónicos.
Sus críticas resultan valiosas para mejorar las investigaciones y dar mejor
contenido a los artículos.
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Pasemos
ahora a escribir y leer de democracia y “ciegocracia”.
La
Constitución vigente dice, en su artículo primero, que la soberanía radica en
el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través
de los órganos del poder público y de las formas de participación directa
previstas en la Constitución. Dice también, en el artículo 95, segundo inciso,
que la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público
es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria.
La
democracia, según una frase afortunada de Abraham Lincoln, del 19 de noviembre
de 1863, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El problema es que, desde entonces, el
concepto “democracia” se ha vuelto un comodín. Sirve para un país como Suiza,
donde un pueblo libre, educado, de buenos ingresos económicos y en paz, es el
que rige sus destinos, siendo consultado frecuentemente por el gobierno sobre
aquello que le puede afectar. Pero, es mal utilizado en países como el nuestro,
donde el “Jefe de Estado” anterior, elegido “democráticamente” varias veces sobre
la base de artimañas, hizo y deshizo de los destinos de los ciudadanos y de los
recursos financieros propios y de la deuda del país, con un pueblo sometido, subsidiado,
de poca educación, con pésimos ingresos o desempleado, dividido.
Como
dice Fabián Corral, en su artículo: “Valor y Significado de la Democracia”: “Parece que ha llegado el momento de
plantear, en serio, cuál es el valor y el significado de la democracia, porque
la sociedad de masas y las prácticas del populismo la han desnaturalizado, han
cambiado sus objetivos, han transformado a los sistemas de gobierno que se
fundamentaron en ella, al punto que, en algunos aspectos, la democracia de hoy
resultaría irreconocible para los padres fundadores. Uno de los temas que tiene
que ver con la desnaturalización de la democracia es el de la “personalización
de la autoridad” en caudillos que, al modo de los reyes absolutos de la Francia
del Antiguo Régimen, encarnan nuevamente el poder en sus personas, al punto que
podrían decir, sin margen de equivocación, aquello de que “el Estado soy yo”.
Paradójicamente, una de las ideas esenciales de las revoluciones de signo
liberal y democrático fue trasladar el ejercicio de la autoridad de los
individuos que se habían apropiado de ella, a instituciones establecidas en las
constituciones, y anclar los gobiernos en la Ley, y no en la pura voluntad de
mayorías dominantes o en consignas de hombres fuertes.” [1]_/
La “ciegocracia” palabra que parece estoy inventando, es el
gobierno del pueblo por desconocidos, elegidos por un pueblo ciego, para un
pueblo digno de mejor suerte. Y no es que los ciudadanos no veamos las
papeletas y al acudir a las urnas pongamos en ellas las rayas que transmiten
nuestra decisión sobre los candidatos, sino que solo vemos las fotos de los
candidatos y no sabemos quiénes son …, pero los elegimos para que nos gobiernen
y supuestamente, construyan el futuro de la Patria y de nuestros hijos, nietos,
bisnietos y más.
De esa
manera, votamos a ciegas y encargamos el futuro de nuestro país, nuestra
provincia, nuestro cantón, a ilustres desconocidos o a conocidos que apenas
identificamos porque son “talentos” de televisión, del fútbol, del canto, que
luego no son capaces de leer un discurso, son alza manos o van a ganar
“diezmos” y sueldo seguro.
En los
últimos días he asistido a varias reuniones en las cuales hemos conversado
sobre las elecciones del 24 de marzo de 2019. La pregunta de cajón fue:
¿Conoces a los candidatos al CPCCS? Y
las respuestas fueron: A ninguno o de vista al hermano del periodista que murió
en la frontera, al médico de mi mamá, a la profesora de mi hija. Y la
repregunta: ¿Conoces a siete de los candidatos, porque son siete los que tienes
que elegir? Y la respuesta fue: A dos o tres, pero de vista, porque no tengo la
menor idea de por dónde salieron a la palestra.
Conste que
mis interlocutores son personas educadas e informadas, que se interesan por los
problemas del país y que leen todos los días la prensa. Y si ellos reaccionan
con esas respuestas, ¿cuál es la situación con los millones de electores que
tienen poca información?
¿Las normas
y el Consejo Nacional Electoral llevaron a millones de ciudadanos a votar a
ciegas? ¿Y qué va a pasar después? ¿Tendrán conocimientos, experiencia,
capacidad de trabajo conjunto, los siete elegidos del CPCCS y los otros
elegidos para otras funciones, o serán borregos de un pastor que ya conocemos o
de otro similar?
Mi pregunta
es: ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a esta situación? ¿Cómo puede ser que
el gobierno actual haya evitado desaparecer el CPCCS cuando pudo hacerlo en la
Consulta Popular y más bien llevó las cosas a esta situación incomprensible? Me
lleno de sospechas …
El 24 de
marzo de 2019 fue y será un día histórico para el Ecuador.
Según se
dice desde 1830, el pueblo tiene la oportunidad democrática de elegir a sus mandatarios
que, desde el día en que asumen sus cargos se espera que busquen sin descanso
formas ingeniosas de darles felicidad a todos los ciudadanos del país, la
provincia, el cantón o la parroquia, según corresponda. Pero, el pueblo elector
hasta hace menos de un siglo lo formaban unos pocos ciudadanos hombres, con
plata, con alguna educación, mayores de 18 años, que tenían poca información,
conservadores o liberales dispuestos a morir por su partido. La gran mayoría no
votaba, no tenía forma de exponer sus ideas, y en alto porcentaje no tenía
interés alguno en algo que solo beneficiaba a los patrones y sus familias.
La situación
ha cambiado desde entonces. Votan las mujeres, los analfabetos y desde el año
2009, voluntariamente, los chicos de entre 16 y 18 años, militares y policías.
Hay formas de que todo el mundo pueda exponer sus ideas en las redes sociales.
Pero, siempre hay un pero …
El 24 de
marzo se eligió a prefectos, alcaldes, concejales, consejeros, miembros de
juntas parroquiales que, una vez alcanzado su objetivo de llegar al puesto,
saben que muchas de sus ofertas de campaña eran solo mensajes para atrapar
incautos y por tanto no las cumplirán, se informan de que hay poca plata para
hacer obras porque sus antecesores se endeudaron y tienen obligaciones
pendientes, no tienen conocimientos y experiencia para administrar la cosa
pública; o, lo que es peor, llegan con el único propósito de obtener beneficios
personales y para el círculo de familiares y amigos que se sacrificaron en la
campaña “desinteresadamente”.
También fue
convocado el pueblo para elegir a los miembros del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social. Tres listas para elegir, de entre 43 candidatos,
siete consejeros, y entre ellos tres hombres, tres mujeres y un representante
de los pueblos y nacionalidades indígenas y de los emigrados.
El Consejo Nacional
Electoral cumplió los plazos previstos y los ciudadanos acudimos a las urnas
por obligación legal más que por ejercer un derecho, para tomar la decisión
respectiva y dar los votos por los futuros mandatarios. El pueblo, asombrado,
no sabe de dónde salieron más de 80 mil candidatos de más de un ciento de
grupos que se dicen políticos, pero que en su mayoría no tienen ideología, sino
microlíderes con ganas de figurar y acomodarse con los eventuales triunfadores en
las elecciones presidenciales del 2021.
Lo que pasa
en las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales es más o menos conocido. En
la gran mayoría de los casos, los resultados del paso por allí de mucha gente
han sido total o casi totalmente intrascendentes. La mayoría de las provincias,
los cantones y las parroquias siguen con los problemas tradicionales y las
rentas anuales propias y las que les asigna el gobierno han servido en su mayor
parte para dar trabajo a muchos coidearios o construir obras no muy necesarias,
pero de relumbrón.
Recuerdo la
visita a una cabecera cantonal, hace varios años, en la cual no había agua
potable y la energía eléctrica solo se daba por unas horas en la noche, pero
tenía un palacio municipal de 5 o 6 pisos, con un salón de actos para 400
personas muy bien presentado, con butacas muy cómodas, que debe haberse llenado
… cuando llevaban gente de otro cantón.
Para evitar
que en el futuro se produzcan más votaciones a ciegas o por lo menos los
ciudadanos tengamos una mayor posibilidad de escoger bien, propongo varias
acciones:
Con los
resultados de las elecciones del 24 de marzo, la Asamblea Nacional debería aprobar
una ley según la cual solo los 10 o 12 grupos, movimientos, partidos o como se
llamen, más votados, tengan derecho a participar en las siguientes elecciones.
Para la
subsiguiente oportunidad electoral, solo las 5 o 6 agrupaciones más votadas deberían
participar. Con ello, el país se acercará a la visión ideológica y no
electorera u oportunista de las elecciones y evitará los cacicazgos y mezclas
entre el agua y el aceite para tener poder.
Los
candidatos deben declarar su patrimonio y el de sus familiares cercanos en el
momento de inscribir sus candidaturas. El pueblo debe conocer esa información y
tener derecho a comunicar a las autoridades si ese es el patrimonio real y si
fue adquirido honradamente.
Todo
funcionario de libre remoción y de elección popular, luego de serlo, junto con
sus familiares cercanos, debería cada cinco años declarar su patrimonio y las
fuentes de los incrementos, junto con las declaraciones de renta.
Hace tiempo
vi en la prensa un detalle de los patrimonios de algunos ilustres ciudadanos
cuyas muestras de riqueza eran visibles. Con sueldos altos por muchos años,
pobrecitos, no tenían nada o casi nada; los más afortunados poseían apenas una
casita pequeña de una planta, obtenida con préstamo del Seguro Social. Mi idea era
que todo lo que tenían estaba a nombre de terceros o que, irresponsables, se
farreaban el dinero y no tenían para educar a los hijos.
Los
candidatos a las más altas dignidades deben ser personas con profesión
universitaria. Reconozco que todos los ciudadanos tienen derecho constitucional
a elegir y ser elegidos; pero, el mundo es muy complejo y no puede ser que
vayan a prever el futuro necesario para las nuevas generaciones, hacer leyes y
ordenanzas, decidir sobre millones de dólares o administrarlos, quienes no
tienen conocimientos suficientes para aportar con ideas brillantes y
visionarias o no saben algo de finanzas públicas y sus exigencias en relación
con los proyectos.
Durante unos
años fui asesor de un honorable digno de ese calificativo en la Asamblea Nacional
y me di cuenta de que, incluso abogados con muchos conocimientos y experiencia
y otros profesionales, a la hora de tratar ciertos temas de la actualidad, se
veían urgidos por aprender conceptos, normas, procedimientos, para aportar y
evitar que las leyes sean papeles poco útiles o requieran reformas al otro día
de aprobadas.
A quienes
han sido elegidos prefectos, alcaldes, consejeros y concejales, miembros de las
juntas parroquiales les deseo éxito en sus funciones. Deben tener en cuenta,
todos los días, que tienen una gran responsabilidad con el país y las
jurisdicciones en las que han sido elegidos mandatarios. Cumplan su deber y
háganlo honradamente. Contrariamente a lo que está en boga, ser honrado no es
un mérito, es una obligación moral y debe ser una actitud normal de la gente
normal todos los días de su vida.
A quienes
han sido elegidos miembros del CPCCS, seguramente con porcentajes muy bajos de
votos en relación con el número de votantes, si es que llegan a posesionarse,
les pido que hagan una demostración de patriotismo y cierren ese Consejo por unanimidad
y por humanidad, porque es una entidad innecesaria en un país democrático,
donde la Asamblea Nacional debe tener las facultades de legislar, fiscalizar y
nombrar a las principales autoridades de control.
Mal que
bien, 137 asambleístas son mucho más representativos de la voluntad popular que
7 consejeros y permiten la práctica de la democracia a la ecuatoriana en mejor
forma, aunque a la hora de la verdad, de los 137, por decirlo de alguna manera,
queden 37 con capacidad para cumplir con sus funciones con honorabilidad,
conocimientos y experiencia y la dignidad necesaria para no alzar la mano en
las votaciones porque alguien ordenó que lo hagan.
Guayaquil y
Guayas han tenido la fortuna de seguir con una visión de largo plazo y un
sistema de trabajo que lleva décadas. Qué suerte de esa ciudad y esa provincia.
Quito y Pichincha han votado por seguir dando traspiés cada cuatro años. Ojalá me
equivoque y viva para verlo.
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