BOLETÍN
139: EXTIRPEMOS LA CORRUPCIÓN
ECO. LUIS LUNA OSORIO MBA FEBRERO 26 DE
2017
Según la
Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra corrupción proviene del
latín corruptio, -ōnis y. Su
principal acepción es: “… en las
organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la
utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de
otra índole, de sus gestores.”
El
objetivo de este boletín es sugerir que todos los ecuatorianos hagamos causa
común, para extirpar totalmente la corrupción de las actividades públicas y
privadas, teniendo las responsabilidades principales en ese esfuerzo, los
padres de familia y el Estado. Los primeros, con el ejemplo permanente sobre la
aplicación de los valores humanos en todas sus actividades; el Estado,
legislando y ejecutando normas claras, precisas y severas contra la corrupción
y aplicando la justicia sin contemplaciones ni diferencias.
Lamentablemente,
han habido y siguen habiendo muchos “caudillos” y dictadores en el mundo, que
consideran que los fondos públicos, que tarde o temprano son aportados por los ciudadanos
con sus impuestos, una vez que llegan a las arcas fiscales “no son de nadie” y
por tanto pueden ser utilizados al gusto y antojo de las abusivas autoridades
de turno, incluso desperdiciándolos.
Pongo
entre comillas “caudillos”, porque son demagogos populistas a los cuales les
siguen ciegamente muchas personas, ya sea porque su obediencia les genera
réditos de diverso tipo: posición social, riqueza, viajes, prestigio, mientras
adulan al cabecilla y gozan de sus favores; ya sea porque se benefician de “pan
y circo”; o, porque, sobre todo en el exterior de los países, reciben todo el
tiempo solo la información oficial, que endiosa a quien la genera y decide.
En cada
uno de los continentes habitados, es larga la lista de muy importantes y otrora
respetados dirigentes, entre ellos presidentes de repúblicas ricas y pobres,
ministros de Estado y altos funcionarios, que se han enriquecido con los fondos
públicos, aprovechando su capacidad de
decisión para la ejecución de importantes obras estatales, asignándolas a
empresas “generosas”, que les han llenado sus bolsillos o les han depositado
dinero en cuentas secretas de paraísos fiscales.
Para
muestras, se citan los casos ya juzgados de Arnoldo Alemán, presidente de
Nicaragua; Alberto Fujimori, presidente del Perú; Mohamed Suharto, presidente
de Indonesia; Jean Claude Duvalier, presidente de Haití; Ferdinand Marcos,
presidente de Filipinas; Mobutu, Sese Seko, Presidente de Zaire; Pavlo
Lazarenko, Primer Ministro de Ucrania; Sanil Abacha, presidente de Nigeria;
Slobodan Milosevick, Presidente de Serbia, Yugoeslavia; Joseph Estrada,
Presidente de Filipinas. [1]_/
Aunque no
fueron políticos, es también digno de anotar el caso de casi todos los altos
dirigentes del fútbol mundial y latinoamericano de hace pocos años, que
recibieron fondos generados por ese importante y masivo deporte y se lo
engulleron, porque pensaban que nadie les tomaría cuentas.
En el
Ecuador, los casos de corrupción se han dado en muchas oportunidades y en
diferentes gobiernos a lo largo de la historia. A algunos ex – presidentes se
los ha acusado directamente de haberse llevado la plata del pueblo hasta en
costales; mientras que, en algunos periodos, se ha dejado en claro que el
Presidente no ha robado, pero que “ha dejado robar” a muchos de sus
colaboradores más directos, aparentemente sin que se haya percatado de ello.
Lo cierto
es que, personajes que antes de ser autoridades han debido hasta el arriendo de
viviendas modestas y han sido sujetos de juicios de insolvencia, a los pocos
meses de haber ingresado al cargo público importante, son nuevos ricos que han
comprado casas amplias con piscina, viajan en flamantes autos finos, visten a
la última moda de París, van de vacaciones y de compras al exterior en cada feriado,
con mascotas incluidas; pero, eso sí, proclaman que aman a los pobres y luchan
por ellos.
Lamentablemente,
algunos grupos ciudadanos consideran válido que algunas autoridades alcen con
el santo y la limosna, “siempre que hagan obra” y, por supuesto, están
dispuestos a luchar por algún día lograr el puestito que les permita gozar de
los mismos placeres de la vida de sus líderes. Recuerdo el caso de un ciudadano
que solo pedía le permitan administrar “el palo” del control de la
Aduana de Yaguarcocha, cuando allí se revisaba todo vehículo de pasajeros o de
carga que venía de Colombia o iba en esa dirección con mercadería.
Entre los
líderes, aquí y en todas partes, hay los que proclaman incansablemente que “el
pueblo es inteligente” mientras esperan que vote por ellos o en agradecimiento
por sus votos, ofrecen erradicar la pobreza de todos los ciudadanos y al final
erradican su propia pobreza y la del grupo más cercano, sin cumplir sus ofertas
de campaña.
Es, a
todas luces, paradójico que, en Sudamérica, varios presidentes que llegaron a
serlo con el voto popular y clamaron por la justicia social y la reivindicación
de los descamisados, los habitantes de las favelas, los desocupados, los
indígenas, al término de sus mandatos hayan dejado a sus países peor que antes,
en los indicadores sociales y económicos principales; pero, hayan engrosado sus
fortunas y las de sus familiares y amigos cercanos, en forma descarada. En Brasil,
Argentina, Perú, Panamá y en el Ecuador, para citar algunos juicios, se siguen
actualmente decenas de casos de corrupción, con pruebas irrefutables.
Como
decía un editorialista del diario “El Comercio” de Quito, la gente se pregunta:
“¿Quién es más infame, el delincuente de derechas o el de izquierdas? En
principio los dos, pero el autodenominado de izquierdas hurta algo más, ya que
a nombre de los ideales de la justicia, solidaridad, libertad y de la historia,
se carga, no solo con la plata de sus países, sino que saquea la confianza y el
espíritu de la gente, vaciándole de energía, dignidad y utopías. La crisis no solo
es económica y política, sobre todo es de descomposición ética y moral”. [2]_/
Los
últimos meses han servido para poner al descubierto, en muchos países, las
cuevas de los Ali Babá nacionales y sus
ladrones. En esa labor, lamentablemente, nada han tenido que ver los organismos
nacionales de control; porque ha sido el gobierno de los Estados Unidos, los
investigadores de algunos importantes medios de comunicación y los Panamá
Paper´s, los que han permitido conocer la forma en que empresarios
internacionales y altos funcionarios nacionales han coludido, en perjuicio de
los estados y, por supuesto, de los ciudadanos, ejecutando grandes proyectos de
infraestructura con sobreprecios que enriquecían a los delincuentes y, en
varias ocasiones, sin la oportunidad o la necesidad real y la calidad
requerida.
La
“primera piedra” que ha servido para levantar los monumentos a la corrupción
que se conocen, que se conocerán y que posiblemente nunca lleguen a conocerse,
ha sido la aprobación de constituciones “socialistas” en las cuales el Estado
domina los sectores estratégicos y el Ejecutivo domina todas las funciones, de
manera que los grandes proyectos solo se los puede hacer con recursos fiscales
o con aprobación de quien detenta el poder nacional y desaparece el poder ciudadano
fiscalizador, anterior y posterior a la realización de las obras, incluso en el
ámbito del poder judicial.
La
segunda piedra fundamental es el autoritarismo de los “jefes de Estado”, que
han metido la mano en todas las funciones públicas y que, con el argumento de
que “quieren hacer obra pronto y a cualquier costo” (porque estaban en épocas
de vacas gordas), eliminaron o minimizaron las funciones de las contralorías y
las procuradurías para evaluar la factibilidad social, económica y financiera
de las obras, antes de que se las adjudique y se las inicie; y, terminaron
pagando los más altos precios mundiales por kilómetro de carretera o por obras que
a la postre no han servido, pero que han sido utilizadas para promocionar el desvelo
del gobierno por el bienestar popular.
La tercera
piedra básica, por así decirlo, ha sido la declaratoria de “emergencia” para
todos los proyectos importantes que asomaban por los despachos presidenciales,
con lo cual se obviaban las licitaciones y se asignaba a dedo los estudios y la
ejecución de los proyectos de costos millonarios, por parte de “obedientes”
ministros y miembros de directorios espurios, en los cuales solo se aceptaba
las órdenes superiores y a coro se aplaudía las ideas mesiánicas de “transformar
la matriz productiva”, para dejar de depender del “imperio”.
Por
supuesto, los diligentes funcionarios no encontraban mejor acierto que el de
contratar empresas con experiencia ingenieril y “financiera” probada en otros
países y que sabían que se portaban generosas con quienes les adjudicaban las
obras. Desde luego, en el camino surgían porcentajes y fórmulas de reparto.
Lo que
acabo de mencionar no es nada nuevo. Lo publican y lo dicen los medios de
comunicación, no como invento de ellos, sino como declaraciones de muchos reos
de la justicia, entre ellos los dueños de enormes empresas y algunos de los
beneficiarios, enojados con sus compadres de antaño o con sus mentes puestas en
“no caer solos” y arrastrar a jefes y subalternos igualmente corruptos.
Cuáles
pueden ser las soluciones a este problema, que se enraíza en todas partes y
enloda hasta a las hijas de reyes, a quienes se supone les enseñaron diariamente
a respetar su rango, porque además nunca les faltó nada en palacio?
Lo
primero, la enseñanza en el hogar, teórica y práctica, sobre los valores que
debe tener todo ser humano: respeto por sí mismo y por los demás, responsabilidad,
honestidad, lealtad, disciplina, patriotismo, amor por el trabajo, deseos de
superación, humildad, solidaridad. El problema es que las familias de ahora, en
un gran porcentaje, no tienen “jefes del hogar”, sino apenas miembros
ocasionales sin mayor autoridad.
Lo
segundo, la educación en moral y cívica y la reafirmación de los valores
humanos, como elementos fundamentales de la vida en sociedad, que debe
recibirse en las escuelas, colegios y universidades, no como materias
específicas, sino como cortes transversales en todas las asignaturas. El
problema es que los maestros que llaman la atención a sus alumnos, hasta pueden
ser enjuiciados por “abuso de autoridad”.
Luego, la
vigencia de un marco legal que reconozca los derechos, pero que sea exigente en
cuanto a los deberes de los ciudadanos y que cuente con instituciones justas
que hagan cumplir las normas sin favoritismos ni sesgos. Y esto es difícil de
conseguir, en sociedades en las que hay mesianismo y paternalismo estatal para
mantenerlo.
En el
marco legal, considero que un elemento clave debe ser la declaración
obligatoria de todos los ciudadanos, cada cinco años, del patrimonio personal,
a partir de los 18 años, para evitar, entre todo tipo de corrupción, aquella
que hace que funcionarios de bajo nivel, públicos y privados, rápidamente
lleguen a tener casa, auto y otros bienes, y tren de vida por encima de sus
ingresos, sin base en un trabajo honrado.
Por otra
parte, la justicia no debe ser magnánima con aquellos que al declarar su
patrimonio se “olvidan” de declarar sus propiedades o tienen empresas “de papel”,
que sirven exclusivamente de puente entre corruptores y corruptos, para
transferir recursos de unas cuentas a otras y hacer perder el rastro de dineros
mal habidos.
Otro
elemento debe ser la reducción del Impuesto al Valor Agregado, al 10% o menos,
compensado con el aumento del número de los ciudadanos sujetos al pago del
impuesto a la renta. No puede ser que solo el 25% o menos de la población
económicamente activa (PEA) pague ese impuesto, en valores chicos o grandes, y
que el resto no tenga obligación ni conciencia tributaria, pero exija obras y
servicios masivos. Tampoco cabe que haya exenciones del pago de ese impuesto, a
grandes empresas privadas, por décadas, sin evaluar el impacto social real de
sus actividades.
Un aspecto
adicional es que no debe haber condonaciones de las obligaciones con el fisco,
salvo cuando se las requiera por catástrofes naturales, como las inundaciones o
los terremotos; porque cada una de esas acciones lleva a que los beneficiarios
y quienes conocen el mecanismo, esperen que llegue el día de una nueva
condonación y no pagan sus tributos. No
puede ser que el Estado endeudado, ansioso por obtener ingresos, perdone a
grandes deudores sumas millonarias de tributos, como aconteció hace poco,
mientras al honrado empresario se lo multa apenas se pasa una semana de la
fecha de pago de sus obligaciones tributarias.
Los
sistemas electrónicos de información estatal deben servir eficientemente para
cruzar datos, incluso con las empresas privadas, para llegar a determinar la situación real de cada
ciudadano con el fisco. Hay ciertos negocios que dejan enormes utilidades y sin
embargo, por normas equivocadas o por falta de cuidado del Servicio de Rentas
Internas, nunca pagan impuesto a la renta.
Como se
dice vulgarmente: “quien nada debe nada teme” y la apertura personal a que se
conozca la vida financiera, cuando los jueces lo requieran, debe ser norma. En
el caso de los funcionarios públicos, debe ser norma la transparencia absoluta
con respecto a sus ingresos procedentes del Estado y de sus actividades
particulares, en cualquier momento.
LEA EL LIBRO “ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE AMÉRICA
LATINA”, de Luis Luna Osorio y Claudia Marcela Bastidas. Le será muy útil. Adquiéralo en las mejores
librerías del país y de Colombia.
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