AVISO: EN LA FECHA PREVISTA NO SE PUBLICÓ EL BOLETÍN 232, POR ERROR DE NUMERACIÓN. CIRCULÓ COMO 240
Publicación quincenal del Econ. Luis Luna Osorio, de su participación activa en el debate nacional sobre el futuro.
domingo, 21 de marzo de 2021
miércoles, 17 de marzo de 2021
BOLETÍN 231: HABLEMOS DE LA NAVIDAD Y DE LA AMISTAD
Diciembre de 2020. Con el perdón de los lectores,
anticipo la entrega del Boletín, que normalmente hago a partir del día 26 de
cada mes, para desearles a todos FELIZ NAVIDAD EN UNIÓN DE SUS FAMILIAS Y
AMISTADES. Con motivo de una fecha tan importante para los cristianos y
para el mundo, no me referiré a lo usual debido a mi profesión, la economía
nacional o internacional, sino a algo que para mí en los actuales momentos
tiene enorme importancia. Espero que el contenido de este Boletín deje un
mensaje que trascienda este mes y año, y sirva de ejemplo a los jóvenes.
Hoy deseo hablar de la amistad
y la fraternidad. Las quiero destacar con oportunidad de la Navidad, por la
existencia de dos grupos de amigos que, más que eso, son mis hermanos adoptivos.
Con ellos hemos caminado por la vida desde las aulas escolares, colegiales o
universitarias hasta la fecha y en unos casos son más de 70 años y en otros más
de 60 de cercanía. Esa amistad se ha contagiado con fuerza a nuestros cónyuges y
ahora somos dos grupos de familiares adoptivos que se mantendrán por mucho tiempo.
Jorge Bolaños Rojas desde 1947
y Martita Vaca Ruilova desde 1960 son los decanos de mis amigos de los dos
grupos y tengo especiales recuerdos de ellos.
Inicio con un suceso
relacionado con el primer grupo: La Promoción de bachilleres del Colegio
Nacional Bolívar de Tulcán del año 1961.
En octubre del año 1947 mi
madre me llevó al jardín de infantes de Tulcán, dirigido por la señorita
Rosalina García, de cuyo rostro nunca se borraba una sonrisa y que, además, era
vecina y amiga de mi mamá. No hice los berrinches comunes de los niños el rato
que quedé solo en el patio del Jardín. Simplemente caminé a encontrarme con
otros niños de mi edad y pregunté para mis adentros: quiénes serán?
Éramos más o menos 30 chicos,
unos conocidos porque procedían del mismo barrio y otros desconocidos, porque
procedían de otros lugares.
Más pronto que tarde hice
amigos y, por indicación de mi padre, procuré ser de los más aplicados, pues
mis hermanos mayores siempre sacaban buenas notas en sus estudios. Además, yo
los acompañaba a ellos a la biblioteca municipal y ya sabía las letras del
alfabeto y contar hasta 10 o 20, lo que para entonces y a mis cuatro años era
bastante.
Unos meses más tarde el Jardín
decidió hacer una hora social y escogió a tres niños para que sean los actores
principales. Esos niños éramos Gloria Cañizares, Jorge Bolaños y yo. Luego del
natural aprendizaje subimos al escenario para representar la novela ecuatoriana
titulada Cumandá, de Juan León Mera.
Ignoro la razón por la que se
escogió aquella obra para interpretarla en un jardín de infantes, pues aunque
se refería a un romance juvenil, tenía en el trasfondo una lucha mortal entre
blancos e indios y el odio del padre indio de la chica hacia su enamorado
blanco.
La niña Gloria Cañizares
personificaba a Cumandá, una hermosa india con plumas y vestido típico de la
Amazonía ecuatoriana; el niño Jorge Bolaños era el indígena padre de la chica,
emplumado, muy bravo y con lanza en la mano; y yo era Carlos, el joven blanquito
bien vestido, con terno de casimir, sombrero, corbatín y bigote, que buscaba
los favores de Cumandá y no le tenía miedo al papá. En alguna parte, entre las
herencias de mi padre hay una foto que perenniza nuestra gran actuación.
La obra fue un éxito. Si
hubiéramos vivido en Estados Unidos, seguro que los tres artistas íbamos a
parar a Hollywood. Pero, en Tulcán solo recibimos las felicitaciones de los familiares
y asistentes con sus aplausos y volvimos a la vida normal. Mi vida de actor
terminó allí.
A Gloria solo le he visto una
vez, hace muchos años, desempeñándose como cajera del Banco La Previsora en el
centro de Quito. Jorge es desde entonces mi amigo y desde mi regreso de Lima y
mi incorporación a la Promoción 61 del Colegio Nacional Bolívar, cada día
profundizamos los lazos de amistad que ya tienen más de 70 años. Su esposa y la
mía son muy amigas.
Compañeros y amigos de la
escuela y el colegio habían formado en 1961 el grupo al cual hago referencia. A
él me integré en 1980, a mi regreso del exterior. En ese grupo participan
entusiastas nuestras esposas, de manera que hasta antes del inicio de la
pandemia, nos reuníamos religiosamente cada mes, para recordar nuestras
andanzas de estudiantes y pasar de amigos a hermanos adoptivos.
La amistad y más que eso la
fraternidad entre nosotros ha estado allí desde 1947 con unos, desde 1954,
cuando entramos al Colegio Nacional Bolívar de Tulcán, con otros, y se ha
mantenido sin importar si estamos cerca o lejos. Varios de nosotros nos fuimos
por varios años a Japón, Estados Unidos, Chile, Perú, Brasil, y uno de nosotros
vive desde hace tiempo en Puerto Rico. Pero, los lazos de amistad se han
conservado sin importar distancias y seguirán presentes hasta cuando Dios nos
llame.
Somos, si no me equivoco, como
ejemplo para el mundo, uno de los grupos de amigos y hermanos adoptivos que ha
durado por más tiempo y que se ha reunido mensualmente por casi 60 años hasta
antes de la pandemia, con algunas bajas por accidente o enfermedad.
Menciono ahora lo sucedido con
el segundo grupo.
Corría septiembre de 1960. Llegué
de Tulcán a Quito y un día cualquiera le visité a mi tío Juan que vivía en la
calle Ramírez Dávalos. Luego del almuerzo salí hacia la cercana Universidad
Central para conocer la Facultad de Ciencias Económicas y matricularme, pues
decidí ser Economista y las clases empezaban en octubre.
De una casa del frente, unos
30 metros adelante, salió una chica y se dirigió hacia la avenida América. Ella
adelante y yo atrás cruzamos esa vía y entramos a los terrenos de la
Universidad. Ella siguió su camino y yo fui por la misma senda preguntándome: a
dónde irá?
Llegamos al edificio de la
Facultad y ella primero y yo luego, subimos las gradas hacia la Secretaría. Su
destino había sido el mismo mío. Hizo su trámite para la matrícula y se fue. Yo
procedí de la misma manera, pero ya no regresé a la casa de mi tío, sino que fui
al centro de la ciudad, donde vivía.
Llegó el tiempo de asistir a
clases y los dos resultamos compañeros en primer curso, junto con una multitud
de más de 100 aspirantes a economistas. Más tarde nos hicimos amigos. Ella se
llama Martha Vaca Ruilova, vive en Madrid y con frecuencia nos comunicamos,
porque nos hemos convertido en hermanos adoptivos.
En el transcurso de la vida fui
entrañable amigo con su esposo, también compañero de aula, quien
lamentablemente falleció. Y tuve la suerte de graduar a dos de sus hijos en la
universidad.
Muchos años después de salir
de la Facultad, luego de una reunión para festejar el cumpleaños de René
Torres, un común amigo y compañero de estudios, decidimos formar un grupo en el
que también participen los maridos y las esposas de los antiguos compañeros.
Fuimos 14 parejas, pero el tiempo ha hecho que quedemos 9 parejas y dos amigos
cuyos cónyuges fallecieron.
Este grupo, que tuvo sus
orígenes en la universidad, pese al transcurso de los años y de las diferentes
rutas que tomaron sus integrantes en la vida profesional, ha mantenido incólume
la amistad y la fraternidad y también se reunía mensualmente hasta que llegó la
pandemia. Nos vemos ocasionalmente por Zoom y conversamos sobre nuestras
realidades, aspirando a que pronto volvamos a darnos el extrañado abrazo.
Pero, no falta la conversación
versada y profesional sobre lo que sucede en el mundo y sobre todo en este
Ecuador querido. Todos hemos tenido posiciones muy importantes en el Estado o
en la empresa privada, todos estamos jubilados y vivimos de lo que nos devuelve
el IESS y de lo que ahorramos sin perjudicar a nadie, todos sabemos que nunca
el país ha pasado por una situación como la actual, en la que desde las más
altas esferas se ha enseñado al pueblo a robar y se ha generado un marco legal
favorable a los ladrones de cuello blanco. Y clamamos, desde nuestros
conocimientos y experiencia, porque el 2021 termine la etapa más trágica de la
historia nacional, para que el mal llamado “país corcho” flote, pero esta vez
para nunca más hundirse en el fango, llevado por infelices populistas
delincuentes.
Vinculemos ahora la Navidad
con lo dicho con respecto a la amistad y la fraternidad de los dos grupos.
Hace muchos años, en un
pesebre, nació el niño Dios. Y como Él es el redentor del mundo, los cristianos
y muchos no cristianos celebramos anualmente ese acontecimiento. La Navidad es
un tiempo de alegría universal. Muchas ciudades y casas de todas partes se
engalanan y llenan de luces, los almacenes de juguetes y de todo tipo de
regalos ofrecen sus productos para el gran día en que se demuestra el amor y la
amistad con regalos. Los niños, especialmente ellos, se preparan para la
novena, cantar los villancicos y hacer méritos para recibir los regalos, que algunos
creen que los trae Papá Noel.
Para todo el mundo la Navidad
de este año 2020 será muy diferente a las anteriores, pero no en sentido
positivo sino en negativo. La pandemia impide que las personas socialicen como
se lo hacía hasta el año anterior, el desempleo afecta a muchos millones de
personas en edad de trabajar, son cada día más los miles de familias que pasan
de la clase media a la pobreza y de ésta a la extrema pobreza. Miles de
personas han visto quebrar o reducirse sus negocios a una situación muy
complicada y habrá poco dinero para regalos y hasta para la cena tradicional.
Por la pandemia, incluso las
reuniones familiares deben limitarse a muy pocas personas. El riesgo del
contagio está presente y puede enfermar a más de uno.
El Niño Dios vendrá, pero
encontrará un mundo lleno de dificultades de los países, las empresas y
millones de personas. La pobreza mundial ha ganado terreno inmisericordemente y
el COVID 19 ha sentado sus reales en los cinco continentes, matando a cientos
de miles de personas.
Para mi familia directa el 2020
será un año de muy ingrata recordación. Aunque no por el COVID, hemos pasado ya
varios meses de hospital en hospital, de clínica en clínica y en múltiples
laboratorios. Tenemos a las puertas un
acontecimiento de enorme importancia para el cual nos hemos venido preparando
como lo aconsejan los médicos expertos y cuyo desenlace será en enero.
Confiamos en Dios en que salgamos adelante y que se acaben las preocupaciones y
vuelva la alegría a la casa.
Durante
este tiempo de tribulaciones, los dos grupos de hermanos adoptivos le han dado
a mi familia el regalo de Navidad anticipado. Cada uno por su lado, sin conocer
lo decidido por el otro, ha mostrado su gran solidaridad y con mucha frecuencia
se ha hecho presente para conocer los avances del proceso previo a una muy
delicada operación. Y los físicamente
ausentes pero espiritualmente presentes, desde Madrid, Puerto Rico y Estados
Unidos, llaman con frecuencia para saber la situación. Todos, presentes y
ausentes, dispuestos a colaborar con el hermano adoptivo y su familia.
En algunos casos, mis amigos, en sus personas o en sus propias familias, en estos mismos meses están pasando o han pasado por duras situaciones de salud; pero, están siempre a nuestro lado, preocupados por la salud de la amiga a la que dicen y prueban que quieren más que a quien esto escribe.
Los Luna López, desde el fondo de nuestro corazón, les agradecemos por sus gestos de fraternidad y en mi caso, he querido hacer conocer este particular por este medio, porque no es fácil, ni siquiera en los matrimonios, que se cumpla aquello de que “hasta que la muerte nos separe” y en estos dos grupos así ha sido por 70 o 60 años y seguirá siendo, porque los lazos que nos unen nunca se romperán e incluso trascenderán hacia nuestros hijos y sus familias con el ejemplo de lo que es más valioso en la vida: la honradez, el respeto y la solidaridad.
Ojalá Dios les dé vida y salud por muchos años a los miembros de los dos grupos y también a otros familiares, colegas y amigos que se manifiestan constantemente preocupados por la situación de mi familia y elevan sus plegarias a Dios porque mi compañera de 54 años de matrimonio continúe alegrando el hogar por largo tiempo.
viernes, 12 de marzo de 2021
BOLETÍN 237: QUE VIVA LA DOLARIZACIÓN
Un aspecto
fundamental sobre el que se ha centrado la discusión, entre los dos candidatos
a presidente de la República 2021 – 2025, es la permanencia real de la
dolarización en el país.
Arauz ha escrito y
ha manifestado, contrariando la idea general, que iniciar y mantener la
dolarización fue y es un error, mientras Lasso manifiesta que este sistema ha
funcionado muy bien desde inicios del siglo y que hay que mantenerlo y fortalecerlo
por todos los medios posibles, siendo los principales: la atracción de
inversión extranjera, el aumento de la producción, las exportaciones, y sobre
todo el manejo racional de las finanzas públicas.
Arauz copia las
ideas de Rafael Correa, quien antes de ser presidente escribió y manifestó
muchas veces que no se debía seguir con la dolarización porque era dañina para
la economía nacional; pero que, una vez en el poder (conste que tuvo mucho más
poder que cualquiera de los presidentes y dictadores que ha tenido el Ecuador) durante
una década no se animó a tomar esa decisión, porque sabía que el 90% o más de
la población no estaba de acuerdo de sacar el dólar de su bolsillo y cambiarlo
por una moneda que perdería valor constantemente.
Parece que el
candidato correísta se ha arrepentido, por pura conveniencia electoral, de difundir
tal idea y en varias oportunidades ha dicho que también él piensa que hay que
mantener la dolarización. Pero, a renglón seguido, dice que en su programa de
gobierno está repartir fondos depositados en el Banco Central a un millón de
votantes pobres del país, prácticamente comprando el voto a razón de mil
dólares por cabeza; tomar otros mil millones de dólares depositados en ese
mismo Banco para pagar deudas a los municipios; y, para rematar su programa,
obligar a que capitales de ecuatorianos depositados en el exterior por los
bancos nacionales regresen para apoyar sus proyectos; todo lo cual atenta
contra la dolarización, porque se volvería al gasto fiscal sin austeridad y
crea temor, especialmente en la banca y entre los depositantes, de que el
dinero privado no tenga su respaldo en el BCE.
El gobierno,
frente a la posibilidad de que eventuales gobernantes populistas hagan lo mismo
que Correa y lleven a la economía nacional al despeñadero, cerca del cual está
desde hace tiempo, ha elaborado dos proyectos de ley llamados de defensa de la
dolarización; uno inicial, que al parecer no había sido consultado con los asambleístas,
ni siquiera con los de Alianza País; y, el otro, sustituto, que se supone ya
incorporaba algunas ideas de lo sugerido por algunos asambleístas de la
Comisión encargada de analizar el tema.
El Consejo de
Administración de la Legislatura ha devuelto los dos proyectos. El primero por “fallas
de forma” y el segundo porque argumenta que es inconstitucional. En el primer
caso, la Asamblea podía corregir ese tipo de problemas, como lo ha hecho en
otros proyectos, porque si solo son errores de forma hay que evitar el trae y
lleve que le encanta a alguna burocracia; en el segundo caso, según el artículo
429 de la Constitución, la Corte Constitucional es el máximo órgano de control,
interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia,
por lo que, según reconocidos juristas constitucionalistas, la Asamblea en
pleno y peor solo el CAL, no tienen facultad para decidir si un proyecto de ley
es o no constitucional.
Desde mi punto de
vista, la dolarización debe estar vigente en el país, porque es beneficiosa, la
inmensa mayoría de la población así la considera y, por tanto, deben hacerse
desde el gobierno, cualquiera que este sea, los esfuerzos necesarios para que
se mantenga y fortalezca.
La dolarización ha
demostrado durante poco más de 20 años que presta un servicio invalorable,
desde el punto de vista macroeconómico y también para evitar que los ciudadanos
nos despertemos cada día con menor poder adquisitivo por decisión de algún
inepto, populista, demagogo, con poder y rebaño asambleísta.
En lo que se
refiere a la macroeconomía, hay cuatro políticas que todo gobernante debe
cuidar que funcionen en forma equilibrada: monetaria, financiera, cambiaria y
fiscal. La primera tiene como indicador la tasa de inflación; la segunda, la
tasa de interés; la tercera, la tasa o tipo de cambio; y, la cuarta, el saldo
de las cuentas fiscales. El gobierno debe cuidar que, simulando cada
política como el lado de un cuadrado, ninguno de los lados se extienda o
contraiga fuera de control, para que no haya necesidad de tomar medidas
correctivas que vuelvan a formar el cuadrado. Los
gobiernos que tienen moneda propia pueden actuar sobre las cuatro políticas
cuando quieran y si les falta dinero ponen a funcionar la maquinita de hacer
dinero y cubren sus necesidades a costa de hacer que su moneda valga menos y
los precios internos suban provocando la inflación, cuyo efecto es más grave
sobre la gente más pobre.
Durante los años
2007 – 2017, todos los intentos de Correa por imprimir billetes se toparon con
la realidad de que socialmente eso no era aceptable y por eso no abandonó la
dolarización. En cambio, a pesar de que tuvo en sus manos la mayor cantidad de
dinero que pudo haber tenido alguna vez un gobernante del Ecuador, endeudó al
país y no solo que lo hizo en más de cuarenta mil millones de dólares, sino que
consiguió préstamos a corto plazo, altas tasas de interés, garantía con el
petróleo y condiciones adicionales de agiotista.
Recuerdo que
alguna vez, cuando en la televisión le preguntaron al ministro Rivera que por
qué se obtenían préstamos en esas condiciones, él dijo que, si la rentabilidad
del proyecto era mayor que el costo del dinero, no había por qué preocuparse.
Hemos visto después
la “rentabilidad” negativa, nula o escasa lograda por miles de millones de
dólares en la refinería del Aromo, la refinería de Esmeraldas, las escuelas del
Milenio, el depósito de gas, varias de las hidroeléctricas y el costo enorme de
obras “llave en mano” en las cuales también ha habido “lleve en mano”,
sancionado en muchos casos por la justicia y con efectos en la prisión de altos
funcionarios de la década perdida.
Los gobiernos que
no tienen moneda propia, el caso del Ecuador, no pueden devaluar, y en
consecuencia, carecen de capacidad de manejo de una de las 4 políticas
macroeconómicas, lo que repercute en el manejo de las otras, especialmente de
la fiscal, obligada a soportar con los ingresos propios y los que adquiera
mediante deuda, las necesidades y eventualmente los caprichos de los
gobernantes, para hacer que los ciudadanos crean que la economía va por buen
camino y agradezcan subsidios, vean obras de relumbrón, se incorporen por miles a la nómina de la burocracia, etc.,
etc.
El efecto interno
más preocupante es la inflación. Disponer de moneda propia hace que todo
gobierno en dificultades financieras imprima billetes, aumente la oferta de
dinero y haga crecer obligadamente los precios, haciendo a los pobres más
pobres, porque pierden capacidad adquisitiva y aumentan en términos relativos su
distancia con los ricos, que con sus patrimonios y facilidad de disponer de
monedas duras, no sufren o sufren menos las consecuencias de la inflación.
Aunque ya lo he
mencionado antes, deseo recordar para algunos e informar a otros de mis
experiencias de vida en Chile con Allende, y luego con Pinochet; y, en Perú,
durante los gobiernos de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez.
En el primer caso,
fui a Arica a una reunión en 1972. Calculé que en hotel y más gastaría unos 25
dólares diarios. Mi sorpresa fue que en dólares el hotel cinco estrellas
costaba menos de cinco dólares y la comida del día en los mejores restaurantes
no pasaba de 2 dólares (pero, en escudos el precio era inalcanzable para los
chilenos); además, no había nada para comprar en los almacenes, salvo libros y
discos “protesta” de los Quilapayún, porque debido al bajo precio en divisas de
las cosas, miles de peruanos visitaban la ciudad como turistas, compraban con carro
y todo lo que iba a Arica desde el interior de Chile y se llevaban a Tacna,
ciudad peruana fronteriza con Chile, o más al norte, productos de precios
bajísimos.
El inicio de la
recuperación de la economía chilena en los años 1973 y siguientes significó la
adopción de durísimas medidas para cortar la muy alta inflación y frenar con
rapidez la devaluación. El ajuste significó, por ejemplo, que un jubilado
dijera al diario La Tercera de la Hora, que su pensión era de 4 mil escudos,
pero que ella solo le servía para pagar 2 mil escudos al bus de ida y 2 mil
escudos al bus de regreso de cobrar tal pensión. Cuando el periodista le
preguntó que, si en el viaje de ida y vuelta se le iba la pensión, por qué iba
a cobrar, el jubilado respondió: primero, si no voy a cobrar me declaran
muerto; segundo, por lo menos me paseo un rato; y, tercero, espero que algún
día mejore la situación.
En el Perú, en los
años 70 del siglo XX, en ciertas ocasiones la moneda nacional se depreciaba
fuertemente en pocos días; la carne vacuna era posible conseguir en cantidades
modestas solamente una vez cada 15 días y a altos precios en soles; había que
hacer cola para comprar productos de primera necesidad que llegaban a los supermercados,
en pocos camiones que acababan con su mercadería antes de entrar a las bodegas
y que solo ofrecían cantidades reguladas por el gobierno; la pobreza aumentaba
fuertemente, especialmente en Lima.
En el Ecuador la
inflación y la devaluación no han llegado nunca a los niveles que han tenido en
diversos momentos en otros países de Sudamérica. Por eso, también recuerdo una
ocasión en la que el Secretario General del CONADE, en 1988 me parece, viajó a
la Argentina. Le preguntaron cuál era la tasa de inflación en Ecuador y él dijo
que estaba en alrededor del 12 por ciento. El periodista comentó: O sea que
están como aquí? Y el entrevistado contestó: No, en Ecuador es la anual, aquí
es la mensual.
Con esos
antecedentes, considero que es imprescindible continuar con la dolarización,
porque entre otros resultados importantes para la población, genera estabilidad
de precios y por tanto de capacidad adquisitiva, posibilidad de lograr crédito
a largo plazo.
En relación con el
proyecto de Ley de defensa de la dolarización que leí, comento:
Debe ser una
obligación primordial del Estado y por tanto del gobierno central y la Asamblea
Nacional, mantener y fortalecer la dolarización. Sus beneficios macroeconómicos
y para cada ciudadano son evidentes desde el año 2000.
La Junta no debe tener las 55 funciones que a la actual le asigna
el Código Monetario. Cierto que sus miembros serían a tiempo completo, pero su
labor debe concentrarse en definir las políticas monetaria, cambiaria y
financiera, y ser absolutamente técnica.
Los miembros de esa entidad deben ser propuestos por el presidente
de la República a la Asamblea en una terna conformada por técnicos honestos,
profesionales de al menos tercer nivel superior, de comprobada trayectoria, con
más de 10 años de experiencia en los ámbitos de la Junta, dedicados al 100% a
su función (excepto la docencia universitaria) y que hayan renunciado a toda
reserva sobre las finanzas propias anteriores, presentes y futuras y las de su
familia directa (cónyuge dependiente e hijos menores). Además, contrariamente a
lo que dice el Código Monetario vigente, deben ser responsables de sus actos y
decisiones en la Junta, como reza la Constitución para todo funcionario público,
en el artículo 233.
Los miembros de la Junta deben ser designados por la Asamblea
Nacional para un periodo inicial de seis años en 2021 y de cuatro años luego,
de manera que siempre se renueven a la mitad de un periodo presidencial. Deberán
tener suplentes con igual exigencia que los titulares.
El país debe
contar con una institución que ejecute las políticas monetaria, financiera y
cambiaria. Esa entidad debe ser el Banco Central del Ecuador.
El Estado es el
dueño del capital del Banco Central. La Ley de ninguna manera pretende
privatizarlo y tampoco podría cumplir su función si así se hiciera.
El Banco Central
debe ser una entidad autónoma para el cumplimiento de sus funciones, pero
obviamente debe estar sujeto al cumplimiento de la Constitución, de todas las
leyes que corresponda y al control de la Superintendencia de Bancos, de la
Contraloría y de todas las entidades que sea menester, por ejemplo, los
Ministerios de Finanzas y del Trabajo en sus respectivos campos.
Desde su
nacimiento con la Misión Kemmerer, el Banco Central ha sido dirigido por un
Gerente General. No cabe nombrar un Directorio, porque aumenta los niveles de
decisión y la burocracia. Debe ser un organismo técnico que, como una
prohibición básica, tenga la de prestar recursos financieros a cualquier
organismo del Estado, porque entre sus funciones principales está la de contar
con la liquidez necesaria para garantizar la devolución de los fondos a los
depositantes en el sistema financiero nacional y enfrentar y solucionar
rápidamente problemas bancarios que pudieran derivar en pánico financiero y
crisis nacional.
Ante la idea de una moneda
electrónica producida por el BCE, se ratifica lo dicho en una publicación
anterior, en el sentido de que no hay problema si un dólar electrónico tiene el
respaldo de una moneda de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica; pero que,
si en algún momento no fuese así, correría alto riesgo el desarrollo nacional,
porque no solo que se afectaría el sistema de la moneda electrónica, sino el
sistema financiero y con él, la economía.
El funcionamiento del BCE
sobre la base de 4 sistemas de control del manejo de la RILD y los recursos
depositados en él es necesario, debe ser aplicado, y antes de la década perdida
ya fue probado a satisfacción.
Es acertada la decisión
gubernamental de crear una mesa de trabajo, junto con la Asamblea, para pulir
el proyecto (más vale tarde que nunca) y, luego del trámite legal, aprobar la
Ley. El país necesita que rija esa norma y evitar que algún día se impriman
billetes de un millón y más tarde de un billón …, como está sucediendo en
Venezuela … Luis Luna Osorio – 10032021
lunes, 25 de enero de 2021
jueves, 21 de enero de 2021
miércoles, 13 de enero de 2021
BOLETÍN 233: PROPUESTAS A LOS REDENTORES 2021 - 2025
En mi Boletín 200, del 11 de septiembre de 2019, hice
50 sugerencias que creía necesarias para que este país salga adelante. Voy a
recordar y en ocasiones modificar algunas de ellas, que han sido materia de
preocupación nacional en el periodo transcurrido, debido a su importancia.
Obviamente, han surgido otros temas que ameritan otras propuestas y que
incluiré para ver si tienen eco o por lo menos las leen los que aspiran a “redentores”
del país.
En septiembre de 2019 no había dato alguno del grave
problema que iba a llegar con el COVID 19 y que iba a mostrar las debilidades
del sistema de salud nacional, la falta de moral de “políticos” y sus familiares,
que se iban a aprovechar de la crisis sanitaria; el agravamiento de la crisis
económica por la quiebra masiva de empresas de todo tamaño, especialmente en
los sectores turístico y de transporte aéreo; y, la actitud irresponsable de la
gente que, a 10 meses de iniciada la pandemia, todavía no cree en el riesgo de
muerte que corremos todos los terrícolas y no cumple con las medidas sugeridas para
evitar los contagios.
El Ecuador necesita salir urgentemente de su actual
situación de crisis sanitaria, moral, política, económica, social y de
relaciones exteriores. Quienes sabemos los problemas debemos expresar nuestros
pensamientos y sugerir soluciones tomando en cuenta los conocimientos y
experiencia de una larga vida, para que el camino de nuestros descendientes y
en general de las nuevas generaciones tenga la menor cantidad de obstáculos.
La pandemia demostró que el Ecuador mantiene una
crisis sanitaria inmensa. Primero, todavía hay muchos lugares en el país que no
cuentan con agua potable y alcantarillado y en los cuales es imposible pedir
que la gente se lave las manos constantemente para evitar el COVID. Segundo, no
hay una cultura sanitaria y de cuidado de la salud personal y colectiva, y por
eso un alto porcentaje de la población irrespeta, especialmente en las grandes ciudades,
las normas elementales de prevención con respecto al virus. Tercero, el
gobierno central y el IESS carecen de recursos y suficientes centros de salud
para curar masivamente a los pacientes, sobre todo cuando necesitan atención
especializada. Es más, la idea de construir grandes hospitales fue excelente solo
para quienes quisieron enriquecerse ilegalmente por cuenta de los grandes proyectos
presupuestados. Cuarto, se evidencia la pugna entre quienes toman medidas para
precautelar la salud y quienes necesitan tener sus negocios a flote y entre el
COE central y algunas autoridades de los GAD´s que quieren mostrarse independientes.
La crisis moral está a la vista de todos. Por
desgracia, todavía hay seguidores de los ladrones mayores del país, que piensan
en “su” robo porque antes no alcanzaron a hacerlo, en el cargo público donde
saben que hay “billete” de las coimas o, modestamente, en el bono que permite
calmar el hambre. Para los primeros y los segundos, un tiempo relativamente
corto de hospedaje estatal en cárcel especial, acompañado de los “panas”, con
todas las comodidades y hasta guardia personal, no es mucho, si luego se sale a
disfrutar lo mal habido habiendo ya “cumplido” con la mal llamada justicia.
La crisis política consiste en que la
institucionalidad del país está muy afectada; no hay partidos ni líderes
políticos con presencia nacional fuerte y propuestas satisfactorias de cambio;
vamos a llegar a febrero 2021 sin saber qué destino tendrá el país y en qué
manos va a quedar.
La crisis económica la conocemos y la sufrimos todos. Por
suerte, los organismos financieros multilaterales y los tenedores de bonos se
han mostrado benévolos con el país y han permitido reducir la carga financiera
de corto plazo y las duras condiciones preexistentes, pero las deudas externa e
interna crecen y el esfuerzo nacional para reducirlas tendrá que ser grande por
muchos años, exigiendo austeridad fiscal y poca inversión pública.
La crisis social está presente más que nunca en la
falta de empleo digno para más de la mitad de la población económicamente
activa, la mala calidad de la educación; la violencia creciente de múltiples
formas, especialmente en Guayaquil; la dura situación de la mayoría de los inmigrantes,
que incide gravemente sobre la vida de los ecuatorianos en diversas formas.
También hay crisis en las relaciones exteriores; es
cierto que ha mejorado mucho la visión internacional del Ecuador; pero, en las
relaciones económicas el camino es largo y con problemas; solo hay un avance
hacia un acuerdo comercial con Estados Unidos que está cuestionado por el
Congreso estadounidense, hay poco interés internacional por invertir en el
país, todavía demorará el ingreso a la Alianza del Pacífico, están por negociarse
los nuevos tratados de protección recíproca de las inversiones, no se ha
renegociado la deuda con China; “Doing Business” señala que hacer negocios en
el Ecuador es una hazaña de alto riesgo.
Ahora bien, el artículo 95 de la Constitución dice: Las
ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los
asuntos públicos … Sobre esa base participo, como ciudadano, señalando que
me gustaría que el país adopte decisiones válidas en el largo plazo y normas
claras, completas y duraderas como las que menciono a continuación.
Volver a la Constitución 1998, para desplazar lo más
pronto posible a su similar de 2008, hecha para que el país aplique el
socialismo del Siglo XXI y que causa mil problemas.
Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social. Por lo pronto, no se le debería entregar recursos estatales,
salvo los sueldos y demás remuneraciones de los consejeros, a quienes se les
aceptaría sus renuncias cuando las presenten. El sentimiento mayoritario de la
población es que ese organismo es innecesario y no cabe mantenerlo.
La actual Función Electoral de la Constitución debería
pasar a ser parte de la Función Judicial y el CNE debería tener un consejero de
los cinco partidos políticos más votados, nombrado por cada partido; más dos
consejeros nombrados por el gobierno. Total, siete.
Se debería derogar el sistema de distritos para las
elecciones directas.
Solo deberían existir los partidos políticos con más
del 5% de los votos de las últimas elecciones o un máximo de diez. Solo ellos deberían
poder presentar candidatos nacionales, provinciales y cantonales. Las últimas
elecciones demostraron que, tras de la mayoría de las listas de candidatos a
diversos cargos de elección popular no hay posiciones ideológicas, sino
intereses personales o de grupos, en muchos casos para saber el peso relativo
con miras a negociar posiciones en las elecciones del 2021 o luego de ellas.
Los dirigentes de los partidos políticos no deberían
ser los mismos por más de 8 años y deberían renovarse las directivas cada
cuatro años por elecciones internas válidas solo si vota al menos el 51% de los
afiliados registrados por el Estado. Cada partido político debería tener
obligatoriamente un centro de formación política que tenga por objeto dar a los
líderes natos las capacidades para ser líderes con fundamento ideológico.
Los partidos políticos deberían financiarse solo con
los aportes de sus afiliados y simpatizantes, deberían declarar todo el dinero
recibido y manejarlo en una cuenta en el Banco Central. Deberían ser
responsables penalmente el director del partido, el tesorero y el o los
candidatos que utilicen fondos o aportes no declarados. Si la Fiscalía descubre
una acción ilegal de esta clase de un candidato ganador, será enjuiciado
inmediatamente. Si es culpable, perderá el cargo e irá a la cárcel por el
tiempo de su elección.
Ninguna persona natural debería aportar más de 24 mil
dólares anuales a un partido político, excepto los candidatos nacionales, que
podrían contribuir hasta con 50 mil dólares La persona natural o jurídica que
haya aportado para candidatos de dos partidos a la vez debería ser sancionada
con cárcel por algunos años. Ninguna persona natural o jurídica extranjera
podría contribuir a los fondos de los partidos políticos por ningún concepto.
El director y el tesorero del partido deberían pagar cinco años de cárcel si se
comprueba que han recibido esos aportes.
Todos los candidatos a cualquier cargo de elección
popular, si triunfan y de forma previa a su posesión, deberían declarar el
valor de su patrimonio y autorizar el libre conocimiento ciudadano, en
cualquier momento, de sus ingresos y gastos, cuentas bancarias y valor de sus
propiedades de cualquier origen, hasta 10 años después de ejercer su cargo.
Quienes “olviden” declarar un valor de los indicados y sean descubiertos,
deberían perder el bien y el cargo.
Los candidatos para las elecciones directas nacionales,
provinciales y cantonales deberían ser en igualdad de número y alternados,
hombres y mujeres.
Quienes participen en elecciones para cargos
unipersonales de elección directa o indirecta, y las listas cuando sea del
caso, para ser declarados triunfadores deberían tener el 51% de los votos de
los electores. En las elecciones directas, si es necesaria, debería haber una
segunda vuelta entre los candidatos más votados. No puede volver a darse la
antidemocrática situación de las elecciones anteriores, en las que algunos
candidatos ganaron con votaciones ínfimas.
Los funcionarios públicos deberían estar prohibidos de
apoyar directa o indirectamente a un candidato. Para los infractores la
Fiscalía debería solicitar de oficio el inicio del juicio respectivo, con
sanción de cárcel por 4 años.
Los candidatos a presidente de la República deberían ser
oficializados seis meses antes de las elecciones y presentar obligatoriamente
un plan de desarrollo para los cuatro años de su eventual ejercicio, al inicio
de la campaña. Quien no lo presente perdería su candidatura.
El presidente de la República debería tener al menos
40 años, ser profesional con tercer nivel de educación superior y experiencia
en su campo de por lo menos 10 años. Igual para el vicepresidente. Una de sus
responsabilidades sería ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo.
El vicepresidente de la República debería ser
presidente nato del Consejo Nacional de Desarrollo y remplazar al presidente
por ausencia definitiva del cargo. Tendría bajo su responsabilidad coordinar la
elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo, y elaborar y ajustar
anualmente una estrategia nacional de desarrollo para los siguientes 20 años.
Los miembros de la Asamblea no deberían ser más de 58
en la cámara de diputados y 24 en la de senadores. Cuatro diputados por
Pichincha y cuatro por Guayas, tres para cada una de las siguientes 10
provincias más pobladas y dos para cada una de las 10 provincias menos
pobladas. Cada provincia debería tener
un senador. Cada dos años debería haber
elecciones para diputados y cada cuatro años para senadores. Cuando
corresponda, las elecciones a la Asamblea deberían coincidir con la primera
vuelta de las elecciones presidenciales.
Para ser diputado se debería necesitar 25 años, tercer
nivel de educación superior o equivalente y dedicación absoluta. Su asistencia
diaria a la Asamblea, de lunes a viernes, debería ser obligatoria, salvo cuando
viaje por razones de trabajo. El candidato a diputado más votado debería ser
presidente de la cámara de diputados.
Para ser senador se debería necesitar 40 años, por lo
menos tercer nivel de educación superior y dedicación absoluta. El candidato a
senador con la mayor votación debería ser presidente de la Asamblea. El segundo
más votado, presidente del Senado.
El Senado debería nombrar, por concurso público de
méritos, a los máximos directivos de las entidades de control, las superintendencias
y la Procuraduría. Además, debería tener capacidad para vetar las creaciones de
embajadas y las designaciones de embajadores políticos.
La Cámara de Diputados debería designar a los miembros
nacionales del Parlamento Andino. Ese es un organismo internacional que solo
delibera, sin peso legislativo alguno.
La Asamblea debería tener una Comisión Permanente de
Simplificación del Marco Jurídico. En la actualidad hay cientos de leyes,
algunas obsoletas, y miles de normas de diferente tipo que un ciudadano, en 50
años de atención diaria, no podrá alcanzar a leer. Sin embargo, el
desconocimiento de una norma no justifica su incumplimiento. Además, las leyes
reformatorias que se expidan deberían contener el texto final redactado y
aprobado, con la codificación necesaria. Cada legislador debería disponer del
texto codificado a aprobarse, en la forma más clara y completa posible y el
lector de la ley saber que es el último texto completo.
Los ecuatorianos residentes en el exterior no deberían
votar ni tener representación en la Asamblea, porque la mayoría de ellos hacen
y harán su vida en los países de acogida y no volverán al Ecuador. Los
extranjeros residentes en el Ecuador solo tendrían derecho a votar luego de
cinco años de residencia legal y declaración del impuesto a la renta.
Los funcionarios y los ciudadanos encargados de la
pureza electoral que hagan o contribuyan a realizar fraude electoral deberían
ser sancionados con hasta 8 años de cárcel y no deberían volver a ser
funcionarios públicos en ninguna entidad y bajo ningún concepto.
Solo el presidente de la República que complete su
periodo y haga crecer la economía nacional por encima del promedio de los
últimos 10 años debería tener pensión vitalicia de 10 mil dólares mensuales,
sin derecho a heredarla. Los demás no deberían tener esa pensión. Podría ser
reelegido luego de un periodo presidencial. El presidente de la República que
permita que la economía nacional retroceda en los años de su ejercicio, al
final de su periodo debería estar prohibido de ejercer una función pública y no
tendría la pensión vitalicia. Una decisión de este tipo evitaría la presencia
de candidatos sin capacidad para manejar el gobierno y, los que se decidan,
sabrían que por lo menos tienen que cumplir sus planes presentados al CNE.
Los ministros y los funcionarios de mayor nivel de las
entidades del Estado no deberían tener más de 2 asesores, uno legal y otro
especialista en el área respectiva, y no podrían incrementar el número de
funcionarios a cargo más allá del 2% de la planta cada año, si es necesario.
La contratación de personal temporal debería ser
efectuada por la máxima autoridad de cada entidad, a petición del jefe de la
unidad en la que trabajaría el contratado y previo un informe sobre la razón
del contrato y el proceso de selección efectuado. Ninguna entidad estatal
debería poder contratar a más del 5% de la nómina como trabajadores temporales.
Ninguno de los contratados temporales debería permanecer en esa calidad por más
de un año.
Todo funcionario de alto nivel que participe en actos
de corrupción debería ser sancionado con el doble de la pena máxima prevista
para los ladrones, sin atenuantes ni rebajas. No podría volver a ser
funcionario público por ningún concepto en su vida, ni podría tener, directa o
indirectamente, contratos de ningún tipo con el Estado. Todo funcionario público
denunciado por actos de corrupción que huya del país será declarado culpable
ipso facto, perderá su patrimonio y en ningún caso podrá ser sujeto de
amnistía, indulto o extinción de la pena.
El Banco Central debería recuperar su autonomía plena
frente al Ejecutivo y no debería tener facultad para otorgarle préstamos bajo
ninguna circunstancia.
El SRI debería estar facultado para solicitar a
cualquier ciudadano mayor de 18 años, en cualquier momento, una declaración
jurada sobre el valor de mercado de su patrimonio y sus obligaciones
financieras.
Todos los funcionarios públicos, hasta el nivel de
Director Departamental, deberían estar sujetos a la Ley de Servicio Público.
Los funcionarios de nivel superior deberían ser de libre remoción del
funcionario nominador y del presidente de la República. Todos los funcionarios
públicos profesionales de tercer nivel deberían estar afiliados a una
federación nacional de su profesión y sujetos al código de honor
correspondiente.
Los niveles jerárquicos gubernamentales deberían ser
seis: ministro, viceministro, subsecretario, asesor, director departamental,
jefe de sección, u otros bajo cualquier denominación. Solo debería haber un
subsecretario por cada función general del ministerio. El viceministro tendrá a
cargo las funciones de dirección administrativa y presupuestaria.
Todos los subsidios e incentivos estatales que existan
o se creen deberían tener una fecha de terminación y ser destinados
exclusivamente a un grupo de ciudadanos o de empresas, con la debida
justificación. Solamente deberían recibir subsidio personal permanente quienes
estén en extrema pobreza y no tengan vicios, en estos grupos: las mujeres
viudas, los discapacitados así calificados por el Estado, los mayores de 65
años. También deben recibir subsidio subsidio temporal: los niños huérfanos
hasta los 18 años, las mujeres embarazadas, los pobres que hayan sufrido graves
efectos de desastres naturales o de accidentes en los cuales no hayan tenido
culpa ni cobertura.
Las empresas deberían recibir incentivos fiscales según
tres niveles de importancia y por 5, 7 o 10 años improrrogables, cuando demuestren
fehacientemente la factibilidad de sus proyectos destinados a incrementar el
valor agregado nacional, innovar o exportar.
sábado, 26 de diciembre de 2020
BOLETÍN 230 LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DEL ECUADOR Diciembre 11 - 2020
La
Constitución del Ecuador, en el capítulo cuarto, artículo 283, determina que el
sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y
fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que
posibiliten el buen vivir.
Además, dispone que el sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.
Como es natural, son las empresas públicas que controla el gobierno central y las privadas formadas por sociedades de capital las que prevalecen en el sistema económico
Las empresas estatales mayores se denominan Empresa Pública (EP), en tanto que las empresas privadas de mayor magnitud son sociedades anónimas, aunque en algunos casos son sociedades de responsabilidad limitada o empresas de propiedad de una sola persona.
En todo caso, hay muchas clases de empresas dedicadas a actividades económicas, siendo la mayoría por el número las de propiedad individual, pero las que más aportan al desarrollo nacional son las sociedades anónimas.
La Superintendencia de Compañías recibe anualmente la información de los varios miles de sociedades de capital del país y la procesa, para llegar a determinar algunos indicadores globales importantes, como el capital, los activos, los pasivos, los ingresos, las ventas y las utilidades, por sectores de actividad, provincias, regiones, etc.
La revista
Vistazo anualmente reproduce la información de la Superintendencia para las 500
empresas más importantes del país y analiza su comportamiento, con el fin de
destacar algunos aspectos y compararlos con cifras del año anterior. Entre los
aspectos que trata individualmente están los ingresos, las ganancias, la
rentabilidad sobre ventas, el pago del impuesto a la renta, el número de
empleados de las 500 empresas mayores del país, así como el comportamiento
sectorial empresarial, el ingreso promedio por empresa y otros indicadores. [1]_/
Los ingresos de las 500 empresas analizadas sumaron 72 mil millones de dólares en 2015, bajaron a solamente 65 mil millones en 2016, debido a la baja del precio internacional del petróleo y sus consecuencias nacionales, subió a 70 mil millones en 2017 y se ha mantenido en 74 mil millones en los años 2018 y 2019.
Como es de esperarse, en 2020 habrá una nueva baja del registro, porque la inacción de la mayoría de las empresas durante la pandemia del COVID 19 y la quiebra de muchas de ellas provocará menores ingresos y varios indicadores negativos.
La
variación indicada en los datos de los ingresos de las 500 empresas no ha
significado una situación similar en la utilidad, puesto que esta ha crecido
siempre desde el 2015 hasta el 2019, siendo sus valores los siguientes: 4.100
millones de dólares el primer año, 4.260 millones el segundo, 4.800 millones en
el 2017, 6.100 millones en el 2018, y 7.500 millones en el 2019.
El porcentaje de utilidades/ingresos de las 500 empresas mayores varía notablemente de año en año. En 2015 es de 5,7%, en 2016 llega a 6,6%, en 2017 pasa a ser 6,9%, en 2018 registra 8,2% y en 2019 significa 10,1%.
El pago
del impuesto a la renta es irregular y no concuerda con el valor de las
utilidades, puesto que en el año 2015 sumó 1.300 millones de dólares, en 2016
registró 1.045 millones, en el 2017 casi no creció (1.057 millones), se elevó a
1.200 millones en el 2018 y bajó a 1.100 millones en el 2019.
En efecto, las relaciones impuesto a la renta/utilidades producen los siguientes resultados: para el año 2015 (31,7%), para el 2016 (24,5%), en el 2017 (22%), en el 2018 (19,7%) y en el 2019 (14,7%), cuando en situación normal debieron crecer regularmente. Incluso podría haber un error en la primera cifra de 31,7% de impuesto, que resulta muy elevado.
En algún momento haré una investigación sobre el comportamiento empresarial en la década 2007 – 2016, con el objeto de establecer cuáles fueron las empresas más beneficiadas en ese periodo y qué pasó con el grupo mayoritario de hasta 25 – 30 empresas.
En el año
2019 las 10 mayores empresas del país fueron: EP Petroecuador (Petróleo), Corporación
Favorita (Comercio - Supermercados), Conecel (Claro) (Telecomunicaciones -
Telefonía), CNEL EP (Energía eléctrica), Corporación El Rosado (Comercio - Supermercados),
Pronaca (Agroindustria de Alimentos), Dinadec (Comercio - Distribución de bebidas),
CNT EP (Telecomunicaciones), General Motors del Ecuador (Comercio automotriz),
Difare (Comercio farmacéutico).
Como se puede observar, hay tres empresas que se hallan en los sectores estratégicos de petróleo, electricidad y telecomunicaciones, que dependen del sector público; mientras que siete empresas se hallan en el sector privado: cinco que se dedican al comercio de diferentes tipos de productos; una privada de telecomunicaciones y una dedicada a la agroindustria alimenticia.
Hay que destacar que la primera es la empresa petrolera del Estado y registra en 2019 ingresos por cerca de 12 mil millones de dólares, mientras que la segunda, del sector privado, apenas supera los 2.100 millones, significando una sexta parte de la anterior. Por su parte, la décima empresa registra ingresos por 758 millones. La empresa que ocupa el puesto 500 solo tiene ingresos por 33 millones.
Las ganancias 2019 de la petrolera estatal, la empresa mayor, suman 4.138 millones de dólares, en tanto que las de la Corporación Favorita, la segunda en el ranking, solo se acercan a los 156 millones. Le siguen en importancia las ganancias de las empresas tercera y cuarta con valores secuencialmente menores y las de la octava, que suman 110 millones. Ninguna de las 10 empresas más importantes registra pérdidas.
Conecel paga el mayor valor de impuesto a la renta (79,38 millones), seguida por la Corporación Favorita, que aporta 46 millones y DINADEC que paga 45,76 millones. Petroecuador EP y dos empresas más (CNEL EP y CNT EP) no pagan impuesto a la renta por ser estatales.
Los sectores más importantes de actividad económica del año 2019, con ingresos superiores a 1.000 millones de dólares y con base en las 500 empresas mayores, son los siguientes:
|
ECUADOR: INGRESOS SECTORIALES 2019 Y PROMEDIO POR EMPRESA |
||
|
SECTOR |
TOTAL |
POR EMPRESA |
|
PETRÓLEO Y DERIVADOS |
18.463 |
429 |
|
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN |
8.322 |
252 |
|
AUTOMOTOR |
5.425 |
113 |
|
ALIMENTOS |
5.305 |
123 |
|
PESCA Y ACUICULTURA |
5.271 |
132 |
|
CONSTRUCCIÓN Y AFINES |
4.695 |
90 |
|
AGROINDUSTRIA |
3.816 |
78 |
|
TELECOMUNICACIONES |
3.579 |
358 |
|
SALUD |
3.550 |
96 |
|
ENERGÍA |
2.839 |
218 |
|
BEBIDAS |
1.783 |
178 |
|
ELECTRODOMÉSTICOS |
1.573 |
121 |
|
BALANCEADOS |
1.427 |
159 |
|
ASEO Y BELLEZA |
1.388 |
116 |
|
FUENTE: VISTAZO 1275 -
500 MAYORES EMPRESAS |
|
|
|
ELABORACIÓN: LUIS LUNA OSORIO |
|
|
Los mayores ingresos por empresa del año 2019 corresponden a las petroleras, con 429 millones de dólares; les siguen las de telecomunicaciones, las de comercio y distribución y las de energía, con valores superiores a 200 millones. Las empresas que tienen los menores ingresos promedio 2019 son las de los sectores Construcción y afines, Agroindustria y Salud, que no superan los 100 millones de dólares.
Por regiones, la que registra los mayores valores es la Sierra, con 45.655 millones de dólares, seguida por la Costa que suma 28.521 millones. Esto se debe a que la primera región es la sede de las empresas públicas y de todas o casi todas las petroleras.
Por ciudades, por la misma razón mencionada, Quito es la que tiene el mayor registro, con 39.476 millones de dólares, seguida por Guayaquil, con 21.841 millones. Tres ciudades no superan los 3 mil millones, Eloy Alfaro – Durán en la Costa, con 2.945 millones; Rumiñahui y Cuenca en la Sierra, con 2.275 millones en cada caso. Otras 17 ciudades de la Costa y 8 de la Sierra no llegan a 1.000 millones de ingresos empresariales.
Entre las 500 mayores empresas del país hay 245 dedicadas a la industria (%), 157 cuya actividad es el comercio, 82 que prestan servicios de diferente índole y 16 compañías del sector público ubicadas en vario sectores.
Casi la mitad de las empresas del grupo aumentó sus ventas. Al decir de Vistazo, son muchas menos compañías con ese comportamiento en comparación con el año pasado, cuando el 75% de les enlistadas mejoraron.
Las empresas industriales tuvieron ventas por casi 27 mil millones de dólares en el año 2019; las dedicadas al comercio produjeron cerca de 22 mil millones, las del sector público registraron 16.261 millones y las de servicios tuvieron ventas por poco más de 9 mil millones. Todos los grupos anotaron crecimientos moderados de sus valores entre 2018 y 2019, siendo el mayor el de los servicios (2,1%) y el menor el del comercio (0,2%).
Las 10 empresas más rentables del año 2019 fueron: Petroriental, con el 68%; Atlas Air y Construmercado, con el 58% cada una; Qatar Airlines, con el 49%; Empresa Eléctrica Riobamba, con el 43%; Enap Sipetrol con el 41%; la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, la Empresa Eléctrica Regional Centro – Norte de Ambato y EP Petroecuador, con el 35%.
Es impactante la evolución de las 33 empresas del sector pesquero y acuícola, con un promedio de 7.500%, impulsado por dos compañías que un año antes apenas habían comercializado.
Conforme ya se mencionó, el 2020 será un año para el olvido empresarial. La inmensa mayoría de las empresas sufrirá reducciones en las ventas, en el empleo, en la rentabilidad y en el pago de impuestos. Muchas, sobre todo del sector turístico, quebrarán, con todas las repercusiones que ello trae para todos quienes están relacionados directa e indirectamente con su actividad.
Por suerte para el país, habrá un grupo pequeño en número, pero de gran volumen de ingresos, en el sector exportador tradicional y minero, en la industria farmacéutica y de la salud, en el área de las telecomunicaciones, en los servicios modernos, que registrará aumentos importantes en sus ingresos, con lo que la crisis empresarial no será tan grave como se preveía.
Con respecto a la inversión, no puede esperarse mayor valor nacional, pero tiene que crearse condiciones para que venga la inversión extranjera y con ella nueva tecnología. Eso se logrará si se firman los acuerdos comerciales que están en la mesa de negociación, en especial con los Estados Unidos; se firman pronto convenios de protección recíproca de inversiones y para evitar la doble tributación con muchos países, se respetan las autorizaciones dadas para la explotación minera legal, se aumenta la exploración y la explotación petrolera y se facilita crédito en condiciones favorables a la expansión de las MIPYMES.
En materia de empleo, que tanta falta hace, hay que efectuar lo más pronto posible la modernización del Código del Trabajo, para incorporar las nuevas formas de realizarlo y dar posibilidades a empleadores y empleados de negociar condiciones gana - ganar.
La producción y el comercio interno y exterior deben adaptarse a las nuevas circunstancias generadas por el Covid 19. El Internet y la crisis han abierto los ojos de muchos emprendedores de empresas pequeñas y medianas con respecto al Comercio electrónico y a su posibilidad de exportar. Es de esperar que ellos multipliquen sus ventas y aporten dinamismo al desarrollo nacional.
[1] _/
FUENTE DEL ANÁLISIS: REVISTA VISTAZO 1275 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2020. GUAYAQUIL,
ECUADOR.