BOLETÍN 237: QUE VIVA LA DOLARIZACIÓN
Un aspecto
fundamental sobre el que se ha centrado la discusión, entre los dos candidatos
a presidente de la República 2021 – 2025, es la permanencia real de la
dolarización en el país.
Arauz ha escrito y
ha manifestado, contrariando la idea general, que iniciar y mantener la
dolarización fue y es un error, mientras Lasso manifiesta que este sistema ha
funcionado muy bien desde inicios del siglo y que hay que mantenerlo y fortalecerlo
por todos los medios posibles, siendo los principales: la atracción de
inversión extranjera, el aumento de la producción, las exportaciones, y sobre
todo el manejo racional de las finanzas públicas.
Arauz copia las
ideas de Rafael Correa, quien antes de ser presidente escribió y manifestó
muchas veces que no se debía seguir con la dolarización porque era dañina para
la economía nacional; pero que, una vez en el poder (conste que tuvo mucho más
poder que cualquiera de los presidentes y dictadores que ha tenido el Ecuador) durante
una década no se animó a tomar esa decisión, porque sabía que el 90% o más de
la población no estaba de acuerdo de sacar el dólar de su bolsillo y cambiarlo
por una moneda que perdería valor constantemente.
Parece que el
candidato correísta se ha arrepentido, por pura conveniencia electoral, de difundir
tal idea y en varias oportunidades ha dicho que también él piensa que hay que
mantener la dolarización. Pero, a renglón seguido, dice que en su programa de
gobierno está repartir fondos depositados en el Banco Central a un millón de
votantes pobres del país, prácticamente comprando el voto a razón de mil
dólares por cabeza; tomar otros mil millones de dólares depositados en ese
mismo Banco para pagar deudas a los municipios; y, para rematar su programa,
obligar a que capitales de ecuatorianos depositados en el exterior por los
bancos nacionales regresen para apoyar sus proyectos; todo lo cual atenta
contra la dolarización, porque se volvería al gasto fiscal sin austeridad y
crea temor, especialmente en la banca y entre los depositantes, de que el
dinero privado no tenga su respaldo en el BCE.
El gobierno,
frente a la posibilidad de que eventuales gobernantes populistas hagan lo mismo
que Correa y lleven a la economía nacional al despeñadero, cerca del cual está
desde hace tiempo, ha elaborado dos proyectos de ley llamados de defensa de la
dolarización; uno inicial, que al parecer no había sido consultado con los asambleístas,
ni siquiera con los de Alianza País; y, el otro, sustituto, que se supone ya
incorporaba algunas ideas de lo sugerido por algunos asambleístas de la
Comisión encargada de analizar el tema.
El Consejo de
Administración de la Legislatura ha devuelto los dos proyectos. El primero por “fallas
de forma” y el segundo porque argumenta que es inconstitucional. En el primer
caso, la Asamblea podía corregir ese tipo de problemas, como lo ha hecho en
otros proyectos, porque si solo son errores de forma hay que evitar el trae y
lleve que le encanta a alguna burocracia; en el segundo caso, según el artículo
429 de la Constitución, la Corte Constitucional es el máximo órgano de control,
interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia,
por lo que, según reconocidos juristas constitucionalistas, la Asamblea en
pleno y peor solo el CAL, no tienen facultad para decidir si un proyecto de ley
es o no constitucional.
Desde mi punto de
vista, la dolarización debe estar vigente en el país, porque es beneficiosa, la
inmensa mayoría de la población así la considera y, por tanto, deben hacerse
desde el gobierno, cualquiera que este sea, los esfuerzos necesarios para que
se mantenga y fortalezca.
La dolarización ha
demostrado durante poco más de 20 años que presta un servicio invalorable,
desde el punto de vista macroeconómico y también para evitar que los ciudadanos
nos despertemos cada día con menor poder adquisitivo por decisión de algún
inepto, populista, demagogo, con poder y rebaño asambleísta.
En lo que se
refiere a la macroeconomía, hay cuatro políticas que todo gobernante debe
cuidar que funcionen en forma equilibrada: monetaria, financiera, cambiaria y
fiscal. La primera tiene como indicador la tasa de inflación; la segunda, la
tasa de interés; la tercera, la tasa o tipo de cambio; y, la cuarta, el saldo
de las cuentas fiscales. El gobierno debe cuidar que, simulando cada
política como el lado de un cuadrado, ninguno de los lados se extienda o
contraiga fuera de control, para que no haya necesidad de tomar medidas
correctivas que vuelvan a formar el cuadrado. Los
gobiernos que tienen moneda propia pueden actuar sobre las cuatro políticas
cuando quieran y si les falta dinero ponen a funcionar la maquinita de hacer
dinero y cubren sus necesidades a costa de hacer que su moneda valga menos y
los precios internos suban provocando la inflación, cuyo efecto es más grave
sobre la gente más pobre.
Durante los años
2007 – 2017, todos los intentos de Correa por imprimir billetes se toparon con
la realidad de que socialmente eso no era aceptable y por eso no abandonó la
dolarización. En cambio, a pesar de que tuvo en sus manos la mayor cantidad de
dinero que pudo haber tenido alguna vez un gobernante del Ecuador, endeudó al
país y no solo que lo hizo en más de cuarenta mil millones de dólares, sino que
consiguió préstamos a corto plazo, altas tasas de interés, garantía con el
petróleo y condiciones adicionales de agiotista.
Recuerdo que
alguna vez, cuando en la televisión le preguntaron al ministro Rivera que por
qué se obtenían préstamos en esas condiciones, él dijo que, si la rentabilidad
del proyecto era mayor que el costo del dinero, no había por qué preocuparse.
Hemos visto después
la “rentabilidad” negativa, nula o escasa lograda por miles de millones de
dólares en la refinería del Aromo, la refinería de Esmeraldas, las escuelas del
Milenio, el depósito de gas, varias de las hidroeléctricas y el costo enorme de
obras “llave en mano” en las cuales también ha habido “lleve en mano”,
sancionado en muchos casos por la justicia y con efectos en la prisión de altos
funcionarios de la década perdida.
Los gobiernos que
no tienen moneda propia, el caso del Ecuador, no pueden devaluar, y en
consecuencia, carecen de capacidad de manejo de una de las 4 políticas
macroeconómicas, lo que repercute en el manejo de las otras, especialmente de
la fiscal, obligada a soportar con los ingresos propios y los que adquiera
mediante deuda, las necesidades y eventualmente los caprichos de los
gobernantes, para hacer que los ciudadanos crean que la economía va por buen
camino y agradezcan subsidios, vean obras de relumbrón, se incorporen por miles a la nómina de la burocracia, etc.,
etc.
El efecto interno
más preocupante es la inflación. Disponer de moneda propia hace que todo
gobierno en dificultades financieras imprima billetes, aumente la oferta de
dinero y haga crecer obligadamente los precios, haciendo a los pobres más
pobres, porque pierden capacidad adquisitiva y aumentan en términos relativos su
distancia con los ricos, que con sus patrimonios y facilidad de disponer de
monedas duras, no sufren o sufren menos las consecuencias de la inflación.
Aunque ya lo he
mencionado antes, deseo recordar para algunos e informar a otros de mis
experiencias de vida en Chile con Allende, y luego con Pinochet; y, en Perú,
durante los gobiernos de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez.
En el primer caso,
fui a Arica a una reunión en 1972. Calculé que en hotel y más gastaría unos 25
dólares diarios. Mi sorpresa fue que en dólares el hotel cinco estrellas
costaba menos de cinco dólares y la comida del día en los mejores restaurantes
no pasaba de 2 dólares (pero, en escudos el precio era inalcanzable para los
chilenos); además, no había nada para comprar en los almacenes, salvo libros y
discos “protesta” de los Quilapayún, porque debido al bajo precio en divisas de
las cosas, miles de peruanos visitaban la ciudad como turistas, compraban con carro
y todo lo que iba a Arica desde el interior de Chile y se llevaban a Tacna,
ciudad peruana fronteriza con Chile, o más al norte, productos de precios
bajísimos.
El inicio de la
recuperación de la economía chilena en los años 1973 y siguientes significó la
adopción de durísimas medidas para cortar la muy alta inflación y frenar con
rapidez la devaluación. El ajuste significó, por ejemplo, que un jubilado
dijera al diario La Tercera de la Hora, que su pensión era de 4 mil escudos,
pero que ella solo le servía para pagar 2 mil escudos al bus de ida y 2 mil
escudos al bus de regreso de cobrar tal pensión. Cuando el periodista le
preguntó que, si en el viaje de ida y vuelta se le iba la pensión, por qué iba
a cobrar, el jubilado respondió: primero, si no voy a cobrar me declaran
muerto; segundo, por lo menos me paseo un rato; y, tercero, espero que algún
día mejore la situación.
En el Perú, en los
años 70 del siglo XX, en ciertas ocasiones la moneda nacional se depreciaba
fuertemente en pocos días; la carne vacuna era posible conseguir en cantidades
modestas solamente una vez cada 15 días y a altos precios en soles; había que
hacer cola para comprar productos de primera necesidad que llegaban a los supermercados,
en pocos camiones que acababan con su mercadería antes de entrar a las bodegas
y que solo ofrecían cantidades reguladas por el gobierno; la pobreza aumentaba
fuertemente, especialmente en Lima.
En el Ecuador la
inflación y la devaluación no han llegado nunca a los niveles que han tenido en
diversos momentos en otros países de Sudamérica. Por eso, también recuerdo una
ocasión en la que el Secretario General del CONADE, en 1988 me parece, viajó a
la Argentina. Le preguntaron cuál era la tasa de inflación en Ecuador y él dijo
que estaba en alrededor del 12 por ciento. El periodista comentó: O sea que
están como aquí? Y el entrevistado contestó: No, en Ecuador es la anual, aquí
es la mensual.
Con esos
antecedentes, considero que es imprescindible continuar con la dolarización,
porque entre otros resultados importantes para la población, genera estabilidad
de precios y por tanto de capacidad adquisitiva, posibilidad de lograr crédito
a largo plazo.
En relación con el
proyecto de Ley de defensa de la dolarización que leí, comento:
Debe ser una
obligación primordial del Estado y por tanto del gobierno central y la Asamblea
Nacional, mantener y fortalecer la dolarización. Sus beneficios macroeconómicos
y para cada ciudadano son evidentes desde el año 2000.
La Junta no debe tener las 55 funciones que a la actual le asigna
el Código Monetario. Cierto que sus miembros serían a tiempo completo, pero su
labor debe concentrarse en definir las políticas monetaria, cambiaria y
financiera, y ser absolutamente técnica.
Los miembros de esa entidad deben ser propuestos por el presidente
de la República a la Asamblea en una terna conformada por técnicos honestos,
profesionales de al menos tercer nivel superior, de comprobada trayectoria, con
más de 10 años de experiencia en los ámbitos de la Junta, dedicados al 100% a
su función (excepto la docencia universitaria) y que hayan renunciado a toda
reserva sobre las finanzas propias anteriores, presentes y futuras y las de su
familia directa (cónyuge dependiente e hijos menores). Además, contrariamente a
lo que dice el Código Monetario vigente, deben ser responsables de sus actos y
decisiones en la Junta, como reza la Constitución para todo funcionario público,
en el artículo 233.
Los miembros de la Junta deben ser designados por la Asamblea
Nacional para un periodo inicial de seis años en 2021 y de cuatro años luego,
de manera que siempre se renueven a la mitad de un periodo presidencial. Deberán
tener suplentes con igual exigencia que los titulares.
El país debe
contar con una institución que ejecute las políticas monetaria, financiera y
cambiaria. Esa entidad debe ser el Banco Central del Ecuador.
El Estado es el
dueño del capital del Banco Central. La Ley de ninguna manera pretende
privatizarlo y tampoco podría cumplir su función si así se hiciera.
El Banco Central
debe ser una entidad autónoma para el cumplimiento de sus funciones, pero
obviamente debe estar sujeto al cumplimiento de la Constitución, de todas las
leyes que corresponda y al control de la Superintendencia de Bancos, de la
Contraloría y de todas las entidades que sea menester, por ejemplo, los
Ministerios de Finanzas y del Trabajo en sus respectivos campos.
Desde su
nacimiento con la Misión Kemmerer, el Banco Central ha sido dirigido por un
Gerente General. No cabe nombrar un Directorio, porque aumenta los niveles de
decisión y la burocracia. Debe ser un organismo técnico que, como una
prohibición básica, tenga la de prestar recursos financieros a cualquier
organismo del Estado, porque entre sus funciones principales está la de contar
con la liquidez necesaria para garantizar la devolución de los fondos a los
depositantes en el sistema financiero nacional y enfrentar y solucionar
rápidamente problemas bancarios que pudieran derivar en pánico financiero y
crisis nacional.
Ante la idea de una moneda
electrónica producida por el BCE, se ratifica lo dicho en una publicación
anterior, en el sentido de que no hay problema si un dólar electrónico tiene el
respaldo de una moneda de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica; pero que,
si en algún momento no fuese así, correría alto riesgo el desarrollo nacional,
porque no solo que se afectaría el sistema de la moneda electrónica, sino el
sistema financiero y con él, la economía.
El funcionamiento del BCE
sobre la base de 4 sistemas de control del manejo de la RILD y los recursos
depositados en él es necesario, debe ser aplicado, y antes de la década perdida
ya fue probado a satisfacción.
Es acertada la decisión
gubernamental de crear una mesa de trabajo, junto con la Asamblea, para pulir
el proyecto (más vale tarde que nunca) y, luego del trámite legal, aprobar la
Ley. El país necesita que rija esa norma y evitar que algún día se impriman
billetes de un millón y más tarde de un billón …, como está sucediendo en
Venezuela … Luis Luna Osorio – 10032021
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