El Estado liberal es una
creación humana dedicada a buscar la vida organizada de una sociedad, en la que
los más favorecidos por la fortuna, generalmente una minoría, aportan recursos
financieros vía tributos, para que la mayoría, constituida por muy pobres,
pobres y clase media baja, vivan mejor de lo que lo podrían hacer con sus
propios ingresos. Pero, mientras en unos países el Estado regala dinero
directamente o con subsidios de por vida y como derechos; en otros países se
acostumbra a los pobres a vivir en democracia y en Derecho, se les da salud y
educación gratuitas y de calidad, se les genera oportunidades de emprendimiento
y empleo digno; y, se crea infraestructura y servicios de bajo costo y la más amplia
cobertura posible.
El Ecuador debería ser un
Estado de Derecho y no de derechos como dice la Constitución vigente, porque en
su texto actual esa Norma da lugar a que muchos ciudadanos y sus agrupaciones
reclamen infinidad de reales o supuestos derechos de por vida y se olviden de
que tienen obligaciones, entre las cuales la principal debe ser el respeto a
los demás, por encima de otras consideraciones. Si hay ese respeto, al pensamiento
diferente, la libertad, la democracia, las leyes, la autoridad, las fuerzas
armadas, la policía, la propiedad privada, el libre tránsito, la convivencia va
a ser satisfactoria y el país saldrá adelante por acción de todos.
Lamentablemente, en los
últimos días, los interesados en volver al poder se aprovecharon del reclamo
indígena para convulsionar al país en tal forma que, en lo que llevo de una
larga vida, no había sucedido. Quito fue, por desgracia, una ciudad sitiada y
su centro histórico sufrió cruel devastación, que hasta pone a pensar en la
viabilidad y seguridad del Metro.
PÉRDIDA DE AUTORIDAD. La
consecuencia más importante que derivó del paro mal llamado “pacífico”, al que
los miles de participantes acudían con palos y lanzas para “defenderse”, es la
comprobación por la ciudadanía de que quienes recibieron el poder en 2017
perdieron su autoridad en los días y momentos más importantes, en beneficio de
un grupo agresivo, y de que la mayoría de la población, de ahora en adelante,
estará a merced de los manifestantes a quienes no les guste una decisión
estatal, porque la Policía y hasta el Ejército son desbordados en los
enfrentamientos masivos en los que la autoridad nacional teme afectar los
“derechos humanos” de los violentos “infiltrados” que destruyen lo que
encuentran a su paso y se resigna a buscar acuerdos que le permitan sobrevivir
políticamente, ignorando los derechos humanos de la fuerza pública, formada por
gente del pueblo sujeta a un orden constitucional jerárquico.
PÉRDIDA DE SEGURIDAD. De hoy
en adelante la sociedad sabe que no hay seguridad para nadie frente a
acontecimientos como el de los días pasados, que Dios quiera nunca se
repitan. Vio con susto y en algunos
casos con terror, por la cercanía a los lugares de los hechos, que la Policía y
las Fuerzas Armadas eran rebasadas, ante la imposibilidad de usar sus armas
ante miles de manifestantes que atacaban por todo lado y cerraban el paso a los
apoyos y hasta a las ambulancias y motobombas.
No hubo “inteligencia” que
advierta a los gobernantes sobre lo que iba a ocurrir, un paro de grandes
dimensiones, pacífico o no, pero multitudinario y nacional; y, tampoco se
consideró que las fuertes medidas a tomar necesitaban una campaña previa de explicación
a la ciudadanía sobre su alcance, el cese del enriquecimiento indebido para los
contrabandistas y otros, y el beneficio para el Estado y la gente pobre. Se
habló de la subida de los precios de los combustibles, pero no se explicó a
tiempo y bien las medidas compensatorias.
PÉRDIDA ECONÓMICA NACIONAL. La tercera
consecuencia es la enorme pérdida económica nacional derivada de los días en
los que el país estuvo paralizado casi totalmente. Si el Producto Interno Bruto
del Ecuador del año 2019 vale lo calculado en alrededor de 108 mil millones de
dólares corrientes, cada día debió generar 296 millones en promedio y los 12
días 3.551 millones. Como la paralización no fue total y asumiendo que solo se
redujo la mitad de la actividad económica, el daño hecho suma poco más de 1.700
millones de dólares.
A eso hay que sumarle todo lo
que se necesita para reconstruir y reparar la infraestructura física pública y
privada; por ejemplo, el edificio de la Contraloría difícilmente se mantendrá
en pie, porque en muchas partes el hierro de las columnas se habrá
“amelcochado” y perdido su fuerza y resistencia; algunos campos petroleros
requerirán tiempo para volver a la normalidad; en algunos edificios habrá
que hacer costosos arreglos, como en el
de la Asamblea Nacional, y en otros de diferentes ciudades, que fueron quemados
o afectados en puertas y ventanas, plantaciones, sistemas electrónicos y otros
aspectos. Además, las maquinarias y los equipos destrozados, los negocios no
realizados, las exportaciones canceladas, otros efectos.
El diario EL COMERCIO de
Quito, del 15 de octubre de 2019, menciona entre otras pérdidas sectoriales:
comercio, 733 millones de dólares; petróleo, 130 millones; actividades
profesionales, 83 millones; transporte, 78 millones; industrias, 54 millones;
flores, 40 millones, lácteos, 40 millones, con lo que este parcial suma 1.158
millones de dólares.
Expertos del Colegio de
Economistas de Pichincha estiman que la pérdida global es superior a 2.400
millones de dólares, casi el doble de lo que el gobierno pensaba recaudar este
año con la medida del alza del precio del diésel y la gasolina extra.
Pero, la pérdida no solo es la
registrada de esos días. Sobre todo, es la pérdida incalculable que se
producirá de aquí en adelante, por la inestabilidad política, la inseguridad
jurídica y la lentitud de crecimiento económico que habrá, ya anunciada por
futurólogos nacionales y extranjeros sin el paro, y ahora probablemente más
difíciles de cambiar.
Lo primero, porque hasta las
elecciones del 2021 quedó fuertemente afectado el gobierno actual. La imprevisión
y luego la marcha atrás en el Decreto 883 deja un mensaje negativo, porque
implica que, sobre el marco constitucional y la eventual decisión democrática
de la mayoría de la población, está la fuerza sin control movida por intereses
de cualquier clase.
Lo segundo, porque las leyes
futuras y eventualmente la permanencia de algunas de las vigentes pueden ser
materia de revisión, por imposición de ciertos grupos, sin tener en cuenta los
efectos positivos nacionales de las medidas, pero atendiendo intereses de
grupos determinados.
El crecimiento económico que
ya venía siendo lento lo será aún más. Simplemente, en el Estado no habrá
inversiones importantes por falta de dinero y en varios sectores los inversionistas
privados potenciales preferirán llevar su capital a otras partes, de mercados
más grandes, más seguros, de mejor futuro, con políticas de Estado, leyes
duraderas, más oportunidades.
PÉRDIDA DE RECURSOS FISCALES. El
gobierno había dicho que su intención era obtener este año un ahorro de 1.300
millones de dólares con el ya histórico Decreto 883. No solo que no se logró
esa meta, sino que se perdió mucho más.
Los subsidios de todo tipo se
mantendrán vigentes y hasta se incrementarán, porque gobierno y ciertos grupos
piensan que no es solo un beneficio temporal, sino un derecho de por vida antes
no reconocido.
En los próximos años, quien
sea presidente del Ecuador pensará dos veces para quitar un subsidio o poner un
impuesto importante y la caja fiscal solo podrá pagar sus compromisos con deuda
o, lo que nadie desea, volviendo a la emisión monetaria.
Alguna gente dice que no
quiere que se explote el petróleo ni las minas y que tampoco se deforeste el
país. Esas son metas muy importantes y plausibles, pero la pregunta es: Y si se
hace eso, ¿con qué dinero se pagará todo lo gratuito y subvencionado que hay
ahora y se exige para muchos millones de personas, la administración pública,
el mantenimiento (que no construcción), de infraestructura y la enorme deuda
pública que existe a la fecha?
Escuché a un dirigente decir
que en remplazo vendrían empresas transnacionales a otros sectores. No es
fácil, aún si el Ecuador tuviera las condiciones favorables necesarias, en
pocos años y menos inmediatamente, convencer a grandes inversionistas para que
vengan a un mercado pequeño y convulsionado, y ejecuten proyectos que den los
beneficios monetarios que generan las actividades extractivas, porque en muchos
indicadores internacionales estamos a la cola de varias decenas de países y
ahora crecerá mucho el riesgo país.
DIVERGENCIA COSTA SIERRA. Otro
problema que se podrá observar en los próximos años será la divergencia que se
producirá en cuanto a la velocidad de su crecimiento económico entre la Costa y
la Sierra, pues muchas de las empresas existentes en la Sierra que puedan
trasladarse y las nuevas empresas que se formen, tendrán como prioridad
ubicarse en el perímetro de Guayaquil.
Las provincias centrales de la
Sierra dependerán más del Estado para su desarrollo y se concentrarán en ellas
subsidios y otros mecanismos. Con esta perspectiva, lo que conviene
prioritariamente es profundizar los esfuerzos de educación y mejoramiento de la
producción y la productividad agropecuaria de la región, para que esas acciones
incrementen el empleo, eleven el ingreso de los pobladores y los saquen de la
extrema pobreza y de la pobreza en que viven, con mayor competitividad.
PÉRDIDA DE ATRACCIÓN TURÍSTICA.
Las
fotos y los videos de lo que sucedió en Quito y en el país se multiplicaron en
los medios de comunicación del exterior y en las redes sociales de todo el
mundo; y, por tanto, fueron conocidas por cientos de millones de personas,
muchas de ellas interesadas en venir a Sudamérica y al Ecuador. Siempre habrá
muchos turistas que desistan de llegar a este país y no solo eso, sino que
serán difusores de la mala información con respecto a lo que sucedió.
Durante el paro ya se
produjeron para las empresas turísticas pérdidas de cientos de millones de
dólares, especialmente porque sucedió en días en los cuales las personas se
desplazan a Guayaquil por las fiestas de octubre o porque la gente aprovecha el
feriado para viajar.
Las pérdidas futuras
previsibles surgen de las advertencias de varios gobiernos a sus ciudadanos, en
el sentido de que es mejor que no vengan al Ecuador, con una fuerte pérdida de
divisas para la balanza de pagos.
PÉRDIDA DE CONFIANZA
INTERNACIONAL. Una pérdida notable es la de la confianza
internacional de gobiernos, empresas e inversionistas en el Ecuador, no para
los próximos meses, sino por varios años.
Los gobiernos, para llevar a
feliz término negociaciones que estaban en camino, lo primero será esperar al
2021 para saber hacia dónde se inclina la balanza de la política nacional,
tomando en cuenta que algunos de los potenciales candidatos redujeron
sensiblemente sus posibilidades, al hacer desafortunadas declaraciones durante
el paro, criticando medidas que cuando fueron gobierno las tomaron porque eran
necesarias, pero mucho menos urgentes que ahora; y, en otros casos, sabiendo
que, si llegan al poder, no tendrán más remedio que ir por la misma senda o
endeudar más al país. Por otra parte, para más allá del 2021, seguirán
considerando que el Ecuador es un país muy difícil de gobernar y con péndulo
político tradicional, en el que el nuevo gobierno borra o deja insubsistente lo
hecho por el anterior.
Los empresarios privados
extranjeros continuarán aplicando su receta vigente. No valió el Código
Orgánico de la Producción, el Comercio y las Inversiones de 2010 para atraer
inversiones; no valió la ley que lo modificó varios años después y seguramente
la Ley de Fomento Productivo vigente desde 2018 y la reforma en camino tampoco
serán operativas.
A las razones que ya he
mencionado en varios boletines anteriores, de inestabilidad política, inseguridad
jurídica, alto costo e inflexibilidad de la contratación laboral, falta de
productividad nacional (efectividad del Estado y competitividad de las empresas
privadas) se une ahora el problema de la absoluta indefensión ciudadana y
empresarial a la hora de los paros originalmente pacíficos, que se vuelven
violentos por causa de “infiltrados”.
REFLEXIÓN FINAL MUY
IMPORTANTE: Con esta oportunidad vale la pena reproducir
las frases de un líder religioso estadounidense, William Boetcker (1873 – 1962),
quien dijo:
- Usted no puede crear
prosperidad desalentando el ahorro.
- Usted no puede fortalecer al
débil debilitando al fuerte.
- Usted no puede ayudar a los
pequeños aplastando a los grandes.
- Usted no puede ayudar al pobre
destruyendo al rico.
- Usted no puede elevar al
asalariado presionando a quien paga el salario.
- Usted no puede resolver sus
problemas mientras gaste más de lo que gana.
- Usted no puede promover la
fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases.
- Usted no puede garantizar una
adecuada seguridad con dinero prestado.
- Usted no puede formar el
carácter y el valor de un hombre quitándole su independencia, libertad e
iniciativa.
- Usted no puede ayudar a los
hombres permanentemente realizando por ellos lo que éstos pueden y deben
hacer por sí mismos. [1]_/
Concluyo: EL ECUADOR NO PUEDE DESARROLLARSE SIN RESPETO DE LOS
UNOS A LOS OTROS
[1] _/ Estas
frases se le atribuyen generalmente al presidente de los Estados Unidos Abraham
Lincoln.
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