BOLETÍN 202: AMANECE ... OJALÁ DIOS DÉ PAZ, LUZ Y TRABAJO

El 2 de octubre de 2019 el gobierno anunció las medidas económicas tomadas con el propósito de sacar al país de su crítica situación actual, lo que provocó al día siguiente un paro de transportistas e indígenas que se tornó violento, por lo que el presidente de la República decidió ordenar el estado de excepción que se mantendrá por 60 días. 

Mi análisis respecto a las medidas se inicia señalando que la mayor parte de la culpa de que estemos donde estamos es de Rafael Correa Delgado y sus aliados más cercanos, que no contentos con gastar a manos llenas el dinero de la exportación de petróleo y otros productos a excelentes precios durante la década ganada por ellos, pero perdida para el Ecuador, nos dejaron endeudados hasta el cuello, en alrededor de 75 mil millones de dólares, hasta el punto que en la “década ajustada” próxima, la preocupación central de los gobiernos será destinar alrededor de la tercera parte del Presupuesto General del Estado a cubrir las amortizaciones y la preocupación mayor del pueblo será ver que sus condiciones de vida no mejoran, mientras el mundo sigue andando a velocidad vertiginosa … y en muchos países mejorando.

La otra parte de la culpa es del actual gobierno que, pese a que hace tiempo se dio cuenta (si no lo sabía) de que no había mesa servida y que había una deuda enorme, demoró la toma de decisiones para hacer la “cirugía mayor” esperada de la economía, que las circunstancias han ido complicando y hasta la fecha no se tiene una clara definición de a dónde vamos.

La carta de intención con el FMI y otros organismos multilaterales, de marzo de 2019, creó la obligación de tomar medidas que corrijan los graves errores económicos de la administración Correa y eso hizo posible recibir fondos para solucionar una parte importante de la falta de liquidez del gobierno y establecer un conjunto de obligaciones gubernamentales insoslayables.

En una breve síntesis, las medidas adoptadas son las siguientes:

1.    Alza de los precios de la gasolina extra y el diésel. Medida acertada y dejada de lado por muchos gobiernos, pero necesaria para sincerar los precios de los combustibles y otros productos y reducir o eliminar el contrabando hacia Colombia y Perú. El monto estimado del subsidio para este año era de 1.742 millones de dólares y evidentemente habrá un ahorro muy importante que puede dedicarse a inversión. La medida tiene efectos laterales ambiental y social, porque la reducción de la movilidad de los vehículos hará que el consumo de combustibles fósiles baje, pero que se encarezca la vida del pueblo.

2.    Eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Medida acertada y que evita que empresas que no generaban utilidades tengan que tributar. Esto es especialmente válido para las empresas de las provincias fronterizas, en donde las devaluaciones registradas continuamente en Colombia y el Perú han hecho que las empresas pierdan y sin embargo, con los datos de utilidad del año anterior, tengan que tributar.

3.    Eliminación de aranceles para muchos productos no producidos en el país, especialmente para el sector agropecuario y de la rama electrónica. Medida acertada que debió haberse tomado hace muchos años, porque si no hay esas producciones y en muchos casos es muy difícil que el país pueda desarrollarlas, lo lógico es abaratar las compras necesarias en el exterior, como siempre han sido las maquinarias y materias primas para el sector agropecuario y son ahora las computadoras, las Tablets y los teléfonos celulares, indispensables para trabajar en estos tiempos. 

4.    Reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas para determinadas materias primas y bienes de capital. Medida acertada, pero insuficiente, porque ese impuesto debería eliminarse, ya que no es a la salida de divisas sino al ingreso de ellas. Nadie va  a invertir en el Ecuador 100 si sabe que el mismo momento que ingresa su dinero ya no vale 100 sino 95. Hay que tener en cuenta que en los países desarrollados el 5% es un interés anual alto.

5. Reducción del impuesto a los vehículos de menos de 32 mil dólares destinados a actividades productivas. Medida acertada, siempre que efectivamente sean vehículos de trabajo. Hay que evitar que sean automóviles y debía orientarse la medida a que sean eléctricos o mixtos.

 

6. Rebaja del 20% en el pago mensual, en el caso de los contratos ocasionales que se renueven en el gobierno central. Medida acertada, pero hubiese sido mejor que no se renueven los contratos, salvo los muy necesarios, por la necesidad de austeridad fiscal. 

7.    Mantenimiento del IVA en 12%. Medida políticamente correcta, que evita darles gusto a los que pedían que suba al 15% y a los que sugerían que baje al 10%, corriendo en ambos casos con el riesgo de que se afecten los ingresos del Estado. En este caso lo que corresponde es no perdonar a los grandes negocios y ejercer un control mucho mayor por el SRI, porque es grande la cantidad de almacenes y empresas individuales que no dan factura ni comprobante alguno. Los cruces de datos por vía electrónica permiten saber los movimientos de ingresos y egresos y contrastar con las declaraciones.

8.    Devolución automática de tributos al comercio exterior. Medida acertada. Debió ser puesta en práctica hace muchos años, como lo hacen en otros países. Primero, técnicamente no se debe exportar impuestos, porque al hacerlo se está perdiendo competitividad en el monto de los impuestos pagados. Segundo, la exportación requiere un capital para producir, otro para dar crédito al comprador y un tercero para financiar el tiempo que el pedido se mantiene de viaje. En consecuencia, es muy importante que se devuelva pronto los impuestos al exportador, aunque más tarde se controle para confirmar los datos de la exportación y de los tributos pagados.

9.    Reducción del personal burocrático en 10 mil personas adicionales a las 23 mil que dice el presidente Moreno que ya han salido de la nómina estatal. Medida acertada, pero incompleta, porque el número actual de burócratas es mucho mayor del necesario debido a la política clientelar del presidente Correa. Pero, por otro lado, hay que reducir el monto global del gasto en personal, porque si se saca a diez que ganan 500 dólares (total 5 mil dólares) y en cambio se nombra 5 que ganan 2 mil dólares (total 10 mil dólares), no se ha solucionado el problema, sino que se lo ha aumentado.

10. Incremento en 1.000 millones de los recursos financieros para crédito de vivienda con interés menor al 5%. Medida acertada, porque dinamizará a la construcción y con ello a otras actividades económicas, aparte de que provoca la contratación de muchas personas con poca o ninguna educación.

11. Reducción de 30 días a 15 de las vacaciones de los funcionarios públicos. Medida desacertada desde el punto de vista constitucional. Primero, según el artículo 326 de la Constitución los derechos adquiridos por los trabajadores no pueden ser afectados negativamente, son irrenunciables e intangibles. Segundo, los trabajadores privados tienen 15 días de vacaciones, pero reciben utilidades de las empresas, en tanto que los trabajadores estatales no tienen ese beneficio monetario.

12. Contribución al fisco, con un día de sueldo mensual, de los empleados de las empresas públicas. El argumento es que en esas empresas los trabajadores ganan más que en el resto de las entidades estatales. Una alternativa pudo haber sido que los sueldos superiores a 2 mil o 3 mil dólares bajen en un porcentaje en todo el sector público.  

13. Reglas para nuevos contratos laborales. Medida acertada, porque el Código del Trabajo vigente desde 1938 no contempla algunas formas que han aparecido en las últimas décadas o porque no estaban bien reguladas. Para los nuevos contratos son muy importantes las posibilidades de trabajar por horas, trabajar desde la casa, repartir la semana laboral en forma distinta a la tradicional, trabajar estacionalmente, considerar la tasa de mortalidad de los emprendimientos y las obligaciones de ellos con sus trabajadores, reconocer la poca aplicación de la jubilación patronal en los términos tradicionales y aprobar una mejor alternativa.

14. Asignación de una contribución especial por tres años a las empresas cuyos ingresos superen los 10 millones de dólares anuales. Medida acertada dirigida a quienes realizan negocios importantes en el país. A este respecto hay que anotar que las involucradas no serán más de 2 mil empresas; pues, la menor de las 1000 empresas más grandes del país, según la Superintendencia de Compañías, en el año 2018 vendió 15,82 millones.

15. Incremento de 300 mil beneficiarios del bono de desarrollo humano y aumento en 15 dólares de la asignación mensual. Medida paternalista que podía haberse sustituido por otra ligada al emprendimiento, asignando como crédito y no como dádiva los recursos, aun sabiendo que van a ser de difícil recuperación, pero dejando en el receptor la idea de que tiene una obligación que cumplir.  

Seguramente, estas medidas tienen otras complementarias, que no se ha mencionado; sin embargo, el paquete o conjunto es positivo y menos complejo que el que se esperaba.

En mi criterio, faltaron decisiones importantes que hubiesen mejorado los ingresos fiscales y roto tabúes.

Una de ellas debió haber sido la de iniciar el alza del precio del gas. Para ello se requiere hacer notar a la población que el tanque de gas dura aproximadamente un mes y vale menos que una botella de gaseosa que se termina en un almuerzo familiar o un día.  El alza podía haber sido de 20 centavos mensuales, pero lo importante era empezar a reducir el subsidio y focalizarlo en el un millón (ahora 1,3 millones) de personas en pobreza extrema o en pobreza. El gobierno tiene el registro de los beneficiarios y no parece complicado realizar esta acción. El subsidio generalizado beneficia por igual a quien gana 10 mil dólares mensuales o más y a quien apenas gana para comer el día; además, se presta para que verdaderas mafias organizadas desde hace años, lleven el producto de contrabando a Colombia y Perú con enormes ganancias.

Otra decisión podría haber sido la de aumentar el número de los contribuyentes efectivos del impuesto a la renta. Quienes pagan este impuesto son un porcentaje bajo del total de la PEA, casi todos de nómina pública o privada, y podría aumentarse un 10%. En todo caso, el SRI tiene la obligación de mejorar los sistemas de control y aumentar los sujetos de pago de ese impuesto. En este caso lo importante es hacer que la gente sepa que debe contribuir al Estado.

Una tercera decisión debió ser que, en los próximos 5 años, se reduzca gradualmente el valor total de la nómina estatal diferente a salud, educación y seguridad, al menos en un 25%, y que los recursos ahorrados vayan a inversiones en infraestructura física económica o social. En ese sentido conviene reducir la nómina en el exterior ubicada en países con los cuales hay muy poca vinculación política y menos relación comercial, pero cuyo costo es elevado.  

Todos los subsidios e incentivos estatales que existan o se creen deberían tener una fecha de terminación y ser destinados exclusivamente a un grupo de ciudadanos o de empresas, con la debida justificación técnica, no política y peor clientelar.  

Deberían recibir subsidios los pobres y quienes estén en extrema pobreza y no tengan vicios, en los siguientes grupos: los niños huérfanos hasta los 15 años, las mujeres viudas sin hijos, las mujeres embarazadas, los discapacitados calificados por el gobierno, los mayores de 65 años. Además, quienes hayan sufrido los efectos de desastres naturales o graves accidentes.

Las empresas que demuestren la factibilidad de proyectos destinados a incrementar el valor agregado nacional, innovar o exportar deberían recibir incentivos fiscales y crediticios, según tres niveles de importancia y por 5, 7 o 10 años improrrogables en cada caso. Deberían tener exoneración del impuesto a la renta por 5 años las empresas productoras de bienes y servicios que coticen en el mercado de valores sus acciones, siempre que tengan entre 51 y 100 accionistas o más de 100 trabajadores. Ese beneficio, por 10 años, deberían tener las empresas con 101 o más accionistas o más de 250 trabajadores. 

    

A fin de que la ciudadanía conozca el significado numérico y de egresos monetarios de la burocracia sobre la cual se va a actuar para reducirla, sería conveniente que se comunique oficialmente cuántos funcionarios hay en las diversas entidades estatales y cuál es el monto de sus costos, no solo por sueldos sino por adicionales y gastos operativos.

El presidente de la República dijo, en el momento de presentar las reformas, que él no pensaba en las próximas elecciones como suelen hacer los políticos, sino en las próximas generaciones como hacen los estadistas. Eso está muy bien y esa debería ser una práctica de todos los mandatarios, pero durante los meses que le faltan en la Presidencia debería tomar muchas más decisiones de estadista, entre ellas las relacionadas con levantar todo tipo de secretos relacionados con contratos del Estado con empresas no financieras y bancos, excepto en caso de seguridad nacional; también, utilizar las facultades que le da la Constitución, para aportar a la justicia con toda la información disponible en la Función Ejecutiva que permita sancionar a quienes actuaron por fuera de la ley en el gobierno anterior y especialmente a los que han robado. No puede haber perdón y olvido para los que endeudaron a nuestros descendientes.

Si el Estado no recupera una parte muy importante de los recursos que se han llevado los ladrones de cuello blanco, mentes lúcidas y manos sucias, la historia no le absolverá al presidente y el pueblo no aceptará más sacrificios, porque su situación es una de las más críticas de la historia nacional.

Los organismos internacionales dicen que el PIB del Ecuador decrecerá este año al 0,5%, crecerá el próximo al 0,2% y en 2021 el registro será del 2%. Aspiremos a que las medidas tomadas y propuestas den como resultados cambios positivos para el próximo bienio y que, sobre todo, se haya encontrado la fórmula de incrementar el empleo en forma significativa.

El pueblo, como lo está demostrando en estos aciagos días, ya no aguanta que las condiciones de vida actuales se deterioren aún más y que el próximo gobierno llegue cargado de falsas promesas, lleno de deudas y sin capacidad de hacer obra. Tienen la palabra los asambleístas y el presidente de la República. La protesta, sin embargo, no debe llevar a la violencia sino al diálogo, porque si el país no tiene paz, no conseguirá lo que todos deseamos: democracia verdadera, desarrollo económico, justicia social, respeto internacional. Que Dios ilumine al gobierno y a los opositores, para que piensen en el país y no en su triunfo.