Este Boletín resulta de
una sugerencia de dos hermanos y buenos amigos de apellidos Torres Ron, René y
Hernán, el uno economista y el otro ingeniero civil, que conscientes de la
grave crisis del país, en cuanto a inversión, tecnología, producción, empleo y
pobreza, consideran que los analistas debemos hacer un examen detenido de los
problemas actuales y sugerir algunas acciones al gobierno y a los empresarios para
salir del foso.
Los dos coinciden en
que el sector de la construcción es un multiplicador de actividades,
especialmente en las industrias relacionadas; pero que, al demandar una gran
cantidad de mano de obra, repercute positivamente en la demanda de productos
nacionales. En efecto, según el INEC, en 2019 el sector generó cerca de medio
millón de puestos de trabajo, en la forma siguiente: 236 mil empleos adecuados,
142 mil subempleos, 95 mil empleos de otra clase y 3.600 empleos familiares, con
56 mil empleos menos que en 2018.
Recojo en este Boletín varios de
los textos de Hernán difundidos en correos electrónicos para varios amigos,
entre ellos yo. Los hago propios y por eso no señalo fuente. Recalco su
indignación por los incrementos exagerados del precio de las obras, el
aprovechamiento de los reajustes de precios y de los resquicios legales, la
escasa calidad de los estudios, la discrecionalidad en la contratación para su
ejecución; y, enfatiza en un tema no tratado: la carencia de FISCALIZACIÓN
EFECTIVA. A ello sumo que se le quitó a la Contraloría la posibilidad legal de
revisar los contratos antes de su firma para precautelar el interés nacional.
Efectivamente, el
sector de la construcción tiene una gran importancia. Según la Cámara de la
Construcción de Quito, en una publicación del año 2004, el dinero asignado a la
Construcción se mueve siete veces en la economía, porque se multiplica en
industria, transporte, comunicaciones, alimentación, servicios de diferente
clase.
Las dos grandes vías de
la Construcción son la infraestructura y la vivienda. La primera es fundamental
para el desarrollo y tiene que hacer en la vialidad, los túneles y puentes; los
puertos y aeropuertos; los oleoductos, las centrales hidroeléctricas, los
canales de riego, los circuitos de telecomunicaciones; los centros
educacionales, los estadios y coliseos; los hospitales y las obras de agua
potable y alcantarillado; y, muchas otras obras. La vivienda es también de
mucha importancia, sobre todo porque el déficit de casas y departamentos es muy
grande y la gente anhela tener vivienda propia con los servicios básicos
necesarios.
En 2008 Rafael Correa
logró que se apruebe la Constitución vigente. Según reza su texto, se deseaba
que el Estado tenga un total predominio sobre el sector privado, porque se
quería avanzar hacia el socialismo del siglo XXI; y, con ese objetivo, se
aprobaron varios artículos destinados a que los sectores estratégicos sean de
exclusiva acción del Estado:
Art. 313: El Estado se reserva el derecho de administrar, regular,
controlar y gestionar los sectores estratégicos. Los sectores
estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que, por
su trascendencia y magnitud, tienen decisiva influencia económica, social,
política ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y
al interés social.
Se
considera sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, las
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y
refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el
espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la Ley.
Art. 314:
El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos: agua
potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que
determine la Ley.
Art. 315:
El Estado constituirá Empresas Públicas, EP, para la gestión de sectores
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento
sustentable de recursos naturales y de desarrollo de otras actividades económicas.
Art. 316:
El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y
servicios públicos a empresas mixtas que tengan mayoría accionaria -51%-. El
Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a
la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los
casos que establezca la Ley.
Por otra parte, en la
Ley Orgánica de Contratación Pública, se incluyó el artículo 3, que dice:
Art. 3. Contratos
Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional. En los contratos
que se financien, previo convenio, con fondos de organismos multilaterales, o,
con fondos provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno, u
organismos internacionales de cooperación; se observará lo acordado en los
convenios.
No hay que hacer mucho
esfuerzo para leer entre líneas, que lo que se buscaba es que las obras a
construirse, especialmente con los préstamos de China, tenían que ser
ejecutadas por empresas constructoras de ese país, con recursos a corto plazo,
tasas de interés elevadas y sistema “llave en mano” que resultó al final en un
conjunto de desastres de ingeniería que hasta ahora no se reclama debidamente y
en lleve, lleve, para las manos ardientes de líderes de AP.
Al amparo
de la Constitución de 2008 y la Ley de Contratación Pública, “se declaró
en estado de emergencia constante a los sectores estratégicos” y se implementó
un “régimen especial” de contratación pública, con la aplicación del denominado
“giro específico del negocio”.
El “régimen
especial”: permite contratar sin licitación o concurso, selecciona directamente
al proveedor con el visto bueno del ministro correspondiente –Art. 2
LOSNCP-. En la práctica, permitió adjudicar contratos de manera directa –a
dedo-. Su aplicación, de manera directa, por la determinación del “giro
específico del negocio”, sin concurso de precios, generó la proliferación de
actos de corrupción. (CAMICON, 2018)
Sobre esas bases, lo
primero que se debe señalar es que durante los años 2007 – 2017 el gobierno y
obviamente los ministros interesados y los beneficiarios privados, consideraron
de mucha importancia ejecutar proyectos en los sectores estratégicos petrolero,
hidroeléctrico y hospitalario, con algunas obras de interés en otros campos,
como algunas escuelas del milenio, el proyecto Yachay, planes de vivienda
popular y cambios en algunas de las vías del país.
Lamentablemente, se ha
descubierto después, que ese interés no era patriótico, sino “platótico” utilitario
y que de allí se esperaba obtener importantes réditos para financiar las
campañas electorales de Alianza País, riqueza para los responsables de decidir
sobre el uso de los recursos públicos y proyectos y más proyectos para las
generosas empresas constructoras.
De manera que, mientras
hubo dinero a raudales, se puso primeras piedras por doquier, con la presencia
de mandatarios de otros países que ofrecían participar en las inversiones y
luego no aportaron un centavo, y con la satisfacción de saber que eso daba
votos y bolsillos llenos.
Con apoyo de Naciones
Unidas, el gobierno actual realizó una evaluación técnica con empresas
consultoras extranjeras, de EE. UU., España y Reino Unido, a un costo de USD
3,3 millones. El resultado: los proyectos se ejecutaron con un sobreprecio de
USD 2.331 millones y falencias constructivas. A un alto costo se confirmaba lo
dicho por los medios y el periodismo de investigación, en especial de Fernando
Villavicencio.
De los seis
megaproyectos de hidrocarburos, los cinco relacionados con construcción se
ejecutaron sin contar con la debida evaluación de los estudios de
prefactibilidad, factibilidad técnica, económica y financiera; con deficiencia
en los estudios de Ingeniería Básica y Detalle, especialmente de geotecnia, con
estudios de suelo incompletos. Los de exploración y explotación de gas natural
del Golfo, sin los debidos estudios de sísmica.
Lo que pretendo
explicar es que muchos de los registros de inversión que se reflejaron en las
estadísticas oficiales de los años 2007 – 2015 especialmente, al final fueron
pasos en falso y por tanto dieron una visión equivocada de lo que realmente
sucedió. El PIB del sector no muestra (no registra) sobreprecios, desperdicios,
coimas, entramado de corrupción; pero, suma valores al PIB de la construcción,
con ejecución de grandes obras pésimas o casi inservibles.
Pruebas al canto: la refinería del Pacífico fue un enorme
desperdicio de más de mil millones de dólares, en un terraplén que dicen que
sirve ahora de aeropuerto del narcotráfico; la renovación o como se llame de la
refinería de Esmeraldas fue un fraude terrible y ahora esa planta está parada
porque lo que se invirtió en ella, gasto inútil, fue también de miles de
millones de dólares; las escuelas del milenio se construyeron en mínima
cantidad y no fueron óptimas como se hizo creer a los campesinos, porque
exigían a los estudiantes largas caminatas al sol o en lluvia o a los padres
pagar transporte; Yachay se hizo donde no se debía y como escribí hace tiempo,
no hay la tal ciudad del conocimiento; varias de las hidroeléctricas tienen
fallas estructurales o todavía no funcionan y la estrella del equipo, Coca Codo
Sinclair, al parecer fue sobredimensionada, hecha sin suficientes estudios,
corre el riesgo de ser afectada por los problemas de la cascada San Rafael. En
fin, desastre tras desastre.
Tras de esta penosa
introducción, miremos las cifras. El PIB total del Ecuador del año 2019, a
precios del año 2007, suma casi 72 mil millones de dólares y significa cerca
del 32 por ciento más que el del año 2007, que fue de 54.558 millones de
dólares. Las tasas de crecimiento anual fueron en promedio del 2,9%, con el
mejor año en 2011 (7,9%) y el peor en 2016 (-1,2%).
El PIB del sector
Construcción de 2019 suma 5.875 millones de dólares del año 2007 y es mayor al
del año 2009 en el 37,8%, pues en ese año solo sumó 4.495 millones. Las tasas
anuales de crecimiento fueron en promedio del 3,25%, valor un poco mayor que el
de la tasa del PIB total, pero mientras en los años 2011 y 2012 tuvieron cifras
muy elevadas, del orden del 17,6% y el 12,2% respectivamente, desde el 2013
tuvieron una constante reducción, con cifras negativas para los años 2015 al
2017 y el 2019. En el año anterior, el sector construcción significó el 8,2%
del PIB anual, con la cifra absoluta menor desde 2014 (5.875 millones de
dólares).
Datos recopilados por
Hernán Torres señalan que, la producción total del sector de la Construcción
para el año 2018 suma 20.364 millones de dólares corrientes y que, de ese
valor, 8.239 millones corresponden a consumo intermedio. Las materias primas más
importantes son cemento, artículos de hormigón y piedra (30%) y madera tratada
y derivados (11,7%).
Como casi todas las
actividades económicas, la construcción ha estado paralizada desde marzo hasta
buena parte de mayo. Es necesario que recupere su vitalidad, pero no sobre la
base de proyectos realizados por el Estado, sino por empresas privadas de hoja
de vida limpia. La realización de las obras debe basarse en alianzas público –
privadas que cuenten con la seguridad jurídica necesaria para los
inversionistas y que den al pueblo soluciones de largo plazo en lo que sea
necesario. POR FAVOR, CERO CORRUPCIÓN.
En el sector
agropecuario es importante desarrollar varios proyectos de control de aguas en
la Costa, para regar en verano y controlar inundaciones en invierno.
En el área industrial se necesita una nueva refinería de petróleo para
combustibles, industrias procesadoras de los minerales e industrias militares
rentables, que garanticen su óptimo desempeño; una industria de celulosa y
papel, un laboratorio de productos farmacéuticos genéricos, astilleros de
construcción y mantenimiento de barcos de pesca, industrias que puedan
maximizar el funcionamiento de los clústeres y las cadenas productivas de: banano,
cacao, camarón, flores, palma aceitera, alimentos balanceados, algodón, azúcar,
frutas.
En vivienda el déficit conocido es de más de un millón, que si se lo tratara
de solucionar para beneficio de las clases media y popular daría una gran
actividad multisectorial y empleo.
En obras de infraestructura, se necesita terminar la
autopista Panamericana Huaquillas – Rumichaca, con accesos a Cuenca, Manta y
Posorja. También, culminar con algunas hidroeléctricas inconclusas y cerrar el
circuito nacional de electricidad, ampliar el metro de Quito, construir un
puerto moderno sobre el rio Napo para servir tráfico internacional hasta Manaos,
mejorar los aeropuertos internacionales y sus obras complementarias, dotar de
características de aeropuertos internacionales a los de Manta y Cuenca, desarrollar
las telecomunicaciones con servicios de punta y protección de datos con
cobertura nacional; etc.
Las obras mencionadas y otras que puedan ser
necesarias, deben estar enmarcadas por una estrategia nacional de desarrollo a
largo plazo. Varias de ellas van a tener que acoplarse a la nueva realidad
internacional; pero, otras obras deben funcionar bajo los parámetros actuales,
eventualmente con mayor eficiencia.
Todas las obras de infraestructura y vivienda, y varios
proyectos orientados a producir para el mercado mundial, que deberían
investigarse, necesitan del sector Construcción para ponerse a punto, junto con
plantas industriales, edificios y demás; por tanto, aquí hay un horizonte
promisorio que requiere de una acción dinámica del Gobierno para estimular a
los inversionistas y dar empleo a varias ramas de profesionales de la
ingeniería y la arquitectura, y a un gran grupo de población formado por miles
de técnicos, tecnólogos y personas que no tienen mayor formación educativa,
pero que son muy necesarias en la construcción.
Hoy más que nunca, se necesita de verdaderos concursos
públicos para la construcción, cerrando la posibilidad de los latrocinios
públicos y privados. Reitero mi pedido: SANCIONES MUY FUERTES PARA LOS LADRONES
AL ESTADO Y SUS CÓMPLICES.
NOTA.
El autor de estos boletines, escritor de 30 libros sobre temas económicos y profesor
de posgrado por 25 años en varias universidades, ofrece sus servicios para dar
conferencias, efectuar seminarios, asesorar empresas, en Macroeconomía,
Desarrollo Económico, políticas de Comercio Internacional y Exterior, a partir
de julio. Teléfono: 0999 726954 Correo: llunao@uio.satnet.net
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