Mucha gente esperaba, en mayo de 2017, frente a la
gravísima situación de crisis nacional que se conocía había en el país, un Plan
de Desarrollo Moral, Político, Económico y Social, que sacara al Ecuador del tremendo
atolladero en el que lo dejaba el gobierno anterior: Constitución y dirección política
contrarias al interés nacional, institucionalidad perdida, deuda pública
enorme, déficit fiscal considerable, crecimiento económico nulo y hasta
decrecimiento, desempleo de la mitad de la población capaz de trabajar, educación
ideologizada, autonomía universitaria atropellada, relaciones exteriores
pésimamente dirigidas, corrupción rampante, ceguera popular mayoritaria frente
a las actitudes prepotentes del mandatario y su rebaño.
El candidato que llegó a Carondelet, de las filas de
su antecesor, no se preocupó de elaborar ese Plan, porque según decía y dice,
creía que solamente algunos expertos y muchos periodistas sobredimensionaban
los problemas. Argumentaba que, durante los seis años que fue vicepresidente se
dedicó de lleno a las funciones que le encomendó su compañero de fórmula y no
siguió el resto de los decires y haceres del gobierno y que, su permanencia de varios
años en Ginebra lo mantuvo ignorante de lo que pasaba en el país.
Tales afirmaciones son, por decir lo menos, difíciles
de digerir. Todos los funcionarios de alto rango y más él, como segunda
autoridad nacional, se reunían constantemente con el presidente, estaban siempre
vinculados por las telecomunicaciones y, por último, debían escuchar las
sabatinas (incluso realizó algunas de ellas). De otro lado, a Ginebra llegan noticias
de último minuto de los centros mundiales de información, junto con diplomáticos
y empresarios que saben lo que dicen y hacen gobiernos y oposición; razón por
la cual no faltan datos actualizados y certeros, también chismes, sobre cualquier
país. De manera que, lo que seguramente pasó, es que Moreno confió demasiado en
la palabra de su amigo presidente y cerró ojos y oídos a las afirmaciones,
incluso con pruebas, de los opositores y la prensa nacional e internacional.
El acceso a la primera magistratura se produjo, bajo
esas circunstancias, con las manos vacías en términos de planes anual,
cuatrienal y de largo plazo. Se ofreció, eso sí, lo que al pueblo le gustó
escuchar durante 10 años: reconocimiento de muchos derechos, entrega gratis de
todo lo que se pida, posición digna y soberana frente al imperio, fronteras
abiertas, buen vivir para los ecuatorianos y los extranjeros socialistas que
quieran instalarse aquí.
El golpe del balance de la realidad nacional de junio
2017 fue muy duro para el presidente Moreno: crisis moral, política, económica
y social sin precedentes en la historia nacional, luego de una década en la
cual hubo enormes ingresos de divisas propias para el país y el Estado, a los
que se sumó una enorme deuda pública que superó de largo el “techo”
constitucional. El vicepresidente y varios ministros delinquían, no había la
“mesa servida” ofrecida, no había plata, proliferaban los nuevos ricos ladrones
de los fondos públicos, la situación popular se deterioraba todos los días, el
país no tenía buenas relaciones con las naciones y organismos que habían sido
siempre amigos. El saliente quería que su sucesor fracase, para regresar como
“salvador de la Patria” y quedarse “per secula seculorum” gozando del poder y
el favor del pueblo.
El Colegio de Economistas de Pichincha, otras
instituciones, varios grupos de expertos desde varias ciudades, organizaciones
de trabajadores y empresarios, desde antes de mayo de 2017, le hicieron saber reiteradamente
al candidato y futuro presidente sobre la gravísima situación del país y las
medidas que deberían tomarse, algunas para “pasar el susto” y otras para lo que
llaman “un paquetazo”. Varios ciudadanos dijimos que hay que ir a una
Constituyente, para cambiar el rumbo del país, dirigido por Correa hacia el
socialismo del siglo XXI, mediante una Constitución que oriente el Ecuador
hacia objetivos correctos, de tres funciones del Estado, cero corrupciones
pública y privada, democracia práctica, desarrollo económico y social con
visión a largo plazo, dinamia del sector privado, amistad y comercio creciente con
todos los pueblos del mundo, pero definiendo prioridades hacia los mercados
principales.
El presidente respondió manifestando su disposición al
diálogo y practicándola durante su primer año de gobierno. Pero, diálogo sin
decisiones y peor todavía, diálogo para hacer lo contrario de lo esperado, no
es solo pérdida de tiempo, sino incremento de la presión contraria al gobierno,
que puede explotar en cualquier momento y con mucha fuerza.
El 8 de mayo de 2018, dos economistas de importante y
larga trayectoria profesional, expresaron en el diario EL COMERCIO, sus
preocupaciones sobre el futuro del país.
El doctor Oswaldo Dávila, quien fue funcionario
internacional de Naciones Unidas y de la Junta del Acuerdo de Cartagena y también
Secretario General de Planificación del Consejo Nacional de Desarrollo durante
varios años, con un prestigio profesional indudable, manifiesta:
“La presión de varios sectores del
país porque se tomen medidas y se dicten leyes y disposiciones inmediatas, sin
que exista siquiera delineado un marco político, económico e institucional
definido, puede conducir al país a un laberinto sin salida, … Las
transformaciones que necesita el país son claramente orgánicas y hasta
conceptuales: Salir de la entelequia del socialismo del siglo XXI, versión
ecuatoriana, y volver al mundo real requiere valentía y coraje para … construir
y aplicar, planificada y honestamente, un modelo posible y creíble de
desarrollo, … que, desde su inicio, sin miramientos ni compromisos, afecte y
transforme profundamente las estructuras vitales del robot sociopolítico y
económico heredado del correísmo el cual, es evidente, sigue funcionando, casi
incólume, entre bastidores.” [1]_/
El
Economista Washington Herrera, quien fue Secretario General de la
Administración Pública de Borja, miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena, embajador
en Chile, editorialista del diario EL COMERCIO por varios años, en su artículo
“Un año lento y difícil”, escribe:
“Como no hay
un programa definido y claro, unos ministros dicen lo que piensan hacer y no
hacen, otros reman en sentido contrario y unos pocos promocionan algunas
acciones con declaraciones populistas y cifras poco creíbles. Esto contribuye a
la descoordinación con lo que expresa los lunes el presidente Moreno… El
anuncio del presidente de disminuir la brecha fiscal en USD 1.000 millones de
dólares anuales fue adecuado, pero sería bueno saber cuánto hemos dejado de
gastar en este año de gobierno, … porque si se sigue malgastando el gobierno
perderá credibilidad … Que la conducción económica con criterio social
sobrepase la politiquería subalterna, para recuperar el tiempo perdido, son
nuestros mejores deseos.” [2]_/
El 9 de mayo de 2018, así mismo en EL COMERCIO, el
doctor Manuel Terán, en una parte de su editorial “Agenda 2050”, expresa con
profunda preocupación:
“… pensar en lo que podría ser una estrategia
de desarrollo a mediano y largo plazo luce como una utopía. No existe un
proyecto de nación o, por lo menos, si alguien lo posee o lo ha diseñado lo
mantiene guardado, sin que se lo discuta como corresponde entre todos los
estamentos sociales. ¿Cómo se percibe el Ecuador dentro de tres décadas?
¿Cuáles son sus necesidades de infraestructura y qué pasos estamos dispuestos a
dar para conseguir construirla? ¿Qué niveles de educación se podrá brindar a
los niños y jóvenes en el futuro y cómo pensamos preparar a los maestros que
estén a cargo de esas tareas? ¿Cuáles serán nuestras políticas de seguridad y
defensa y cómo conseguiremos recursos para aplicarlas? Estas y otras tantas
inquietudes merecen respuestas de la sociedad entera… [3]_/
El 24 de
mayo de 2018, el presidente Moreno señaló, casi textualmente, en ciertos
momentos de su discurso de aniversario en el poder: “Vengo a hablarles del futuro… hemos empezado bien, … la mesa estaba
vacía…, me da vergüenza la corrupción en el Estado…, el diálogo es un camino…,
ha transcurrido un año de poner la casa en orden…, sinceramos las finanzas…,
fortalecimos las relaciones con el exterior…, (como país) somos un excelente
negocio…, hemos devuelto el rumbo correcto a la economía…, hay un clima de confianza…,
empezamos la gran minga agropecuaria…, la empresa privada es muy importante
para generar empleo, por lo que le daremos incentivos…, resultó ventajosa la
renegociación de los contratos petroleros…, los proyectos mineros en marcha son
sostenibles…, el turismo es nuestro futuro…”
El discurso
fue positivo, pero se habló poco del futuro a largo plazo; el diálogo es
importante, pero algunas decisiones claves demoraron mucho; la casa aún no está
en orden; hubo errores graves en la designación de ministros y las finanzas
recién se sinceran; hay el deseo, pero llega tarde la acción, para devolver la
economía al rumbo correcto; hay confianza interna, pero desconfianza externa
(riesgo país elevado); es valioso el resultado de la renegociación de los
contratos petroleros; los proyectos mineros son un gran reto para que se puedan
ejecutar; el turismo, en efecto, puede generar muchas divisas. El rumbo real es
todavía una incógnita.
Con esos antecedentes, considero necesario puntualizar lo siguiente:
El Ecuador
no puede seguir de tumbo en tumbo, sin encontrar la vía que lo lleve a
conseguir los objetivos de bienestar de su población, en el marco de la
evolución dinámica del mundo, sobre todo en el ámbito tecnológico, y
aprovechando todas las posibilidades que le brinde su amistad con todos los
países del mundo. Hay demasiados problemas no resueltos, en los ámbitos moral,
político, económico y social, y es menester la visión de estadista del
gobernante y la unión de esfuerzos de todos los gobernados, para conseguir
salud, alimentación, vivienda, educación, empleo, seguro social, para el más
alto porcentaje de la población actual y futura, en una espiral ascendente.
La
Constitución 2008 NO SIRVE para llevar al país por el camino hacia el
desarrollo que necesita recorrer en este siglo. No cabe tener cinco funciones
del Estado, bastan las tres tradicionales; esa Norma no debe ser estatista,
porque el Estado no debe ni puede dominar el espacio político; no debe ser
presidencialista, para evitar que, quien ejerza el Ejecutivo practique
legalmente la jefatura del Estado en todo asunto nacional y no solo en la
representación hacia el exterior; no debe darle al Estado facultades de
empresario, porque nunca ha cumplido bien esa función; etc., etc. Lo digo desde
el 2009, en un libro que se llama ECUADOR: Proyección 2020 y sugiero varios
cambios constitucionales.
El marco
político, económico e institucional definido, que reclama Oswaldo Dávila, debe
estar incorporado en una estrategia de desarrollo nacional a largo plazo, propuesta
por un conjunto de universidades, que obligue a los gobiernos cuatrienales a
trabajar en función de las necesidades nacionales de los próximos 25 – 30 años,
considerando el crecimiento de la población total y de la oferta de mano de
obra especializada, la disponibilidad de recursos naturales, el desarrollo
tecnológico potencialmente utilizable, la capacidad financiera de ejecutar
proyectos impactantes en la vida económica, los déficits de atención social
existentes; y, por su gravitante y enorme importancia, el marco mundial,
continental y regional previsible en el que tendrá que vivir el país.
La crisis
institucional vigente hasta el 2017 requiere una solución inmediata. Hay que
respaldar y aplaudir la gestión del Consejo Transitorio de Participación
Ciudadana y Control Social en el ámbito en el que trabaja. Pero, también la
Asamblea Nacional debería depurarse de aquellos que aceptaron el yugo de Correa,
aprobaron en el CAL y desde las presidencias de las comisiones,
entusiastamente, todo lo que envió como proyecto de ley, sin ejercer la función
de fiscalizar en momento alguno, bloqueando toda iniciativa surgida de la
oposición, por racional que fuera; y, de paso, colocando a sus padres, esposos,
hijos y demás familiares en puestos estatales bien remunerados.
Quienes
tienen autoridad estatal y gubernamental hasta el 2021 no deben ser quienes
aplaudieron, apoyaron o aceptaron sumisos lo que hizo Correa en la década
perdida. No debe quedar ninguno de ellos en ninguna de las funciones del
Estado. Son coautores del desastre nacional, por acción u omisión. Tampoco
deben volver los “arrepentidos”, porque la mayoría de ellos recibió
jubilosamente la Constitución 2008 y sus disposiciones, y hasta participó en
las neutralizaciones violentas de la oposición.
El país
reclama urgentemente la “cirugía mayor” a la corrupción de la década anterior,
con el riesgo de que los cirujanos se hieran con el bisturí. No basta con castigar
a uno que otro malandrín pescado in fraganti. Hay que cortar las cabezas de
quienes hicieron posible que haya tanto robo y despilfarro. No debe haber
prisión domiciliaria, ni rebajas por buena conducta, para quienes perjudican a
los millones de ecuatorianos; al contrario, las penas deben ser dobles a las
legales para los delincuentes comunes. Se debe obligar a que todo ciudadano, a
los 18 años, declare su patrimonio y actualice los datos cada cinco años,
porque no solo los malos altos funcionarios y empresarios delinquen; pues, hay
muchos ricos de la noche a la mañana, que salen de los puestos inferiores de
gobiernos y empresas. No se debe condonar deudas con el Estado, porque se
benefician los incumplidos y se da mal ejemplo a los demás. No puede ser que
los altos funcionarios estén sujetos a control político solo hasta el año
siguiente al término de sus funciones.
Es absurdo
que se ponga en duda el principio de autoridad en el Ejecutivo. Es
impresentable, interna y externamente, que el presidente y una parte del
gabinete den señales de apertura política y económica hacia países que fueron
maltratados por Correa y sus seguidores más cercanos y otra parte del gabinete,
con la ministra de relaciones exteriores a la cabeza, digan y demuestren con
hechos una posición diferente. Eso induce a creer que la palabra del presidente
no es fiable o es débil y, en los dos casos, siembra incertidumbre en los
medios internacionales sobre la conducción del país.
El programa
definido que propone el economista Herrera para este gobierno debe aprobarse y
ejecutarse con la urgencia necesaria para atender los problemas prioritarios,
relacionados con la falta de seguridad jurídica, inversión, empleo, producción,
exportaciones y con el exceso de gasto gubernamental y deuda pública. Además,
debe incorporar medidas acertadas y urgentes frente a la corrupción y el
terrorismo.
No cabía que
las cifras de la deuda pública sean diferentes según quien informe: el
ministerio de Finanzas, la Contraloría, el presidente de la República, las
cámaras de la producción o algún organismo financiero internacional. Eso afectaba
a la confianza de los acreedores potenciales y de los inversionistas en la
seriedad del gobierno y provocaba que el riesgo país se eleve en la forma en
que lo ha hecho en las últimas semanas, a pesar de la mejoría en el ingreso
nacional de divisas por el alza del precio del petróleo. Esperamos que Richard
Martínez, ministro de Finanzas, siga corrigiendo los errores de proporciones y
haga una excelente gestión.
1 El déficit
fiscal hay que llevarlo a cero en el transcurso de los próximos años hasta el
2021. Si bien es cierto hay que aumentar la deuda pública para evitar problemas
de crisis en el bolsillo fiscal, es inevitable ejercitar austeridad y para ello
una de las herramientas es la tijera en el gasto burocrático, que ahora demanda
demasiado dinero en sueldos y beneficios, en múltiples entidades que hacen poco
o nada o que duplican funciones.
1 Mantener los
subsidios y hacer que los precios de algunos productos sean fijados por el
gobierno es una forma de vivir de la mentira. No puede ser que un tanque de gas,
que dura un mes para una familia de 4 personas, valga igual o menos que una
botella de gaseosa que se consume en un día y que al pueblo le cueste pagar ese
subsidio para los que pueden financiar el costo real de los cilindros de gas
para la cocina y las piscinas y también para los vecinos de Colombia y el Perú.
El subsidio debe ser focalizado.
1 En la
Cancillería hay que recortar los gastos innecesarios en países que para el
Ecuador no significan nada ni política ni económicamente y hay que fortalecer
el Ministerio de Comercio Exterior, reubicando parte del servicio comercial en
los países donde la demanda puede crecer para los productos nacionales e
impulsando las negociaciones de acuerdos comerciales con países y grupos de
países con demanda significativa.
1 Conviene
apurar la aplicación de la política de cielos abiertos y lograr, en el menor
tiempo, que al menos un puerto nacional reciba los barcos post Panamá. De otro
lado, se necesita culminar la construcción de la autopista Quito – Guayaquil,
como columna vertebral del sistema vial nacional. Es importante elevar la
competitividad empresarial, pero es igualmente importante hacer que la
productividad nacional llegue al nivel requerido, no en el país, sino en los
mercados que demandan productos nacionales.
1 Finalmente,
el gobierno dice que fomentará la minería y el turismo. Para lo primero, habrá
que defender el ambiente en los contratos con las grandes empresas, además de
atender a los pequeños mineros. Para el turismo el gobierno se ha puesto una
meta irreal, de un turista por habitante para el año 2021. Se debe trabajar en
ese sentido, por el ingreso de divisas que puede generar; pero, para lograr la
atracción masiva de turistas de los países desarrollados, hay que darles por lo
menos los servicios que tienen en sus casas y tratarlos tan bien que quieran
regresar o hablen maravillas del país. No a las pocas rutas aéreas, hoteles de
dos estrellas que cobran por cinco, vías con baches y derrumbes y mal
señalizadas, taxistas mal educados, playas sucias, gente descortés, precios
caros, mal servicio, “hora ecuatoriana”, falta de baños y duchas limpios en playas
y balnearios.
[1] _/
DÁVILA ANDRADE OSWALDO, Cartas a la Dirección. EL COMERCIO, Quito, Ecuador.
Mayo 8 de 2018.
[2] _/
HERRERA WASHINGTON: Un año lento y difícil. EL COMERCIO, Quito, Ecuador. Mayo 8
de 2018
[3] _/ TERÁN
MANUEL: Agenda 2050. EL COMERCIO, Quito, Ecuador. Mayo 9 de 2018
