miércoles, 6 de noviembre de 2013

SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO MUNDIAL Y DEL ECUADOR

Realidades importantes del sector agropecuario mundial en el 2013, son: una producción que supera con creces las necesidades; una pésima distribución de los ingresos y los alimentos, que hace que grandes poblaciones sufran de hambre y otras tengan enormes excedentes; consumo mundial casi exclusivo de pocos productos agrícolas; precios muy altos de los cereales y de los alimentos en general en 2008; del azúcar, la carne y los aceites vegetales en 2011, negociación fracasada desde hace tiempo, de la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no logra eliminar los enormes subsidios agrícolas vigentes en los países desarrollados; incapacidad financiera de la mayoría de los gobiernos para apoyar al sector agropecuario.
Además, dice la FAO, en su Informe 2013: los pequeños productores del campo suelen encontrar obstáculos específicos para desarrollar su actividad; por ejemplo, “la extrema pobreza, la fragilidad de los derechos de propiedad, el acceso deficiente a los mercados y los servicios financieros, la vulnerabilidad a las crisis y la escasa capacidad de tolerar el riesgo… Velar por la igualdad de condiciones entre la pequeña agricultura y los grandes inversores es importante, por motivos tanto de equidad como de eficiencia económica”.
En el futuro, el cambio climático mundial afectará de manera negativa al sector agropecuario, porque incidirá especial y negativamente en el aire, el agua y los suelos. Las variaciones fuertes de temperatura que se están dando, junto con las lluvias y las sequías en épocas diferentes a las tradicionales y en demasía, además de varios otros actos de Dios, harán que el suelo se inunde o se desertifique en grandes áreas, no se pueda programar o se destruyan los cultivos, y aparezcan o resurjan plagas peligrosas, los precios sean volátiles.
La situación señalada influirá decisivamente en la disponibilidad de agua para todas las necesidades humanas, los cultivos, la ganadería y los bosques; pues, es un hecho notable a simple vista que, en los veranos más difíciles, los nevados reducen de manera considerable sus áreas de hielo, como en el caso del Chimborazo y el Cotopaxi, lo que determina que muchos de los ríos que nacen en ellos se sequen, las plantas se pierdan, los animales sean movilizados o enflaquezcan y mueran; y, los bosques se incendien; y, en los duros inviernos, hay inundaciones por doquier, pérdidas enormes de plantas y animales, destrucción de vías y viviendas.

En el Ecuador, es muy posible que se amplíe la frontera agrícola de la Sierra, sobre la base de las políticas del Gobierno, mediante la entrega de tierras ahora no cultivadas, especialmente del Estado, a los agricultores; pues, el Presidente Correa ha dicho que resta por hacer la “revolución agraria”. Como esa acción posiblemente iría aparejada con capacitación, asistencia técnica y una política social de crédito al campesino en condiciones muy favorables, incluso puede suceder que aumenten mucho la producción orientada al consumo interno y su productividad; y, que se renueve con fuerza el consumo de productos autóctonos que se hallan casi en extinción.

Los grandes terratenientes verán reducidas sus posibilidades de producir, sobre todo por la inseguridad respecto a su propiedad del suelo; y, es probable que muchas propiedades sean adquiridas por grupos de campesinos, con el apoyo del Estado. En este caso, es válido advertir que, solo si hay una gerencia técnica (no política), las tierras, generarán mayores volúmenes de producción; de lo contrario, terminarán, como en otros países, dando cosechas menores que antes; e, incrementando la pobreza y el desaliento campesino.

En la Costa, si el Gobierno no aplica sus teorías ambientalistas extremas, la producción agrícola no tendrá grandes cambios, debido a que está orientada a la exportación y sus divisas son imprescindibles para la balanza de pagos. Pero, en algunos casos, como en el del banano, la tendencia debería ser la de reducir el área cultivada a solamente aquella que tiene las mejores condiciones  para determinar competitividad; y, en cambio, aumentar las cosechas y el rendimiento de otros bienes exportables, como el cacao de aroma, el maíz duro, el café. La ganadería de carne seguirá creciendo, tecnificándose y aumentando la productividad; aunque tiene efectos ambientales negativos.  

En la Región Amazónica, la apertura de nuevas vías puede aumentar temporalmente la producción de algunos productos por los colonizadores; pero, como el suelo no es apto para la agricultura, seguramente no habrá un cambio sustancial, a menos que se ensayen métodos de producción modernos e intensivos en capital, que no requieren de tierra en cantidad. La ganadería crecerá en cantidad y calidad. La explotación de los bosques será un problema grave, porque la construcción de nuevas vías hacia zonas petroleras o mineras por sí misma y la acción de los colonizadores, acabará con muchos bosques. A ese efecto, posiblemente aportará la explotación petrolera del Yasuní – ITT.

En Galápagos, la preocupación es que aumentará la población humana más allá de lo debido y eso provocará aumento de la producción para subsistencia. Puede darse un resultado atentatorio contra el equilibrio ecológico  de la región. La pesca, generalmente no permitida, seguirá existiendo sin control suficiente, especialmente de tiburones, langostas y pepinos de mar, creando problemas.

La población campesina de las tres regiones continentales seguirá migrando hacia las ciudades y al exterior. Como en muchos lugares esa población es redundante, podría suceder que una menor población, mejor preparada y con acceso al apoyo estatal, mantenga el nivel de producción e incluso lo mejore sustancialmente, con base en los nuevos niveles de educación y de tecnificación que va logrando.

Una situación favorable que puede darse, es la reforestación. Si el Gobierno decide reforestar grandes extensiones e incentivar esa acción en los campesinos y en las comunidades indígenas y de montubios, se podrá aprovechar una enorme riqueza natural que el país posee con mayor competitividad que Chile, Canadá y los Estados Unidos, justamente porque el clima permite el desarrollo de los árboles en mucho menor tiempo (menos de una década), que en esas latitudes. Ello traerá aparejada una industria fuerte de la madera y el mejoramiento de las condiciones climáticas.

La pesca se desarrollará mucho siempre que el Gobierno facilite su labor a las grandes empresas pesqueras y a los pescadores artesanales. Los primeros necesitan renovar, ampliar y modernizar su flota; los segundos requieren de puertos pesqueros bien equipados y mejorar el procesamiento, sujetos a estrictas normas de calidad. La acuicultura podría ver reducida su área de actividad, por razones ambientales; pero, por esa misma razón, mejorará su productividad y competitividad e incrementará el valor agregado, el valor monetario y las variedades de los productos de exportación.   

El Estado mantendrá su orientación política hacia mejorar las condiciones de vida de los campesinos dueños de propiedades micro, pequeñas y medianas, básicamente en la Sierra; pero, si bien eso es importante desde el punto de vista social, no afectará en la medida que se necesita el valor del PIB sectorial, porque las empresas que más aportan a su registro son las plantaciones grandes, especialmente las exportadoras, asentadas en la Costa.  

El PIB sectorial seguirá siendo relativamente poco importante para el país. Apenas fue el 7,2% del PIB nacional medido a diciembre de 2012.

La oferta agropecuaria para la exportación se mantendrá concentrada en los pocos y conocidos productos de la Costa. La Sierra aportará en valores importantes casi exclusivamente con las flores. En el país no hay productos nuevos que tengan potencial satisfactorio o vayan a tener exportaciones superiores a los USD 100 millones, en la canasta agropecuaria nacional.

Cada día serán mayores las exigencias del consumidor, del empresario agroindustrial, de los gobiernos y los importadores de otros países, en cuanto a las condiciones modernas de producción, al cumplimiento de exigentes normas de calidad y al manejo de los productos, de manera que los agricultores deberán esforzarse por tener gerencia técnica y aplicar tecnologías modernas, como la mecanización de los procesos de cultivo, el control del riego, el uso de invernaderos inteligentes, el desarrollo de variedades adaptadas al clima de las diversas regiones, la alteración genética, la producción orgánica, el control electrónico y biológico de plagas, el empaque y embalaje destinados a conservar la frescura de los productos, el almacenaje normal o refrigerado adecuado, la oportunidad en la entrega de los productos frescos.

El gobierno y los productores de toda magnitud deberán preocuparse por el desarrollo dinámico de actividades asociativas, clusters especializados y cadenas productivas, de manera que todas las producciones de insumos necesarias a cada producto de exportación se beneficien de la acción de todas las empresas y entidades vinculadas al sector, para que la agroindustria sea cada vez más grande, más especializada y de mayor competitividad, y aporte satisfactoriamente al necesario cambio de la matriz productiva.

sábado, 12 de octubre de 2013

EL BLOQUE ITT Y EL DESARROLLO NACIONAL

    LA INICIATIVA YASUNÍ – ITT.- Uno de los principales objetivos iniciales del gobierno actual fue evitar la explotación petrolera del Bloque Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT), porque consideraba que se haría un grave daño al ecosistema del Parque Nacional Yasuní, y con ello se afectaría la existencia de los pueblos que viven allí.
    Para evitar esa explotación, el Presidente de la República propuso la llamada Iniciativa Yasuní - ITT, en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas, que contenía un Plan que implicaba que el Ecuador se comprometía a no explotar el Bloque ITT y los gobiernos de otros países se comprometían a asignar recursos financieros propios a un Fondo, hasta sumar 3.600 millones de dólares.      
EL PEDIDO DE “DECLARATORIA DE INTERÉS NACIONAL”.- La Iniciativa del gobierno no tuvo el resultado esperado y, luego de grandes esfuerzos y muchos viajes por el mundo de los encargados de lograr el apoyo internacional, apenas se recaudó 7,3 millones de dólares, razón por la cual el Presidente Correa decidió, en agosto pasado, efectuar varias acciones previas a la explotación petrolera del Bloque ITT, siendo la principal, la de solicitar a la Asamblea Nacional la “Declaratoria de Interés Nacional” para la explotación petrolera de los bloques 31 y 43.
    A partir de entonces y durante las últimas semanas, ha sido una constante, en el ambiente político y en los medios de comunicación, hablar del Bloque ITT y de su importancia para el desarrollo nacional, desde varios puntos de vista: uno, la defensa de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario; dos, la conservación, sin afectación alguna, de la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, que tiene relevancia mundial; tres, la protección constitucional de la denominada Zona Intangible; cuatro, el efecto económico de la futura explotación petrolera; y, cinco, los beneficios sociales que de allí se obtendría.
Con respecto a los dos primeros aspectos, importantes grupos sociales han pedido que se apliquen las disposiciones de varios instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador en el seno de las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,  de manera tal que se evite, tanto incursionar en el hábitat de los Taromenane y los Tagaeri que viven en el Parque Nacional Yasuní, como atentar contra la biodiversidad existente en ese Parque.
El gobierno dijo que la explotación petrolera se realizará con los máximos cuidados, para no alterar las condiciones de vida humana, animal y vegetal existentes en el área en la cual se explotaría el petróleo; debiendo paralizarse cualquier tarea necesaria para la producción petrolera, si es que se toma algún tipo de contacto con los pueblos en aislamiento voluntario.
Además, las autoridades gubernamentales dieron los siguientes datos:
- Las reservas de petróleo probadas, probables y posibles del bloque ITT suman 920 millones de barriles;
- Las reservas posibles de explotar llegan a 837,6 millones de barriles;
- La actividad petrolera se extendería hasta el año 2036, teniendo los principales registros de producción durante los años 2017 a 2020;
- Si el petróleo del ITT se vende a 70 dólares por barril, los ingresos totales a obtenerse, a precios corrientes, llegarían a 58.634 millones de dólares;
- Si el petróleo del ITT se vende a 91,70 dólares por barril, los ingresos totales a   obtenerse, a precios corrientes, llegarían a 76.811 millones de dólares;
- A 70 dólares el barril, la cifra global a valor presente llegaría a 18 mil millones de dólares;
- A 91,70 dólares el barril, la cifra global a valor presente sería de 22.700 millones de dólares.
En el afán de que la opinión pública respalde su pedido de “Declaratoria de Interés Nacional”, la campaña estatal llevó al Ministro Coordinador de la Producción a señalar que, con los recursos financieros obtenidos de la explotación petrolera del Bloque ITT, calculados en 18 mil millones de dólares a valor presente, se construirá “todas las escuelas que hace falta; más la cobertura de agua potable agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos para alcanzar al 95% de la población; más todas las superautopistas que el país requiere; más acabar con el déficit de vivienda”.
    LA ASAMBLEA NACIONAL Y EL PEDIDO DE DECLARATORIA DE INTERÉS NACIONAL.- La Asamblea estudió en septiembre de 2013 el pedido del Presidente de la República, por medio de varias de sus comisiones especializadas y concentró las recomendaciones de cada una de ellas en el Informe de la Comisión Especializada de Biodiversidad, que propuso a la Asamblea decidir la “Declaratoria de Interés Nacional”, sujeta a varios condicionamientos.
              El 3 de octubre de 2013, la Asamblea aprobó la “Declaratoria de Interés Nacional”, para la explotación de los bloques petroleros 31 y 43, “en una extensión no mayor al uno por mil (1/1000) de la superficie actual del Parque Nacional Yasuní, con el propósito de cumplir con los deberes primordiales del Estado; garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay”.
    Además, la Asamblea señaló que, en el proceso de la actividad extractiva de los bloques indicados, la Función Ejecutiva deberá cumplir con 8 numerales de su Primera Resolución, que incluyen: instaurar un sistema de monitoreo integra de las actividades extractivas, implementar programas de investigación sobre el patrimonio cultural y natural existente en el Parque Nacional, asignar a Petroamazonas EP la operación de los bloques, facilitar las condiciones para que se constituyan observatorios y veedurías ciudadanas, fortalecer la inversión en el Plan de Manejo del Parque, impulsar una política de industrialización y procesamiento del crudo, cumplir con el procedimiento de consulta previa sobre los planes de exploración y explotación de los bloques; e, informar semestralmente a la Asamblea sobre el cumplimiento de la Declaratoria.
En la Segunda Resolución, el órgano legislativo resolvió excluir de la “Declaratoria de Interés Nacional” la realización de actividades de extracción de petróleo en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.
En la Tercera Resolución, la Asamblea resolvió que, los recursos que se obtengan de la explotación de los bloques 31 y 43, se destinen a la transformación de las matrices productiva y energética, la construcción de la sociedad del conocimiento, la atención prioritaria a la Amazonía, la reducción de las emisiones de gases que causan el cambio climático; y, la revolución agraria.
UNA PROPUESTA DESTACABLE.- Durante las deliberaciones de la Asamblea sobre el pedido del Presidente de la República, el General René Yandún Pozo, Asambleísta por la provincia del Carchi, formuló cuatro planteamientos:
-       No efectuar la consulta previa;
-       Considerar que una vez iniciada la explotación petrolera en la Zona Intangible no se la podría parar porque significaría una gran pérdida económica;
-       Tener en cuenta que las reservas del ITT pueden ser mucho mayores que las mencionadas por el gobierno; y,
-       Crear un fondo especial que administre los recursos que se obtengan del ITT.
Los argumentos del General Yandún constan en seguida, casi textualmente, y el autor de este Boletín los respalda absolutamente, por su importancia para el país:
Consulta Previa.- Algunas organizaciones importantes del país han reclamado que se realice una consulta previa y el Consejo Nacional Electoral ha aprobado su realización; pero, la citada consulta es extemporánea, debido a que, según información que reposa en el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, el Bloque 31 va a entrar en producción en diciembre de 2013; y, en el Bloque 43, llamado ITT, la Ex – Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), exploró alrededor del campo Tiputini, entre 1978 y 1991, y descubrió los campos Tambococha y Tiputini, entre 1992 y 1993. Además, … el pozo Tiputini – Minas 1 habría sido perforado por la compañía Minas y Petróleos del Ecuador alrededor de 1970; y, … los campos Ishpingo 3 e Ishpingo 4 habrían sido perforados por Petroecuador en los años 2001 y 2002.
Reservas Petroleras.- Las reservas previstas para el Bloque ITT por el gobierno, de 920 millones de barriles, pueden incrementarse, de acuerdo con las estimaciones efectuadas por la empresa francesa BEICIP – FRANLAB, que calcula con tecnología 2D que existen 1.500 millones de barriles, o más, en ese Bloque. Si se aplica la nueva tecnología 3D, las reservas pueden superar los 2 mil millones de barriles. Esta posibilidad tiene gran importancia en función del cálculo de los ingresos posibles de obtener de la extracción de petróleo del Yasuní – ITT.
Explotación en la Zona Intangible.- En el segundo inciso de la Resolución Segunda de la Asamblea, se menciona que “...en el caso de avistamiento de personas en aislamiento voluntario, se suspenderá las actividades hasta la aplicación de las políticas, protocolos y códigos de conducta que precautelen los derechos a la vida y la autodeterminación de los pueblos ...”. Ese inciso es improcedente, porque la suspensión implicaría incurrir en gastos adicionales; generaría el desbalance de la producción con los respectivos trabajos adicionales para volver a producir; disminuiría la presión del pozo y provocaría contrapresión, lo que podría dar como resultado final  un taponamiento en el fondo del mismo y la disminución de la producción, con el consiguiente daño en la formación productora (yacimiento), proceso irreversible que obligaría a cerrar el pozo y posteriormente realizar tratamientos técnicos adecuados para desbloquear el taponamiento; con un efecto secundario grave, que sería la conificación del pozo, lo que significa la producción de agua en lugar de petróleo.
Fondo para administrar los recursos.- La Constitución de la República dice, en el artículo 286, que: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, razonable y transparente y procurarán la estabilidad económica ...”, por ello, es imprescindible programar la administración y el uso de los recursos financieros que genere la explotación del bloque ITT, para con ellos generar proyectos de inversión que transformen la matriz productiva, de manera que el país pueda enfrentar los retos financieros, estabilice y mejore su economía, y busque el desarrollo nacional, en los próximos 25 años, de manera técnica, oportuna y con prácticas ambientales internacionales. 

Sobre esa base, el General Yandún propuso que la Asamblea Nacional expida la Ley Orgánica  de Creación del Fondo Especial de Inversión y Administración de los Recursos Financieros generados por el Desarrollo y Producción de los Campos Petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini (FEIARFITT) (FEIARFITT), mediante la cual se disponga que todos los recursos financieros que ingresen por concepto de la explotación del Proyecto ITT, sean depositados en un fondo especial, por fuera del Presupuesto General del Estado, que se constituya como un fideicomiso mercantil cuyo fiduciario sea el Banco Central del Ecuador (BCE). El constituyente y beneficiario de dicho patrimonio autónomo sería el Estado ecuatoriano, que intervendría representado por el Ministro de Finanzas.

La creación del FEIARFITT es para utilizar los recursos financieros a obtener en los 23 años de desarrollo, producción y/o industrialización del petróleo de los campos ITT, en los siguientes propósitos, considerando la importancia y la necesidad urgente de la transformación de las matrices productiva y energética, el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica nacional, el desarrollo de la Amazonía y la atención de ciertas necesidades prioritarias de la población del país:
- Costos operativos del Campo ITT                                                    20,0%        
- Nuevos proyectos hidroeléctricos y de energías no renovables          10,0%        
- Construcción de astilleros                                                                10,0%        
- Actividades complementarias de la refinería y petroquímica              10,0%        
- Proyectos relacionados con el conocimiento: Electrónica, informática, comunicaciones, nanotecnología, mecatrónica, biotecnología            12,0%
- Asignación para los GADS (Art. 192 COOTAD, Ley 010 y artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos                                                               17,5%        
- Proyectos siderúrgicos                                                               4,5%           
- Actividades de maricultura                                                               4,5%  
- proyectos turísticos                                                                            4,0%        
- proyectos de la industria farmoquímica y farmacéutica                    3,0%    
- proyectos metalúrgicos                                                             3,0%
- gastos de constitución, registro, ejecución de las operaciones del fideicomiso y gastos de fiscalización de los proyectos de inversión y auditoría de los estados financieros                                                    1,5%
Además, en aplicación de las normas constitucionales pertinentes, he planteado que los recursos del Fondo no podrán destinarse a gastos corrientes (salvo en el caso de los costos operativos (20%) del Campo ITT que efectúe PETROAMAZONAS EP) y se los maneje con la mayor transparencia, responsabilidad y sostenibilidad.
LOS RECURSOS DEL ITT.- Una vez aprobada la explotación petrolera del ITT por la Asamblea Nacional y para situar en su real perspectiva el impacto económico previsible de la explotación petrolera del bloque 43, es necesario señalar lo siguiente:
Los 18 mil millones de dólares, a valor presente, calculados por el Ministerio Coordinador de la Producción como resultado de la explotación del Bloque 43, al excluirse la Zona Intangible, se reducen en el 12%, porque 100 millones de barriles de las reservas se encuentran en el Campo Ishpingo Sur; lo que da como consecuencia que el valor presente pasaría a  poco menos de 16 mil millones de dólares.
Tomando como referencia esas cifras, conviene destacar que, los 15.840 millones de dólares a valor presente, calculados por el gobierno por la venta petrolera a 70 dólares el barril, a obtenerse en 23 años, significan poco menos de la mitad del Presupuesto General del Estado para el año 2013; y que, los 20.000 millones de dólares estimados para la venta del petróleo a 91,70 dólares, equivalen a poco menos de las dos terceras partes del indicado Presupuesto.
Por otra parte, en los años 2014 a 2036, la suma de los presupuestos anuales del Estado, calculados a partir del Presupuesto 2013 y con una modesta tasa de crecimiento del 2,5% anual, sumarían 1,04 billones de dólares corrientes, mientras que los ingresos a precios corrientes por el petróleo del Yasuní solo sumarían 51.600 millones de dólares, esto es menos del 5,0% del total, a 70 dólares el barril; y, 67.600 millones de dólares, a 91,70 el barril, significando el 6,4% del total.
Esto demuestra que la explotación petrolera del Bloque ITT no tiene la gran significación que el gobierno le quiere dar, pero que representa un apoyo importante a la inversión pública. En este sentido, hay que recordar que la Constitución manda que los recursos financieros provenientes de fuentes no permanentes solo pueden utilizarse en proyectos de inversión y no en gasto corriente.
No está demás señalar que el gobierno ha recibido, desde el 2007 en adelante, muchos más recursos que los posibles de obtener por la explotación de los campos 31 y 43, y que los resultados logrados en inversión y desarrollo no son los que requiere el país; por lo que, cifrar las esperanzas en el ITT para construir todo lo dicho por el Ministro Coordinador de la Producción a través de los medios de comunicación y en la Asamblea Nacional, es esperar demasiado.

viernes, 27 de septiembre de 2013

EDUCACIÓN SUPERIOR Y NUEVAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

LA EDUCACIÓN SUPERIOR.- En el mundo se la conoce como educación universitaria; lo que quiere decir que debe ser universal, en el sentido de que debe abarcar el estudio de todos los aspectos de la vida física y espiritual en el Universo, todo el conocimiento existente y todas las corrientes de pensamiento, para por medio de ellos y ellas buscar nuevo conocimiento que sea útil a la humanidad. 
La Constitución del Ecuador, en su artículo 350, señala que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
Por otra parte, esa Norma, en su artículo 351 señala que el sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; ... y, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Además, su artículo 352 ordena que el sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y, conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR.- Un rápido diagnóstico permite señalar que los problemas educativos del Ecuador todavía están presentes en todos los niveles educativos; y, que lo que afecta a la educación inicial en el hogar y en la primaria, repercute luego en la educación secundaria y en la superior.
Como resultado, la educación superior es elitista, porque a ella solo accede un grupo reducido de la población joven; y, en vista de que no cumple parámetros internacionales, entrega a la sociedad, profesionales sin la debida actualización en los conocimientos y  sin herramientas suficientes para tener capacidad de análisis y efectuar trabajos de calidad. De allí que, la ubicación de las universidades y politécnicas nacionales en los rankings mundiales, está en puestos muy alejados de los primeros; y, aún en los rankings latinoamericanos, no es de las mejores.
Webometrics, institución que en su página www.webometrics.com evalúa a más de 20.000 universidades de todo el mundo y desde el año 2004 emite informes elaborados por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España; incluye en su clasificación a 71 universidades ecuatorianas, de las cuales dos forman parte de las 2.000 mejor posicionadas en el mundo. En su informe a enero de 2012, coloca en primer lugar en Ecuador a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), seguida de la Escuela Politécnica Superior del Litoral, la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, la Escuela Politécnica del Ejército. Pero, esa misma entidad ubica a la UTPL, la  mejor a nivel mundial, en el puesto 122 en América Latina y en el puesto 15 en la Comunidad Andina.
EL MANDATO 14 DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.- Este Mandato fue expedido por la Asamblea Constituyente, el 22 de julio de 2008, y establece la obligación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA),  de elaborar un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento.
El Mandato constituye, en la voz oficial, “una iniciativa orientada a recuperar el rol director, regulador y supervisor del Estado sobre las instituciones de educación superior, claramente venido a menos durante décadas de gobiernos que, crecientemente, lo abandonaron delegándolo a las “fuerzas del mercado”. Como resultado, la universidad ecuatoriana se evidencia como un conjunto fragmentado por múltiples brechas: académica, democrática, investigativa, tecnológica; brechas que, a su vez, expresan múltiples fenómenos: una polarización de conceptos y prácticas de las universidades públicas y particulares (cofinanciadas y autofinanciadas) en torno a aspectos nodales de la calidad de la educación superior, tales como, la conformación de su planta docente, el acceso y permanencia de sus estudiantes y, de manera sustantiva, el Ser de la propia universidad como espacio generador de ciencia y tecnología; un conjunto universitario en transición, en donde lo “viejo” coexiste con lo “nuevo” y, por lo mismo, exhibe fuertes asimetrías tecnológicas; una universidad fragmentada en sus principios e identidad histórica, con un sector de instituciones de educación superior (IES) públicas, que asumen principios democráticos básicos (v.gr, el cogobierno) como parte fundamental de su memoria, identidad y trayectoria histórica; y, un sector de universidades privadas emergentes, que se han construido como entidades separadas de esa historia y son reacias a incorporarlo en su gobierno universitario”. *_/ CONEA: Noviembre de 2009.
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- El 12 de octubre de 2010 se publicó en el Registro Oficial esta Ley.
Su artículo 1 indica que la Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley.
El artículo 2 indica que la Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.
En el artículo 3 constan los fines de la educación superior: Debe ser de carácter humanista, cultural y científica; constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.
Además, en el artículo 4 se señala que el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.
EL SISTEMA UNIVERSITARIO ACTUAL.- El 14 de febrero de 2013, René Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), mencionó información oficial sobre algunos aspectos importantes del avance efectuado desde el año 2007 con respecto a la educación superior, para refutar algunos argumentos de opositores al gobierno. Entre lo que mencionó consta:
1. Los estudiantes escogen libre y autónomamente sus opciones de carrera dentro del Sistema de Nivelación y Admisión. Por primera vez, seleccionan entre 7.360 carreras en 54 universidades y más de 280 institutos.
2. Antes de este gobierno, no existía el libre ingreso. ... El Sistema de Nivelación y Admisión, lejos de restringir oportunidades en el acceso, las ha incrementado; y, con él, la tasa de ingreso a la educación superior se incrementó en un 27%, pasando de 52.781 en el año 2009 a 71.995 en el 2012.
3. Con el sistema se duplicó la matrícula de los estudiantes provenientes de los pueblos indígenas y afroecuatorianos históricamente  excluidos. Existe un  incremento de 35.000 jóvenes más, provenientes de las familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano, y que hoy pueden estudiar en las universidades gracias a las becas de la SENESCYT. Ecuador es el país con más alta tasa de ingreso de los pobres en Latinoamérica, 27% por encima de Chile y Argentina.
4. Según el Consejo de Educación Superior (CES) el 98% de estudiantes recibieron cobertura del Plan de Contingencia para continuar sus estudios. La tasa de continuidad es del 87%. El Gobierno ha invertido 60 millones de dólares en el mayor rescate académico de la historia. Movimientos estudiantiles internacionales elogian el modelo ecuatoriano y buscan emularlo. 35.878 estudiantes volvieron a las aulas gracias al Plan de Contingencia. 16.452 empezaron ya a graduarse. Nueve de cada diez estudiantes continúan sus estudios en universidades de categoría A y B.
5. No se toca ni el salario ni el trabajo de los docentes. El título de PhD se exige a la categoría más alta (profesores principales). Con las becas SENESCYT se triplicó el número de PhD. Se creó una beca específica para docentes. El salario más bajo para un profesor universitario pasó de 480 a 1.600 dólares.
7. El gobierno actual ha invertido más de USD 1.300 millones en educación superior, (lo que equivale al) 1,9% del PIB, siendo la mayor inversión de América Latina. Existe un incremento en 3.6 veces más, de investigadores vinculados a los institutos públicos de investigación científica. Además, existe un crecimiento notable en proyectos de investigación científica. En el 2007 se había invertido 3’519.067,50 dólares. En 2013 se ha invertido 32’341.544,97. Es decir, se ha incrementado el valor en un 919 %.
8. El gobierno construirá 40 nuevos institutos con más de 120.000 cupos, con unos 308 millones de dólares de inversión. Existen 40.000 cupos adicionales en cursos de nivelación general. Por primera vez los bachilleres acceden a cupos remanentes y otras opciones en la repostulación. Por primera vez, los estudiantes pueden acceder a la formación de tercer nivel en las mejores universidades del mundo, Más de 5.000 becarios ya se encuentran en el exterior.
LAS NUEVAS UNIVERSIDADES ESTATALES.- El gobierno ha considerado necesario crear cuatro universidades, que son: UNIARTES, UNAE (de Educación), Regional Amazónica IKIAM y de investigación de tecnología, YACHAY.
La Universidad Yachay, dice la Exposición de Motivos del proyecto de Ley respectivo, constituirá una herramienta para articular el Sistema de Educación Superior al Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Además, será parte del proyecto Ciudad del Conocimiento, que implica la construcción de un espacio urbano en el que se hallen presentes empresas implicadas en el sector terciario avanzado con una vocación de alta productividad ligada a cadenas regionales o globales de producción de valor, institutos y centros de investigación ligados a redes sociales.

La Exposición de Motivos del proyecto de Ley para la creación de la Universidad de las Artes, explica que: “La revalorización de las artes en todas sus dimensiones desde una apuesta del Estado por medio de la Universidad de las Artes, sin duda permitirá un fuerte impulso al desarrollo de las industrias culturales como estrategia en el cambio de la matriz productiva.... UNIARTES se inserta como una oferta académica que sin duda contribuirá en el rescate y puesta en valor de nuestra identidad cultural”
Igualmente, la voz oficial dice que: …”la creación de la Universidad Nacional de Educación se orienta a fortalecer el sistema educativo para brindar un  marco educativo de calidad a los futuros docentes del sistema nacional de educación, los cuales asegurarán una mejor formación para sus estudiantes, abriendo un campo de oportunidades para impactar en el cambio de la matriz productiva, pues estas personas serán hacedoras de conocimientos de bienes y servicios para el país.
De otra parte, la Comisión de Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, en la Exposición de Motivos relativa a la Universidad Regional Amazónica dice: La IKIAM pretende: “generar una oferta académica y actividades investigativas que, por una parte, procure armonizar la explotación de recursos naturales no renovables (minas y petróleos) con procesos amigables con el ambiente, los cuales no solamente aminoren los impactos que esta actividad puede generar, sino que sobre todo desarrollen tecnologías que sean capaces de eliminar posibles impactos. Por otro lado, incidir en la investigación científica para el desarrollo de nuevas formas de uso y manejo de la biodiversidad y el ambiente pueden y deben convertirse en un nuevo polo de desarrollo que con el tiempo sustituya las prácticas no sustentables”.
LA OBLIGACIÓN FUNDAMENTAL DE LAS UNIVERSIDADES.- Las universidades, privadas o públicas (en este caso, las que están por crearse), en cualquier parte del mundo deben cumplir a cabalidad las cuatro funciones básicas de todo centro de educación superior: primero, acoger la universalidad del pensamiento, de manera que en ellas quepan todas las corrientes ideológicas relativas a las ciencias y las tecnologías; segundo, enseñar y capacitar a los estudiantes y a los profesionales con las mayores calidad y actualidad, de manera que los titulados sean capaces de ser competitivos en cualquier parte en la que se necesite sus aporte, ya sea en el Estado, la empresa privada o los organismos internacionales; tercero, investigar todos los fenómenos materiales y espirituales susceptibles de análisis, para sacar conclusiones útiles al mejoramiento de los comportamientos de las personas y de las actividades productoras de bienes y servicios; cuarto, contribuir al desarrollo humano de las colectividades cercanas a los centros de estudios, de forma tal que les ayuden a solucionar sus problemas de carácter humano, económico, social y cultural.

En el Ecuador del siglo XXI, no cabría que las universidades estatales que se están formando sean orientadas, como ya está pasando con algunos centros de estudio de todo nivel, hacia la difusión, la promoción y la aplicación de una sola ideología, que suponen el gobierno y sus seguidores, es la que va a sacar al país de su crítica situación de subdesarrollo, cuando la universidad debe hacer honor, en todas partes, al origen de su concepto, que es el respeto al universo de ideas, el estudio de las mismas y la obtención de conclusiones valederas para avanzar en la consecución de las metas de desarrollo personal, colectivo, nacional y mundial en el largo plazo y no en el tiempo de un periodo de gobierno.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

INFORME EMPRESARIAL SOBRE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES

El 1 de julio de 2013, el Colegio de Economistas de Pichincha, en cuyo Directorio participa el responsable de este Blog, recibió un documento muy preocupante relativo al tema del título de este Boletín, que, por su interés nacional, se transcribe en seguida:

“INFORMATIVO TRIBUTARIO
2013-07-01

Mediante Acuerdo No. 046, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 913 del 15 de marzo de 2013, el Ministro de Relaciones Laborales reglamenta el pago y declaración de las decimotercera y cuarta remuneraciones y la participación de los trabajadores en las utilidades y generaliza la presentación del “Informe Empresarial sobre Participación de Utilidades” a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

I.          EL CONTENIDO DEL ACUERDO

Los Arts. 5, 7 y 8 del  Acuerdo No. 046 emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, dicen:

“Art. 5.- Para el registro, declaración y legalización del Informe Empresarial sobre participación de utilidades se seguirá el siguiente procedimiento:
a. El Usuario pagará el valor de la Especie Valorada en el banco autorizado y con el comprobante que emita esta institución retirará el Informe sobre participación de utilidades en las dependencias del Ministerio de Relaciones Laborales.
b. En la página WEB: www.relacioneslaborales.gob.ec de esta Cartera de Estado, ingresando al vinculo “Registro 13°, 14° y Utilidades e Ingreso del Sistema de Salarios en Línea”, el usuario procederá a ingresar al sistema utilizando su Registro Único de Contribuyentes R.U.C. (persona jurídica o persona natural), y el número de formulario de la especie valorada.
c. Una vez que el usuario ingrese la información de los trabajadores que solicita el sistema, se generará el reporte correspondiente a la Participación de Utilidades a Trabajadores con el respectivo valor que el empleador debe pagar a cada uno de sus trabajadores. 
Imprimirá dicho reporte que deberá hacer firmar a los trabajadores que recibieron el pago, y lo presentará en el Ministerio para su legalización.
d. Para la legalización de los informes empresariales de Participación de Utilidades a Trabajadores, el empleador deberá presentar en las dependencias del Ministerio de Relaciones Laborales: La Especie Valorada debidamente llena por el usuario, la impresión generada de la página WEB con la información de todos los trabajadores, copia simple del formulario de pago de impuesto a la renta registrado en el Servicio de Rentas Internas y los documentos habilitantes según el caso:
i. Para persona Jurídica: copia simple del nombramiento, Registro Único de Contribuyentes y cédula de ciudadanía del representante legal y papeleta de votación
ii. Para personas Naturales: copia simple del Registro Único de Contribuyentes, cédula de ciudadanía y papeleta de votación.
iii. Para Instituciones de Carácter Social: copia simple de Registro de Directiva, cédula de ciudadanía y papeleta de votación del representante legal.
iv. En el caso de Empresas de Servicios Complementarios anexar el permiso vigente de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales
v. En el caso de trabajadores con contrato parcial permanente, anexar una copia simple del mismo debidamente inscrito en el Ministerio de Relaciones Laborales.
e. El cronograma de legalización se realizará de acuerdo al Noveno Dígito del documento de identificación del Empleador, el mismo que será publicado anualmente por el Ministerio de Relaciones en su página WEB.
f. Posterior al último día del calendario de legalización en relación al noveno dígito, los usuarios que se presenten en las dependencias del Ministerio de Relaciones Laborales para legalizar sus documentos estarán sujetos a una multa establecida acorde al Artículo 628 y 629 del Código del Trabajo.
Para dicho efecto se tomará en consideración a las personas naturales y jurídicas que hayan generado utilidades según el Servicio de Rentas Internas”.
“Art. 7.- Si la empresa o persona natural (obligada o no obligada a llevar contabilidad) no tuviesen utilidades, las mismas están obligadas a declarar el informe empresarial sobre participación de utilidades para su respectivo registro y legalización, anexando la declaración del impuesto a la renta.
Art. 8.- Si la empresa o persona natural (obligada o no obligada a llevar contabilidad) con RUC activo a la fecha de presentación y no tuviese trabajadores, la misma está obligada a declarar el informe sobre participación de utilidades para su respectivo registro y legalización, anexando la declaración del Impuesto a la Renta, nombramiento del Representante Legal, certificación del IESS de no poseer trabajadores en el año fiscal”.
II.          ANÁLISIS Y RECOMENDACION

1.       El Art. 328 de la Constitución Política de la República dispone que “Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas…..”, lo cual es corroborado por el Art. 97 del Código del Trabajo.  En consecuencia, son las empresas, inclusive las de propiedad unipersonal, las que están obligadas a conceder a sus trabajadores la participación del 15% de sus utilidades.

2.       El Acuerdo Ministerial rebasa el ámbito previsto por la Constitución y el Código del Trabajo al establecer que todas las personas naturales, inclusive quienes no hayan ejercido actividad empresarial, deben presentar el “Informe Empresarial sobre Participación de Utilidades”, aun cuando no hayan tenido trabajadores en el ejercicio fiscal respectivo o no hayan obtenido utilidades.   

3.       El aludido Acuerdo también prevé que quienes no hayan presentado el mencionado “Informe Empresarial sobre Participación de Utilidades” dentro del calendario previsto para el efecto, serán sancionados de conformidad con lo previsto en los Arts. 628 y 629 del Código del Trabajo (la multa que se impondría se ubicaría entre tres y veinte salarios mínimos unificados).

4.       Evidentemente, el Acuerdo Ministerial ha sido expedido rebasando las facultades que tiene el Ministro de Relaciones Laborales, razón por la cual debería ser impugnado ya que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y que no hayan ejercido ninguna actividad empresarial, no estarían obligadas a presentar el mencionado “Informe Empresarial sobre Participación de Utilidades”.

5.       En la situación en la que se encuentra el país, el incumplimiento de las ilegales disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 046, podría acarrear sanciones por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, sin perjuicio de que se las objete aún por la vía judicial, pero con escasísimas posibilidades de éxito.

Si no hay una acción de impugnación al aludido  Acuerdo Ministerial por parte de las instituciones o gremios de profesionales, lo prudente sería dar cumplimiento a la presentación de los “Informes Empresariales sobre Participación de Utilidades”, en los que obviamente se establecería la ausencia de tal participación por el simple hecho de la inexistencia de utilidades o de trabajadores”.

Con esos antecedentes, considero muy necesario hacer las siguientes reflexiones:

1.   En la transcripción anterior se ha marcado en rojo las partes más importantes del texto, para que la ciudadanía se dé cuenta de la obligación generada y de los gastos y sobre todo pérdidas de tiempo que genera su inútil cumplimiento, para todas las personas naturales que no tienen trabajadores bajo su dependencia.  

2.   Es necesario que el Ministerio de Relaciones Laborales aclare varios aspectos:

a)   En el caso de las personas naturales que tienen un negocio en el que colaboran sus familiares más directos, qué parte de sus ingresos debe ser considerado utilidades y cuáles de sus familiares deben ser considerados trabajadores?
b)   Algunas personas naturales que tienen una empresa y trabajadores, son gerentes de la empresa y constan como afiliados de la misma. También tienen derecho a participar de las utilidades?
c)   Desde cuándo hay que considerar las utilidades para hacer la declaración, si la norma fue aprobada en marzo de 2013. Para todas las utilidades del 2013 en el 2014, o para la parte de las utilidades del 2013 prorrateadas a partir de la fecha de aprobación de la norma?
d)   Cuál es la razón para que se exija, a las personas naturales que tienen RUC y no tienen trabajadores, presentar el “Informe Empresarial sobre Participación de Utilidades”?

3.   La vigencia de esta norma debería llevar a  protestar enérgicamente ante el Gobierno, porque se hace perder mucho tiempo y dinero a las personas naturales del país que no tienen trabajadores, haciendo un trámite innecesario.


4.   Con el mismo procedimiento, otras autoridades pueden solicitar después, a todas las personas naturales, certificados sobre viajes al exterior,  exportaciones o importaciones, visitas al Yasuní, u otras acciones de ese tipo, para que la mayoría de las personas naturales obligadamente obtenga en una o más entidades los documentos y el certificado de que no ha realizado tales actividades, tras una serie de trámites molestos y costosos por el tiempo que requieren para su culminación.