El Ecuador necesita salir de su actual situación de
crisis moral, política, económica, social y de relaciones exteriores en el
menor plazo posible. Quienes sabemos los problemas debemos expresar nuestros
pensamientos y sugerir soluciones tomando en cuenta los conocimientos y
experiencia de una larga vida, para que el camino de nuestros descendientes y
en general de las nuevas generaciones tenga la menor cantidad de obstáculos.
La crisis moral está a la vista de todos en los
noticieros de la televisión, que casi todo el tiempo están dedicados a informar
sobre los robos de “cuello blanco” del más alto nivel aquí y en otras partes,
de los crímenes de todo tipo y de la forma en que, al final, la justicia no es
ciega.
La crisis política consiste en que la institucionalidad
del país está muy afectada; no hay partidos ni líderes políticos con presencia
nacional fuerte y propuestas satisfactorias de cambio, vamos a llegar al 2021
sin saber qué destino tendrá el país y en qué manos va a quedar.
La crisis económica la conocemos y la sufrimos todos.
El presidente dijo con toda razón que no hubo mesa servida y que la deuda es de
más de 75 mil millones de dólares y esos golpes a la columna vertebral nacional
no se curan con aspirinas, sino con cirugía mayor.
La crisis social está presente en la falta de empleo
digno para más de la mitad de la población económicamente activa, la pésima
situación de la salud y la educación nacionales reflejada en los índices
comparativos internacionales, la violencia creciente de múltiples formas, la inmigración
masiva que incide sobre la vida de los ecuatorianos en diversas formas.
Para reflejar la crisis de las relaciones exteriores,
basta decir que ha mejorado mucho la visión internacional sobre la política
exterior del Ecuador; pero, que, en las relaciones económicas el camino es
largo y con problemas; no hay acuerdo comercial con Estados Unidos, hay poco
interés internacional por invertir en el país, todavía demorará el ingreso a la
Alianza del Pacífico, están por negociarse los nuevos tratados de protección
recíproca de las inversiones, no se ha renegociado la deuda con China; “Doing
Business” señala que hacer negocios en el Ecuador es una hazaña por las normas
y las trabas, el riesgo país sube.
Con esos antecedentes, para que el país tome el rumbo
adecuado necesita del concurso de todos sus habitantes, dando ideas sobre lo
que debería hacerse en distintos campos y actuando en consecuencia; porque hay
muchos que predican, pero no practican …
En este, mi boletín gratuito 200, dejo en claro
que desde el año 2009, en mi libro ECUADOR: PROYECCIÓN 2020, manifesté mi
oposición a la vigencia de la Constitución que nos rige, a la existencia de 5
funciones del Estado en vez de las 3 tradicionales, a la existencia del famoso
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a una Norma estatista y
presidencialista que dio pie a la autoridad del “jefe de Estado” que dejó al
país en esta deplorable situación que no se arreglará en una “década dinámica”
y a las novelerías con fines promocionales mundiales del anterior presidente,
como la de la ciudadanía universal.
A continuación, me permito proponer algunas decisiones
estatales que me parecen necesarias. Si algunas les gustan a mis lectores, les
pido que las difundan; y, si hay algunas que nos les parecen viables, por
favor, háganme saber sus razones.
Algunos de los pensamientos pueden ser calificados
como muy oportunos y valiosos, otros posiblemente sean considerados absurdos,
tal vez ciertas ideas no sean prácticas, pero mi interés es que haya un
análisis y “salga humo blanco” para algunas.
El artículo 95 de la Constitución dice: Las
ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los
asuntos públicos … La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de
interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la
democracia representativa, directa y comunitaria.
Sobre esa base, participo como ciudadano, señalando
que me gustaría que el país tenga las normas siguientes que les haré llegar a
algunos asambleístas, para ver si me suena la flauta:
1. El Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social debería desaparecer. Por lo pronto, no se le debería
entregar recursos para su funcionamiento, salvo los sueldos y demás
remuneraciones de los consejeros, a quienes se les aceptaría sus renuncias
cuando las presenten. El sentimiento mayoritario de la población, según las
encuestas, es que ese organismo no cumplió sus funciones, es innecesario y no
cabe mantenerlo.
2. No debería haber más de 5 partidos
políticos reconocidos por el CNE, que serían los más votados en las últimas
elecciones. Solo ellos deberían poder presentar candidatos nacionales,
provinciales y cantonales. Las últimas elecciones demostraron que, tras de la
mayoría de las listas de candidatos a diversos cargos de elección popular, no
hay posiciones ideológicas, sino intereses personales o de grupos, en muchos
casos para saber el peso relativo con miras a negociar posiciones en las
elecciones del 2021 o luego de ellas.
3. Cada partido político debería tener
un centro de formación de políticos, que tenga por objeto dar a los líderes
natos las capacidades para ser líderes con fundamento ideológico.
4. Los dirigentes de los partidos
políticos no deberían ser los mismos por más de 8 años y deberían renovarse las
directivas cada cuatro años por elecciones internas.
5. Los ecuatorianos residentes en el
exterior no deberían votar ni tener representación en la Asamblea, porque la
mayoría de ellos están pensando en hacer su vida en los países de acogida y no
volver al Ecuador. Viví varios años fuera del Ecuador como funcionario de
Naciones Unidas y tengo experiencia al respecto.
6. La actual Función Electoral de la
Constitución debería pasar a ser parte de la Función Judicial y el CNE debería tener
un consejero por cada partido político reconocido, nombrado por ese partido;
más dos consejeros nombrados por el gobierno. Total, siete.
7. Se debería derogar el método d’Hondt
para fines electorales. Está comprobado que aplicar ese método favorece a las
mayorías y por tanto es injusto. [1]_/
8. Se debería derogar el sistema de
distritos para las elecciones directas. Antes se dividió a las
circunscripciones grandes, para que d’Hondt beneficie al gobierno en las
elecciones.
9. Los funcionarios y los ciudadanos
encargados de la pureza electoral que hagan o contribuyan a realizar fraude
electoral deberían ser sancionados con hasta 4 años de cárcel y no deberían
volver a ser funcionarios públicos en ninguna entidad y bajo ningún concepto.
10. Los extranjeros residentes en el
Ecuador solo deberían votar luego de cinco años de residencia y siempre que
demuestren ser patronos o estar afiliados al IESS.
11. Los candidatos para las elecciones
directas nacionales, provinciales y cantonales deberían ser en igualdad de
número y alternados, hombres y mujeres.
12. Todos los candidatos a cualquier
cargo de elección popular, si triunfan y de forma previa a su posesión, deberían
declarar el valor de su patrimonio y autorizar el libre conocimiento ciudadano,
en cualquier momento, de sus ingresos y gastos, cuentas bancarias y valor de sus
propiedades de cualquier origen, hasta 10 años después de ejercer su cargo. Quienes
“olviden” declarar un valor de los indicados y sean descubiertos, deberían tener
una multa por el triple de dicho valor y perder su cargo.
13. Los candidatos a presidente de la
República, prefectos y alcaldes deberían presentar obligatoriamente un plan de
desarrollo para los cuatro años de su eventual ejercicio, por lo menos 3 meses
antes de las elecciones. Quien no lo presente no sería inscrito.
14. Los miembros de la Asamblea no
deberían ser más de 58 en la cámara de diputados y 24 en la de senadores. Cuatro
diputados por Pichincha y cuatro por Guayas, tres para cada una de las
siguientes 10 provincias más pobladas y dos para cada una de las 10 provincias
menos pobladas. Cada provincia debería tener
un senador.
15. Cada dos años debería haber
elecciones para diputados y cada cuatro años para senadores. Cuando
corresponda, las elecciones a la Asamblea deberían coincidir con la primera
vuelta de las elecciones presidenciales.
16. Para ser diputado se debería necesitar
25 años, tercer nivel de educación superior o equivalente y dedicación
absoluta. Su asistencia diaria a la Asamblea, de lunes a viernes, debería ser
obligatoria, salvo cuando viaje por razones de trabajo.
17. El candidato a diputado más votado debería
ser presidente de la cámara de diputados.
18. Para ser senador se debería necesitar
40 años, tercer nivel de educación superior o equivalente y dedicación
absoluta.
19. El vicepresidente de la República debería
ser presidente nato de la Asamblea y remplazar al presidente por ausencia
definitiva del cargo.
20. El candidato a senador con la mayor
votación debería ser presidente de la cámara de senadores.
21. El Senado debería nombrar, por
concurso público de méritos, a los máximos directivos de las entidades de
control, las superintendencias y la Procuraduría.
22. El Senado debería tener capacidad
para vetar las designaciones de embajadores políticos.
23. Solo podrían ser candidatos al
Parlamento Andino profesionales con conocimientos y experiencia de al menos 10
años en comercio exterior y/o integración económica.
24. Las leyes reformatorias que se
expidan deberían contener el texto final redactado y aprobado, con la
codificación necesaria. No cabe que consten en una ley decenas de textos como
el siguiente: Art. .- En el artículo
28, numeral 4, literal g) de la ley reformatoria tal .. cuyo artículo tal
remplazó al de la ley …, después de: la persona natural, se añadirá: y
jurídica. El legislador debería disponer del texto codificado a aprobarse, en
la forma más clara y completa posible y el lector de la ley saber que es el
último texto completo.
25. La Asamblea debería tener una Comisión
Permanente de Simplificación del Marco Jurídico. En la actualidad hay cientos
de leyes, algunas obsoletas, y miles de normas de diferente tipo que un ciudadano,
en 50 años de atención diaria, no podrá alcanzar a leer. Sin embargo, el
desconocimiento de una norma no justifica su incumplimiento.
26. Quienes participen en elecciones
para cargos unipersonales de elección directa o indirecta, y las listas cuando
sea del caso, para ser declarados triunfadores deberían tener el 51% de los
votos de los electores. En las elecciones directas, si es necesaria, debería haber
una segunda vuelta entre los candidatos más votados. No puede volver a darse la
antidemocrática situación de las elecciones anteriores, en las que algunos
candidatos ganaron con votaciones ínfimas.
27. Los partidos políticos deberían
financiarse solo con los aportes de sus afiliados y simpatizantes, deberían
declarar todo el dinero recibido y manejarlo en una cuenta en el Banco Central.
Deberían ser responsables penalmente el director del partido, el tesorero y el
o los candidatos que utilicen fondos o aportes no declarados. Si la Fiscalía
descubre una acción ilegal de esta clase de un candidato ganador, será
enjuiciado inmediatamente. Si es culpable, perderá el cargo e irá a la cárcel
por el tiempo de su elección.
28. La persona natural o jurídica que
aporte para candidatos de dos partidos a la vez debería ser sancionada con una
multa equivalente a 20 veces el valor de sus aportes.
29. Ninguna persona natural debería
aportar más de 24 mil dólares anuales a un partido político, excepto los
candidatos nacionales, que podrían contribuir hasta con 50 mil dólares.
30. Ninguna persona natural o jurídica
extranjera podría contribuir a los fondos de los partidos políticos por ningún
concepto. El director y el tesorero del partido deberían ser sancionados con
cinco años de cárcel si se comprueba que han recibido esos aportes.
31. Los funcionarios públicos deberían
estar prohibidos de apoyar directa o indirectamente a un candidato, dentro o
fuera de las horas laborables. La Contraloría debería ordenar la cancelación
del funcionario y el cese inmediato del pago de su remuneración a quien viole
la disposición. La Fiscalía debería solicitar de oficio el inicio del juicio
respectivo, con sanción de cárcel por 4 años.
32. El presidente de la República debería
tener al menos 40 años, ser profesional con tercer nivel de educación superior
y experiencia en su campo de por lo menos 10 años.
33. Igual para el vicepresidente.
34. Solo el presidente de la República
que complete su periodo y haga crecer la economía nacional por encima del
promedio de los últimos 10 años debería tener pensión vitalicia de 10 mil
dólares mensuales, sin derecho a heredarla. Los demás no deberían tener esa
pensión. Podría ser reelegido luego de un periodo presidencial.
35. El presidente de la República que
permita que la economía nacional retroceda en uno de los años de su ejercicio debería
ir a la cárcel por 4 años, sin atenuantes. Además, luego debería estar
prohibido de ejercer un cargo público. Una decisión de este tipo evitaría que
se presenten como candidatos políticos sin capacidad para manejar el gobierno y
los que se decidan, sabrían que por lo menos tienen que cumplir sus planes
presentados al CNE.
36. Los ministros y los funcionarios de
mayor nivel de las entidades del Estado no deberían tener más de 2 asesores,
uno legal y otro especialista en el área respectiva, y no podrían incrementar
el número de funcionarios administrativos con nombramiento o temporales, más
allá del 2% de la planta por año.
37. La contratación de personal temporal
debería ser efectuada por la máxima autoridad de cada entidad, a petición del
jefe de la unidad en la que trabajaría el contratado y previo un informe sobre
la razón del contrato y el proceso de selección efectuado.
38. Ninguna entidad estatal debería
poder contratar a más del 5% de la nómina como trabajadores temporales.
39. Ninguno de los contratados
temporales debería permanecer en esa calidad por más de un año.
40. Todo funcionario de alto nivel que
participe en actos de corrupción debería ser sancionado con el doble de la pena
máxima prevista para los demás delincuentes, sin atenuantes ni rebajas. No podría
volver a ser funcionario público por ningún concepto en su vida, ni podría
tener, directa o indirectamente, contratos de ningún tipo con el Estado.
41. Todo funcionario público de alto
nivel que huya del país por haber efectuado actos de corrupción comprobados
perderá sin más trámite su patrimonio y no podrá ser sujeto en ningún caso de
amnistía, indulto o extinción del proceso o de la pena.
42. Todos los ciudadanos, desde los 18
años y cada cinco subsiguientes, deberían presentar al SRI una declaración
jurada sobre el valor de su patrimonio y sus obligaciones financieras.
43. Todos los funcionarios públicos
profesionales deberían estar afiliados al respectivo colegio profesional y
sujetos al código de honor correspondiente.
44. Los informes a la Nación de las altas
autoridades y otros documentos de similar importancia no deberían publicarse en
ediciones impresas de lujo; ni su entrega debería ser motivo de celebraciones
especiales financiadas con recursos del Estado, salvo la presentación del
Informe anual de los presidentes de las tres funciones del Estado.
45. Todos los funcionarios públicos, hasta el
nivel de Director Departamental, deberían estar sujetos a la Ley de Servicio
Público. Los funcionarios de nivel superior deberían ser de libre remoción del
funcionario nominador y del presidente de la República.
46. Los niveles jerárquicos gubernamentales
deberían ser seis: ministro, viceministro, subsecretario, asesor, director
departamental, jefe de sección, u otros bajo cualquier denominación. Solo debería
haber un subsecretario por cada función general del ministerio. El viceministro
tendrá a cargo las funciones de dirección administrativa y presupuestaria.
47. La celebración del 27 de febrero, el 24 de
mayo, el 10 de agosto, el 9 de octubre, el 3 de noviembre, el 6 de diciembre,
las fechas de conmemoración provincial, debería ser efectuada el día que
corresponda cada año, con embanderamiento y ceremonias especiales en escuelas y
colegios del país o de la provincia respectiva.
48. Todos los subsidios e incentivos estatales que
existan o se creen deberían tener una fecha de terminación y ser destinados
exclusivamente a un grupo de ciudadanos o de empresas, con la debida
justificación.
49. Deberían recibir subsidios los
pobres y quienes estén en extrema pobreza y no tengan vicios, en los siguientes
grupos: los niños huérfanos hasta los 15 años, las mujeres viudas sin hijos,
las mujeres embarazadas, los discapacitados calificados por el gobierno, los
mayores de 65 años, quienes hayan sufrido los efectos de desastres naturales o
accidentes.
50. Deberían recibir incentivos, según
tres niveles de importancia y por 5, 7 o 10 años improrrogables en cada caso,
las empresas que demuestren la factibilidad de proyectos destinados a
incrementar el valor agregado nacional, innovar o exportar.
Para terminar, recuerdo algo
importante de hace 30 años:
Mi primer libro data de
1989. Su título era: ¿ECUADOR, Sociedad Limitada …?
Y lo que resumía en él era que este país, mi
país y el de mis descendientes, no debía ser una sociedad limitada de ninguna
manera y debía avanzar rápidamente hacia el desarrollo.
En la Presentación del
libro, manifestaba: “… es necesaria una nueva orientación del Ecuador - acorde
con las exigencias que determinan el acelerado cambio tecnológico y las
tendencias de la política internacional proclives a la formación de grandes
bloques - en la cual, el desarrollo planificado y justo, la industrialización
selectiva, la regionalización inducida, la interdependencia internacional, la
integración multinacional beneficiosa, y como resultado, la justicia social,
determinen mejores condiciones de vida para la población ecuatoriana, en un
clima de paz y prosperidad”.
De 1989 al 2019 parece
que nada ha cambiado en positivo. Por favor, pongamos el hombro todos los
ciudadanos para que haya ese cambio. Exijamos que se aprueben políticas de
Estado para que, sin importar quien gobierne desde el 2021, exista una autopista
al bienestar.
[1] _/ En
las circunscripciones más pequeñas, el método D’Hondt beneficia al partido
grande frente al resto mayor. Pero en las circunscripciones más grandes, ambos
métodos dan el mismo resultado. http://blognewdeal.com/andrea-lucai/ley-dhondt-y-sistemas-electorales-i-juego-set-y-partido/
