martes, 12 de junio de 2012

LOS TLC DE LOS VECINOS CON EUA Y EL ECUADOR


Qué es un TLC?.- Es un tratado internacional, suscrito por dos o más países, con el propósito de llevar adelante un proceso de integración comercial que tiene por objeto derribar las barreras arancelarias y para arancelarias al flujo de las mercaderías (bienes y servicios) entre los países miembros; y, avanzar en acuerdos de armonización de leyes internas o de adopción de normas comunes en temas complementarios con el comercio o que pueden volverse necesarios en función de las expectativas de avance de las normas del tratado.

Qué se negocia en un TLC?.- De la experiencia fallida de la negociación del TLC del Ecuador con los Estados Unidos, los 18 temas materia de negociación fueron: acceso a los mercados agrícola e industrial; reglas de origen, defensa comercial, competencia, normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros; servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico, compras públicas, tratamiento a las inversiones, propiedad intelectual, asuntos laborales, medio ambiente, solución de diferencias, fortalecimiento de capacidades internas, plazos de avance en el cumplimiento de los compromisos.

Los temas más complicados de negociar fueron: mercado agrícola, por el impacto social de abrir el mercado interno a productos de altísima productividad y por la eventual generación de dependencia externa en alimentos básicos; propiedad intelectual, porque EUA es ofertante y los demás países son compradores casi absolutos y por el riesgo de perder sin reconocimiento alguno los conocimientos ancestrales ; compras públicas, por el alto valor que representan en el presupuesto del Estado y la dependencia tecnológica que pueden determinar. 

Cuál es la situación de los Estados Unidos respecto a suscribir los TLC? La posición es cómoda. Primero, su mercado interno es tan grande que podría pasar sin efectuar comercio exterior, sobre todo con países como los latinoamericanos (desde México hasta Argentina), que en conjunto solo significan el 4% o menos del comercio mundial. Segundo, ya ha suscrito acuerdos de libre comercio o de otro tipo con tantos países en el mundo, que más del 70% de su comercio exterior se realiza bajo esas normas. Tercero, cuenta con un texto marco de Tratado para negociar, que es muy difícil que lo modifique solo para dar gusto a determinados países, salvo en aspectos específicos como es el caso de las normas para comerciar productos tropicales o muy propios de ciertas naciones. Cuarto, su capacidad de exportar bienes industriales y servicios y la logística de que dispone lo ponen en ventaja frente a sus competidores, en el mercado mundial, pero más aún en el mercado latinoamericano.

El TLC de Colombia.- Según manifestaba el Presidente Uribe en su momento, el TLC es una gran oportunidad para Colombia, por tres razones: consolidar las preferencias que Estados Unidos le otorgaba a Colombia con base en las leyes de Preferencias Arancelarias (ATPA – ATPDEA), ganar espacio en el mercado internacional en comparación con otros países que son competidores de Colombia; y, utilizar una herramienta muy útil para ganar competitividad y conquistar mercados antes de que la China e India lo hagan. Necesariamente, en el balance, las ventajas pesan más que las desventajas, pues sería absurda una aventura basada en lo opuesto.

Para los opositores colombianos al TLC, este instrumento será, como en otros países, un medio que utilizarán los Estados Unidos para lograr mayores ventajas en el mercado colombiano, ya sea para productos agropecuarios y agroindustriales que reciben subsidios de producción o de exportación norteamericana, como trigo, cebada, leche, trozas de pollo, papas, y para productos industriales y servicios que competirán con los productos colombianos en situación de gran ventaja tecnológica, de logística y gerencial de estos. Agudizarán el “imperialismo”. Lamentablemente, el balance será negativo, en especial para el sector agropecuario, en desventaja frente a su similar de Estados Unidos, y eso repercutirá en mayor pobreza y desempleo.

El TLC del Perú.- Para el Gobierno del Perú, en esencia las razones de suscribir el TLC con Estados Unidos fueron las mismas que para Colombia, con respecto a las preferencias arancelarias, el desarrollo de competitividad y el aseguramiento de nuevos mercados y de una mayor presencia en el mercado mundial.

Desde el lado académico cuestionador de la firma del Tratado, “el TLC entre Perú y Estados Unidos tiene como objetivos tanto la consolidación y ampliación de los
beneficios temporales establecidos para determinados productos con la ATPA y su posterior ratificación con la ATPDEA, así como intensificar las políticas de ajuste estructural. Todo esto pone en cuestionamiento las funciones mismas del Estado, en su papel de conductor de acciones de coordinación y promoción de las fuerzas productivas nacionales, acciones conducentes a superar las barreras existentes para alcanzar niveles de productividad y competitividad necesarios para hacer frente a la alta competencia que significa un TLC con una economía desarrollada como Estados Unidos y lograr una reinserción activa a la economía global, generando un crecimiento endógeno. La alternativa es dejarse llevar por las fuerzas de atracción en un contexto de laissez faire que conduciría a una reinserción pasiva, lo cual generaría
mayor polarización entre los miembros de la sociedad peruana.” Francisca Bouby Tolentino: El TLC Perú - Estados Unidos: Reinserción Económica Internacional o Subordinación Nacional?. 

El Gobierno de Ecuador no prevé impactos sobre su economía en el corto plazo por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, TLC, entre Estados Unidos y Colombia, aunque sí vislumbra amenazas hacia el futuro, por lo que prepara estrategias para contenerlas. Así lo señaló a Efe el Viceministro ecuatoriano de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, el 17 de mayo de 2012.

Efectos de esos TLC para el Ecuador.- Una primera aproximación preocupante es que para Estados Unidos el Ecuador se vuelva un país con menor importancia política y económica relativa de lo que era anteriormente, no solo en términos de sus propios intereses sino en el del resto de la comunidad internacional, en vista de su obstinación en cerrarse al diálogo y la concertación con sus socios y amigos tradicionales (incluyendo la Unión Europea) y acercarse a países con los cuales tiene pocos o no tiene intereses reales comunes y que además están muy lejos en términos de servicios de transporte, son más pobres que él o producen lo mismo. Es un riesgo inminente el de que se produzca la temida eliminación de las preferencias arancelarias, que no afectaría a unos pocos exportadores, sino a miles de productores que abastecen de productos agropecuarios al mercado norteamericano.

Independientemente de si sigue o no vigente el ATPDEA para el Ecuador, es innegable que habrá una pérdida del mercado de EUA para todo tipo de productos nacionales. No es cuestión solo de precios, sino de otras condiciones de competitividad. A Colombia y el Perú, con mejores y más numerosos puertos y aeropuertos llegarán muchos  más barcos y aviones, con mayores capacidades de bodega disponibles, con más frecuencia y rutas multiplicadas y les darán mejor servicio y bajo flete, generando condiciones para que esos países vendan más, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

Afectará al Ecuador su falta de atractivos para la inversión extranjera directa (IED) procedente de cualquier país. Todo inversionista del mundo (incluso los estatales de países ahora políticamente cercanos) preferirá ubicarse en los países vecinos del Ecuador, que hablan con orgullo y se promueven como dueños de mercados potenciales de más de mil millones de habitantes (porque tienen acuerdos comerciales con muchos países) y no en el Ecuador, cuyo mercado interno real es muy modesto por población y por ingreso y cuyo mercado externo real y potencial, según la política actual,  no tiene miras de crecer rápidamente y puede hasta reducirse en el mediano plazo, si hay problemas con el petróleo.  

Es muy posible la pérdida del mercado de Colombia para productos industriales ecuatorianos, porque la preferencia arancelaria que tiene el Ecuador en el mercado andino quedará neutralizada por la calidad, los precios, la publicidad y el acceso al mercado de los productos norteamericanos. Así, empresas que han luchado muchos años por conseguir posición en Colombia y la han logrado, como las de autos, línea blanca y textiles, por ejemplo, se verán afectadas y con ellas toda la cadena productiva que les abastece. A ello se sumará el ingreso al Ecuador de productos industriales de EUA vía contrabando o con sellos “Hecho en Colombia” falsos.

Difícilmente habrá mercado del Perú para productos industriales nacionales, por las mismas razones señaladas en el párrafo anterior. Con el agravante de que allá ni siquiera existe todavía un mercado real importante para la industria nacional.

Colombia teme que su agricultura se vea en serios aprietos por la firma del TLC. Los afectados potenciales protestan en todas las formas posibles por el efecto que tendrá sobre sus economías la importación de arroz, azúcar, cuartos traseros de pollo, maíz, papas, trigo, algunos de los cuales exporta Estados Unidos con muy bajos costos derivados de la producción a gran escala y subsidios cuantiosos. La pregunta es: Acaso todos esos productos no podrán cruzar la frontera ecuatoriana por los dos lados terrestres y por el mar como productos colombianos o peruanos? Y como la respuesta es positiva, habrá el ingreso de productos agropecuarios de EUA vía contrabando, en forma incontrolable y con efecto negativo.

El éxito eventual de Colombia y el Perú con sus TLC le asignará al Ecuador una menor cobertura logística internacional. Para nadie es desconocido que los servicios modernos van a donde hay demanda real y potencial grande y consistente.  Las estadísticas muestran que hacia los puertos y aeropuertos de esos países, mucho mejores que los ecuatorianos y en el caso de Colombia más cercanos a Estados Unidos y la UE, se orientarán las conferencias de fletes y las líneas aéreas, mientras el Ecuador seguirá pensando en ser la famosa puerta de acceso del Asia al Brasil, cuando más corto y barato es vincular Asia y la Cuenca del Plata directamente.

Habrá pérdida de competitividad en el mundo, especialmente en EUA. En efecto, para los productos agropecuarios y agroindustriales que exporta el país, las condiciones de venta de los vecinos serán mejores que las del Ecuador, incluso a nivel privado. Por citar un ejemplo, un importador preferirá crear o fortalecer nexos con socios de los países que han suscrito TLC antes que con los que no los tienen; un transportador buscará nexos con los países que les ofrecen muchas oportunidades en pasajeros y carga, antes que con los que les dan pocas y están en riesgo.

La inversión extranjera que llega a un país siempre o casi siempre lleva consigo la tecnología de última data de su país de origen. Colombia y el Perú recibirán junto con la cuantiosa IED que registrarán y de la cual ya hay datos ciertos de los últimos años, tecnología de punta. En cambio, el Ecuador seguirá produciendo con base en tecnologías obsoletas y se demorará en ponerse a la altura de los nuevos inventos.

Lo antes expuesto llevará al país a sufrir una reducción de peso político y económico en la subregión, la región y el mundo, porque no se habrá subido, como dicen algunos, al carro del progreso y de la globalización, y caminará cada vez más solo por la vía del supuesto “desarrollo endógeno”, que cuando quiera transformarse en desarrollo “exógeno”, lo verá más difícil y distante que ahora.

En suma, para el Ecuador habrá menor capacidad de negociación en todos los ámbitos internacionales, incluso en los de los países importantes que hablan mucho y radicalmente del socialismo del siglo XXI, pero que no lo practican, porque tienen como sus socios principales del comercio y el abastecimiento a quienes califican de  imperialistas y enemigos de los pueblos.

Qué hacer?.- Primero, reconocer que el Ecuador es un país que no puede depender únicamente del “desarrollo endógeno” y que necesita del comercio exterior (en el amplio concepto de la OMC: comercio de bienes, comercio de servicios y comercio de propiedad intelectual)  para acelerar su desarrollo y que no puede ni debe ignorar la importancia y el peso político mundial de sus principales socios.

Segundo, decidir un giro sustancial en la política de relaciones económicas internacionales, que reconozca la importancia tradicional, presente y futura de los diferentes países del mundo en relación con el Ecuador; y, que haga diferencia entre las relaciones internacionales políticas y las económicas, para que las primeras, cargadas ahora de “ideología”, no afecten a las segundas.

Tercero, crear un conjunto de mesas de trabajo especializadas del sector público y del sector privado, presidido por el Presidente y verdaderamente representativo del Gobierno, los empresarios, los trabajadores y la Academia, que discuta y prepare las estrategias y los elementos básicos de futuras negociaciones internacionales, para saber qué queremos y qué estamos dispuestos, como país, a ganar o a ceder. 

Cuarto, sentarse a negociar los tratados prioritarios, bajo claras directrices de los responsables de sus relaciones internacionales, sin pensar en la soberanía propia del siglo XIX, sino en la imprescindible interdependencia del siglo XXI, y considerar que en la época de la globalización, a los países lentos y pequeños les aventajan las naciones rápidas y grandes, quitándoles oportunidades de crecer y desarrollarse.

Quinto, crear un centro de formación de negociadores internacionales de mucha exigencia profesional, al que tengan acceso no solo los candidatos a diplomáticos y los Ph. D., sino los trabajadores, los empresarios, los transportistas, los funcionarios del Gobierno de todas las áreas del conocimiento. Si hay una carencia grande en el país es justamente la de gente capaz de negociar con todos los elementos de referencia necesarios para desempeñarse óptimamente.

Sexto, con miras en el largo plazo pero con acciones inmediatas, mejorar los programas educacionales en todos los niveles y volver bilingües a las universidades, para que los estudiantes dominen sus áreas de especialización y al menos un idioma extranjero  y sepan las características del mundo en el que van a trabajar.

Séptimo, desarrollar un programa masivo de investigación y desarrollo de proyectos para la generación de oferta exportable, no solamente sobre la base de lo que produce ahora el país, sino del estudio de los grandes mercados mundiales y de las posibilidades de abastecerlos de ciertos productos que en su ámbito pueden ser de demanda modesta, pero que al Ecuador le pueden significar retos de producción.

En esta tarea será fundamental la contribución que puedan hacer las varias decenas de funcionarios comerciales que ahora hay en el mundo, los que se supone están allá no como premio a sus afinidades políticas o becas, sino porque lo han ganado por conocimientos y méritos y están trabajando para el país.

martes, 29 de mayo de 2012

LA IMPORTANCIA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES


Según la historia, los colegios profesionales surgieron hace más de mil años, como agrupaciones de los artesanos que, en las ciudades europeas, quisieron defender sus mercados y protegerse de la competencia desleal de los comerciantes que vendían productos introducidos ilegalmente desde otros lugares.

Siglos más tarde, médicos, arquitectos, escultores, músicos, abogados, se organizaron  para defender los derechos que consideraban les daba el haber pasado varios años por las universidades o las escuelas de arte, y generaron y lograron la adopción de leyes protectoras, que señalaban que nadie podía ejercer una profesión si previamente no la había estudiado en una universidad o similar, encargando a los colegios profesionales la función de registrar a los graduados procedentes de diversos centros de estudio y de vigilar que ejerzan su profesión con ética y de la manera más científica, técnica o artística posible, según el caso.

Muchos países y muchas leyes les dieron a los colegios profesionales, con el paso de los tiempos,  el derecho de juzgar autónomamente la ética y la capacidad de los graduados universitarios, de manera que, si en algún momento uno de ellos delinquía o fracasaba en la ejecución de una tarea propia de su especialización, podía ser juzgado y sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio respectivo, con penas menores  o, en el extremo rigor, con la pérdida del derecho a ejercer la profesión.

En el Ecuador, durante muchos años las leyes de libre ejercicio profesional fueron aprobadas con el fin de que el Estado reconozca a los graduados universitarios y politécnicos su derecho a ejercer, en un plano de competencia libre, la profesión adquirida luego de varios años de estudio, la presentación a exámenes orales y/o escritos y la elaboración de una tesis defendida ante un tribunal exigente designado por la respectiva facultad y presidido normalmente por su decano.

Esas mismas leyes, entre otros aspectos principales, autorizaron el funcionamiento autónomo de los colegios profesionales y la organización de las federaciones nacionales de profesionales; además, determinaron los objetivos y las funciones principales que debían cumplir; mandaron que sus autoridades, incluyendo un tribunal de honor, debían ser elegidas periódicamente por voto obligatorio de sus afiliados; autorizaron el cobro de tasas por servicios; facultaron la emisión de carnés sin cuya posesión no se podía efectuar legalmente ninguna actividad profesional; establecieron la obligatoriedad nacional de los profesionales de cada rama del saber, de afiliarse al respectivo Colegio y cumplir sus normas estatutarias, entre ellas pagar las cuotas de ingreso y mensuales fijadas por el Directorio. Finalmente, autorizaron a los colegios para que juzgaran la calidad y la ética profesional y sancionaran las irregularidades en forma estatutaria, incluso con el retiro de la licencia profesional.

Las funciones de los colegios profesionales buscaban:

-          Propender que el país se desarrolle al máximo posible en los campos científico y técnico de la respectiva profesión;
-          Impulsar la investigación científica y técnica nacional, por medio de acciones corporativas e individuales de sus afiliados, para descubrir o inventar métodos, procedimientos y productos beneficiosos para la sociedad;
-          Discutir con el mayor nivel académico, las teorías históricas y actuales sobre los aspectos claves del desarrollo de cada una de las ciencias y las técnicas;
-          Apoyar la planificación y la definición de políticas de Estado que solucionen de la manera más conveniente y pronta los problemas nacionales;
-          Proponer acciones que permitan aprovechar al máximo, respetando los cánones ambientales, los recursos naturales, humanos y financieros del país, para alcanzar la productividad nacional (efectividad del Estado más competitividad de las empresas), en el menor tiempo posible;
-          Respetar y hacer respetar la ética profesional, con sanciones justas y de aplicación general a quienes la violen, respetando el derecho al debido proceso y a la previa defensa;
-          Mantener programas de educación continua de los profesionales de las respectivas ramas, para que estos puedan mantener vigente o mejorar su calidad ;
-          Difundir información útil para los profesionales de la respectiva rama, para seleccionar, de la inmensa fuente del Internet, información cualitativa y estadística aprovechable por los profesionales y que les orienten en sus labores diarias;
-          Agrupar a los profesionales por especializaciones, para el debate y el análisis profundo de los problemas de las respectivas profesiones, de manera que la investigación esté siempre presente y sus resultados sean provechosos a todos;
-          Desarrollar programas de tipo social, que permitan a los socios acceder a ciertos bienes y servicios en mejores condiciones que si los buscasen en forma individual;
-          Establecer vínculos entre las universidades, las empresas y sus afiliados, para encontrar más pronto los problemas prácticos prioritarios a resolver en cada profesión y buscar las soluciones con sistemas tripartitos de investigación;
-          Mantener contacto con organizaciones similares de todo el mundo.

Una muestra de ley de ejercicio profesional es la Ley 102, Registro Oficial 363, del 17 de julio de 1998. Dicha Ley “regula y protege el ejercicio profesional de quienes han obtenido el titulo académico de Doctor en Ciencias Económicas o el de Economista, conferidos por las universidades o institutos de educación superior del país legalmente constituidos y de quienes, habiéndolo obtenido en el exterior, lo revalidaren de conformidad con la Ley”.

El campo de acción de los economistas y doctores en Ciencias Económicas, afiliados a un colegio y amparados por esta Ley, comprende las siguientes actividades:
a.    La realización de estudios, análisis, asesoría, dirección y consultoría en el ámbito de las ciencias económicas;
b.    La formulación de técnicas de planificación y programación  económicas;
c.    La elaboración y evaluación de proyectos de inversión;
d.    Formar parte de  misiones, delegaciones diplomáticas y comisiones especiales, relacionadas con el ámbito de las ciencias económicas;
e.    Integrar los comités de contratación publica, de acuerdo a la Ley;
f.     Actuar en calidad de consejeros económicos y asesores de embajadas y legaciones; y, delegados a congresos internacionales sobre economía;
g.    Integrar comités, consejos superiores y organismos colegiados, relacionados con el ámbito de las ciencias económicas;
h.    Actuar como asesores económicos, directivos generales y directivos seccionales de los organismos nacionales de decisión, gestión y control relacionados con la economía nacional; de las instituciones oficiales de crédito, planificación, finanzas publicas; y, las encargadas de la política monetaria, cambiaria, fiscal, de comercio exterior y las finanzas;
i.      Actuar como asesores económicos de compañías nacionales y extranjeras; y, desempeñar funciones relacionadas con las ciencias económicas y las finanzas.
j.     Realizar peritajes de asuntos relacionados con las Ciencias Económicas, síndicos de quiebras, liquidadores y comisarios de compañías;
k.    Actuar como asesores, auditores e interventores de las instituciones del sistema bancario, financiero y societario;
l.      Ejercer la docencia universitaria en todas las cátedras relacionadas con las ciencias económicas; y,
m.  Las demás actividades relacionadas con las Ciencias Económicas.

En el año 2008, la Constitución de la República reconoció el derecho de todas las personas a la libre voluntad de asociación. Con lo cual perdió su vigencia la obligatoriedad legal de afiliarse a los colegios profesionales, afectando una de las fuentes más importante de recaudación de fondos de éstos, que era la afiliación de los nuevos profesionales y el pago de derechos estatutarios de todos sus afiliados.

Muchos profesionales pensamos que esa norma no debía regir para los colegios profesionales; y que al contrario, ellos debían ser auspiciados moralmente e incluso financieramente por el Estado, porque tienen funciones singulares e importantes que cumplir en bien de la sociedad y en forma independiente de los gobiernos de turno.  De otro lado, porque reúnen a un conglomerado de afiliados “apolíticos”  (en términos nacionales)  y de otros cuyas ideologías pueden estar en posiciones de centro y hacia o en los extremos derecho e izquierdo; a los cuales los une el interés, mencionado en el artículo 96 de la Constitución, de expresar la soberanía popular para “incidir en las decisiones y políticas públicas” garantizando “la democracia interna, las alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”.

En otros casos, la norma constitucional fue recibida con aplausos por profesionales que, según decían, no veían o registraban pocas acciones y obras de parte de los directivos, y pagaban a saco roto las cuotas y más obligaciones pecuniarias. Por fin, decían algunos, se acaban estos medios de hacer política que lleva a los directivos a contar con un trampolín para ocupar posiciones importantes en los gobiernos o en las empresas privadas. Otros comentaban que se ahorrarían buen dinero (en el caso de los economistas, apenas USD 3 al mes).



Independientemente de que el Estado apoye o no la obligatoriedad de la afiliación a los colegios profesionales, éstos deben seguir funcionando y deben contar con el respaldo estatal y legal para que puedan exigir a todos los profesionales de la rama respectiva y no solo a sus afiliados, el cumplimiento de dos exigencias clave:

-          El desempeño profesional ético y responsable, sujeto a supervisión y a eventuales sanciones por un Tribunal de Honor autónomo, electo por convocatoria universal de los profesionales del ramo en cada provincia e independiente del Gobierno;
-          La sujeción quinquenal a exámenes nacionales de evaluación de conocimientos, convocados por la Federación Nacional de Colegios Profesionales del Ramo, que garantice a la sociedad el desempeño cabal de la profesión científica o técnica de los evaluados; o, la demostración certificada, de que han realizado y aprobado un mínimo de horas anuales de docencia o de capacitación en la especialización respectiva.

En aquellos casos en que el número de profesionales nacionales especializados fuese reducido y no hubiese capacidad evaluadora, el Estado debería financiar, previa solicitud del Colegio respectivo, la presencia de expertos calificados por colegios profesionales extranjeros del ramo, para que hagan la evaluación y comuniquen los resultados a la Federación.

En ningún caso el Gobierno debería actuar como evaluador de los profesionales, porque se corre el riesgo de que, por mal entendidas razones políticas, salgan triunfantes en forma  exclusiva quienes sean cercanos a los gobernantes de turno o sean afectados en su prestigio profesional, por malas notas o por juicios equivocados de valor, quienes se encuentren en la oposición.

Las evidencias muestran, por ejemplo, que en varios concursos para cargos de mucha responsabilidad, los sistemas de evaluación vigentes para esos efectos, han orientado las mejores calificaciones hacia los partidarios del Gobierno. También indican que los exámenes gubernamentales contienen preguntas cuyas respuestas están dirigidas a respuestas favorables a la política oficial, por ejemplo en lo que tiene que ver con el concepto del “buen vivir”, las relaciones internacionales y la integración latinoamericana; y que, quienes disienten de alguna manera con respecto al criterio oficial, son tildados de mediocres, dinosaurios mentales u otros calificativos.

Los colegios profesionales siempre tendrán la ventaja de actuar y de hacer posible que sus afiliados actúen sin temor ni favor, movidos solo por la profunda convicción de que lo trascendente y ético es respetar las bases científicas y tecnológicas de las respectivas profesiones, promoviendo el desarrollo individual y colectivo y sancionando duramente a quienes infrinjan las normas correspondientes.